Redacción Editorial Metro News
-Tres sumarios independientes detallan el contexto histórico, el impacto social y las contradicciones legales de una administración que evade sus propias determinaciones ante la violencia de género y la simulación institucional.
-La crisis expone la colusión burocrática y la resistencia sistemática a aplicar el cese inmediato de agresores laborales, privilegiando la protección de funcionarios sobre los derechos fundamentales de las mujeres.
-La postura de la regidora Isabel Herrejón evidencia la urgencia de erradicar la tolerancia institucional, mientras directores municipales minimizan las recomendaciones de la PRODHEG con argumentos vacíos.
La descomposición institucional en el municipio de Celaya ha alcanzado un nivel de cinismo inadmisible donde los acuerdos aprobados por unanimidad en el cabildo se archivan como simples adornos burocráticos. Ante una recomendación emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) por casos de acoso sexual y hostigamiento laboral, la respuesta gubernamental ha sido la evasión, la soberbia y la complicidad soterrada. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Ma. Isabel Herrejón Arredondo, ha tenido que alzar la voz para exigir lo obvio: que se cumpla el Acuerdo DH-005/2025, el cual mandata el cese inmediato de cualquier servidor público generador de violencia, prohibiendo su cómoda reubicación en otras áreas del erario municipal.
Resulta intolerable que funcionarios como el director de Desarrollo Social, Valentín Sánchez Guerrero, intenten evadir la responsabilidad bajo subterfugios legales, argumentando con ligereza que la destitución depende exclusivamente del Presidente Municipal o que la PRODHEG no ordenó textualmente el despido. Este tipo de declaraciones reflejan una profunda insensibilidad y una mentalidad patriarcal arraigada en las estructuras de poder, donde se prefiere proteger la lealtad de compadrazgo antes que garantizar espacios laborales libres de violencia. Es aberrante que, bajo la lógica de una burocracia insensible, se normalice que sea la víctima quien deba cargar con el peso del desplazamiento y la zozobra, mientras el agresor mantiene sus canonjías y su puesto intacto.
Las leyes mexicanas y los reglamentos internos muchas veces obedecen a cálculos políticos y electorales antes que al sentido común o al sano juicio, diseñados para sostener privilegios de casta por encima de la dignidad humana. En este caso, la administración municipal de Celaya demuestra un desprecio absoluto por la legalidad que juraron custodiar. Los derechos de las mujeres no son moneda de cambio ni están sujetos a la interpretación discrecional de funcionarios protectores de acosadores. La exigencia de Herrejón Arredondo pone contra las cuerdas a una administración reacia a la rendición de cuentas, evidenciando que sin una verdadera voluntad política, la justicia institucional seguirá siendo una simulación ofensiva.
Comunicado de la regidora Isabel Herrejón
"Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Isabel Herrejón Arredondo, pide cumplimiento de acuerdos del Ayuntamiento ante recomendación de la PRODHEG. Ante la recomendación emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), relacionada con un caso de acoso sexual y hostigamiento laboral dentro de la Administración Municipal, la regidora Ma. Isabel Herrejón Arredondo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Celaya, consideró necesario realizar algunas precisiones desde la responsabilidad institucional que le corresponde".
"La regidora señaló que su postura no responde a un interés personal ni constituye una posición política en contra de ningún servidor público, sino que tiene como objetivo que se cumplan los acuerdos aprobados por el propio Ayuntamiento y se garanticen los derechos humanos, particularmente los de las mujeres que forman parte de la administración municipal".
"Herrejón Arredondo hizo mención que el 18 de febrero de 2025, la Comisión de Derechos Humanos generó el Acuerdo
DH-005/2025, mismo que fue aprobado por unanimidad, mediante el cual se solicitó al Presidente Municipal instruir a la Oficialía Mayor para que, en aquellos casos en que cualquier servidor público sea generador de violencia y/o transgreda los derechos humanos, se proceda de manera inmediata al cese de la relación laboral, evitando que dicha persona sea reubicada en cualquier otra área de la Administración Municipal".
"“Este acuerdo no es una opinión personal. Es un acuerdo aprobado por unanimidad por este Ayuntamiento y, como tal, debe ser atendido y cumplido por las áreas correspondientes”, afirmó la regidora. En este sentido, Ma. Isabel Herrejón Arredondo manifestó su preocupación ante las declaraciones del director de Desarrollo Social, Valentín Sánchez Guerrero, quien ha señalado que una posible separación del funcionario corresponde exclusivamente al Presidente Municipal y que los resolutivos de la PRODHEG no establecen expresamente su destitución".
"La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos reconoció que la recomendación de la PRODHEG debe atenderse en los términos establecidos por dicho organismo. Sin embargo, subrayó que también existe un acuerdo previo aprobado por unanimidad por el propio Ayuntamiento en materia de derechos humanos, cuyo alcance debe ser revisado y considerado por las autoridades municipales competentes".
Por ello, hizo un llamado respetuoso al Presidente Municipal y a las áreas responsables para que se revise integralmente el expediente, se analice el alcance del Acuerdo DH-005/2025 y se determinen, conforme a derecho, las consecuencias administrativas que correspondan.
“Los acuerdos aprobados por unanimidad no pueden quedarse en el papel ni pueden interpretarse de manera discrecional. Se tienen que cumplir. Si el Ayuntamiento aprobó una política clara para evitar que un servidor público que ha sido señalado y, en su caso, acreditado como generador de violencia sea simplemente reubicado dentro de la propia Administración Municipal, debemos ser congruentes con lo que nosotros
mismos aprobamos”, enfatizó.
La regidora destacó que, cuando se trata de posibles actos de violencia contra una mujer, la responsabilidad institucional debe ser aún mayor.
“No podemos permitir que una víctima termine siendo quien tenga que cambiar de área mientras el servidor público señalado permanece en su posición. La protección de las víctimas y la garantía de espacios laborales libres de violencia deben ser una prioridad institucional”, señaló Herrejón Arredondo".
"Asimismo, aclaró que su postura no pretende prejuzgar, sustituir a las autoridades competentes ni intervenir en los procedimientos administrativos que correspondan, sino exigir que estos se desarrollen conforme a derecho, respetando los derechos humanos y haciendo
valer los acuerdos aprobados por el Ayuntamiento".
"Finalmente, la regidora Ma. Isabel Herrejón Arredondo reiteró que, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dará seguimiento puntual al cumplimiento del Acuerdo DH-005/2025 y a las acciones que el Gobierno Municipal determine respecto de la recomendación emitida por la PRODHEG".
"Los derechos y garantías de las mujeres no pueden ser negociables, y los acuerdos aprobados por unanimidad tampoco”, concluyó. #MetroNewsMx
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