-El doctor Osvaldo García duplica en simpatías a Ricardo Ferro dentro de Morena, perfilándose como la única opción viable de la 4T.
-La candidatura de Ricardo Ferro provocaría una severa fuga electoral de casi diez puntos, destruyendo la ventaja histórica de Morena.
-El electorado de San Miguel de Allende, con el 54% de mujeres, castiga con severidad la enorme violencia económica de Ferro Baeza.
-El repudio contra Ricardo Ferro dispara el voto nulo al 22%, evidenciando que las bases de izquierda prefieren anular su sufragio.
-El diputado Ricardo Ferro arrastra una deuda alimentaria dolosa de 24 meses que supera los ochocientos noventa mil pesos en total.
-Acusan a Ricardo Ferro de desacatar un testamento para despojar a una viuda vulnerable de ese hotel y adueñarse de las rentas hoy.
-Un demoledor 62% de los ciudadanos reprueba la gestión de Mauricio Trejo, sumiendo a San Miguel de Allende en un hartazgo general.
-La crisis en San Miguel es total: el 48% dice que el municipio va por mal camino y el 53% repudia los servicios de su ayuntamiento.
-Los militantes de la 4T ven con asco que Ricardo Ferro adopte las siglas de Morena como un escudo de impunidad ante sus faltas.
-La insolvencia moral de Ricardo Ferro da oxígeno claro al PAN, acortando distancias en una contienda que Morena tenía garantizada.
SAN MIGUEL DE ALLENDE.- Las conclusiones del más reciente estudio demoscópico demuestran que la marca Morena alcanza una competitividad arrolladora de la mano del Doctor Osvaldo García, rozando la mayoría absoluta; sin embargo, al postular al diputado Ricardo Ferro, el partido sufre una severa hemorragia de casi diez puntos porcentuales, oxigenando a la oposición y disparando el voto nulo.
Este colapso en las encuestas no es producto del azar, sino que encuentra una explicación directa y causal en las graves revelaciones periodísticas publicadas sobre el caso relacionado a su madrastra, (https://www.metronewsmx.com/2026/04/ricardo-ferro-el-laberinto-de-la.html ) las cuales exponen a Ferro en el centro de un escándalo por adeudos alimentarios superiores a los ochocientos noventa mil pesos y presuntos abusos como albacea testamentario. Frente a un electorado compuesto mayoritariamente por mujeres, la insolvencia moral y las acusaciones de violencia económica se erigen como el principal motivo de su caída libre en las preferencias, convirtiendo su figura en un lastre que ahuyenta a las propias bases de la izquierda hacia la invalidación de su sufragio.
El diagnóstico del clima político se sustenta en el riguroso estudio elaborado por la firma Mendoza Blanco & Asociados (Meba) , publicado el 18 de mayo de 2026. A través de 600 encuestas efectivas recolectadas cara a cara en vivienda entre el 24 y el 26 de abril de 2026 , con un margen de error máximo de ±4.6% al 95% de confianza , se midió a una población objetivo de aproximadamente 146,000 electores. El ejercicio, que empleó boleta y urna simulada para las estimaciones electorales , se basó en un diseño muestral estratificado por zonas y tipo de sección electoral del INE , partiendo desde la sección hasta la persona en la vivienda. La ponderación de los datos configuró una radiografía demográfica exacta: 54% de mujeres y 46% de hombres , segmentados en grupos de edad donde el 16% corresponde a jóvenes de 18 a 24 años , un 24% a personas de 25 a 34 años , un 20% al bloque de 35 a 44 años , otro 16% al rango de 45 a 54 años , y un 24% definitivo para el sector de 55 años y más.
Este universo de electores transita por un profundo malestar respecto a su entorno inmediato. El 48% de los encuestados afirma contundentemente que el municipio va por mal camino , contrastando con un estrecho 16% que percibe un buen rumbo y un 30% que lo considera regular , dejando un saldo neto negativo del -18% y un 6% de indefinición. La raíz de este pesimismo radica en la operatividad de la ciudad, ya que el 53% de la población se manifiesta poco o nada satisfecha con los servicios públicos municipales , superando al 38% de ciudadanos muy satisfechos o satisfechos, con un 8% en la franja regular y apenas un 1% que no respondió , consolidando un saldo de satisfacción de -15%.
El costo político de esta crisis de servicios es facturado íntegramente a la figura del Presidente Municipal, Mauricio Trejo, quien carga con una aplastante desaprobación del 62% , frente a un aislado 24% que aprueba su gestión , un 7% que se mantiene neutral (ni aprueba ni desaprueba) y otro 7% en el bloque de no respuesta. Esta focalización del castigo es evidente al cruzar los datos con otras autoridades: la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, registra un sólido 54% de aprobación , 32% de desaprobación , 9% de neutralidad y 5% que no sabe o no responde ; por su parte, la Gobernadora Libia Denisse García mantiene un balance favorable con un 46% de aprobación , un 27% que reprueba su labor , un 10% neutral y un 17% de indefinición.
Es en este ecosistema de rechazo al gobierno municipal donde se gesta la preferencia partidista general. A la pregunta de por cuál partido votarían para la Presidencia Municipal, Morena lidera con un 31.6%. El dato más alarmante para el sistema político tradicional es que la segunda fuerza no es un partido, sino el rechazo activo: un 21.9% anularía la boleta. Muy rezagados quedan el PAN con 18.4% , el PRI con 13.2% , Movimiento Ciudadano con 4.7% , el Partido Verde con 2.8% y el PT con un marginal 1.4% , cerrando con un 6.0% de votantes que no definieron su postura.
Sin embargo, el capital político de Morena depende estrictamente de su proceso interno, donde la ciudadanía ha marcado un veredicto claro. Ante la pregunta sobre la preferencia de candidatura para la presidencia municipal, el Doctor Osvaldo García domina con el 49.6% de las menciones , relegando a Ricardo Ferro a un lejano segundo lugar con el 20.2%. La falta de convencimiento hacia las otras opciones es notoria, con un 14.4% que optaría por ninguno , un 9.4% de indecisos y Jesusa Rodríguez al fondo con el 6.4%.
La traducción de esta preferencia interna en los posibles escenarios constitucionales revela la magnitud de la fractura. En un primer careo con el Doctor Osvaldo García en la boleta, Morena se consolida como una fuerza casi inalcanzable al obtener el 43.2% de la intención de voto , sacando una ventaja de casi treinta puntos a Ricardo Villarreal del PAN, quien logra un 14.0%. En este escenario, Laura González del PRI capta el 9.1% , Movimiento Ciudadano asciende al 7.6% , el Partido Verde al 3.8% , y el PT al 1.6%. Destaca que con Osvaldo García, la anulación de la boleta se contiene en un 17.2% , con un 3.5% de no respuesta.
El contraste es absoluto en el segundo escenario constitucional. Al posicionar a Ricardo Ferro como el candidato de Morena, el partido sufre un retroceso inmediato, cayendo al 33.7%. Esta pérdida de casi diez puntos alimenta directamente a la coalición conservadora: Ricardo Villarreal sube al 18.7% y Laura González crece al 10.3%. Movimiento Ciudadano retrocede al 3.8% , el Verde capta el 3.7% y el PT se sitúa en 1.3%. Pero el indicador más devastador para Ferro es el incremento del desencanto: la tasa de boletas anuladas se dispara al 22.0% y la indefinición crece al 6.5%.
