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V

an más de dos meses del inicio de las protestas sociales que sacuden a Chile y que se originaron por un intento gubernamental de elevar la tarifa del Metro de Santiago. El inesperado brote de descontento se generalizó muy pronto al resto del país y adquirió un rumbo preciso: poner fin al modelo neoliberal que impera en la nación austral desde la instauración de la dictadura militar que derribó al presidente Salvador Allende (1973) y continuado por los siguientes gobiernos de la democracia formal.

Asimismo, el movimiento hizo patente la escasa representatividad de las actuales instituciones y demandó la redacción de una nueva Constitución que remplace al documento de 1980, redactado bajo la presión de los remanentes de la dictadura con el propósito de impedir cambios sustanciales en esa orientación económica y en la conformación del Estado.

El gobierno que encabeza el derechista Sebastián Piñera ha simulado sensibilidad ante las protestas, y en ese sentido dejó sin efecto el alza tarifaria mencionada, procedió a la remoción del gabinete presidencial en pleno y ofreció algunas concesiones menores en materia laboral y educativa.

Por otra parte, el oficialismo maniobró para neutralizar la exigencia de un nuevo texto constitucional. Pero es claro que la administración chilena, si bien aislada, debilitada y cada vez más deficitaria en legitimidad, no tiene la menor intención de emprender un cambio significativo en el modelo imperante, el cual si bien ha dado a Chile una estabilidad macroeconómica sin paralelo en América Latina con cifras de crecimiento en apariencia envidiables, se ha traducido en un incremento indignante de la desigualdad y en la pérdida de derechos básicos –sobre todo, educativos, laborales y de salud– para la mayoría.

Lo más alarmante, sin embargo, es la brutal persistencia represiva del régimen en contra de las manifestaciones masivas que, a dos meses de iniciadas, no dan muestra de declinar: las fuerzas del orden –particularmente, la corporación de granaderos– han disparado indiscriminadamente con balines de goma sobre manifestantes y viandantes, han rociado con gases lacrimógenos avenidas, parques y hasta escuelas y edificios habitacionales, han matado a más de 20 personas, lesionado a miles, perpetrado cientos de violaciones y otras agresiones sexuales en contra de mujeres y de hombres, y han incurrido en otras modalidades de tortura.

La información sobre las decenas de jóvenes que han perdido un ojo o ambos por disparos de carabineros realizados a corta distancia ha dado la vuelta al mundo, y los abusos sexuales de la policía dieron origen a un motivo de protesta feminista que muy pronto se volvió vuelto universal: Un violador en tu camino. Y la barbarie se supera a sí misma: el pasado fin de semana la opinión pública se estremeció con el video de un manifestante que fue prensado entre dos vehículos antimotines, lo que le provocó graves lesiones internas.

Un hecho que no debe pasarse por alto es que la insólita barbarie represiva del gobierno de Piñera tiene en la historia reciente el sustrato de la violenta dictadura pinochetista, que fue un paradigma mundial de atropello a los derechos básicos de la población. Por más que hoy está en las calles de Chile una generación que mayoritariamente no enfrentó los horrores del régimen militar –y que, por consiguiente, no tiene el temor que quedó impreso en quienes sí los vivieron–, la referencia es ineludible y lleva a preguntarse si puede considerarse democrático un gobierno que para contener las manifestaciones en su contra recurre sistemáticamente a una violencia de Estado no muy distinta a la que empleó en su momento la tiranía castrense de Pinochet.

E

n la euforia por la aprobación del T-MEC en el Congreso estadunidense a no pocos se les olvidó el deplorable estado que guarda el sector industrial mexicano, el cual acumula 13 meses consecutivos de caídas (información del Inegi), con las consecuencias que ello implica en el ritmo de crecimiento económico del país.

Así, el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, analiza el panorama (de sus conclusiones se toman los siguientes pasajes) y advierte que la actividad de la industria mexicana ha tenido malos resultados a lo largo de todo 2019, lo que ha frenado la evolución de la economía nacional, que se ha quedado sólo con el sector de los servicios como principal motor de crecimiento, aunque también éste ha comenzado a desacelerarse.

Lejos de observar una recuperación para finales de año, es muy probable que la recesión presente en la industria del país se prolongue hasta la primera mitad de 2020. En octubre la actividad industrial registró una caída de 3 por ciento, la más severa desde mayo de 2019 (3.3). La industria mexicana se ubica en terreno negativo desde noviembre de 2018.

En términos acumulados la industria mexicana muestra una reducción de 1.8 por ciento si se consideran los primeros meses del año en curso y se relacionan con el mismo periodo de 2018. Esta contracción es la cuarta más significativa desde que se tiene registro en una evaluación que va de enero a octubre de cada año.

