-Usuario de redes sociales ataca con insultos al periodista Marco Mancera tras denuncia por muerte de su padre en el ISSSTE.
-Insultar a un hijo que acaba de perder a su padre en un área de urgencias no es solo una falta de ética médica, es una muestra de una carencia de valores humanos básicos
-Se analizaría posible vínculo entre un empleado del IMSS y un perfil que hostiga al periodista Marco Mancera tras fallecimiento.
-El ISSSTE mantiene silencio tras señalamiento público por negligencia médica presentada por el periodista Marco Israel Mancera.
-Perfil digital que insultó al periodista Marco Mancera desaparece tras revelarse su contenido y presunta identidad profesional.
-Se advertirían conductas éticas reprobables en ataques digitales contra el periodista tras deceso en clínica de Celaya.
A través de mensajes en redes sociales, un sujeto con una página Facebook denominada "Chrisionidas Vázquez" y cuya información dice que trabaja en la HGZ 4 del IMSS, atacó con insultos al periodista Marco Israel Mancera, tras que este denunciara la muerte de su padre en la Sala de Urgencias de la Clínica ISSSTE de Celaya. El sujeto, tras ser descubierto, desapareció su página, ante el silencio de la delegación y Clínica del ISSSTE que le costó la vida a Sr. Irineo Jesús Mancera Martínez. (https://www.metronewsmx.com/2026/06/muere-paciente-en-el-issste-de-celaya.html )
El material conteniendo los insultos, fue enviado a la redacción de Metro News y manifiesta una serie de insultos y retos contra el periodista de parte de un sujeto que se denomina "Chrisionidas Vázquez", quien ya desapareció dicha página y cuyos contenidos parecieran hablar más de un fisicoculturista que de un médico de urgencias. Una gran cantidad de fotografías de poses mostrando la musculatura en diversos momentos fueron localizados ahí.
¿Qué es lo que se evidencia de todo esto y lo encontrado en la investigación?
Este análisis aborda la compleja situación que rodea el fallecimiento del Sr. Irineo Jesús Mancera Martínez -padre del periodista Marco Israel Mancera- un paciente en el área de urgencias del ISSSTE en Celaya, la denuncia pública del periodista y las reacciones hostiles recibidas a través del perfil identificado como "Chrisionidas Vázquez".
¿Es lo mismo "Chrisionidas Vázquez", que el "Dr. Cristian Vázquez Bravo" que se menciona en el video del periodista?
Aunque existen similitudes fonéticas evidentes -"Cristian/Chrisionidas" y el apellido "Vázquez"-, el uso de un alias como "Chrisionidas" -una construcción que aludiría a la épica espartana- el personaje de la página Facebook sugiere una personalidad que busca proyectar una imagen de fuerza, hipermasculinidad y desafío.
Si se confirma que el "Dr. Cristian Vázquez Bravo" es el autor detrás de este perfil, estaríamos ante una disociación de identidad. El médico utilizaría una máscara digital para ejercer una agresividad que no podría expresar bajo su título profesional. La coincidencia del apellido y el hecho de que el perfil sea el primero en reaccionar ante la acusación contra un "Dr. Cristian Vázquez Bravo" haría e altamente probable que se trataría de la misma persona.
El contenido de los mensajes enviados a Marco Mancera puede encuadrarse en diversas figuras jurídicas El primero sería el de amenazas. Al advertir que "procederá legalmente", el tono es intimidatorio y buscaría coaccionar al periodista para que cese su labor informativa.
También se configuraría el de acoso y hostigamiento digital. El envío de mensajes directos, insultos ("LADRÓN MENTIROSO") y la exigencia de "dar la cara" constituye un intento de amedrentamiento hacia un comunicador.
Paradójicamente, quien acusa de difamación utiliza insultos directos para atacar la integridad profesional del periodista, lo cual podría revertirse como daño moral.
La ética profesional y el interés de sus "defensores"
¿Por qué el interés de terceros en defender a un presunto negligente? El fenómeno de las redes sociales permite la formación de "cámaras de eco" donde círculos cercanos -colegas, amigos o seguidores- defienden al sujeto sin conocer la evidencia clínica, bajo una lógica de amor o lealtad gremial mal entendida.
Resulta alarmante que un sujeto que se firma con el nombre de "Chrisionidas Vázquez" tenga en la información de su página o cuenta de Facebook como lugar de empleo el HGZ 4 del IMSS desde 2016, sin mencionar que trabaja en el ISSSTE. Esto llevaría a pensar que se trata de otra persona que usa dicha cuenta para atacar al periodista e involucra al IMSS en un asunto que no es de su competencia, convirtiéndose además en un "vocero" de dicha institución pública de salud.
Ahora, podría darse el hecho de que si el presunto médico involucrado en el ISSSTE trabaje para el IMSS -como se observa en su perfil público de Facebook,- sería algo alarmante. Sugeriría una precarización del cuidado del paciente. Un médico que labora en múltiples instituciones de salud pública podría estar priorizando su imagen digital o intereses personales sobre la atención crítica necesaria.
El enmudecimiento del ISSSTE
Que el ISSSTE mantenga silencio más de 24 horas después de un hecho de esta magnitud es una falla institucional grave. El silencio puede interpretarse de dos formas. La primera es la impunidad. El miedo a reconocer una falla protocolaria que evidencia negligencia mortal. La segunda es la incapacidad. Falta de mecanismos rápidos para investigar a sus propios servidores públicos ante denuncias graves.
Crítica al comportamiento del autor de los mensajes insultantes al periodista
El comportamiento de "Chrisionidas Vázquez" es profundamente reprobable desde un punto de vista ético y médico.
Se pensaría que existe un abuso de autoridad. Si se demuestra que el médico efectivamente estaba en el lugar y era su turno de atención, su prioridad debió ser el paciente. Tras el hecho, su prioridad debió ser la transparencia. En cambio, si se trata del mismo personaje -el "musculoso Chrisionidas" y el médico-optó por una postura de "vocero" agresivo y contestatario en redes sociales.
Se estaría manifestando una falta de empatía. Insultar a un hijo que acaba de perder a su padre en un área de urgencias no es solo una falta de ética médica, es una muestra de una carencia de valores humanos básicos. Un médico no tiene la autoridad ni la legitimidad para atacar a una familia doliente; su lugar es la institución, bajo un proceso de investigación formal.
La creación de un perfil como "Chrisionidas" para realizar actividades de "defensa propia" en redes sociales es una huida irresponsable de la rendición de cuentas. Si el médico es inocente, los canales adecuados para demostrarlo serían las auditorías internas y las autoridades legales, no el insulto y el ataque personal en Facebook o en las redes sociales. Este proceder confirma, ante la opinión pública, una personalidad con escaso control de impulsos, lo cual resulta incompatible con la responsabilidad que implica ejercer la medicina.
