Redacción
-El Cabildo de Comonfort limita el poder ejecutivo tras un conflicto por la firma irregular de convenios y la falta de transparencia presupuestal en el ejercicio fiscal 2026.
-La fractura institucional en Comonfort: cuando la política frena la gestión pública.
-Grave crisis de gobernabilidad se registra tras la quincuagésima sesión ordinaria, donde regidores y síndica votaron por revocar la capacidad de firma autónoma al alcalde ante la sospecha de irregularidades en contratos y convenios firmados sin sustento financiero previo.
-El choque entre el Ejecutivo y la mayoría del Cabildo local alcanza su punto crítico al revelarse que el Presidente Municipal comprometió recursos en programas estatales sin pasar por el filtro obligatorio de la Comisión de Hacienda, lo que derivó en la pérdida de la confianza del pleno.
La quincuagésima sesión ordinaria del Ayuntamiento de Comonfort, celebrada el pasado 15 de julio de 2026, ha marcado un antes y un después en la dinámica política de esta administración. Lo que debió ser una jornada de trámite para la aprobación de la tercera modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2026, se transformó en un intenso careo político y jurídico que concluyó con la revocación de las facultades delegadas que permitían al Presidente Municipal, el licenciado Gilberto Zarate Nieves, suscribir convenios y contratos a nombre del municipio sin la aprobación previa y expresa del cuerpo colegiado.
El núcleo del conflicto, expuesto con crudeza por los integrantes del Ayuntamiento, reside en una práctica administrativa que el regidor José Mexicano Jiménez calificó de inversa. De acuerdo con la argumentación presentada durante el debate, el Presidente Municipal ha procedido a la firma de convenios —específicamente citando el programa de concurrencia con el Gobierno del Estado denominado Mi Colonia a Color— sin contar con la suficiencia presupuestal validada por la Tesorería y, más grave aún, sin el dictamen previo de la Comisión de Hacienda.
La postura del Ejecutivo municipal, defendida por el alcalde Zarate Nieves durante la sesión, se basó en la necesidad de agilizar la gestión pública ante la falta de respuesta de las comisiones edilicias. Según el munícipe, la Tesorería Municipal solicitó desde el 2 de julio la deliberación sobre diversos puntos presupuestales, obteniendo como respuesta el silencio de los regidores. El alcalde denunció que este retraso es un bloqueo deliberado por parte de ciertos integrantes del cabildo, quienes, a su juicio, anteponen intereses políticos a la urgencia de concretar proyectos en beneficio de la ciudadanía. "Ustedes son el balance del poder, pero úsenlo debidamente; están actuando en contra de la ley por intereses propios", sentenció el mandatario durante su intervención.
Por su parte, la Tesorera Municipal, Araceli Álvarez Pescador, intentó justificar las acciones bajo el argumento de que, si bien se han firmado documentos de intención o convenios de colaboración, no se ha ejecutado el gasto ni se ha erogado dinero público sin sustento. No obstante, este argumento fue insuficiente para apaciguar la desconfianza de los ediles, quienes hicieron énfasis en el riesgo legal que representa para el municipio suscribir compromisos financieros de manera unilateral.
La síndica municipal, Diana Orozco Díaz, junto con el regidor José Mexicano, articularon la base jurídica para la revocación. Apelando al artículo 100 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, argumentaron que la facultad delegada originalmente el 10 de octubre de 2024 para suscribir actos jurídicos debía ser cancelada. La premisa es clara: el Ayuntamiento no está renunciando a su capacidad de gestión, sino recuperando el control de la firma, obligando a que todo contrato, por mínimo que sea, pase por el filtro y escrutinio del pleno.
La votación final, que resultó con seis votos a favor, tres en contra y una abstención, pone al municipio en una situación de mayor rigidez administrativa. A partir de este momento, cualquier convenio que pretenda celebrar el Presidente Municipal requiere, de manera forzosa, una deliberación en comisión y su posterior aprobación en sesión de cabildo. Esto garantiza la legalidad de los recursos, pero advierte un escenario de parálisis, donde la gobernabilidad dependerá de una comunicación que hoy se encuentra completamente rota.
La inconformidad no solo se manifestó en los votos, sino en el tono de la discusión. Regidores expresaron su hartazgo ante lo que consideran un estilo de gobierno que ignora los cauces legales. La regidora Claudia, durante su participación, cuestionó la recurrencia de estas situaciones y enfatizó que el Cabildo debe funcionar como un contrapeso real y no como una instancia de validación automática. Por su parte, la postura del alcalde fue de franca confrontación, al señalar que la medida adoptada por los ediles es ociosa y atenta contra la operatividad del gobierno municipal.
Este episodio en Comonfort refleja un problema estructural recurrente en los ayuntamientos donde el Ejecutivo y el Legislativo municipal carecen de canales de diálogo efectivo. La ley es clara: la suficiencia presupuestal es un requisito indispensable para la validez de cualquier acto jurídico del municipio. La omisión de este paso no solo es una irregularidad administrativa, sino que puede derivar en responsabilidades graves para los funcionarios involucrados.