El primer lugar lo ocupa el desplome de 11.6 por ciento registrado en 1995 como resultado de la crisis económica que sufrió el país tras el error de diciembre. En el segundo, la caída de 8.6 por ciento en 2009 como consecuencia de la crisis hipotecaria originada en Estados Unidos. En el tercero, la baja de 2.1 por ciento como respuesta al endurecimiento de las políticas comerciales que aplicó el vecino del norte tras los atentados en Nueva York y Washington. A diferencia de los acontecimientos mencionados, los malos resultados de la industria mexicana durante 2019 no venían precedidos por una crisis económica o un evento internacional que incidiera en su desempeño.

Desde 2013 la minería está en crisis, los malos resultados de la construcción (sólo en uno de los últimos 15 meses ha mostrado una tasa de variación anual positiva) y la desaceleración de las manufacturas que se intensificó en los últimos meses de 2019, formaron la tormenta perfecta para que la industria mexicana se encuentre en recesión. Lo más grave es que dicha condición podría permanecer vigente durante la primera mitad del año entrante.

La falta de inversión ha sido uno de los factores perjudiciales en la evolución de la construcción. En septiembre pasado la inversión fija bruta en esta actividad se redujo 7.3 por ciento anual, mientras en el acumulado de los primeros nueve meses de 2019 la baja fue de 3.2.

Además, la tendencia de la inversión fija bruta en la construcción exhibe una trayectoria a la baja, por lo que no se vislumbran señales de una recuperación a corto plazo. En el caso de las manufacturas, sólo seis subsectores de los 21 que las conforman registraron un crecimiento acumulado positivo durante los primeros 10 meses de 2019 e incluso las exportaciones automotrices han perdido fuerza en la última parte del año llegando incluso a reportar variaciones negativas (–6.2 por ciento en octubre pasado).

Ante este escenario, no puede transcurrir más tiempo para corregir el mal desempeño de la industria. No reaccionar proactivamente sólo agravará la recesión sectorial, lo que podría afectar severamente al mercado laboral, pues las manufacturas y la construcción son algunas de las actividades económicas que más contribuyen a la generación de empleo formal.

Las rebanadas del pastel

¡Acabáramos!: los gorilas bolivianos –golpistas, asesinos, antidemocráticos e inconstitucionales– dicen que quieren “lograr una solución pacífica, democrática y constitucional… en Venezuela”.

cfvmexico_sa@hotmail.com

Jessica Xantomila

Periódico La Jornada
Lunes 23 de diciembre de 2019, p. 5

En el país disminuyeron los asesinatos de sacerdotes, al pasar de siete casos en 2018, a uno este año. Sin embargo, se incrementaron los delitos dentro de los templos, según un reporte del Centro Católico Multimedial (CCM).

La investigación reporta que de 2007 a 2019 los delitos crecieron más de 12 por ciento, y se llevaron a cabo entre 26 y 28 templos semanalmente. Estas tendencias determinarían que en poco más de mil 400 recintos religiosos se cometieron robos menores, hurtos de consideración y hasta daños y agresiones mayores, en donde se lesionaron o asesinaron personas.

El CCM detalla que el robo en templos, ya sea por sustraer dinero de alcancías, hurto de aparatos diversos u objetos litúrgicos, como vasos, copones y cálices, fueron los delitos que más se cometieron, en más de 90 por ciento, sobre todo por solitarios ladrones.

Le sigue el robo a fieles que asisten a los servicios litúrgicos, en donde los bienes más hurtados son carteras, monederos y teléfonos celulares. Esto constituye aproximadamente 5 por ciento de los casos, principalmente debido a la inseguridad de las zonas donde se encuentran los templos.

De igual manera, se han registrado ataques directos por odio a la fe, donde se da la profanación de especies eucarísticas, el robo con fines sacrílegos de hostias consagradas o el desprecio y burla a los lugares sagrados por diversas conductas o manifestaciones ideológicas.

El CCM también agrega a la lista la clausura de templos por fenómenos naturales. De acuerdo con los datos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, los sismos de 2017 afectaron a más de mil recintos en las zonas siniestradas del país, y aún se resienten los efectos cuando cientos de comunidades permanecen sin un lugar para celebrar el culto.

Un aspecto aparte, señala, es el robo de arte sacro. No se cuenta con cifras claras respecto del tráfico de bienes muebles del patrimonio nacional en este año; sin embargo, las ganancias por ello pueden ascender a 83 millones de pesos anuales.

El CCM expone que los estados con mayor número de casos por la inseguridad en iglesias y templos son Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México, Tabasco y Zacatecas.

Agrega que son escasos los resultados de las indagatorias sobre estos delitos.