La desaparición de la cuenta "Chrisionidas Vázquez" (https://www.facebook.com/chrisionidas7) es una acción táctica que, en lugar de borrar la evidencia, aumenta la sospecha de culpabilidad, pues un profesional que actúa bajo la ley no necesita eliminar sus huellas digitales ante una acusación. #MetroNewsMx
-Periodista denuncia muerte de su padre tras negligencia médica en el ISSSTE de Celaya, al negarle atención en urgencias.
-Indignación por fallecimiento de paciente en sala de espera del ISSSTE Celaya; le negaron atención por "no ser urgencia".
-"Mi papá murió en la silla": Periodista Marco Mancera exhibe negligencia fatal del Dr. Cristian Vázquez en el ISSSTE.
-Familia señala al ISSSTE Celaya por muerte de paciente tras ser presuntamente rechazado en urgencias por el Dr. Cristian Vázquez Bravo.
-Tragedia en el ISSSTE Celaya: Paciente con falla renal muere esperando atención; médicos ignoraron su grave estado clínico.
El sistema de salud público en el estado de Guanajuato se encuentra nuevamente bajo el escrutinio público tras una denuncia pública realizada por el periodista Marco Mancera, quien relató la muerte de su padre al interior del área de urgencias de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Celaya (https://www.metronewsmx.com/2026/06/negligencia-en-el-issste-de-celaya-un.html ). Según el testimonio del comunicador, el deceso ocurrió en una de las sillas de la sala de espera, después de que el personal médico declinara otorgarle atención inmediata bajo el argumento de que el paciente no presentaba una emergencia médica.
Crónica de una muerte anunciada en el área de urgencias
El relato de Mancera detalla que su hermana trasladó al paciente a las instalaciones del ISSSTE durante la mañana, debido a un grave deterioro en su salud, derivado de complicaciones renales preexistentes. Al arribar a la unidad de urgencias, la familia solicitó atención médica prioritaria; sin embargo, fueron sistemáticamente rechazados por el personal médico de guardia, quienes insistieron en que el paciente no cumplía con los criterios de urgencia y, por lo tanto, debía esperar su turno, a pesar de que el estado físico del hombre era visiblemente precario.
El periodista señaló que, tras horas de súplicas por parte de su hermana, el único protocolo médico activado fue la extracción de una muestra de sangre para estudios de laboratorio básicos. Tras la obtención de estos, el personal médico informó a la familia que el paciente se encontraba "bien" y reiteraron la orden de espera, ignorando la sintomatología evidente y el agravamiento del cuadro clínico que presentaba el padre del comunicador.
El señalamiento directo: Dr. Cristian Vázquez Bravo
El señalamiento principal recae sobre el doctor Cristian Vázquez Bravo, identificado por el periodista como el médico encargado del área de urgencias. Según lo expuesto en la transmisión, fue Vázquez Bravo quien determinó personalmente que el paciente no requería atención inmediata, a pesar de que existían reportes clínicos —incluso por parte de otros especialistas, como la doctora encargada del área de diálisis— que advertían sobre la gravedad de su condición.
Mancera destacó que el doctor Vázquez Bravo cuenta con un historial de denuncias previas por parte de otros derechohabientes. El comunicador recordó un evento reciente, en el cual el alcalde y el delegado del ISSSTE fueron testigos de una queja interpuesta por un padre de familia ante las mismas autoridades, denunciando una presunta negligencia cometida por el mismo médico en relación con un caso similar. A pesar de estos antecedentes y de las quejas formales, el médico continúa desempeñándose en el área de urgencias, una situación que, según Mancera, demuestra la apatía de la dirección de la institución ante la incompetencia denunciada.
La tragedia en la sala de espera
Tras casi tres horas de espera, el padre del periodista sufrió un colapso físico mientras permanecía sentado en las sillas destinadas a los usuarios en la sala de urgencias. Fue en ese momento de desvanecimiento, tras confirmarse su fallecimiento, cuando el personal médico reaccionó intentando maniobras de reanimación. Para Mancera, esta acción fue tardía, hipócrita y puramente protocolaria, ya que debió realizarse en el momento en que su padre llegó solicitando auxilio vital.
El comunicador enfatizó que el caso de su familia no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema sistémico que afecta tanto al ISSSTE como al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). "Esto es lo que sucede constantemente; la gente se les muere en la sala de espera mientras ellos dicen que no es una urgencia", denunció Mancera, quien prometió emprender acciones legales y denuncias ante las autoridades competentes para que se deslinden responsabilidades y se ponga un alto a la cadena de negligencias médicas en la región.
El llamado a la acción y la indignación
Durante su transmisión, el periodista hizo un llamado urgente a las autoridades gubernamentales para que realicen una purga de los elementos negligentes dentro de la institución. Asimismo, reconoció la labor de los elementos de vigilancia, a quienes agradeció por intentar asistir a su padre facilitándole una silla de ruedas al observar su delicado estado, contrastando esta actitud con la supuesta indolencia de los médicos tratantes.
Marco Mancera se comprometió a mantener este caso en la agenda pública, advirtiendo que se convertirá en una "piedrita en el zapato" para las autoridades del ISSSTE, exigiendo justicia no solo por su padre, sino por todas las familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos debido a la mala praxis. El comunicador concluyó su mensaje con un tono de indignación profunda, cuestionando cómo es posible que, a pesar de las denuncias reiteradas en redes sociales y ante instancias oficiales, personajes como el doctor Vázquez Bravo continúen ejerciendo sus funciones sin consecuencias administrativas ni legales.
La comunidad, mediante esta denuncia, exige que la Secretaría de Salud y los órganos internos de control del ISSSTE realicen una investigación exhaustiva, transparente y sin encubrimientos sobre el protocolo de triaje aplicado y la responsabilidad directa de los médicos involucrados en este desenlace fatal. La muerte del padre de Mancera se suma a una lista de reclamos sobre la calidad del servicio médico público en Celaya, una ciudad que, tras este evento, vuelve a exigir respuestas inmediatas a una crisis de negligencia que ha costado vidas.
La transcripción de las palabras del periodista Marco Israel Mancera
Periodista Marco Mancera:
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El motivo de mi transmisión es para darles a conocer una situación complicada que se dio hoy y que lo viví en carne propia, mi familia y yo. Mi papá murió aquí en el ISSSTE, en urgencias, y desgraciadamente fue incluso en una silla de la sala de espera porque no lo quisieron atender. Mi hermana lo trajo en la mañana muy mal, pidiendo la ayuda a urgencias para que lo atendieran; sin embargo, los doctores decían que no, que no era una urgencia, que se tenía que esperar. Ella, respetando lo que les decía, trató de tranquilizarse, esperó, y desgraciadamente mi papá se seguía poniendo muy mal cuando mi hermana les sigue diciendo a ellos que, por favor, lo ayuden, que ayuden a mi papá.