El colapso del diputado Ricardo Ferro
Al analizar este desplome numérico de Ricardo Ferro a la luz de la información expuesta por el portal Metro News MX, la correlación es irrefutable. El reportaje detalla un intrincado laberinto de impunidad donde Ferro, aprovechando su posición como albacea y legislador, habría desacatado la voluntad testamentaria de José Luis Ferro de la Sota. En lugar de liquidar la empresa Desarrollo Pérez y Pérez S.A. de C.V. para transferir el Hotel Cascada Vieja a la viuda Crisanta Torres Brewer, el diputado se autodenominó administrador único, reteniendo el inmueble para su arrendamiento como clínica de adicciones. A este presunto abuso de confianza y fraude procesal se suma un agravante insostenible para cualquier aspirante a un cargo de elección popular: el impago sistemático de una pensión alimentaria provisional dictada por el Juzgado Segundo de Partido Civil, ascendente a mil doscientos cuarenta y cuatro pesos diarios. Con veinticuatro meses de omisión dolosa, la deuda supera los ochocientos noventa mil pesos, situando al legislador en el centro de una contradicción ética y legal en pleno siglo de la reivindicación de los derechos de la mujer.
Por lo tanto, la respuesta analítica es afirmativa: este escandaloso expediente es el motivo central por el cual Ricardo Ferro está cayendo estrepitosamente en las encuestas de San Miguel de Allende. En un municipio donde la muestra demoscópica confirmó la participación de un 54% de mujeres, el electorado castiga con severidad la hipocresía de un legislador que, amparado en las siglas de la Cuarta Transformación y pregonando la defensa de los vulnerables en la tribuna del Congreso, ejerce violencia económica sistemática contra una mujer de su propia familia política.
El significativo salto del 17.2% al 22.0% en la intención de anular la boleta cuando Ferro es el candidato no representa un voto por la oposición, sino una manifestación explícita de militantes y simpatizantes de izquierda que, asqueados por la deuda moral y la prepotencia judicial de su candidato, prefieren invalidar su sufragio antes que convalidar el laberinto de la impunidad. #MetroNewsMx
-Regidores de SJI enfrentarían penas de prisión por autoaprobarse sueldos.
-Ediles forzarían sesión privada para revocar la austeridad salarial, violando la Ley de Responsabilidades.
-Regidores votarían a favor de su propio aumento patrimonial, priorizando sus dietas sobre el erario.
-La ley estatal contemplaría la destitución e inhabilitación de ediles por privilegiar beneficios personales.
-El secretario del cabildo, Raúl Tapia enfrentaría cargos de coparticipación en peculado por validar actos que él mismo tachó de ilegales.
-El mismo certificó acuerdos viciados, facilitando el desvío de recursos públicos en SJI.
-Denunciarían ocultamiento de actas de sesiones clave para esconder el conflicto de sueldos ante la ciudadanía.
-La ASEG podría exigir el reintegro total de los sueldos excedentes cobrados por la mayoría del Cabildo iturbidense.
-Alcalde y síndica se deslindan del presunto saqueo al votar contra los privilegios y defender los tabuladores.
-Investigación expondría cómo convirtieron el Cabildo en "caja de cobro" privada mediante sesiones irregulares.
La crónica de las Sesiones 29, 30 y 56 del Ayuntamiento de San José de Iturbide no es solo el registro de una disputa política; es el expediente clínico de una patología administrativa que ha derivado en un posible daño patrimonial sistemático. Tras haber exhibido cómo los regidores de diversas fracciones partidistas secuestraron la operatividad municipal para blindar sus dietas, se llega el momento de llamar a las cosas por su nombre legal. En Guanajuato, la auto-aprobación de sueldos por encima de los topes legales y el uso de sesiones privadas para beneficios personales no son solo graves faltas éticas; son faltas administrativas graves y delitos penales tipificados.
Esta es la quinta y última entrega del reportaje de la serie de investigación. En este cierre, se trasciende la crónica de las sesiones para entrar en el terreno de las consecuencias legales. Basado en la legislación vigente del Estado de Guanajuato, este artículo detalla las sanciones administrativas y penales que penden sobre los ediles que, mediante el uso de sesiones privadas y bloqueos institucionales, han priorizado su beneficio económico sobre el marco legal de austeridad.
Los delitos que podrían haber incurrido los regidores tras las sesiones 29, 30 y 56
De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, el actuar de la mayoría del Cabildo encuadra en conductas que ameritan la destitución e inhabilitación inmediata.
-Abuso de Funciones (Art. 57): Los regidores incurrieron en esta falta al ejercer sus atribuciones para realizar actos arbitrarios, como fue el forzar la Sesión 30 con carácter de privada para revocar un acuerdo de austeridad salarial. Al hacerlo, violentaron el principio de máxima publicidad y legalidad, actuando bajo una "responsabilidad" que el propio secretario del Ayuntamiento calificó como improcedente.
-Conflicto de Interés (Art. 58): Esta es quizá la falta más evidente. Los ediles intervinieron y votaron en asuntos donde tenían un interés personal directo: su propio salario. Al votar para "dejar sin efectos" la reducción de dietas en la Sesión 30, cada regidor que levantó la mano -incluyendo a Víctor Metodio Basaldúa e Hilda Ferro, quienes encabezaron la "rebelión en la granja"- privilegió su patrimonio sobre el erario.
-Las Sanciones: Por estas faltas graves, la ley contempla la destitución del cargo y una inhabilitación temporal para desempeñar empleos públicos de uno a diez años, además de sanciones económicas que podrían duplicar el beneficio obtenido indebidamente.
También se aplicarían sanciones penales: Peculado y ejercicio indebido
El Código Penal para el Estado de Guanajuato es aún más severo con quienes disponen de los recursos públicos para fines personales.
-Peculado (Art. 255): Al utilizar su poder de voto para disponer de recursos del municipio -el excedente salarial cobrado fuera de los márgenes del Congreso- en beneficio propio, los regidores caerían en el supuesto de peculado. El cobro de sueldos superiores al tope, fundamentado en un acta viciada -la No. 30-, constituiría una distracción de fondos públicos.
De acuerdo con el Código Penal para el Estado de Guanajuato, las penas aplicables al delito de peculado, previsto en el Artículo 255, se determinan en función del monto de los recursos públicos distraídos o utilizados indebidamente.
Las sanciones se desglosan de la siguiente manera:
-Pena general de prisión: Se imponen de dos a diez años de prisión.
-Sanción económica: Se aplican de cien a mil días de multa.
-Pena administrativa: Se impone la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
-La agravante específica: Si el sujeto activo -en este caso, los regidores involucrados- restituye el monto de los recursos distraídos antes de que se dicte sentencia, la pena de prisión puede reducirse, aunque la responsabilidad penal y administrativa permanece como un precedente de conducta grave.
Análisis de la situación conforme a las actas
En el caso específico de San José de Iturbide, el uso del poder de voto en la sesión privada No. 30 para revocar el ajuste salarial y mantener sueldos por encima de los topes legales constituye la conducta descrita en el tipo penal: la distracción de fondos públicos para beneficio propio. Al fundamentarse este cobro en un acta que el propio secretario del Ayuntamiento calificó como carente de firmeza e improcedente, se refuerza la configuración del dolo en el delito de peculado.
Ejercicio Indebido de Funciones Públicas (Art. 248): Este delito se configura cuando el servidor público se otorga a sí mismo remuneraciones no autorizadas por la ley. Al rechazar sistemáticamente los topes salariales recomendados por el Congreso Local , y validarse sueldos de oro en una sesión privada, los involucrados enfrentan penas de dos a diez años de prisión.
