Redacción Editorial
La reciente declaración del presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, respecto a la instalación de pantallas públicas para la transmisión de los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (https://informadordelbajio.com/celaya-tendra-pantallas-para-el-mundial-2026-pese-a-exclusion-estatal/ ), abre un debate que va mucho más allá del fervor futbolístico o de la comprensible "tristeza" institucional por haber sido excluidos del circuito de transmisiones oficiales del Gobierno del Estado. Lo que a simple vista parece una iniciativa de recreación comunitaria y justicia social para los celayenses, es en realidad un complejo tablero de ajedrez jurídico donde el municipio corre el riesgo de caer en un "fuera de juego" de consecuencias internacionales.
El fondo del asunto radica en una confusión común pero peligrosa en la administración pública: asumir que la ausencia de lucro (no cobrarle la entrada a los ciudadanos) equivale a una patente de corso para saltarse las leyes de propiedad intelectual.
El mito de la gratuidad frente al imperio de la FIFA
El argumento de que "unos me dicen que no las solicitemos (la licencia) porque es una cuestión de gratuidad sin fines de lucro" refleja una alarmante ligereza por parte de los asesores jurídicos del Ayuntamiento. La Ley Federal del Derecho de Autor en México y los tratados internacionales de los que nuestro país es parte protegen las transmisiones de eventos masivos como obras audiovisuales con derechos conexos.
Para la Copa Mundial 2026, la FIFA ha sido categórica al endurecer sus directrices: toda pantalla en un espacio público que muestre imágenes en movimiento del torneo requiere obligatoriamente una licencia, sin importar si el organizador es un gobierno, si el evento es masivo, o si se cobra un solo centavo por asistir. Pretender colgar una señal de televisión abierta o de cable en la Alameda Hidalgo o en el Jardín Principal para un evento masivo sin este documento es, llanamente, una violación a los derechos de propiedad intelectual.
El factor "cervecera": El peligro del "ambush marketing"
El panorama se complica aún más cuando el primer edil adelanta un acuerdo con una empresa cervecera -de productos sin alcohol- para armar un Fan Fest en torno a dos partidos de la Selección Nacional. En el mundo de los negocios deportivos de alto nivel, esto se conoce como "ambush marketing" o mercadotecnia de emboscada.
Las directrices de la FIFA prohíben estrictamente que cualquier marca comercial que no sea un patrocinador oficial del torneo se vincule de forma directa o indirecta con la exhibición de los partidos. Ante la presunción de permitir que una cervecera ajena a los socios comerciales de la FIFA auspicie, patrocine o ponga su nombre en el evento público de Celaya, el municipio no solo viola el reglamento del máximo organismo del fútbol, sino que arrastra a una empresa privada a un terreno de litigio legal. La FIFA protege a sus patrocinadores globales con garras legales muy afiladas; ignorar esto es buscar una demanda de dimensiones transnacionales.
Las repercusiones locales: Responsabilidad administrativa y patrimonial
Si el municipio decide avanzar por la libre y la transmisión es detectada —algo sumamente fácil en la era digital y de las redes sociales—, las consecuencias no serán solo un apagón de la pantalla a mitad del partido. Las sanciones económicas por violar la propiedad intelectual y los derechos de transmisión televisiva son millonarias.
Aquí es donde entra la legislación local. La Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato es muy clara respecto al uso de los recursos públicos. Si el erario de Celaya tiene que sufragar una multa internacional o un litigio debido a una negligencia u omisión consciente de sus directivos -como ignorar la obligatoriedad de una licencia-, los funcionarios que firmaron y autorizaron dicha actividad podrían ser sujetos de procedimientos por daño patrimonial al erario. Destinar personal de Protección Civil, logística, electricidad municipal y espacios públicos para un acto que carece de legalidad autoral es un terreno sumamente resbaladizo para la rendición de cuentas.
La vía de la legalidad: Adjudicación y transparencia
¿Significa esto que Celaya debe quedarse sin pantallas? En absoluto. El alcalde tiene la ruta legal trazada si realmente desea cumplirle a los ciudadanos. La Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato faculta al municipio a realizar una adjudicación directa por razones de exclusividad del proveedor para adquirir los derechos temporales o la licencia correspondiente de exhibición pública a través de los canales autorizados en México.
Pagar por la licencia formal —o tramitar el permiso de gratuidad institucional ante los poseedores de los derechos si existiera esa ventana— es la única forma de garantizar que las familias celayenses disfruten del Mundial de forma segura, digna y legal.
Celaya merece estar a la altura de los grandes eventos, pero la dignidad de un municipio no se defiende cayendo en la informalidad institucional o en las ocurrencias a las que están acostumbrados los celayenses de parte de las autoridades. Gobernar implica revisar las leyes con rigor, no con base en corazonadas o sugerencias bienintencionadas pero analfabetas en materia de derecho internacional. El Ayuntamiento está a tiempo de corregir el rumbo, tramitar lo que en derecho proceda y evitar que la fiesta del Mundial termine en una costosa resaca legal para todos los ciudadanos. #MetroNewsMx
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