Vicente Ruiz/Metro News
- CONSUCC y AMIDA denuncian abandono institucional y exigen considerar las cosechas como tema de seguridad nacional.
- Protestas en el norte exhiben el hartazgo rural; organizaciones advierten que la lucha pronto estallará en el centro del país.
- Productores claman por precios justos, apoyo real y fin a políticas que favorecen a corporativos sobre quienes alimentan a México.
¿Deseas que transformemos esta nota en una pieza editorial para tu proyecto crítico sobre soberanía agrícola o como cápsula visual para redes? También podemos ligarla con tu narrativa sobre gobernanza y justicia productiva.
Manifestaciones en Mexicali, Sinaloa, Tamaulipas y otras regiones, reflejan el hartazgo de un modelo de gestión pública fallido; hay solidaridad con ellas porque la siguiente lucha será en el centro del país.
SALVATIERRA.- En el marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Consejo Nacional de Sociedades y Uniones con Campesinos y Colonos (CONSUCC) y AMIDA, se pronunciaron porque las cosechas nacionales sean consideradas un componente estratégico de seguridad alimentaria y soberanía nacional. En particular, expusieron Erasto Patiño Soto y Cristina Herrera, de estas organizaciones, tan solo
los productos básicos y estratégicos —como el maíz, el frijol y el sorgo— constituyen el núcleo de la dieta de millones de mexicanos, además de que su producción involucra a amplios sectores de la población rural, cuya estabilidad económica depende directamente de condiciones de mercado justas y políticas públicas responsables.
Al mismo tiempo se solidarizaron con las luchas de productores en el norte del pais, "porque mañana será nuestra propia lucha".
Detallaron que; "En conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1º, tercer párrafo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el desarrollo rural sustentable es considerado de interés público, incluyendo en su alcance la planeación, organización, industrialización y comercialización de la producción agropecuaria, así como todos aquellos bienes y servicios orientados a elevar la calidad de vida en el medio rural, en concordancia con el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"No obstante, existe una alarmante desconexión entre el mandato legal y la actuación institucional, especialmente por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), cuya actuación ha sido marcadamente omisa e insensible ante la crisis estructural que vive el campo mexicano", dijeron.
"El abandono institucional se traduce en la ausencia de precios de garantía efectivos, la reducción de apoyos directos, y la exclusión de los pequeños y medianos productores del diseño de políticas públicas".
Detallaron que "las políticas promovidas por el actual gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, apuntan a una preocupante tendencia: la concentración de beneficios en manos de grandes corporaciones agroindustriales, relegando a quienes realmente sostienen la seguridad alimentaria del país —los productores rurales— a una posición de precariedad e incertidumbre".
Aclararon que "Esta crítica se fundamenta no en una postura ideológica, sino en la evidencia empírica: manifestaciones recientes en Mexicali, Sinaloa, Tamaulipas y otras regiones productoras son reflejo del hartazgo ante un modelo de gestión pública que ha fallado en establecer canales efectivos de comercialización, diálogo y negociación".
Los llamados a mesas de trabajo con Gobernación y dependencias del ramo han sido ignorados o minimizados, lo cual constituye un desprecio institucional inaceptable hacia el sector agropecuario, agregaron.
Preocupación central
CONSUCC y AMIDA describieron que desde el centro del país, particularmente en estados como Guanajuato, donde las cosechas inician en octubre, "advertimos que este problema no es exclusivo de una región o ciclo agrícola".
La falta de certidumbre en los precios, la ausencia de apoyos financieros y la inacción institucional representan un riesgo estructural para el sistema agroalimentario nacional. Es urgente anticipar y preparar las condiciones para garantizar precios que reflejen la inversión y el riesgo asumido por los productores, especialmente en cultivos clave como maíz, sorgo y frijol.
"Hoy nos solidarizamos con las luchas en el norte, porque mañana será nuestra propia lucha", enfatizaron.
"El campo mexicano no puede seguir siendo ignorado ni sacrificado en nombre de la eficiencia económica de unos cuantos. Es tiempo de que el Estado asuma su responsabilidad como garante de la justicia agraria, el desarrollo rural y la soberanía alimentaria". /FOTO: Cortesía
Publicar un comentario