Desgraciadamente, lo único que hicieron fue sacarle sangre, le hicieron unos análisis y regresaron a decirles que estaba bien. Mi papá seguía empeorando ahí en la silla de la sala de espera de urgencias, pero el doctor Cristian Vázquez Bravo, que es el encargado del área de urgencias aquí en el ISSSTE, determinó que no era una urgencia, mandó decir que eso no era una urgencia y que se tenía que esperar. La situación es que mi papá se murió en la sala de espera porque para ellos eso no era una urgencia. Mi papá tenía problemas renales, tenía problemas en sus riñones. Si bien es cierto que los designios de Dios y si a él ya le tocaba o no, eso es una cosa, y la otra es que no lo hayan querido atender.
La verdad es que siento mucha impotencia. Yo, como medio de comunicación, a veces tenemos la oportunidad de visibilizar casos que se dan con otras personas; me ha tocado cubrir y dar a conocer situaciones como estas con mi trabajo, pero hoy me está tocando a mí y a mi familia, porque es una situación que no debería de suceder, que sigue sistemáticamente los médicos y las personas que trabajan en esas instituciones, como en el ISSSTE, haciendo exactamente lo mismo y, prácticamente, pues matando gente, porque eso es lo que están haciendo. Estuvo prácticamente tres horas esperando mi hermana con mi papá aquí en urgencias, pidiendo la ayuda, y ya no aguantó más. Mi papá falleció, murió en una de las sillas de urgencias de la sala de espera porque el doctor Cristian, este personaje del que se quejó una vez un padre de familia cuando vino el delegado del ISSSTE a este gran evento, en donde estuvo el alcalde y vino y habló bonito de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ese delegado al que se le acercó un padre de familia para quejarse justamente por una situación similar donde estaba involucrado este médico encargado de urgencias, el doctor Cristian Vázquez Bravo.
Ese mismo médico aplicó lo mismo ahora con mi papá, y esta transmisión la hago para visibilizar que esto sí está sucediendo en las instituciones de salud. Esta transmisión la hago para que vean cómo no solamente la gente denuncia por denunciar, sino que ahora me tocó en carne propia, ahora le tocó a mi familia vivir una situación como esta. Estoy tranquilo en el tema del fallecimiento de mi papá, estoy bien; él, pues sucedió algo que tal vez ya tenía que suceder, sin embargo, pudieron haberlo atendido, pudieron haberle dado una esperanza de vida, un tiempo más. Sin embargo, la negligencia otra vez se dio aquí en el ISSSTE. No fueron todos los de urgencias, solamente fue un residente, que aún no tengo su nombre, quien se portó grosero, déspota; solamente fue y le sacó sangre a mi papá, le hizo los estudios y regresaron diciendo que eso no era una urgencia, que él estaba bien.
Mi papá le pedía a mi hermana que lo ayudara porque se sentía muy mal, porque ya no podía más, y mi hermana pues le suplicaba a los médicos que lo ayudaran; sin embargo, no fue así. Mi papá murió aquí en estas sillas de urgencias, ahí se desvaneció, ahí falleció y fue cuando los médicos de urgencias comenzaron a movilizarse; entonces sí lo llevaron para tratar de reanimarlo, para tratar de hacer algo, cuando eso lo tuvieron que haber hecho desde que llegaba él aquí a pedir la ayuda de urgencias. Esto no puede seguir sucediendo. Esto, de verdad, es una situación que viven muchas familias en el sector público, tanto en el ISSSTE como en el IMSS. Es una situación que se vive a diario y es una situación que mucha gente no alza la voz, y que las personas que se han acercado con nosotros a manifestar y a pedir la ayuda de los medios de comunicación ante situaciones como estas, pues se les brinda la ayuda.
Pero ahora nos tocó a nosotros. Desgraciadamente, hoy mi familia vive en carne propia una negligencia médica que se da en urgencias aquí en el ISSSTE de Celaya. No puede ser posible que esto siga sucediendo, que la gente se les muera en la sala de espera. No puede ser posible que este personaje encargado de urgencias, el Dr. Cristian, de quien ha habido muchas quejas y denuncias, incluso en redes sociales, que las autoridades pues lo han tomado a la ligera y que sigue trabajando este señor aquí, incluso y a pesar de que un padre de familia se acercó con el delegado el día que vino, a pesar de ello, se mantiene trabajando aquí el doctor Cristian Vázquez Bravo. Él fue el que dio la orden de que no se pasara a mi papá, de atenderlo, porque decía que no era una urgencia. Ahí está lo que no era su urgencia, doctor. Y nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias en esta situación, porque no se vale que las familias sigan padeciendo una situación como estas.
No se vale que las familias sigan viviendo la muerte de sus familiares ante negligencias médicas como esta, como el doctor Cristian Vázquez, quien desgraciadamente sigue aplicando lo mismo con las familias que vienen a urgencias y que necesitan la ayuda. Hoy le tocó a mi papá, ahí en esas sillas de urgencias, ahí falleció, porque le negaron la atención, porque no lo pasaron, porque le dijeron que no era una urgencia. Así es que no es posible, de verdad, que esta situación siga sucediendo en el ISSSTE de Celaya. No es posible que esta situación siga pasando con las familias que vienen y traen a sus familiares porque necesitan una ayuda médica. Ahí hay un protocolo en el triaje en donde ellos clínicamente pueden observar a los pacientes, y obviamente ellos observaban que mi papá estaba mal, pero no lo quisieron atender. Textualmente, el médico Cristian mandó decir que había 12 personas adelante de él y que eso no era una urgencia. Ahí está la urgencia, ahí está que sí era una urgencia, y en estos momentos mi papá ya falleció, se les murió ahí en la silla.
No puede ser posible que esto suceda. Yo tengo la oportunidad, como medio de comunicación, de informarlo, de visibilizarlo, pero ¿cuántas familias pasan por esta situación? ¿Cuántas personas se quedan calladas ante algo que está sucediendo constantemente y ante un personaje que ya ha tenido denuncias, quejas, y una denuncia que se dio a conocer justamente cuando vino el delegado del ISSSTE, cuando tuvieron su evento aquí? Una persona, un padre de familia, se acercó a quejarse, a denunciar esta situación que le había pasado con su hija, y esto no puede seguir así, de verdad. Vamos a buscar el podernos quejar públicamente, vamos a quejarnos ante las autoridades y esto, de verdad, no puede seguir así.
