Eugenio Amézquita Velasco
-La SCJN ignora el Pacto de San José que obliga a México a proteger toda vida humana desde el momento de la concepción legal.
-Marcial Padilla denuncia que la Corte utiliza maromas jurídicas para eludir obligaciones internacionales en materia de vida.
-El aborto en pleno 2026 es calificado como una discriminación prenatal inaceptable basada en el grado de desarrollo humano.
-La orden de la Corte al Congreso de Guanajuato es un imposible jurídico que violenta la autonomía del Poder Legislativo estatal.
-No existe dilema real entre mujer e hijo; la única postura ética es la protección integral de ambos pacientes por igual.
-La Corte pretende un juego arreglado al dictar el sentido del voto a los diputados, lo cual es una aberración democrática.
-Los legisladores no caen en desacato al defender la vida, pues la SCJN no puede obligarlos a votar contra sus principios.
-Biológicamente el feto es un paciente independiente y la ley no puede desprotegerlo solo por no haber nacido todavía.
-La jerarquía constitucional se rompe cuando la Suprema Corte actúa fuera de los tratados internacionales firmados por México.
-Políticos sin ética buscan imponer el aborto mediante engaños, olvidando que la vida es la condición de todos los demás derechos.
-Especialistas cuestionan que agendas políticas y electorales desplacen el sano juicio en la jerarquía del derecho a la vida.
-Leyes mexicanas castigan con rigor el maltrato animal mientras relativizan la protección de la vida prenatal.
-El Código Penal Federal impone hasta dos años de prisión por daño a la fauna, contrastando con la despenalización del aborto.
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena al Congreso de Guanajuato legislar a favor del aborto no es solo una instrucción jurídica, es un atropello a la soberanía, a la ética y a la jerarquía constitucional de México. Como bien lo expone Marcial Padilla, estamos ante una Corte que ha decidido ignorar los tratados internacionales de rango constitucional, específicamente el Pacto de San José, para imponer una agenda ideológica por encima del derecho más fundamental: la vida.
El argumento es irrefutable. El Artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga al Estado Mexicano a proteger la vida desde el momento de la concepción. Sin embargo, los ministros han optado por el engaño y la maroma jurídica para eludir esta responsabilidad. No se trata de un avance en derechos, sino de una discriminación prenatal sistemática basada en el grado de desarrollo de un ser humano que, médicamente, es un paciente con derechos propios.
Además, la orden de la SCJN al Congreso guanajuatense es un absurdo procedimental. Pretender dictar el sentido del voto de los legisladores es como intentar arreglar un partido de fútbol antes de que empiece; se puede obligar a jugar, pero no se puede ordenar quién debe ganar. Los diputados no están en desacato al votar a favor de la vida, pues su mandato emana de la representación ciudadana, no de los caprichos de un Poder Judicial que parece haber olvidado que su función es juzgar, no legislar ni violentar la conciencia de los representantes del pueblo.
La transcripción de la entrevista con Marcial Padilla, de ConParticipación
Eugenio Amézquita:
Tengo en la línea un excelente, excelente colaborador de Metro News y Guanajuato Desconocido, mi gran amigo Marcial Padilla, un señorón en materia de temas de vida, de defensa de la familia. Marcial, muchas gracias por tomarme la llamada y bueno, el tema es este. Anuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le da un plazo de noventa días al Congreso del Estado de Guanajuato para que apruebe las leyes del aborto o muy llamadas, eufemísticamente llamadas de interrupción del embarazo, que a través del acuerdo ciento setenta y dos el Congreso del Estado de Guanajuato ya había dicho no al aborto, no a este tema.
¿Y qué me puedes platicar? ¿Hasta dónde la Suprema Corte de Justicia puede hacer esto? Y sobre todo también creo que hay un tema de un pacto, un acuerdo, un tratado internacional que, de ser así, estaría anulando cualquier acción que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quisiera implementar en materia de aborto o interrupción del embarazo en toda la República Mexicana. Gracias, estoy a tus órdenes Marcial y gracias.