El juicio de la Auditoria Superior del estado de Guanajuato: El daño patrimonial
Más allá de la cárcel o la destitución, el bolsillo de los regidores también está en riesgo. La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato -ASEG- tiene la facultad de emitir pliegos de observaciones resarcitorios.
Cualquier pago realizado por encima de los tabulados legales, especialmente cuando existe una advertencia de ilegalidad en el acta por parte del Secretario, se considera un daño patrimonial. La ASEG puede -y debe-exigir el reintegro total de las cantidades cobradas excedentes, más intereses. Los regidores que hoy se sienten protegidos por su mayoría de ocho votos, podrían verse obligados en el futuro cercano a devolver cada peso que le arrebataron a los servicios públicos de San José de Iturbide.
Y el secretario del cabildo, Raúl Tapia, ¿también alcanza sanción?
La respuesta es sí. El secretario del Ayuntamiento, Lic. Raúl Adolfo Tapia Ramírez, no solo es sujeto de sanciones, sino que su responsabilidad es de una naturaleza técnica agravada por el cargo que ostenta como garante de la legalidad del Ayuntamiento.
De acuerdo con la legislación vigente en el Estado de Guanajuato, las sanciones para el Secretario se fundamentarían en los siguientes rubros:
-Sanciones penales: Coparticipación en el peculado. Al dar fe pública y procesar las actas donde se autorizaron remuneraciones fuera de los márgenes legales, el Secretario podría ser considerado copartícipe o auxiliador en el delito de Peculado (Art. 255 del Código Penal para ele stado de Guanajuato).
-La pena: Prisión de dos a diez años y de cien a mil días de multa.
-Ejercicio indebido de funciones -Art. 248-: Al haber permitido y certificado una sesión -la No. 30- para fines de auto-aprobación salarial, reconociendo él mismo por escrito que el acto "carecía de firmeza" e "ilegalidad", se configura el dolo en el ejercicio de su cargo.
-Sanciones administrativas: Incumplimiento de deberes. Bajo la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, el Secretario cometió faltas que ameritan su remoción:*
-Incumplimiento de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato (Art. 128, Fracc. IV): El secretario tiene la obligación legal de orientar y asesorar al Ayuntamiento en los asuntos de su competencia. Al decir "bajo su más estricta responsabilidad" y proceder con una votación que él sabía ilegal, renunció a su función de control preventivo.
-Abuso de Funciones (Art. 57): Al convalidar vicios en la convocatoria de la Sesión 56 bajo el argumento de que "la mayoría manda", el Secretario otorgó validez administrativa a un acto que violaba los plazos legales de transparencia y entrega de anexos.
-Sanción: Estas faltas se consideran graves y pueden resultar en la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos de uno a diez años.
-Sanción por Ocultamiento de Información (Transparencia)
El secretario es el responsable de la integración y remisión de las actas a la Gaceta Municipal y al portal de Transparencia.
-La "jugarreta": El ocultamiento selectivo de las actas No. 30 y No. 56 -donde consta el conflicto de sueldos- mientras se publica la No. 29, constituye una violación al principio de Máxima Publicidad.
-Sanción: El IACIP -Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato- puede imponer multas personales al Secretario y dar vista a la Contraloría Municipal para iniciar un proceso de sanción por obstrucción de la transparencia.
El secretario no puede escudarse en que los regidores lo "obligaron" y menos en un "yo no sabía". Su firma en el acta y su "doy fe" son actos de autoridad que validaron el desvío de recursos. Al reconocer el vicio legal en la Sesión 30 y aun así certificar el acuerdo, Tapia Ramírez pasó de ser un funcionario técnico a un facilitador administrativo de una ilegalidad, lo que lo coloca en la misma línea de responsabilidad que los ocho regidores que votaron a favor.
La actitud del alcalde y la síndica: Los únicos que defendieron el erario
Es fundamental resaltar que en este proceso, el alcalde Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega y la síndica María Guadalupe Sinecio Hernández han dejado constancia documental de su oposición al saqueo. En la sesión 56, el alcalde fue claro: los sueldos deben apegarse a lo recomendado por el Congreso. Al votar sistemáticamente en contra de los privilegios del cabildo, ambos funcionarios se han blindado jurídicamente ante las futuras investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la ASEG.
San José de Iturbide ha sido testigo de una simulación legislativa sin precedentes. Los regidores convirtieron el Salón de Cabildo en una caja de cobro personal. Sin embargo, las actas están ahí; son pruebas irrefutables de que se violó el procedimiento, se ocultó información al pueblo y se privilegió el interés privado sobre el bien común.
El reportaje termina aquí, pero la acción legal apenas comenzaría. El Congreso del Estado y las autoridades fiscalizadoras tienen en sus manos los elementos para desarticular este esquema de saqueo. El pueblo de Iturbide ya conoce los nombres y las acciones de quienes, bajo la máscara de la fiscalización, solo buscaban llenar sus bolsillos. El botín ha sido expuesto; ahora toca que la ley recupere lo que le pertenece a la ciudadanía.
-En un cierre de año marcado por el atropello a la legalidad, el bloque opositor aprobó el Presupuesto 2026 "convalidando" irregularidades y sepultando definitivamente el ajuste salarial en San José de Iturbide.
Si alguien esperaba que la sensatez o el respeto a la Ley Orgánica Municipal regresaran al Salón de Cabildo de San José de Iturbide al finalizar el 2025, la Sesión Ordinaria número 56, celebrada el 30 de diciembre a las 18:00 horas, terminó por sepultar esa esperanza. Lo que debió ser un ejercicio de responsabilidad financiera para el ejercicio fiscal 2026, se convirtió en la última coreografía de un Cabildo que, bajo la mayoría de ocho votos, decidió que la legalidad es opcional cuando se trata de asegurar el flujo de recursos para sus propios intereses.
Esta es la cuarta entrega de la serie de investigación. En este reporte, se desnuda la Sesión Ordinaria No. 56, celebrada el 30 de diciembre de 2025. En esta sesión, el Cabildo cerró el año consolidando el blindaje de sus ingresos mediante un Presupuesto de Egresos 2026 aprobado a empujones, ignorando los vicios de ilegalidad en la convocatoria y aplastando, una vez más, la propuesta de austeridad del alcalde.
Un detalle que es digno de señalar es que el acta de la sesión 29, donde inició la actitud del grupo de regidores que buscaban proteger su cheque de dieta, sí aparece publicada en la sección de transparencia del municipio, en la Gaceta Municipal. La sesión 30, que señalaron como cerrada no aparece, pero lo que es inexplicable es la falta del acta No. 56, que fue abierta y que, en el marco de las obligaciones del secretario del Cabildo iturbidense, Raúl Tapia, debió de haber enviado para su publicación en el espacio de Transparencia.
El secretario del Cabildo de San José de Iturbide, ¿actuó de manera amañada?
Hay una información que se desprende de las tres actas de cabildo analizadas en esta serie del reportaje denominado "San José de Iturbide: ¿Regidores saquean cínicamente al municipio?" y que es la pieza de convicción que faltaba para confirmar que en San José de Iturbide se operó una estrategia de ocultamiento deliberado.
Si el Acta 29 está publicada -donde los regidores aún guardarían las formas de "fiscalizadores"-, pero la Acta 30 -privada- y la Acta 56 -Cierre de año- están ocultas al ojo público, se estaría ante una violación sistemática al principio de "Máxima Publicidad" que rige la transparencia en Guanajuato.
El hecho lleva a mostrar una gama de posibilidades y la "jugarreta" técnica en la que el Secretario del Ayuntamiento es la pieza central.