Un dato importante es que la doctora encargada de diálisis, que estuvo atendiendo a mi papá durante mucho tiempo, también llegó al área de urgencias, lo revisó y pidió que lo apoyaran, pidió que lo atendieran porque era una urgencia. Su colega les pidió que lo ayudaran, pero el doctor Cristian mandó decir que no, que no era una urgencia y que se tenía que esperar. Igual el residente que salió dos veces a decir que eso no era una urgencia y que le sacó sangre a mi papá. Él mismo decía que no era una urgencia. No puede ser que esto suceda en las instituciones públicas. Tengo mucho coraje, porque imagínense nada más cuántas familias pasan por esta situación y ellos, pues tranquilos, no pasa nada, se les muere la gente, no las atienden. Entiendo que hay personas que llegan a urgencias y que tal vez no tienen un código rojo, y ellos dicen que la gente viene y no es una urgencia. Entiendo que puede haber personas que realmente no lo necesiten, pero en esta ocasión sí se requería, sí era una urgencia. En esta ocasión lo vivimos en carne propia.
He cubierto, he dado cobertura a muchos casos como estos y las autoridades se ríen, mandan sus comunicados maquillando todas las situaciones, y hoy me toca a mí, le toca a mi familia. Así es que hago un llamado a las autoridades del ISSSTE para que chequen esta situación y ojalá y de verdad el gobierno ya haga algo para que esto cambie. De verdad, el gobierno necesita urgentemente mover estas piezas, esta gente negligente. Es importante mencionar que quienes se portaron muy bien fueron los elementos de vigilancia; con ellos no hubo ningún problema, incluso ellos mismos vieron cómo estaba mi papá y le arrimaron una silla de ruedas, pero los doctores dijeron que no, que esto no era una urgencia.
Así es que hago el llamado a las autoridades del ISSSTE y créanme que voy a hacer una piedrita en el zapato para ustedes, porque hoy me doy cuenta que esto sí sucede, sí pasa. Hoy me doy cuenta que la gente que no ha tenido justicia ante situaciones como estas es porque las autoridades lo permiten, porque los directivos en una institución como esta no les interesa y siguen manteniendo a gente incompetente, gente que no ayuda a sus pacientes. No puede ser posible que esto siga. Y no hago esta transmisión para hacerme la víctima; hago esta transmisión para que vean que esto sucede todos los días, que esto sucede constantemente. Hoy me tocó a mí, hoy le tocó a mi familia, y nosotros tenemos la oportunidad de visibilizar otros casos. Ahora estoy visibilizando el mío, ahora estoy visibilizando un caso que estamos viviendo en carne propia mis hermanos y yo.
Créanme, voy a hacer una piedrita en el zapato para el ISSSTE, y si siguen estas situaciones en el IMSS, también lo voy a hacer, porque no es justo que la gente pierda a sus seres queridos porque a un pendejo se le ocurre decir que no es urgencia, que se tiene que esperar. Ahí está, doctor Cristian, ojalá y veas esta transmisión. Ahí está tu "no urgencia". Una persona falleció otra vez en el área de espera, en una de tus sillas del área de espera de urgencias, porque tú determinaste que eso no era una urgencia y te se tenía que esperar la gente. Muchas gracias por haber seguido esta transmisión y vamos a seguir con esto.
Tras el reciente fallecimiento del Sr. Irineo Jesús Mancera Martínez, padre de nuestro compañero periodista Marco Israel Mancera, mientras esperaba ser atendido en la Clínica ISSSTE de Celaya (https://www.metronewsmx.com/2026/06/negligencia-en-el-issste-de-celaya-un.html ), aparecen otros casos semejantes en diversas instalaciones del ISSTE en el país, como el del maestro Gregorio Canales, quien entró a quirófano y al parecer "se les olvidó" sacarle las gasas del interior de su cuerpo.
Muerte por negligencia del ISSSTE: claman justicia
Según la denuncia presentada por su familia, el docente ingresó al hospital ubicado en Emiliano Zapata para una intervención quirúrgica peritoneal. Tras la operación inicial, su estado de salud se deterioró alarmantemente, culminando en un paro respiratorio provocado por una infección generalizada severa. La tragedia tomó un giro macabro cuando, durante una segunda intervención quirúrgica para abordar las complicaciones, el personal médico habría hallado gasas olvidadas dentro del cuerpo del paciente desde el primer procedimiento.
Denuncia formal y llamado a las autoridades
La familia Canalis Villalobos no dudó en responsabilizar directamente a un médico específico y a la institución por este error atroz. Interpusieron las denuncias formales ante las instancias correspondientes. "Ahora se hacen las denuncias correspondientes para que se investigue y se sancione a los responsables", declararon la esposa e hija del profesor.
Laura Canalis Villalobos, hija del docente, ha hecho un llamado enérgico y desesperado a las autoridades estatales y federales, incluida la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y a los Servicios de Salud de Morelos, exigiendo que el caso no quede impune. "Mi papá era maestro jubilado. Entró por una cirugía y salió con una infección que le costó la vida. No puede quedar impune. Que se revise qué pasó en ese quirófano y que ningún otro paciente pase por lo mismo", exclamó.
Alarma por presunta desaparición de evidencia y falta de postura oficial
Un aspecto particularmente grave denunciado por la familia es la presunta desaparición de documentos cruciales del expediente clínico de Gregorio Canalis Carrillo, lo cual podría representar un serio obstáculo para la investigación y el esclarecimiento de los hechos. Hasta el momento de la publicación original en El Sol de Cuernavaca, ni el ISSSTE en Morelos ni la dirección del hospital afectado habían emitido alguna postura oficial o comentario sobre este caso tan desgarrador y perturbador.
Clamor por Justicia de una comunidad unida
La indignación provocada por este caso ha trascendido Amacuzac y se ha extendido por todo el estado de Morelos, especialmente entre el sector magisterial, donde el profesor Gregorio Canalis era una figura sumamente respetada y querida. Esta denuncia se suma a una serie de quejas recientes y constantes de derechohabientes sobre la calidad de la atención médica en los hospitales del ISSSTE en la entidad.
La familia Canalis Villalobos ha sido clara en su postura: no cesarán en su lucha legal hasta que se esclarezcan los hechos, se deslinden responsabilidades y se haga justicia por la memoria del profesor Gregorio Canalis Carrillo. El Sol de Cuernavaca, en su compromiso con la verdad y la sociedad, continuará dando seguimiento a este caso y exponiendo las deficiencias que plagan nuestro sistema de salud. #MetroNewsMx
-El colapso del sistema de salud en Celaya cobra una vida humana en condiciones de absoluta ignominia y omisión institucional.
-La denuncia pública de Marco Mancera no es un caso aislado, sino el síntoma de una crisis de humanidad y ética médica.