Marcial Padilla:
Muchísimas gracias, qué gusto saludarte. Fíjate que yo creo que hay varias cosas que se deben de mencionar. Primero que nada, voy a hacer referencia al Pacto de San José o la Convención Americana sobre Derechos Humanos donde, en efecto, en el artículo cuatro, sección primera, se dice que toda persona tiene derecho a la vida y que este derecho va a estar protegido desde la concepción. Es un pacto que vincula a México, es la referencia en el sistema de derechos humanos de Latinoamérica. La Suprema Corte de Justicia ha hecho caso omiso a esta obligación internacional que tiene México. La actual corte y las cortes anteriores lo han ignorado. No voy a decir que sin hacer alguna maroma, siempre hacen alguna maroma, pero es doloroso que la Suprema Corte de Justicia, en vez de querer respetar este pacto en el derecho fundamental, el primero de todos los derechos, el que es condición de todos los demás, que es el derecho a la vida, en vez de eso esté buscando algún engaño para intentar eludir esta obligación internacional que tiene México.
Ahora déjame añadir además que también la Suprema Corte de Justicia y también muchos legisladores del país están además contradiciéndose en otro de los temas fundamentales que México ha avanzado y es el tema de la no discriminación. No tiene sentido en el siglo veintiuno, en dos mil veintiséis, que la ley te proteja después de nacer y no te proteja antes de nacer. No tiene sentido, es ilógico eso. Es discriminatorio por grado de desarrollo o por el origen o por la condición socioeconómica o lo que sea. Si no puedes discriminar a un ser humano por su tamaño, por su condición de salud, por cómo se expresa, pues entonces ¿cómo vas a decir que de pronto mágicamente lo discriminas impidiendo que se le haga daño en etapa prenatal? Por lo cual podemos decir que las leyes de aborto son leyes discriminatorias, son inaceptables. En el México de dos mil veintiséis el aborto es una discriminación prenatal.
El gran error por parte de la Suprema Corte de Justicia, como de aquellos políticos que están intentando imponer el aborto, es crear un falso dilema. No existe el dilema donde o estás a favor de la vida del hijo en gestación o estás a favor de los derechos de la mujer. Eso es falso, no existe. La única posición razonable, legítima y humana es estar a favor de los derechos de ambos y entonces hacer política pública de protección de la mujer embarazada y de su hijo en gestación. La Corte está pidiendo algo que no tiene sentido. Ahorita te puedo añadir algo más, pero no sé si esto ha sido claro y te sirve.
Eugenio Amézquita:
No, está clarísimo. Pero tú sabes perfectamente bien que vivimos en un país, imagino que en otros ha de ser algo parecido, vivimos en un país donde lo que menos tienen los políticos es ética, lo que menos tienen los políticos es respeto a la vida y vivimos también en un país donde hay unos políticos mentirosos. Y me llama la atención ahorita, a reserva de que agregues más sobre este punto, fui muy enfático en esto del Pacto de San José porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la ley máxima es la Constitución, pero además hay un agregado: y los tratados que México signe a nivel internacional también forman parte de esa ley máxima. Entonces si estamos aquí tratando de un acuerdo, de un pacto, de un tratado que México firmó, pues el hecho de que la Suprema Corte de Justicia esté diciendo que está pidiéndole a los congresos de los estados que legalicen, que aprueben esta situación contra la vida, pues automáticamente podemos decir también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está actuando fuera de la Constitución y está llevando a los congresos a incurrir en faltas contra la misma Constitución. No sé si estés de acuerdo con esta reflexión que estoy haciendo.
Marcial Padilla:
Es un tema que desde hace ya décadas asombra a numerosas personas, a juristas internacionales, que la interpretación que da la Corte del Pacto de San José y de las obligaciones que tiene México en relación con el Pacto de San José, en vez de adherirse a la letra y al sentido y al espíritu que tienen, busquen algún recoveco, alguna interpretación espuria, algún engaño. Y es verdad, como dices tú, que lamentablemente existen personas en cargos de responsabilidad, sea en el legislativo o en el judicial, que no se comportan con ética. Es necesario que aquellos que sí se comportan con ética, aquellos que quieren demostrar que quieren cambiar las cosas en México, lo empiecen a hacer. Ahora quisiera añadir algo más que tiene que ver con esta orden específica que le da la Corte al Congreso. Esto es importante que los diputados lo tengan muy claro. La Corte les está pidiendo algo que es imposible de obedecer. Es imposible incluso si quisieran, no lo pueden hacer y te voy a explicar por qué. Imagínate que la Corte fuera el árbitro o el encargado del fútbol de un país, o que fuera la federación de fútbol o que fuera la FIFA.
