Redacción Editorial
-¿Es posible que la actual administración municipal logre rescatar el sistema de transporte sin antes reconocer la desorganización que heredó y que no ha podido resolver?
-¿De qué manera justifica el gobierno el abandono total de la supervisión técnica cuando la ley exige que el Estado garantice condiciones dignas de movilidad?
-¿Hasta qué punto el "engaño" de gobernar mediante ocurrencias seguirá costándole a los celayenses la pérdida de su infraestructura económica y social?
El transporte público en Celaya atraviesa una crisis estructural que ha dejado de ser una simple falla operativa para convertirse en un síntoma de parálisis gubernamental. José Luis Ramírez Sánchez, en su análisis de su columna Todo o Nada, publicada por Reporte Bajío (https://reportebajio.com/la-ciudad-que-dejo-de-moverse/ ), sostiene que la actual administración ha confundido el concepto de gobernar con el de controlar; mientras la gobernanza implica servir al bien común mediante la planeación, el control se limita a vigilar y someter, cayendo frecuentemente en la improvisación y la ocurrencia.
El hermanod el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, señala con datos que bajo esta premisa, la movilidad —derecho humano consagrado en el artículo 4º constitucional y en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial— ha sido reducida a un simple negocio desatendido por una autoridad que, aunque otorga concesiones, ha renunciado a su deber de regular y supervisar con estándares de calidad y seguridad.
El declive no fue repentino. El sistema gozó de un crecimiento sostenido entre 2000 y 2019, periodo en el que se incorporaron 385 autobuses. Sin embargo, dos eventos marcaron un antes y un después: el combate al huachicol en 2019, que detonó una violencia atroz, y la pandemia de Covid-19, que estranguló la vida económica de la ciudad. El articulista detalla el desglose histórico de las concesiones: entre enero de 2016 y enero de 2022 se entregaron 39 concesiones exclusivas (24 urbanas y 15 suburbanas), sumando una flota autorizada de 473 autobuses. Empresas como Ómnibus Urbanos y Suburbanos, Verdes de Guanajuato y ATUCSA lideraron esta expansión, aunque se mantiene el caso atípico de Urbanos Paz Gómez S.A., operando con un permiso vencido desde marzo de 2009.
El contraste estadístico entre 2019 y 2022 revela la magnitud del desastre:
-Zona urbana: Se pasó de 27 rutas y 347 unidades a 25 rutas y 229 unidades, perdiendo 118 vehículos y 64,000 usuarios diarios.
-Zona suburbana: Se redujo de 28 a 16 rutas, con una pérdida de 83 vehículos y 34,489 usuarios.
-Impacto total: Al cierre de 2022, 18 rutas desaparecieron, 201 autobuses fueron retirados y se perdieron 101,489 usuarios diarios, dejando a más de 200 hogares sin sustento.
José Luis Ramírez concluye que, mientras las 13 empresas operadoras sobreviven entre la bancarrota y el amago criminal, el gobierno municipal simplemente ha decidido "patear la pelota", ignorando que esta caída impacta profundamente en el tejido laboral, económico y social de Celaya. El autor cierra con una crítica severa a su hermano, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, parafraseando a Calderón de la Barca: el gobierno actual "sueña que es rey" en un engaño donde la soberbia y la falta de planeación convierten el aplauso prestado en cenizas. #MetroNewsMx
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