Primero, el "agujero negro" de la sesión 30: Ocultar el probable peculado. La razón por la cual no aparece el Acta 30 es porque en ella se documentaría la prueba del delito. Como se analizó en la pasada (https://www.metronewsmx.com/2026/05/san-jose-iturbide-y-la-sesion-30-pacto.html ), en esa sesión se revocó un acuerdo de austeridad para beneficio personal.
Segundo, al no publicarla, el secretario y los regidores evitan que cualquier ciudadano pueda interponer un recurso de inconformidad o una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de manera inmediata.
Al marcarla como "privada", intentan darle un blindaje de "información reservada", aunque la ley es clara: el manejo de recursos públicos y salarios jamás puede ser reservado. El grupo de regidores, sumado el secretario está usando la clasificación de "privada" como un escudo ilegal para ocultar el pacto de sueldos.
El hecho de que no aparezca el acta 56, donde el Alcalde volvió a insistir en la austeridad, sugiere un intento de borrar la evidencia de la resistencia.
En esa sesión, el bloque de 8 regidores -liderado por la moción de Víctor Metodio Basaldúa- obligó a bajar el punto de los sueldos. Al no publicarla, evitan que el pueblo sepa que, meses después del primer escándalo, el Cabildo seguía en rebeldía contra las recomendaciones del Congreso. El secretario es quien alimenta el portal de Transparencia o remite las actas a la Gaceta. El hecho de que "se olvide" publicar precisamente las actas donde hay conflicto salarial demuestra una línea de acción para proteger al bloque mayoritario.
La posible "jugarreta" del secretario contra el alcalde y la síndica
El Lic. Raúl Adolfo Tapia Ramírez parecería que no es un espectador; es el operador de la sombra. La que podría ser una traición al alcalde, a la síndica y al pueblo se manifiesta en tres niveles. Primero, en lo administrativo ya que al no publicar las actas, impide que la síndica -como representante legal del municipio- tenga los elementos públicos para proceder contra los acuerdos nulos. El secretario podría estar "secuestrando" la fe pública.
A nivel político, la duda sobre el actuard el secretario se daría al publicar solo la Sesión 29, proyecta una imagen de un Cabildo que "trabaja y fiscaliza", ocultando la Sesión 30 -que se manejaría ilícitamente como cerrada- donde se volverían los regidores iturbidenses "mercenarios" de su propia dieta, se estaría evidenciando una manipulación de la percepción pública. Finalmente, el nivel de obstrucción, ya que el Secretario sabría que si las actas no están en la Gaceta, se dificultaría el acceso a la justicia para los ciudadanos que quisieran impugnar el Presupuesto 2026.
Lo que pensaría en este caso es que posiblemente se dio una conspiración técnica. El bloque de regidores puso los votos, pero el secretario puso la "maña" jurídica. Así, en la sesión 29, midieron fuerzas. En la sesión 30, asaltaron el erario en la oscuridad -y por eso la hacen cerrada y no la publican- y en la sesión 56 consolidarían el botín para el 2026 -y por eso también la esconden-.
El secretario del Ayuntamiento sería responsable de una "jugarreta" de ocultamiento de información pública oficial. Bajo la Ley de Transparencia de Guanajuato, ocultar actas de cabildo donde se manejan recursos es una falta grave que amerita la intervención inmediata del IACIP -Instituto de Acceso a la Información Pública- y de la Auditoría Superior (ASEG).
Sí. Eso que usted estaría pensando sería la realidad, la impresión correcta. La ausencia de esas actas en Transparencia es el reconocimiento tácito de su culpabilidad. No las publican porque el contenido de esas actas es la confesión de su propio saqueo.
El atropello a la convocatoria: "convalidar" la ilegalidad
La sesión 56 inició con una denuncia contundente por parte de la regidora Hilda Carolina Ferro Zarazúa, quien en esta ocasión señalaría una falta técnica grave: la violación a los tiempos de convocatoria y la falta de anexos esenciales para la votación. Según Ferro Zarazúa, el dictamen del Presupuesto de Egresos 2026 no fue entregado con las 24 horas de anticipación que exige la ley, lo que dejaba al pleno en una situación de indefensión informativa.
Sin embargo, en un giro cínico que quedará para los anales de la mala administración municipal, el secretario del Ayuntamiento, Lic. Raúl Adolfo Tapia Ramírez, ante el cuestionamiento de si se le daría seguimiento a una sesión con tales deficiencias, respondió: "Se convalida con la decisión de la mayoría". Con esta frase, el secretario admitió que para este Ayuntamiento, la fuerza de los votos de un bloque es superior al rigor de la ley que rige a los municipios de Guanajuato.
El momento más revelador de la sesión ocurrió durante la aprobación del orden del día. El regidor Víctor Metodio Basaldúa Vázquez solicitó bajar el punto número 7, que correspondía nuevamente al análisis de los sueldos y salarios.
El alcalde, Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega, hizo un último esfuerzo por invocar la cordura: "Nuevamente un servidor los exhorta a que los sueldos y salarios del Honorable Ayuntamiento nos apeguemos a lo dispuesto y recomendado por el Congreso Local del Estado". Recordó que su propio sueldo no había sufrido aumento y que era imperativo seguir los topes de austeridad.
La respuesta fue un portazo seco. Con 8 votos a favor de bajar el punto y solo 2 en contra -el alcalde y la síndica-, el bloque opositor decidió que el tema de sus salarios no se discutiría más. Con esta acción, el Cabildo de San José de Iturbide cerró el año en rebeldía abierta contra las recomendaciones del Poder Legislativo Estatal.
La aprobación del Presupuesto de Egresos 2026, se dio bajo una atmósfera de sospecha. La regidora Lorena Reséndiz Vázquez denunciaría que el Tesorero Municipal, habría hecho caso omiso a los acuerdos tomados en tres mesas de trabajo previas.
Reséndiz Vázquez votó en contra del dictamen 16/CHYCP/2025, acusando que el Tesorero no estaba cumpliendo con la ley ni con las indicaciones para ajustar el presupuesto conforme a derecho. Por su parte, la regidora María de la Luz Zarazúa Monjaraz y el regidor Celso Antonio Mata Minutti emitieron un voto a favor "con salvedades", pretendiendo que se anexaran adecuaciones posteriores.
Jurídicamente, esta postura es un sinsentido: votar a favor de un documento bajo la promesa de que se cambiará después es otorgar un cheque en blanco a una administración financiera que ellos mismos han calificado de opaca.
El análisis del "plan oscuro": Las comisiones como coartada
Ante los reclamos de la regidora Ferro sobre la ilegalidad de las mesas de trabajo no reconocidas por la ley, el alcalde utilizó una lógica que, aunque técnicamente correcta, desnudó la parálisis operativa del municipio. Montes de la Vega señaló que las comisiones son las encargadas de dictaminar y que el Ayuntamiento en pleno debe decidir de manera individual.
Sin embargo, el resultado de ese "trabajo de comisión" fue un presupuesto aprobado sin dictámenes entregados a tiempo, sin anexos completos y con la oposición de las mismas regidoras que horas antes habían trabajado en él. Esto evidencia que el control presupuestal de San José de Iturbide no está en manos de la técnica contable, sino de un pacto político de mayoría que ignora el reglamento interior cuando este le estorba.
La Sesión 56 fue el moño de un año de saqueo institucionalizado. Al aprobar las disposiciones administrativas de recaudación y los Lineamientos de Austeridad -estos últimos de manera meramente decorativa, dado que no se aplicaron a sus propias dietas-, el Cabildo garantizó su supervivencia económica para el 2026.