La Federación de Fútbol no le puede decir a unos equipos que van a jugar un partido: oigan, tiene que ganar este equipo y tiene que ganar por este marcador. Los jugadores le dicen: lo que nos puedes decir es que juguemos un partido, pero no nos puedes dictar el marcador. Lo que puedes decir es anular un partido, puedes expulsar a un equipo, puedes hacer lo que sea, pero no puedes decir que se juega un partido y que nosotros mismos pongamos un marcador de un juego arreglado. La Corte les pide un juego arreglado. No puede la Corte decirle a los diputados que tienen que votar y que la votación la tiene que ganar el aborto, porque los diputados dicen: a ver, ¿y entonces cuántos nos vas a decir también? ¿con cuántos votos? ¿con unanimidad, con veinticinco, con diez o con que nada más con uno de diferencia? O sea, la Corte no está entendiendo cómo funciona un proceso legislativo.
La Corte le puede ordenar al legislativo, y en eso los diputados sí la tienen que obedecer, le puede decir quinientas mil veces vuelve a votar la ley de aborto y los diputados le pueden decir: okay, vuelvo a votar, pues vuelve a perder el aborto. Porque la Corte sí le puede ordenar al Congreso que haga la votación y los diputados sí tienen que obedecerla en hacer la votación, pero lo que no les puede ordenar la Corte es quién va a ganar esa votación. No se puede. Si la Corte quiere imponer el aborto que no eluda su responsabilidad diciendo que lo votaron los diputados, porque no funciona así la democracia.
Si la Corte quiere decir que va a imponer el aborto, lo va a tener que hacer ella con alguno de los mecanismos donde elimina el poder legislativo, con lo cual se demuestra que es pura ideología lo que movería a la Corte, porque ni siquiera respeta el proceso que nos rige como país y es que los ciudadanos decidimos nuestras leyes. Entonces sí es importante que los diputados no tengan miedo de que los inhabiliten, que los diputados no sientan que están en desacato cada vez que voten a favor de la vida. No es cierto que están en desacato, no pueden estar en desacato porque la Corte no les puede obligar o indicar el sentido del voto. Les puede indicar que sí voten, pero no les puede indicar en qué sentido votan.
Eugenio Amézquita:
No, me queda claro. Es que los que legislan son los legisladores, el poder judicial pues juzga. O sea, creo que cada quien tiene sus funciones definidas y aquí pareciera que el poder judicial quiere legislar y eso no lo puede hacer.
Marcial Padilla:
Exactamente, y no lo puede hacer. Y los diputados no pueden, ni aunque quisieran podrían obedecer, ni queriendo, porque no pueden decir, o sea, la Corte no les puede decir quién va a votar a favor y quién en contra. No se puede, es imposible. Entonces la Corte está dando una orden imposible.
Eugenio Amézquita:
Y la otra cosa que me llama la atención, y esto te lo comentaba hace rato antes de buscar esta entrevista, me llama a mí la atención que hablan de la práctica ilegal del aborto y la quieren hacer legal. Quiere decir entonces que pudiera haber, fíjate lo que voy a decir, a lo mejor también es un poquito de juego de palabras, fetos legales y fetos ilegales. O sea, el feto legal es aquel que fue deseado, el feto ilegal es el que no es deseado. ¿Cómo se puede hablar de fetos ilegales o de fetos no deseados? No sé si captes.
Marcial Padilla:
Sí, totalmente. El punto de partida claro es que lo que están diciendo es que, como existen violaciones a los derechos humanos de los hijos antes de nacer, entonces tenemos que legalizar esas violaciones a su derecho humano. No, no tenemos que legalizar que se discrimine y se le arrebate la vida a un hijo antes de nacer. Lo que se tiene que hacer es establecer políticas públicas que protejan, primero que nada, un marco normativo que proteja por igual y sin discriminación a la madre y al hijo. Porque no puedes discriminar, la ley no te puede proteger después de nacer y no protegerte antes de nacer, eso está claro.
