Redacción
- Protestó 40 días encadenado en Plaza Lerdo; exigía justicia por fraude y amenazas de muerte.
- Denunció corrupción en la Fiscalía y pidió audiencia con Rocío Nahle; nunca fue recibido.
- Su salud se deterioró: fiebre, mareos, somnolencia y deshidratación extrema sin atención médica.
- El juicio fue agendado tras presión pública, pero el abandono institucional fue evidente.
- Su caso expone la sordera oficial ante víctimas que claman protección y justicia en Veracruz.
-En el inter, la gobernadora posando con Angelina Jolie y Salma Hayek, de visita en el estado
Por Redacción Especial
Juan Ricardo Ordóñez Jerez, ciudadano originario de Coatzacoalcos, Veracruz, se convirtió en símbolo de resistencia civil y abandono institucional tras encadenarse durante 40 días frente al Palacio de Gobierno en Xalapa. Su protesta extrema, iniciada el 9 de junio de 2025, fue una respuesta desesperada ante el presunto fraude inmobiliario que sufrió y las amenazas de muerte que recibió por denunciarlo.
El contexto y los hechos
Ordóñez, de 55 años, adquirió dos terrenos en la colonia Los Almendros de Coatzacoalcos, cada uno valuado en 500 mil pesos. Sin embargo, los predios resultaron estar en litigio. Desde 2022, inició una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero su caso fue diluido entre cambios de funcionarios: 12 fiscales, 5 jueces y 5 asesores jurídicos han pasado por el expediente sin resultados.
Según sus declaraciones, los responsables del fraude estarían vinculados a funcionarios como los fiscales Erick López Guízar y Erick Rivera Sánchez, así como al exdiputado Gonzalo Guízar Valladares.
La protesta: cadenas, hambre y silencio
El 9 de junio, Ordóñez se instaló en Plaza Lerdo, encadenado a una luminaria. Durante los primeros días, no consumió alimento alguno. A partir del día 23, comenzó a ingerir avena con azúcar y agua para sobrevivir. Su salud se deterioró rápidamente: fiebre, mareos, somnolencia extrema y debilidad ante cualquier movimiento.
El 17 de julio, elevó su protesta bloqueando la calle Enríquez, frente al Palacio de Gobierno, y se encadenó a una silla de plástico. La escena fue ignorada por las autoridades, mientras en redes sociales se viralizaban rumores sobre su muerte.
Atención médica y reacción oficial
Paramédicos del grupo Panteras de la Secretaría de Seguridad Pública lo atendieron por deshidratación. El 18 de julio, reapareció públicamente para desmentir su fallecimiento y reiterar su exigencia de justicia.
Ese mismo día, fue recibido por personal de la FGE, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el director de Política Regional, Adolfo Toss Capistrán. Se acordó que el juicio iniciaría el 30 de julio, con acompañamiento de la Comisión de Atención a Víctimas.
Reportes médicos
Durante la huelga, Ordóñez presentó síntomas severos:
- Fiebre persistente
- Mareos y náuseas
- Somnolencia extrema
- Deshidratación crítica
- Pérdida de masa muscular
A pesar de ello, no fue hospitalizado. Su resistencia física fue sostenida por una dieta mínima y el apoyo de ciudadanos que le ofrecían agua y sombra.
La exigencia ignorada
Ordóñez solicitó una audiencia directa con la gobernadora Rocío Nahle García y con la fiscal Verónica Hernández Giadáns. Nunca fue recibido por ninguna de las dos. Su protesta fue visible, constante y pacífica, pero no logró romper el muro de indiferencia institucional.
Durante su manifestación, el gobierno estatal le ofreció 1,500 pesos para regresar a Coatzacoalcos, con la promesa de que sería atendido por la Fiscalía Regional. Al llegar, le informaron que no había instrucciones para recibirlo.
Reacciones públicas
Colectivos ciudadanos, medios locales y usuarios en redes sociales denunciaron la omisión institucional. El contraste entre su protesta y la agenda pública de la gobernadora —quien en ese mismo periodo posaba con celebridades como Angelina Jolie y Salma Hayek— generó indignación y cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno estatal.
El análisis de este lamentable hecho
El caso de Ricardo Ordóñez es una radiografía de la sordera institucional. Un ciudadano que agotó todos los canales legales, que denunció corrupción, que pidió protección ante amenazas de muerte, terminó encadenado y en huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno sin ser escuchado.
La respuesta oficial llegó tarde, solo después de que su salud se deteriorara y los rumores de su muerte sacudieran las redes sociales. La gobernadora Rocío Nahle nunca lo recibió personalmente, y la Fiscalía solo reaccionó tras la presión mediática.
¿Hay sordera institucional? Sí. Hay indiferencia, burocracia y una peligrosa normalización del abandono. La protesta de Ordóñez no fue solo por él: fue por cientos de ciudadanos que enfrentan fraudes, amenazas y negligencia sin que el Estado los proteja. #MetroNewsMx
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