-La amenaza legal contra el periodista busca silenciar una demanda legítima de justicia frente a la negligencia médica.
La muerte de un ser querido es, por sí sola, una carga que desborda el espíritu. Sin embargo, cuando esa pérdida es producto de la negligencia, de la frialdad burocrática y de la soberbia de un servidor público que ha olvidado el juramento hipocrático, el dolor se transforma en una exigencia irrenunciable de justicia. La tragedia que hoy enfrenta nuestro compañero periodista, Marco Israel Mancera, no es un evento fortuito; es el resultado de un sistema de salud que, en el ISSSTE de Celaya, parece haber abandonado su vocación de servicio para refugiarse en el despotismo y la indolencia.
El relato de lo ocurrido este viernes es una afrenta a la dignidad humana. Tres horas de espera en el área de urgencias son, en la práctica, una sentencia de muerte para alguien en condiciones delicadas. La decisión de un médico de ignorar la gravedad de un paciente, sumada a la denuncia de un trato inhumano hacia los familiares, no constituye un error de juicio: constituye una falta grave que debe ser investigada hasta sus últimas consecuencias. Cuando la burocracia se antepone a la vida, el Estado falla en su obligación más elemental.
Lo más alarmante, sin embargo, no es solo el hecho fáctico de la defunción, sino la respuesta de la institución y sus operadores. El médico señalado, presuntamente lejos de mostrar empatía o disposición para el esclarecimiento, ha optado por el camino de la intimidación legal.
Intentar amedrentar a un comunicador que ejerce su derecho a la denuncia pública tras sufrir una tragedia personal es un acto de una bajeza moral incalculable. Marco Mancera no está solo; cuenta con el respaldo de una comunidad que ya ha comenzado a levantar la voz para confirmar que su caso es, lamentablemente, el rostro visible de una cultura de maltrato sistemático en dicha clínica.
Esta redacción se suma a la exigencia de transparencia. La impunidad en el ámbito hospitalario se nutre del silencio de las familias que, vencidas por el dolor y el miedo, no denuncian. Hoy, el llamado de Marco Mancera de recabar testimonios debe marcar un precedente. Es momento de que las autoridades del ISSSTE a nivel estatal y nacional dejen de encubrir a los llamados "servidores públicos" que, bajo el amparo de su cargo, actúan con violencia y prepotencia.
La medicina es, ante todo, un acto de amor y servicio. Cuando un médico pierde esa brújula, pierde su derecho a ejercer. No se trata de una cacería de brujas, sino de una limpieza necesaria en las instituciones que deben proteger a la ciudadanía. Metro News se solidariza con la familia Mancera y pone su plataforma al servicio de la verdad.
Que este dolor no sea en vano; que sea el catalizador de una transformación real en la atención médica de nuestra región. No se puede callar ante la muerte injusta, y menos aún cuando el sistema pretende que el miedo prevalezca sobre la justicia. La verdad, aunque sea dolorosa, es el primer paso para sanar una herida social que sangra en los pasillos del hospital. #MetroNewsMx
-El regulador oficializa nuevas guías técnicas para que las aplicaciones bancarias sean más intuitivas.
-La medida busca garantizar una experiencia uniforme, rápida y sencilla para los usuarios en todo el país.
-Los bancos e instituciones financieras tienen como fecha límite el 14 de diciembre de 2026 para adaptarse.
El Banco de México (Banxico) ha emitido la Circular 9/2026 (https://sidof.segob.gob.mx/notas/5790862 ), una normativa diseñada para transformar la manera en que los ciudadanos interactúan con sus aplicaciones bancarias al realizar transferencias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Con esta actualización, el banco central busca que, sin importar el banco o la institución financiera que utilices, el proceso de enviar dinero desde un dispositivo móvil sea estandarizado, ágil y, sobre todo, fácil de entender para cualquier persona.
Esta disposición no solo introduce cambios técnicos, sino que crea formalmente las "Guías para la homologación de la experiencia de usuario". Estas guías obligarán a las instituciones a seguir criterios de diseño y navegación homogéneos, reduciendo la confusión que a veces generan los diferentes menús y botones entre una aplicación bancaria y otra.
Lo más importante que los ciudadanos deben saber es que esta circular pone al usuario en el centro del diseño tecnológico. Hasta ahora, cada banco decidía cómo mostrar los campos de información o cómo organizar los pasos para enviar dinero, lo que a menudo resultaba en procesos complejos o poco intuitivos.
Con la entrada en vigor de estas nuevas reglas, el Banco de México establece un "estándar de calidad" obligatorio. La trascendencia radica en que las aplicaciones móviles ya no podrán ser tan dispares entre sí; deberán seguir flujos de navegación probados para ser rápidos y eficaces, lo que disminuirá errores al teclear datos y hará que las transferencias sean una experiencia más segura y amigable.
Puntos clave que toda población usuaria debe conocer
-Experiencia unificada: El objetivo es que la tecnología se adapte a ti y no al revés. Las apps bancarias deberán ser intuitivas, facilitando que el proceso de envío de dinero sea fluido.
-Seguridad y orden: Al estandarizar los formularios de envío de instrucciones, se reducen las posibilidades de cometer errores humanos al realizar transacciones, protegiendo así tus recursos.
-Flexibilidad para la banca: Las instituciones financieras tienen un periodo de transición que concluye el 14 de diciembre de 2026. Esto significa que, en los próximos meses, verás actualizaciones en tus aplicaciones bancarias a medida que se ajusten a este nuevo estándar.
-Transparencia: El Banco de México publicará estas "Guías" de forma abierta en su sitio web, lo que permite que las reglas del juego sean claras y accesibles para todos los participantes del sistema financiero.
En resumen, esta circular es un paso técnico necesario para modernizar el sistema financiero mexicano. Aunque las adecuaciones corresponden a las instituciones bancarias, el beneficio final es para los ciudadanos, quienes contarán con herramientas digitales más eficientes para gestionar su dinero de forma cotidiana a través de sus teléfonos inteligentes. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido
-La Fiscalía exhibiría una ineficiencia selectiva al archivar denuncias de personajes públicos, mientras despliega alta tecnología en otros casos criminales.
-Se anexan los contenidos textuales de los documentos facsimilares entregados a Metro News
-La contradicción entre la imagen pública de la exalcaldesa y su conducta contra pares revelaría una doble cara ética y política.
-Usar foros mediáticos para denostar a una regidora, en lugar de usar las vías institucionales, constituiría un linchamiento.
-Omitir medidas de apremio para citar a una figura pública prioriza la protección política sobre el derecho a la justicia.