Pero además de eso, tienen que existir políticas públicas y ahí sí tienen que hacer trabajos los legisladores para hacer imposible e impensable que una mujer que está temiendo por algún motivo tener un bebé llegue a recurrir a pensar eso. La ley sí tiene que proteger al hijo, no puede no protegerlo, pero además tiene que existir una política pública eficaz que impida que ese bebé quede desprotegido también después de nacer.
Eugenio Amézquita:
Y finalmente, para no, porque sé que andas en tránsito ahorita, este otro detalle que está basado precisamente en un artículo que tú muy amablemente nos compartiste la vez pasada, en que estamos hablando de que en este asunto de la interrupción, mal llamada interrupción del embarazo o aborto, no es una sola persona, son dos las que están interviniendo. Estamos hablando de la vida de dos personas, tan es así que tú mismo lo recuerdo nos señalabas: es que el feto por parte de la medicina es tratado como un paciente y a la mamá como otro paciente.
Entonces la medicina, la biología y el derecho están reconociendo que hay dos personas aquí, hay dos sujetos. Si no le quieres llamar persona porque no tiene forma aparentemente humana, pero sí la tiene porque está en gestación, tiene forma humana en gestación. Como que esta actitud de estos legisladores proaborto se olvidan de que médicamente son dos pacientes y el hablar de aborto estás hablando de que voy a acabar con uno de los pacientes. Creo que también esto, había que definir bien de qué estamos hablando. Mucho de la mamá, sí, pero te estás olvidando del otro paciente y no lo tomas en cuenta.
Marcial Padilla:
Hay que pensar en ambos, exactamente en ambos es importante. Y también para todos aquellos que creemos en la protección del derecho a la vida antes de nacer, muy importante que tengamos muy claro que se protege a ambos. La mujer que llega a pensar en abortar, llega a pensar por algo. Entonces, dejando claro que se va a proteger la vida del hijo, hay que atender aquello que hace que una mujer piense en quizás darle la vida suya.
Se tiene que pensar en los dos. Además, eso de decir no es que es un feto, a ver, feto es una etapa de la vida. Los leones pasan por etapa fetal, los delfines pasan por etapa fetal, los seres humanos pasamos por etapa fetal. No es una cosa, es una etapa. Entonces, así como tú Eugenio eres Eugenio cuando tienes veinte años, eras Eugenio cuando tenías diez años y eras Eugenio un minuto antes de nacer, bueno, también un hijo es el mismo hijo, es el mismo ser humano en otra etapa. Cuando es adolescente, cuando es niño, cuando es bebé y cuando está en etapa fetal es el mismo ser humano. Nada más feto es una etapa, no es una cosa.
Eugenio Amézquita:
Pues quiero agradecerte Marcial, vamos a estar muy al pendiente porque yo sé que tú también cuando se da este tipo de situaciones aberrantes, porque no se le puede llamar de otra manera contra la vida humana, tú inmediatamente brincas, saltas y te posicionas. Vamos a estar muy al pendiente para ver a dónde llega este cuento con estos señores jueces que llegaron por la vía de los acordeones al puesto donde están ahorita. Te agradezco muchísimo.
Marcial Padilla:
Muchísimas gracias y felicidades por toda tu labor.
Eugenio Amézquita:
Gracias, soy Eugenio Amézquita y es Guanajuato Desconocido y Metro News con Marcial Padilla.
El análisis al Artículo 4.1 del Pacto de San José
El análisis sobre el cumplimiento del Artículo 4.1 del Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos) por parte del Gobierno de México es un tema de alta complejidad jurídica y ética. Este artículo establece que "toda persona tiene derecho a que se respete su vida" y que este derecho debe estar protegido por la ley "a partir del momento de la concepción".
La tensión entre el Pacto y la jurisprudencia nacional es clara. A diferencia de lo que dicta el sentido común para muchos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha interpretado que el derecho a la vida no es un valor absoluto que deba prevalecer sobre otros derechos, como la autonomía reproductiva de la mujer.