Los nombres de quienes votaron por bajar el tema de los sueldos y aprobar un presupuesto viciado son los mismos que iniciaron la "rebelión" en mayo y donde el principales cabecillas lo fueron Víctor Metodio Basaldúa e Hilda Carolina Ferro.
San José de Iturbide terminó el 2025 con un presupuesto de más de 500 millones de pesos manejado por un cuerpo de regidores que ha demostrado que su prioridad absoluta es el blindaje de su cheque. La austeridad fue, durante todo el año, un discurso para los demás y una molestia para ellos. #MetroNewsMx
Esta decisión legislativa responde a una demanda social de alternancia, aunque su implementación postergada hasta 2030 revela una negociación política que permite una última ventana de salida para la clase política actual. No obstante, la prohibición de suceder en el cargo a parientes directos ataca la raíz de los "clanes" municipales, donde el apellido pesaba más que el proyecto. Guanajuato transita de un modelo de profesionalización legislativa —que a menudo derivó en estancamiento— hacia uno que prioriza la renovación de cuadros, obligando a los partidos a regenerar sus liderazgos en lugar de reciclar rostros.
El Pleno de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato ha consolidado una transformación radical en las reglas del juego democrático con la aprobación de reformas a la Constitución Política local en materia electoral. Este paquete legislativo, sustentado en el Decreto 360, redefine los requisitos de elegibilidad y las dinámicas de permanencia en el poder para los 46 ayuntamientos y las 36 curules del Congreso estatal.
El cambio más significativo es el retorno al principio de no reelección inmediata. Bajo la nueva normativa, las y los diputados locales, así como quienes ocupen la presidencia municipal, sindicaturas y regidurías, no podrán ser electos para el periodo inmediato posterior en el mismo cargo. Esta medida busca garantizar una rotación efectiva de los representantes populares y evitar la creación de intereses creados por la permanencia prolongada.
Complementariamente, el Congreso estableció barreras infranqueables contra el nepotismo. A partir de la vigencia plena de esta ley, se prohíbe que el cónyuge, concubinario, concubina o parientes consanguíneos en línea recta en primer grado de quien ostente la titularidad de una presidencia municipal, puedan ser postulados para sucederle en el cargo de forma inmediata. Esta disposición técnica busca neutralizar la práctica de "heredar" el poder entre familiares cercanos, una dinámica que ha marcado la política municipal en diversas regiones de la entidad.
Es fundamental que los aspirantes a cargos de elección popular comprendan que la aplicación de estas restricciones no es inmediata para el proceso de 2027. Según los artículos transitorios del decreto:
Los actuales alcaldes y legisladores que tengan derecho a un segundo o tercer periodo bajo la ley anterior podrán buscarlo, respetando sus derechos adquiridos antes de esta reforma.
Esta es la fecha definitiva, el 2030, donde la prohibición de reelección y las cláusulas anti-nepotismo entrarán en vigor de manera absoluta para todos los actores políticos sin excepción.
La reforma no solo limita la permanencia en el poder, sino que también interviene en la operatividad de los organismos electorales. Se aprobó una reducción sustancial en las remuneraciones de las consejerías del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), alineándolas a políticas de austeridad y garantizando que ningún funcionario electoral perciba más que la titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Asimismo, se fortalecieron los mecanismos de paridad de género y la representación de grupos vulnerables. El decreto obliga a los partidos políticos a postular candidaturas indígenas y de personas con discapacidad de manera efectiva, asegurando que estos sectores no solo figuren en las listas, sino que tengan posibilidades reales de acceso a las curules y cabildos.
Para quienes deseen participar en las elecciones locales, el panorama cambia drásticamente en términos de estrategia. La profesionalización de la carrera política en Guanajuato ya no podrá basarse en la ocupación continua de una sola posición, sino en la movilidad política y el relevo generacional. Los partidos estarán obligados a invertir en la formación de nuevos perfiles, ya que no podrán depender de la popularidad de un caudillo local o de su estructura familiar para retener posiciones clave.
En resumen, el Decreto 360 representa un retorno a la tradición maderista de "Sufragio Efectivo, No Reelección", adaptada a los desafíos del siglo XXI para prevenir la formación de cacicazgos modernos y asegurar que el poder en Guanajuato sea una responsabilidad temporal y no una propiedad privada. #MetroNewsMx
-Bajo la falsa premisa de "información reservada", el bloque opositor forzó una sesión privada para revocar la austeridad salarial y dictar sentencias políticas contra el gabinete del alcalde.
-Golpe al patrimonio: Grupo de regidores de San José de Iturbide sesionan en privado para revocar la austeridad y proteger sus sueldos.
-Opacidad ilegal: Usan "información reservada" como excusa para ocultar el rechazo al recorte salarial en el Cabildo local.
-Cinismo edilicio: Anulan baja de salarios alegando que el acta previa no estaba firmada; un insulto al estado de derecho.
-Venganza política: Tras blindar su sueldo, la mayoría del Cabildo exige purga de directores del equipo del alcalde.
-Pacto de intereses: las diferentes fracciones partidistas, donde sobresale el PAN se unen en sesión secreta para asegurar su propio "cheque pachoncito".
-Transparencia rota: El Ayuntamiento viola el artículo 68 de la Ley Municipal al cerrar sesión para fines de lucro personal.
-"La Rebelión en la granja": Regidores anteponen su bolsillo al pueblo, buscando desmantelar el gabinete en una sesión de la vergüenza.
Si la Sesión 29 fue el ensayo de una extorsión, la Sesión Extraordinaria No. 30, celebrada el 30 de mayo de 2025, -menos de 24 horas después- fue la consumación de un golpe legislativo al patrimonio de San José de Iturbide. En un hecho sin precedentes por su cinismo procedimental, una mayoría de regidores secuestraría la agenda pública para sesionar en "privado". El objetivo no era proteger la seguridad del municipio, sino proteger el bolsillo de quienes, apenas horas antes, habían recibido la bofetada ética de una propuesta de reducción salarial.
Esta es la tercera entrega de la serie de investigación, centrada en la vergonzosa Sesión 30, donde el Cabildo de San José de Iturbide rompería con el principio de máxima publicidad para pactar, en la oscuridad de una sesión privada, la protección de sus intereses económicos y el desmantelamiento del gabinete municipal.
Desde el inicio, la sesión 30 nació viciada. El Secretario del Ayuntamiento, Lic. Raúl Adolfo Tapia Ramírez, admitió ante el pleno que existían serias dudas sobre si los temas a tratar encuadraban en el supuesto de "información reservada" del artículo 103 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios. Sin embargo, bajo la presión del bloque edilicio, la sesión se cerró al público para evitar que la sociedad iturbidense presenciara cómo sus representantes revocaban, en lo oscurito, el plan de austeridad propuesto por el alcalde.
¿Ignorancia en el conocimiento de las normas o evidente dolo y mala fe?
Para los municipios del estado de Guanajuato, la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato establece la transparencia como regla general, pero contempla excepciones específicas donde la secrecía es necesaria para proteger intereses públicos o la integridad de las personas.
El fundamento principal se encuentra en el Artículo 68, el cual dicta la naturaleza de las sesiones. la regla general es que las sesiones del Ayuntamiento deben ser públicas. Las sesiones privadas, que son una excepción se celebrarán solamente cuando los asuntos a tratar puedan afectar la paz pública, la seguridad del municipio, el honor de las personas, o cuando la ley así lo determine expresamente.