El acuerdo alcanzado no implica que el alcalde pierda sus facultades constitucionales, pero sí le retira la "facilidad" de firma autógrafa que le fue concedida al inicio de su gestión. La pregunta que queda en el aire para la ciudadanía de Comonfort es si este nuevo mecanismo de control traerá consigo una administración más transparente o, por el contrario, sumirá al municipio en una burocracia paralizante donde el interés político prevalecerá sobre las necesidades sociales. El desenlace de esta sesión es el testimonio de un gobierno fracturado que deberá, en los próximos meses, encontrar un punto de equilibrio bajo el estricto apego a la ley, si es que pretende evitar una crisis institucional mayor.
Al concluir, el ambiente era de tensión. Mientras que para los regidores la acción tomada es un acto de defensa de la legalidad y del patrimonio de los comonforenses, para la presidencia municipal se trata de una estrategia de debilitamiento institucional. La quincuagésima sesión ordinaria será recordada como el día en que la confianza política cedió su lugar a la fiscalización extrema, dejando a la administración de Zarate Nieves frente a una nueva realidad donde cada firma tendrá que ser, a partir de ahora, un acto supervisado y consensuado por el pleno del Ayuntamiento.
El caso de la Feria de los Remedios 2025
La conjunción de los hechos expuestos en la sesión de Cabildo del 15 de julio de 2026 y la investigación periodística sobre la Feria de los Remedios 2025 revela un patrón sistémico de gestión pública opaca en el municipio de Comonfort. (https://www.metronewsmx.com/2026/01/contrato-de-45-mdp-morenista-sacude.html )
La sesión de Cabildo no fue un evento aislado, sino el punto de ruptura ante una administración que sistemáticamente evade los controles legales. Mientras que en la sesión de julio se discute la falta de suficiencia presupuestal y la firma de convenios "a posteriori", el caso de la Feria 2025 demuestra que el fraccionamiento de facturas y la adjudicación directa a allegados políticos podría ser el modus operandi del gobierno de Gilberto Zárate.
El hecho de que el alcalde haya intentado comprometer recursos sin el aval de la Comisión de Hacienda en 2026 es el reflejo de una administración que ya operó de la misma forma en 2025 con Faustino Reséndiz, validando pagos millonarios mediante mecanismos que la ley prohíbe explícitamente.
La investigación detalla que los 4.5 millones de pesos fueron erogados mediante tres facturas (folios 113, 126 y 140) emitidas en fechas distintas. Esto constituye una violación directa al artículo 46 de la Ley de Contrataciones Públicas del Estado de Guanajuato, que prohíbe fraccionar montos para evitar la licitación pública.
La estrategia no fue administrativa, sino deliberada para evadir el concurso público. Al no haber licitación, no hubo competencia, lo que abre la puerta a sobrecostos injustificados que, sumados a los antecedentes del beneficiario (Faustino Reséndiz), sugieren un esquema de desvío de recursos públicos hacia estructuras partidistas.
El análisis revela una contradicción moral y operativa grave por parte de la Dirección de Turismo, encabezada por Raúl García Morales:
- Se aplicó un rigor normativo extremo para desplazar a los comerciantes nativos de Comonfort, argumentando orden y legalidad.
-Se desplegó una "alfombra roja" y se agilizan pagos millonarios a un proveedor externo vinculado a Morena, con un historial documentado de irregularidades administrativas y señalamientos éticos.
Existe un uso faccioso de la administración pública. El poder se ejerce para castigar al ciudadano local y premiar al aliado político, consolidando una red de clientelismo que traiciona la confianza pública.
A la luz de los documentos oficiales (oficio de Tesorería TES-2026-0014 y facturas relacionadas), la administración municipal no solo enfrenta una falta administrativa, sino una posible responsabilidad penal de oficio. Los funcionarios involucrados (alcalde, tesorera y director de turismo) podrían ser investigados por:
-Uso ilícito de atribuciones y facultades: Al simular procesos para adjudicar directamente 4.5 millones de pesos.
-Peculado: Si se comprueba sobreprecio o falta de entrega de los servicios contratados.
-Abuso de autoridad: Al ordenar procesar pagos fraccionados contraviniendo la ley.
Lo ocurrido en la sesión del 15 de julio de 2026, donde se revoca la capacidad de firma del alcalde, es la reacción tardía del cuerpo edilicio ante la evidencia de que el Ejecutivo municipal ha operado con un presupuesto discrecional al margen de la ley.
Comonfort atraviesa una crisis de legalidad provocada por un gobierno que utiliza la estructura municipal para favorecer una camarilla política externa. La revocación de facultades al alcalde es apenas el primer paso para intentar contener el drenaje de recursos; sin embargo, la verdadera solución exige que la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado (ASEG) intervengan, pues los documentos analizados (las facturas fraccionadas y el contrato millonario) constituyen, por sí mismos, el cuerpo del delito de una gestión marcada por el favoritismo, la opacidad y la presunta corrupción.
#MetroNewsMx
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