Redacción
-La ASEG detectó irregularidades por más de 55 millones de pesos en la gestión del alcalde de San Miguel de Allende, incluyendo luminarias sin ubicación, contratos directos y pagos sin evidencia.
-Trejo se defiende con respaldo de la ASF, que lo exime de mal manejo de recursos federales, y acusa a la ASEG de usurpación de funciones y motivaciones políticas.
SAN MIGUEL DE ALLENDE.- El alcalde Mauricio Trejo Pureco enfrenta una intensa controversia tras las observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), que detectó presuntas irregularidades por más de 55 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2023.
Entre los señalamientos destacan la compra de 6,854 luminarias por más de 46 millones de pesos, cuya instalación no fue acreditada, así como pagos a proveedores vinculados con funcionarios, adjudicaciones directas sin licitación, y servicios no comprobados como la limpieza de la presa Ignacio Allende.
La ASEG realizó 35 observaciones y 13 recomendaciones, de las cuales solo dos han sido solventadas hasta el momento. También se identificaron pagos por más de 26 millones de pesos a la empresa PALMESA, creada apenas dos días antes de que Trejo asumiera el cargo, sin evidencia de cumplimiento del contrato ni permisos correspondientes. Además, se detectaron compras a empresas relacionadas con familiares de funcionarios, pagos a presuntos “aviadores” y adquisiciones sin estudios de mercado ni cumplimiento fiscal.
En respuesta, Trejo presentó documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que lo eximen de responsabilidad sobre los recursos federales utilizados, argumentando que la ASEG no tiene competencia legal para auditar fondos provenientes de los ramos 28 y 33. Acusa al órgano estatal de usurpación de funciones y de actuar con fines políticos, asegurando que su administración es “100% honesta y transparente”. Aunque reconoce que aún hay observaciones pendientes, insiste en que muchas ya fueron atendidas por la Contraloría municipal.
La disputa ha escalado a nivel estatal, con implicaciones legales y políticas que podrían impactar la imagen pública del alcalde, quien fue reelegido para el periodo 2024–2027. Mientras tanto, la ciudadanía y medios locales siguen de cerca el desenlace de este caso, que pone en juego la credibilidad de los mecanismos de fiscalización y la transparencia gubernamental. #MetroNewsMx
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