De acuerdo con la normativa y la práctica administrativa en el estado, los supuestos válidos son Seguridad Pública y Paz Social, es decir, cuando se discutan estrategias operativas de la policía, ubicación de sistemas de vigilancia o temas que, de ser públicos, pondrían en riesgo la seguridad de la población o la eficacia de los cuerpos de seguridad. También en casos de Honor y Privacidad, cuando el tema involucre datos sensibles de particulares o de servidores públicos que puedan dañar su reputación o dignidad si se ventilan públicamente sin un proceso concluido.
También se prevé en caso de Responsabilidades Administrativas, cuando se trate de discusiones sobre procedimientos sancionatorios en curso contra funcionarios, donde la reserva es obligatoria para garantizar el debido proceso. Y, finalmente, Asuntos de Emergencia o Contingencia, es decir, situaciones de crisis donde la difusión de información preliminar pueda generar pánico o caos social.
Para que una sesión privada sea legalmente válida, no basta con la voluntad del alcalde o del secretario, se requiere la aprobación del pleno. La propuesta de hacer la sesión privada debe ser sometida a votación y aprobada por la mayoría de los integrantes presentes del Ayuntamiento. Así mismo, la Justificación en el Acta, donde debe quedar constancia en el acta de los motivos legales y de hecho que justifican el carácter privado de la reunión.
Pero, si el argumento principal es: "Vamos a cambiar el sueldo de los regidores y no queremos que la gente se entere aún o se moleste", el argumento es inválido.
Si un Ayuntamiento vota por hacerla privada con esa única justificación, está violando el espíritu de transparencia de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios y podría ser sujeto de recursos de revisión ante el IACIP. En Guanajuato, la tendencia jurídica es que todo lo relativo a dietas, bonos y salarios de funcionarios de alto nivel debe discutirse de cara a la ciudadanía.
El cinismo como técnica legislativa
El punto más infame del orden del día fue el cuarto: la solicitud de los regidores para "dejar sin efectos" la votación de la sesión anterior que buscaba ajustar sus sueldos a los topes del Congreso del Estado. La argumentación de los regidores María de la Luz Zarazúa Monjaraz y Víctor Metodio Basaldúa Vázquez fue un insulto a la inteligencia jurídica: alegaron que, como el acta de la sesión 29 aún no estaba firmada, el acuerdo "no existía" y, por lo tanto, podían anularlo antes de que naciera formalmente.
El alcalde, Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega, denunció esta maniobra como un atentado al estado de derecho, advirtiendo que estaban intentando extinguir un acto jurídico ya consumado por el voto público. La respuesta de la mayoría fue implacable. El secretario, en un acto de rendición administrativa, sometió el punto a votación manifestando: "Bajo su más estricta responsabilidad, lo someto a votación". El resultado fue una sentencia contra las arcas municipales: 7 votos a favor y 3 en contra para enterrar la austeridad.
Una vez blindado su salario, los regidores procedieron a ejecutar la segunda parte de su plan: el descabezamiento del gabinete. Utilizando las comparecencias como un tribunal de inquisición política, la regidora Hilda Carolina Ferro Zarazúa hizo entrega formal de cinco expedientes para la destitución inmediata de los titulares del Área de Prevención del Delito y Policía de Género, Medio Ambiente y Ecología, Planeación, Gestión y Seguimiento. Dirección de Obras Públicas y Dirección de Atención a Migrantes.
Una de las regidoras exigió la destitución inmediata por "pérdida de confianza", argumentando que "ellos no quieren trabajar". Sin embargo, el trasfondo de esta purga era evidente: castigar a los directores que operaban bajo las órdenes de un Alcalde que osó proponer bajar las dietas del Cabildo.
Todos unidos por el cheque "pachoncito"
Lo más sobresaliente de esta "sesión de la vergüenza" fue la amalgama de colores partidistas subordinados al interés económico. Regidores que en el discurso nacional pregonan la austeridad, se unieron a los ediles del PAN, PRI y MC para formar una muralla contra el recorte salarial.
Otro regidor, quien en la sesión 29 previa había intentado abstenerse, terminó votando en contra del alcalde, sumándose al coro de quienes exigían "examinar y resolver" la permanencia de los directores como una moneda de cambio política. Otro regidor incluso llegó a sugerir que, si el tema no se resolvía internamente, buscaría instancias externas, evidenciando una fractura total e irreversible en el cuerpo colegiado.
La sesión 30 es el testimonio documental de un municipio donde la ley es opcional si interfiere con el ingreso personal de los regidores. Al cerrar las puertas al pueblo, el Cabildo de San José de Iturbide no solo ocultó un debate; ocultó un acuerdo de sobrevivencia financiera de una élite política que ha decidido que, en Iturbide, primero están sus bolsillos y después el pueblo. Se convirtió el asunto en una verdadera "Rebelión en la Granja"
El alcalde -y la síndica-, reducidos a simples espectadores de la ilegalidad que sus propios regidores validaron con la mano levantada. Así, se cerró la sesión a las 13:00 horas. Pero el daño ya estaba hecho: la austeridad había muerto en lo privado para que los regidores pudieran seguir viviendo con lujos en lo público.
En la cuarta entrega, podrá observarse como 26 sesiones después repetirían la escenita, "mandando por un tubo" la austeridad, pero ahora sí, en una sesión abierta. #MetroNewsMx
-Una presunta agente ministerial obstruyó la labor periodística al tapar el lente del teléfono del reportero.
-Agentes armados penetraron en propiedad privada cerrada con candado, sin exhibir orden judicial de cateo.
-La presunta agente ministerial exigió ilegalmente revelar fuentes informativas, vulnerando el secreto profesional en Guanajuato
-La Fiscalía General del estado de Guanajuato, que encabeza Gerardo Vázquez Alatriste lo posiciona más como un jefe de una guardia pretoriana que como un procurador de justicia en un estado democrático.
-Bajo el pretexto de maltrato animal, la Fiscalía aplicó tácticas de amedrentamiento contra los comunicadores.
-La obstrucción ocurrió en plena vía pública no acordonada, donde el derecho a grabar la labor pública es total.
-Periodistas señalan que este acoso es una represalia por haber exhibido la entrega errónea de cadáveres humanos.
-Los agentes implicados enfrentan posibles penas de prisión y destitución por abuso de funciones y coacción.
-La Fiscalía usa el bienestar animal como cortina de humo para ocultar irrupciones ilegales en domicilios cerrados con candados.
-Se criminaliza al periodista al señalarlo como un obstáculo para la justicia, pese a que su labor se realizó en la vía pública.
-La institución omite investigar el amedrentamiento y la exigencia ilegal de revelar fuentes, protegiendo abusos de sus agentes.
-El posicionamiento institucional refleja una gestión que desprecia la Constitución y prioriza el encubrimiento sobre la legalidad.
-Agentes podrían enfrentar penas de prisión y destitución por abuso de autoridad y delitos graves contra la libertad de expresión en Guanajuato.
El Estado de Derecho en Guanajuato ha sufrido una herida profunda en las calles de Dolores Hidalgo. Lo que debió ser una diligencia de protección animal se transformó en un despliegue de prepotencia e ilegalidad. La actuación de los elementos de la Fiscalía General del Estado el pasado 12 de mayo de 2026 no fue un error de procedimiento; fue un acto de obstrucción directa a las garantías individuales y a la libertad de prensa.
La presencia de dos agentes armados en el interior de un domicilio que ostentaba un candado exterior es, por definición, una irrupción sospechosa. Sin la exhibición de una orden de cateo, el ingreso de estos funcionarios constituye un allanamiento que contamina cualquier proceso legal posterior. La inviolabilidad del domicilio no es una sugerencia; es un mandato que los agentes de Investigación Criminal ignoraron a plena luz del día.