En el fallo del 2021, la SCJN declaró inconstitucional la criminalización total del aborto, argumentando que la protección de la vida prenatal no puede anular los derechos de libertad de las personas gestantes.
Para sectores defensores de la vida -y en el marco de la ley-, el gobierno mexicano ha fallado en respetar el espíritu literal del Artículo 4.1 del Pacto de San José al permitir leyes que facilitan la interrupción del embarazo, priorizando criterios políticos y electorales sobre la protección del "paciente" desde la concepción.
Violaciones por omisión: Crisis de seguridad
El respeto al Artículo 4.1 no solo se refiere al inicio de la vida, sino a la obligación del Estado de garantizar la seguridad de quienes ya han nacido. En este sentido, México enfrenta desafíos críticos.
El Estado ha sido señalado por organismos internacionales por no garantizar efectivamente el derecho a la vida ante la violencia del crimen organizado. Cuando el sistema de justicia no castiga a quienes quitan la vida, el gobierno incurre en una falta de respeto indirecta al Pacto de San José, al no cumplir con su deber de prevención y sanción.
La protección de la fauna vs. la vida humana
Existe una percepción de que las leyes mexicanas a veces muestran un desequilibrio notable.
Mientras el sistema jurídico avanza hacia penas severas por maltrato animal o protección de ecosistemas, el derecho a la vida humana desde la concepción se ha visto relativizado.
Muchas de estas decisiones legislativas parecen obedecer más a una agenda de imagen progresista o compromisos internacionales de otra índole, que a una aplicación racional y coherente de la ley natural y el sano juicio.
Las incongruencias jurídicas
En los últimos años, el sistema jurídico mexicano ha experimentado una transformación que, analizada bajo la óptica del sano juicio y la ley natural, revela una profunda contradicción ética. Mientras el activismo legislativo ha logrado endurecer las penas contra el maltrato animal, la protección de la vida humana desde la concepción —establecida en tratados internacionales como el Pacto de San José— ha sido sistemáticamente debilitada por criterios judiciales y políticos.
Esta asimetría legal se manifiesta en la severidad con la que el Estado reacciona ante el daño a la fauna frente a la interrupción de la vida humana. En diversas entidades del país, el maltrato a un animal doméstico o silvestre no solo genera un repudio social inmediato, sino que se castiga con penas de cárcel efectivas y multas onerosas.
En contraste, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictaminado que la vida en gestación no posee el mismo estatus jurídico de "persona", permitiendo que su eliminación sea legal bajo el argumento de la autonomía reproductiva.
La jerarquía de derechos en disputa
Para defensores de la ley natural, esta situación refleja cómo las leyes en México suelen obedecer a intereses políticos y agendas internacionales antes que a una coherencia filosófica. La protección animal, aunque necesaria para una sociedad civilizada, parece haber ocupado un peldaño de superioridad moral en la narrativa legislativa actual.
En Ciudad de México o Guanajuato, agredir a un animal puede conllevar años de prisión, con procesos judiciales expeditos impulsados por la presión en redes sociales.
A pesar de que el Artículo 4.1 del Pacto de San José obliga a proteger la vida "en general, desde la concepción", México ha interpretado este mandato de forma laxa, eliminando las barreras legales para el aborto y dejando al feto en un estado de desprotección jurídica absoluta.
Intereses políticos sobre el sentido común
La crítica de diversos sectores sociales apunta a que el legislador mexicano ha caído en un "sentimentalismo jurídico". Se privilegia la vida de la fauna —a menudo convertida en estandarte electoral para captar votos de sectores jóvenes y progresistas— mientras se desatiende el derecho fundamental a la existencia del ser humano en su etapa más vulnerable.
Esta distorsión del sano juicio crea un panorama donde el Estado es extremadamente eficiente para perseguir a quien daña a una mascota, pero omiso y facilitador cuando se trata de interrumpir el desarrollo de una vida humana.
La incongruencia es clara: se eleva la dignidad de la fauna a rangos casi sagrados, mientras la dignidad humana se vuelve negociable y dependiente de la voluntad de terceros o de sentencias judiciales de turno. #MetroNewsMx
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