-Al no investigar si la "incompetencia" señalada por Arvizu era producto de su propia negativa a proporcionar los recursos del Ayuntamiento, el Ministerio Público falló en esclarecer si hubo un acto de sabotaje institucional.
-El archivo temporal de la carpeta de investigación no sería producto de una investigación fallida, sino de una investigación protegida. No se buscaría la verdad; se buscaría el cierre de una puerta que empezaba a filtrar demasiada luz sobre la ética pública de la exalcaldesa.
-El contraste operativo entre la búsqueda de feminicidas y la nula notificación a una exfuncionaria erosionaría toda confianza.
-La omisión de apoyo institucional a la regidora, sustituida por señalamientos públicos, configuraría violencia política de género.
-La sociedad exige respuestas sobre por qué figuras políticas usan su investidura para evadir procesos ante la Fiscalía estatal.
-Ante presuntas irregularidades contra el erario público de San José Iturbide como alcaldesa, argumentó que era víctima de "violencia de género"
-Sería inadmisible que una figura política prefiera utilizar medios externos para descalificar a sus pares antes que agotar las vías institucionales.
-Esta conducta no solo evadiría la responsabilidad de fomentar el trabajo en equipo, sino que socava los cimientos del respeto democrático y la gobernanza municipal.
-Al trasladar el debate administrativo a una fanpage, la entonces candidata evitó el intercambio de argumentos y prefirió el ataque unidireccional. Esta estrategia de comunicación expone una falta de ética política, donde el linchamiento público reemplaza deliberadamente al diálogo y la asesoría necesarios para el éxito de cualquier administración.
-La verdadera capacidad de un líder se demuestra al fortalecer a su equipo, no al exhibirlo con saña ante las cámaras para capitalizar votos.
-La falta de institucionalidad de Cindy Arvizu no sería una omisión accidental, sino una herramienta de control que ahora, ante la luz de la realidad, exhibiría la verdadera naturaleza de su ejercicio del poder.
El sistema de justicia en Guanajuato enfrentaría una crisis de credibilidad que se materializa en carpetas de investigación. La resolución de la Carpeta de Investigación 62687/2024, que decreta el archivo temporal de una denuncia por violencia política en contra de la exalcaldesa Cindy Abril Arvizu Hernández, no solo es una pieza jurídica de dudosa solidez, sino sería un testimonio de la simulación institucional que parece gobernar la procuración de justicia. Cuando los datos duros chocan con la realidad operativa, emerge una pregunta fundamental: ¿Es la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ineficiente por falta de capacidad o por una voluntad política que decide qué casos merecen ser resueltos y cuáles deben ser archivados en el olvido?
En base a documentos, expedientes, pruebas y videos entregados a Metro News se destacaría que uno de los argumentos centrales para el archivo temporal es tan simplista como indignante: la Fiscalía, con todo su aparato de investigación criminal, se declararía incapaz de localizar a un personaje público. Cindy Abril Arvizu Hernández, quien fungió como alcaldesa de San José Iturbide y candidata a la reelección, ha sido "inexistente" para los notificadores de la agencia ministerial. Esta premisa resultaría insultante para la inteligencia ciudadana. Estamos hablando de una figura cuya vida pública, actividades y domicilio son, por naturaleza, visibles.
Irónicamente, Cindy Arvizu argumentó en sus redes sociales, tras publicaciones de Metro News -donde se muestran documentos y expedientes de presuntos daños al erario público del municipio de San José de Iturbide- que estaba siendo objeto de "violencia de género" (https://www.metronewsmx.com/2026/03/cindy-arvizu-busca-evadir-la-ley.html ). Al parecer desconocería que para la corrupción, no se visualiza si es hombre o mujer el funcionario venal.
Sin embargo, el contraste es devastador al observar la capacidad de la misma Fiscalía en otros ámbitos. Recientemente, el país ha sido testigo de la velocidad con la que las autoridades logran resultados en casos de feminicidio, como el reciente hallazgo de una mujer cuyo cuerpo fue localizado en un paraje recóndito tras una confesión obtenida mediante orden judicial, o la celeridad para rastrear a agresores que intentan ocultarse tras cometer crímenes brutales, como el caso de Sarahi, una joven de 25 años. (https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/02/14/estados/localizan-cuerpo-de-mujer-luego-que-homicida-confesara-lugar-de-entierro-en-guanajuato )
Si el Estado tiene la tecnología de geolocalización, la red de inteligencia y la capacidad logística para hallar un cadáver en un lugar inimaginable o para desarticular redes criminales en tiempo récord, ¿cómo es posible que no logren entregar un citatorio a una exalcaldesa? La respuesta parecería clara: no sería una imposibilidad técnica, sería una omisión deliberada. La "ineficiencia" de la Fiscalía en este caso específico olería a un blindaje político diseñado para desinflar una denuncia que, de seguir su curso, pondría en jaque la narrativa de una figura que pretende seguir vigente en el escenario público.
El segundo componente de esta posible farsa es la conducta de la propia imputada. La evidencia es irrefutable. En un video circulado en redes sociales, a través de la plataforma mediática Imaginar TV, Arvizu Hernández despliega una retórica agresiva contra una regidora de su propia administración.
A la fecha, el video no aparece en la fanpage de esa plataforma pero ya se encuentra dentro de las pruebas aportadas a la Fiscalía por la afectada.
El discurso es claro: descalificar la competencia técnica de una compañera de cabildo, cuestiona su capacidad para entender la equidad de género y, lejos de ofrecer los medios de acompañamiento, asesoría o reestructuración de comisiones que el cargo de servidor público exige, optaría por el escarnio. Este discurso también se contrapone en los mensajes de Arvizu en su participación en una Cumbre en estados Unidos en Julio de 2024 cuando plasmaba estar "en contra de la opresión". (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/cindy-arvizu-presenta-iniciativas-de-san-jose-iturbide-en-el-foro-internacional-13201244 )
Este comportamiento no es un debate político; sería un ejercicio de violencia de género. El uso de un foro mediático para atacar a una compañera regidora revelaría una estrategia calculada: anular a la regidora no dentro de las sesiones del Ayuntamiento, donde el debate debería ser argumentado y colegiado, sino en el tribunal mediático, donde la falta de réplica permite construir una narrativa de incompetencia que favorece los intereses de la entonces candidata.
La ironía se vuelve trágica cuando observamos la participación de la misma exalcaldesa en marchas feministas, portando carteles sobre el "derecho a una vida libre de violencia". Esta puesta en escena es el epítome de la doble cara política. Mientras en el ámbito privado y administrativo despliega conductas que violentan a sus pares, en el ámbito público busca redimirse a través de causas sociales de alto impacto. La ciudadanía, que no es ajena a estas contradicciones, ha comenzado a señalar el fenómeno. Un ejemplo claro es el cuestionamiento público que recibió tras su participación en marchas por la desaparición de mujeres, cuando su actuar político previo demostraba una falta total de empatía y respeto hacia sus compañeras de función. Este feminismo de fachada es una afrenta directa a los colectivos que, con autenticidad, buscan justicia para las desaparecidas.