La acción de la agente al colocar su mano sobre el teléfono del reportero de Noticias Contraste es una forma de censura física que busca silenciar la documentación de un acto público. ¿Qué ocultaban los agentes dentro de esa vivienda? La exigencia de revelar nombres de informantes y la advertencia de "llamar a comparecer" no son herramientas de justicia, son tácticas de intimidación que buscan inhibir el ejercicio periodístico. El secreto profesional es inalienable, y cualquier intento de vulnerarlo por parte de una autoridad es una falta grave a la responsabilidad pública.
Resulta imposible ignorar el contexto de posible hostigamiento que rodea este caso. Si, como señalan los comunicadores, este trato es la factura por haber evidenciado la negligencia ministerial en la entrega de cadáveres en semanas previas, estamos ante un escenario de persecución oficial. La justicia no puede ser utilizada como garrote para ajustar cuentas institucionales.
La Fiscalía General del Estado no puede guardar silencio ante la evidencia de su propia irregularidad operativa. Los agentes involucrados deben ser sujetos a proceso administrativo bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si se permite que un agente ministerial decida quién puede grabar en la vía pública, habremos entregado la calle a la arbitrariedad del uniforme. Sin embargo, el mismo Fiscal General del Estado Gerardo Vázquez Alatriste daría muestras de ser un auténtico "Prefecto del Pretorio" por los antecedentes en su trato con la ciudadanía y muy especialmente con la prensa y los señalamientos que la medios han hecho ante derechos humanos por la actitud de la Fiscalía. (https://www.metronewsmx.com/2026/02/los-ataques-los-periodistas-mensaje-de.html - https://www.metronewsmx.com/2025/10/editorial-fiscalia-de-guanajuato.html - https://www.metronewsmx.com/2025/09/fiscal-de-guanajuato-palmando.html )
En una actitud de por sí prepotente y abusiva, una presunta agente ministerial impidió la cobertura informativa de los compañeros del medio digital dolorense Noticias Contraste, amenazando con llamar a comparecer al periodista y además exigiendo que revelara los nombres de sus informantes. Nunca se identificaron y fueron detectados dos de dichos presuntos ministeriales en el interior de una vivienda, sin mostrar señas de alguna orden judicial para penetrar al lugar. Los compañeros periodistas de Noticias Contraste consideran que esta actitud es la represalia por una nota publicada hace varias semanas, donde se exhibió la garrafal falla de equivocar la entrega de cadáveres a familiares de un occiso.
Lo que se ve en el video entregado por Noticias Contraste a Metro News
El análisis de los hechos ocurridos el 12 de mayo de 2026 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, revela una serie de posibles irregularidades y violaciones a derechos fundamentales, contrastando la actuación de los agentes de investigación con el marco legal mexicano vigente.
Se detectan en el video grabado por Noticias Contraste violaciones a la Libertad de Expresión y Labor Periodística. El derecho a la información y la libertad de prensa están consagrados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el video se observa que la presunta agente intenta impedir la grabación colocando su mano sobre el dispositivo del reportero [00:10]. Esta acción constituye una restricción indirecta a la libertad de expresión, prohibida por el artículo 7° constitucional, el cual establece que no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos.
La exigencia de revelar fuentes -nombres de quienes dieron la información- y la advertencia de que será llamado a comparecer se interpretan como actos de amedrentamiento. El secreto profesional periodístico es un derecho protegido que garantiza que los comunicadores no sean obligados a revelar sus fuentes, lo cual es fundamental para el ejercicio de un periodismo libre y crítico.
Al no existir un acordonamiento oficial -cadena de custodia delimitada con cinta-, la zona conserva su carácter de vía pública. Ciudadanos y periodistas tienen el derecho de documentar la actuación de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, siempre que no entorpezcan físicamente la diligencia.
Según el artículo 16 constitucional y las leyes de responsabilidades administrativas, todo servidor público debe identificarse plenamente ante el ciudadano. La negativa de la agente a proporcionar su nombre o cargo vulnera el principio de legalidad y transparencia.
Se detectarían posibles irregularidades en el ingreso al inmueble dada la inviolabilidad del domicilio. El artículo 16 de la Constitución establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente.
La presencia de agentes armados dentro de una propiedad con candado exterior sugiere un ingreso que, de no contar con una orden judicial de cateo, podría constituir un allanamiento de morada o un exceso en las facultades de investigación, independientemente de la flagrancia por maltrato animal.
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación local de Guanajuato, los agentes podrían haber incurrido en:
-Abuso de Autoridad: Al intentar coaccionar al periodista para que cese su actividad legítima.
-Incumplimiento del Deber: Al no identificarse y no fundar ni motivar legalmente la restricción de la grabación en un espacio no acordonado.
La respuesta de la autoridad en este caso parece priorizar el control de la narrativa en redes sociales ("porque lo están subiendo a redes sociales") por encima del cumplimiento de los protocolos legales de actuación.
De acuerdo con la legislación vigente en el Estado de Guanajuato y el marco federal mexicano, la conducta de los agentes —al obstruir la labor periodística, no identificarse, coaccionar al reportero para revelar fuentes y exigir datos personales sin fundamento— podría derivar en sanciones de tres tipos: administrativas, penales y civiles.
El video confirma que no fue una sola persona la que ingresó, sino una pareja de agentes. El hecho de que ambos porten armas en el interior de un domicilio donde el acceso principal tiene un candado puesto y el periodista se encuentra en la vía pública (confirmada por la calle Puerta del Sol y la infraestructura urbana), agrava la percepción de una irrupción ilegal.
Mientras los dos agentes permanecen dentro del inmueble, una tercera agente —quien agrega el elemento de amedrentamiento— es la que sale a confrontar al periodista. Esto demuestra un despliegue de fuerza desproporcionado para una situación de bienestar animal.
Si el inmueble estaba cerrado con candado y no existe una orden de cateo que justifique la entrada de dos elementos armados, la evidencia recolectada -incluyendo los cuerpos de los perros muertos- podría ser desechada en un juicio por haber sido obtenida mediante una violación a la inviolabilidad del domicilio (Art. 16 Constitucional).
De acuerdo con el marco legal que rige a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y las facultades de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se podría hacer la siguiente pregunta ¿Es de su competencia atender un caso de canes abandonados? Y la respuesta es sí, pero bajo un supuesto específico: el delito.
El maltrato animal está tipificado como delito en el Código Penal del Estado de Guanajuato (Artículos 297 y 298). Por lo tanto, si existe una denuncia formal por la muerte de los animales (como se menciona que hay dos cuerpos dentro), la Fiscalía tiene la obligación de intervenir para investigar la comisión de un hecho delictivo.
Sin embargo, si se trata únicamente de "abandono" o "falta de cuidado" sin que haya muerte o lesiones graves, la competencia primaria debería ser de Policía Municipal o Salud Animal -Centros de Control Animal-, quienes actúan bajo reglamentos administrativos y no penales.
No es función de los presuntos ministeriales impedir la labor periodística. Absolutamente no. Ningún protocolo de la Agencia de Investigación Criminal faculta a un agente para exigir nombres de informantes (fuentes), impedir grabaciones en vía pública no acordonada. Tomar datos personales de periodistas como medida de presión. Su función es la preservación de la escena y la recolección de indicios, no la censura de la cobertura informativa.