La omisión de Arvizu Hernández no fue solo verbal; fue institucional. Como titular del Ejecutivo municipal, tenía bajo su mando todas las herramientas del gobierno para que la regidora —quien llegó al cargo supliendo una vacante— pudiera desempeñar su labor con éxito. En lugar de ofrecer capacitación o apoyo técnico, utilizó su poder para hacer de la incompetencia ajena una herramienta de ataque electoral. Esta "cacería" de adversarias internas evidencia una falta de visión democrática: la política, para ella, no es un ejercicio de construcción, sino de eliminación del otro.
La Fiscalía General del Estado, al cerrar el caso por "falta de elementos" tras una supuesta búsqueda infructuosa, se convierte en cómplice de esta narrativa. El Artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales no fue diseñado para ser un refugio de impunidad, sino una herramienta para gestionar casos donde realmente no existe posibilidad de éxito procesal. Aquí, los elementos existen: la denuncia, el video, la narrativa de los hechos y la clara conducta de violencia política. El archivo temporal es, por tanto, una decisión discrecional que busca enterrar una carpeta que incomoda a las estructuras del poder local.
Concluimos que la doble cara de la política guanajuatense ha quedado al descubierto. Por un lado, tenemos a una clase política que se disfraza de defensora de las mujeres para mantener su capital electoral, y por otro, una institución de justicia que, cuando los intereses de los actores políticos están en juego, se declara "incapaz" de hacer su trabajo. La justicia en Guanajuato no puede ser un traje a la medida que proteja a quienes ostentan o han ostentado el poder, mientras que para el ciudadano común el brazo de la ley es implacable.
La exigencia es clara: se debe reabrir la carpeta de investigación. La Fiscalía tiene la obligación de demostrar que sus capacidades operativas no están supeditadas a la investidura de los imputados. Si la Fiscalía puede encontrar a un homicida en una tumba remota, bien puede notificar a una exalcaldesa que reside en el mismo estado. La inacción de la autoridad es una forma de violencia política en sí misma, pues perpetúa la impunidad y le dice a las víctimas que sus derechos valen menos que la imagen pública de los agresores. La historia juzgará no solo la conducta de Arvizu Hernández, sino también el silencio cómplice de quienes, teniendo la facultad de hacer justicia, decidieron archivar la verdad.
La transcripción íntegra del acta de notificación personal de archivo temporal emitida por la Fiscalía y otros documentos
Los documentos facsimilares originales se encuentran en poder de este medio.
No. de Carpeta de Investigación: 62687/2024
Unidad de Investigación: 32-UTC-02
DETERMINACION DE ARCHIVO TEMPORAL
En la ciudad de San José Iturbide, Guanajuato, siendo las 10:20 horas del 02 de enero de 2025, la suscrita LICENCIADA MA. LUCINA LEAL TAMAYO, Agente del Ministerio Público.
VISTO
El estado actual que guarda la investigación inicial con número de carpeta de investigación 62687/2024 radicada por la comisión de un hecho que la ley señala como delito de VIOLENCIA POLÍTICA el cual se encuentra previsto y sancionado por el artículo 289 a del Código Penal del Estado de Guanajuato en agravio de (La afectada) y en contra de CINDY ABRIL AVRIZU HERNANDEZ. Encontrándonos en el momento oportuno para asumir determinación ministerial, en definitiva, conforme a lo siguiente:
RESULTANDO
Esta Fiscalía tuvo conocimiento de unos hechos posiblemente constitutivos de delito, a través de la denuncia de (la afectada) quien medularmente señaló que el día 24 de mayo de 2024 le fue informado que existía un video circulando en redes sociales donde la candidata a la Presidencia de San José Iturbide, Guanajuato, Cindy Abril Arvizu Hernández había realizado manifestaciones denostando a su persona.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- La Agencia del Ministerio Público instructora de la presente indagatoria resulta ser competente para iniciar e investigar los hechos que dieron inicio a la presente investigación por razón de materia y territorio, pues aun y cuando el Ministerio Público es único e indivisible, administrativamente las funciones son divididas para mejor proveer. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 21 constitucional, 11 de la particular del Estado, 127, 129 y 131 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales; 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Guanajuato.
SEGUNDO.- Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que para poder instar al órgano jurisdiccional, y ejercitar acción penal pública y pretensión punitiva, es indispensable que exista un hecho que la ley señale como delito y que exista causa probable de la intervención o participación de una persona, precedida por una denuncia, querella y/o requisito equivalente. Circunstancias que deben de ser establecidas con los antecedentes de investigación a los cuales se allegue la fiscalía en términos del ordinal 260 en relación al 217 del mismo cuerpo jurídico a priori invocado. Pero dichos antecedentes deben de reunir ciertas particularidades, a saber:
a. Pertinentes: Que tengan una relación directa o indirecta con la querella y/o denuncia que el justiciable narre a la fiscalía.
b. Útiles: Que sirvan para un fin en específico en relación al relato fáctico de quien solicita se le procure justicia.
c. Conducentes: Que se dirija a un resultado o solución.
Requisitos que establece el ordinal 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la ratio essendi de la investigación inicial es el esclarecer el hecho, realizar un juicio de tipicidad con algún supuesto de hecho contenido en el segundo libro del código penal y establecer como causa probable alguna autoría o participación. De ahí la importancia de los requisitos que la ley establece en la proposición de los requisitos en los antecedentes de investigación.
De ahí que la Fiscal Instructora de la investigación debe de realizar un análisis del relato que es proporcionado por la víctima u ofendido, para poder arribar a la convicción de que es necesario el recaudo de algún acto de investigación, pues es la narración que de los hechos hace el compareciente para poder justificar los extremos de la pertinencia, utilidad o conducencia.
No se soslaya para quien esto determina que por mandato constitucional, en su numeral 21 se prevé la obligación de investigar los delitos, lo cual debe de interpretarse por la actualización del injusto penal (conducta, típica y antijurídica –penalmente relevante-) así como la potencial posibilidad de adjudicar dicha conducta a una persona física como autor, instigador o cómplice. Dicha conducta obviamente debe de ponderarse como una acción u omisión la cual debe de traer como consecuencia un resultado (material o formal) que debe forzosamente lesionar o poner en peligro un bien jurídico tutelado, vinculado por un nexo de causalidad, invadiendo la esfera de derechos del sujeto pasivo (del delito o de la conducta), recayendo esa conducta u omisión en un objeto material. Pero además que el sujeto activo del delito lo haya cometido con dolo o culpa o algún otro fin o propósito diversos a los dos primeros elementos mencionados. Pero además esa conducta típica que desplegué el activo del delito no esté amparada bajo ninguna causa de justificación.