Sobre si es legal meterse a la casa como se observa en la escena, aquí reside la mayor irregularidad potencial. Para que un agente ministerial penetre en una propiedad privada que tiene un candado puesto -como se puede observar en el video-, se requieren tres escenarios legales y que son la Orden de Cateo, emitida por un juez de control. Es el procedimiento correcto para recolectar evidencia de maltrato animal.
También puede hacerlo en caso de flagrancia, ejemplificando que si desde el exterior se escucha o ve que un animal está siendo privado de la vida en ese preciso momento. No obstante, si los animales ya están muertos, la urgencia de la flagrancia desaparece y se requiere la orden de cateo.
Finalmente, el consentimiento, que el dueño les haya permitido el acceso. Si el dueño no está y hay un candado, el ingreso forzado sin orden judicial es un allanamiento de morada y invalida cualquier prueba que obtengan dentro.
La respuesta cínica y evasiva de la Fiscalía General del Estado
Tras los hechos, en Dolores Hidalgo, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado a los medios, publicado por la compañera periodista Verónica Espinoza en su espacio de X.
Como no lo ha publicado la @FGEGUANAJUATO en sus redes acá lo pongo: un reportero identificado cubría operativo por maltrato animal. Una agente le exigía dejar de video grabar sin informarle el motivo y aunque él estaba a distancia del operativo. Seguimos sin conocer la razón. pic.twitter.com/NA64TQjs0p
— Verónica Espinosa V (@veroespinosav) May 13, 2026
"Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Posicionamiento Institucional"
"Respecto a los hechos reportados durante una diligencia de investigación en el municipio de Dolores Hidalgo por un presunto caso de maltrato animal, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa que agentes de Investigación Criminal se constituyeron en un inmueble de la colonia La Salud para dar atención a denuncias ciudadanas. Es fundamental subrayar que los actos de investigación por parte de esta institución son enfocados primordialmente para garantizar la integridad de los caninos".
"Es imperativo precisar que, en todo procedimiento ministerial, el personal debe garantizar la preservación de la escena y la integridad de las diligencias conforme a los protocolos vigentes. En este sentido, toda persona ajena a la investigación debe acatar las indicaciones de la autoridad para evitar la obstrucción de la justicia y el compromiso del debido proceso".
"Esta Institución es plenamente respetuosa del ejercicio periodístico y de la libertad de expresión; sin embargo, las actuaciones en el lugar de los hechos buscan asegurar que la labor de información no interfiera con el desarrollo técnico de la investigación".
"La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso con el cumplimiento de la ley y la transparencia en sus procesos de procuración de justicia".
El texto de la Fiscalía es un ejercicio de retórica evasiva que intenta normalizar una serie de irregularidades procesales y constitucionales. Los puntos clave del análisis editorial son:
-Justificación de la ilegalidad mediante el bienestar animal: La Fiscalía utiliza la "integridad de los caninos" como una cortina de humo emocional para justificar la irrupción en un inmueble cerrado con candado sin mencionar la existencia de una orden de cateo judicial.
-Criminalización de la labor periodística: Al referirse a los reporteros como "personas ajenas" que deben "acatar indicaciones" para evitar la "obstrucción de la justicia", la institución invierte la carga de la responsabilidad. En el video se demuestra que el periodista estaba en la vía pública y no interfería físicamente; por tanto, no hay obstrucción, sino un intento de la autoridad por controlar la narrativa.
-Falsa dicotomía: El comunicado plantea que el ejercicio periodístico "interfiere con el desarrollo técnico". Esto es falso en un espacio público no acordonado. La "técnica" de investigación no debería verse afectada por una cámara a distancia, a menos que lo que se esté ejecutando sea ilegal... meterse a un domicilio sin orden judicial.
-Omisión de abusos específicos: El documento ignora deliberadamente la exigencia ilegal de revelar fuentes y la falta de identificación de la agente, enfocándose solo en una defensa corporativa genérica.
¿Es la respuesta -su "posicionamiento institucional"- adecuada? No lo es. Es más bien una respuesta cínica y técnicamente deficiente. Una respuesta adecuada habría anunciado la apertura de una investigación en Asuntos Internos por el comportamiento de la agente y habría aclarado el fundamento legal -número de oficio o causa penal- para ingresar a un domicilio privado con candado. Al omitir esto, la Fiscalía se convierte en cómplice de la arbitrariedad de sus elementos.
La redacción de este comunicado muestra una profunda incapacidad jurídica y ética. Quien autorizó ese "posicionamiento" demostraría que desconoce o desprecia la Constitución. Ignora que el derecho a la información es preferente en la vía pública y que la inviolabilidad del domicilio no se suspende por "denuncias ciudadanas" de maltrato animal sin control judicial.
El "mensaje" carece de control de calidad ya que permitir un despliegue armado desproporcionado y luego defenderlo con un boletín que usa eufemismos revela una gestión que prioriza el encubrimiento sobre la legalidad. Se denota una falta de sensibilidad democrática ya que al tratar la libertad de expresión como un obstáculo para la justicia, quien encabeza la institución se posiciona más como un jefe de una guardia pretoriana que como un procurador de justicia en un estado democrático.
Las sanciones a aplicar ante el abuso ministerial contra el periodista de Noticias Contraste
Las probables sanciones a aplicar para este caso son variadas. Bajo la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, el actuar de los agentes se clasifica como una falta administrativa grave -abuso de funciones y desacato-.
De esto procede una Amonestación Pública o Privada, por la omisión de identificarse plenamente ante el ciudadano. Suspensión del Empleo, Cargo o Comisión, de 30 a 90 días naturales, debido a la interrupción violenta de una labor protegida constitucionalmente. Destitución del puesto: Si se determina que la coacción y el amedrentamiento fueron dolosos para ocultar una irregularidad en el ingreso al domicilio. Inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos de uno a diez años, si se comprueba que hubo una violación sistemática a los derechos humanos del periodista.
El Código Penal del Estado de Guanajuato y el Código Penal Federal contemplan delitos específicos para servidores públicos que actúan de esta forma. Se trata de Abuso de Autoridad (Art. 261 del Código Penal de Guanajuato https://leyes-mx.com/codigo_penal_guanajuato/261.htm ): Se configuran sanciones de 1 a 6 años de prisión y de 10 a 50 días de multa. Este delito ocurre cuando un servidor público, en ejercicio de sus funciones, ejerce violencia innecesaria sobre una persona o la priva de un derecho, en este caso, el derecho a informar.
Se estarían configurando también delitos contra la Libertad de Expresión ya que al intentar confiscar o impedir el uso del equipo de trabajo -teléfono celular-, la sanción puede agravarse. En el ámbito federal, se contemplan penas de prisión por obstaculizar, restringir o impedir la libertad de expresión.
También podría estarse incurriendo en extorsión o coacción, por la exigencia ilegal de revelar nombres de fuentes informativas, lo cual violenta el secreto profesional.
Por lo que toca a sanciones por Violación a Derechos Humanos y al existir una agresión documentada, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) puede emitir una Recomendación que incluya Reparación Integral del Daño, incluyendo una disculpa pública por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). Cursos de Capacitación Obligatorios: En materia de libertad de expresión y protocolos de actuación con periodistas e inscripción en el Registro Estatal de Víctimas: Para el periodista afectado.
En lo que toca a la Responsabilidad Civil, se estaría configurando Daño Moral. El periodista podría interponer una demanda civil por el amedrentamiento y el impacto emocional/profesional sufrido. Las sanciones serían económicas -indemnización- de acuerdo con la capacidad financiera de los responsables y la gravedad del daño. #MetroNewsMx