TERCERO.- Por lo que, en tal tesitura y con fundamento en lo que establece el artículo 213 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor se recabaron los siguientes datos de prueba:
1.- Denuncia de (la afectada).
2.- Orden de Investigación a los Agentes de Investigación Criminal.
3.- Oficio 1874/AIC/2024 suscrito por el Agente de Investigación Criminal (el agente) mediante el cual realizó descripción de contenido de videograbación.
4.- Informe de investigación rendido por los Agentes de Investigación Criminal.
5.- Se dictó acuerdo donde se determinó agotada la investigación y se otorgó a la denunciante término para que aportara mayores datos de prueba.
6.- Ampliación de entrevista e (la afectada).
7.- Instrumento Notarial con número 16724 pasado ante la Fe del Notario Público número 6 de Tierra Blanca, Guanajuato, (Notario) consistente en acta de hechos, la cual fue aportada por la denunciante.
8.- Informe pericial 3037/2024 emitido por la perito Analista de Información (la analista), mediante el cual llevó a cabo la descripción de página web y generó indicio relativo a la videograbación materia de la denuncia de hechos.
9.- Entrevista de los testigos de nombres (Testigo 1) y (Testigo 2).
10.- Informe rendido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato mediante el cual rinde información solicitada por la Representación Social.
11.- Informe pericial en materia de psicología realizado por la perito psicóloga (La psicóloga) del examen practicado a la denunciante (La afectada).
CUARTO.- Hasta el momento se han recolectado los datos de prueba señalados en supralíneas y realizando un estudio sistemático, se determina que de los hechos que fueron puestos en conocimiento de esta Representación Social, si bien es cierto existe la denuncia de (La afectada) quien refirió que la candidata a presidenta Cindy Abril Arvizu Hernández en una entrevista que realizo a través de redes sociales había realizado comentarios hacia su persona, sin embargo, al momento no estamos en posibilidad de ejercitar acción penal en virtud de que no se encuentran reunidos los elementos del tipo penal que ha sido denunciado, aunado a que no ha sido posible lograr la localización de la persona que es señalada como imputada para que en atención a los hechos denunciados en su contra y atendiendo al principio de presunción de inocencia refiera lo que considere necesario y sea concedido su derecho a una adecuada defensa.
Ahora bien, se desahogaron los datos de prueba tendientes a esclarecer las posibles líneas de investigación que nos llevarían a lograr esclarecer el hecho denunciado e identificar a algún probable responsable, no siendo esto posible, no contando con datos de prueba pendientes por recabar, se desprende que nos encontramos en el supuesto establecido en el Artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales. (https://www.conceptosjuridicos.com/mx/cnpp-articulo-254/ )
Es menester señalar que con lo anterior, no se violenta ningún derecho humano de la víctima en razón a que se dejaron a salvo su derecho a la prueba -como facultad procesal- dejando a salvo este derecho.
Tampoco se violenta el derecho de acceso a la justicia contenido en el numeral 17 de la ley fundamental pues el justiciable tuvo libre acceso a esta institución persecutora de delitos, sin que se le haya obstaculizado innecesariamente el acceso a denunciar los hechos, aunado a que si con posterioridad se pudieran desprenden otros datos de prueba que una vez recabados den pauta a proseguir con la investigación, se dará reapertura a la investigación de la misma.
En ese orden de ideas esta fiscalía:
DETERMINA
PRIMERO.- Se DECRETA EL ARCHIVO TEMPORAL de la investigación, hasta en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal. Con fundamento en lo que establece el artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor y 50 de la Ley Orgánica de la Fiscalía general del Estado.
SEGUNDO.- Gírese oficio dirigido al Jefe de Grupo de la Agencia de Investigación Criminal para que mantenga en calidad de abierta la investigación del hecho, y en cuanto se obtenga algún otro dato de prueba lo haga de nuestro conocimiento para continuar con el trámite de la investigación hasta su determinación final.
TERCERO.- Notifíquese la presente determinación por los medios señalados por la denunciante y asesor jurídico.
Así lo determino y firma:
(Sello y firma ilegibles)
LICENCIADA MA. LUCINA LEAL TAMAYO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO
VoBo
(Firma ilegible)
LIC. CARLOS ALBERTO ROBLEDO ROCHA
JEFE DE UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
DE LA FISCALÍA REGIONAL "D"
La solicitud de la continuación de investigación
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO 02
SAN JOSÉ ITURBIDE
CARPETA DE INVESTIGACION.- 62687/2024
OFICIO: 004/2025
ASUNTO: Se solicita Continuación de Investigación
San José Iturbide, Guanajuato, 02 de enero de 2025
JEFE DE GRUPO DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
ADSCRITO A
SAN JOSÉ ITURBIDE, GTO.
PRESENTE.
Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, solicito continúe practicando las diligencias de investigación en relación con los hechos motivo de la presente Carpeta de Investigación número indicado al rubro, informando inmediatamente del descubrimiento de nuevos datos para continuar la investigación.
ATENTAMENTE
(Firma)
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
CAMINO A SAN JOSÉ DE CERVERA NO. 140, GUANAJUATO, GTO.
C.P. 36260
LIC. MA. LUCINA LEAL TAMAYO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
La notificación personal del archivo temporal a la afectada
NUMERO C.I. 62687/24
AGENCIA UTC02
DELITO
ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DE ARCHIVO TEMPORAL A LA VICTIMA U OFENDIDO.
En la ciudad de SAN JOSE ITURBIDE, GUANAJUATO, a 19 de mayo de 2025 siendo las 11:00 horas el Agente del Ministerio Público Adscrito a esta Agencia, hago constar en la presente acta que se le NOTIFICA de manera personal a la víctima u ofendido de nombre (La afectada)
Que con fundamento en los artículos 20, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, Apartado A de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, 82 fracción primera, 83, 85, 109, 217 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; la resolución de ARCHIVO TEMPORAL, que se dictó en fecha 02 de enero de 2025 y en virtud de lo anterior, cuenta con diez días para presentar su impugnación y/o inconformidad, en caso de que así fuere su deseo.
(Firma y leyenda manuscrita: Recibí copia 19/05/2025)
RECONOZCO QUE SE ME HA NOTIFICADO LA RESOLUCIÓN DE ARCHIVO TEMORAL Y ME EXPLICARON LOS DERECHOS QUE ME CONCEDE LA LEY
NOMBRE Y FIRMA DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO/HUELLA DIGITAL
