Evasión estatal y federal con un simple "no es cierto" ante amparo por obras del tren en Celaya
Equipo Metro News
-Gobierno de Guanajuato responde con evasivas y cero pruebas ante amparo por obras del tren en Celaya que dañan el ambiente.
-Autoridad federal alega consulta pública "fantasma" para justificar destrucción urbana y tala de árboles en Celaya.
-Simulación oficial: Registro burocrático a distancia de 2025 escondería la opacidad actual de las obras del tren en Celaya.
-Juez federal apercibe al Servicio Postal por presuntas fallas en notificaciones a SEMARNAT y SICT sobre el amparo del tren.
-Omisión federal e informe estatal sin sustento abrirían puerta a suspensión definitiva contra el tren en Celaya.
La Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Guanajuato respondió formalmente ante el Juzgado de Distrito dentro del incidente de suspensión del amparo indirecto número 623-2026-I, promovido por la asociación civil Cabal Pro Derechos Humanos y Participación Ciudadana. El informe previo, signado por Geovanni Gutiérrez Tejeda en su carácter de representante de la dependencia, se concretó a manifestar de manera simple y llana que "No son ciertos los actos reclamados a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente", evadiendo aportar elementos de prueba, fechas o documentos que respalden su dicho.
El documento oficial detalla que la demanda de amparo señala directamente a las autoridades estatales por los actos reclamados consistentes en el "procedimiento administrativo de obra pública relacionado con el Proyecto de Tren de Pasajeros Querétaro-Irapuato que atravesará por la Zona Urbana de Celaya, Guanajuato; procedimiento en el cual se omitió una de sus formalidades esenciales, como es el realizar una consulta pública para garantizar los derechos a la participación ciudadana y al acceso a la información en materia medio ambiental y de movilidad". Asimismo, la demanda subraya que la Gobernadora del Estado y sus secretarías, transformadas e involucradas en el ámbito de sus atribuciones, "SIN PONDERAR LA FALTA DE LA CONSULTA PÚBLICA como debieron hacerlo, intervinieron en la celebración del Convenio Marco de Coordinación de Acciones de Colaboración -para la señalada obra- firmado por los tres niveles de gobierno".
Frente a estos señalamientos sobre las acciones que ya se ejecutan en campo —tales como el desmontaje de vías del antiguo tren de carga, la tala de más de 400 árboles y la modificación del flujo vehicular que propiciará un aumento en accidentes y tiempos de traslado—, la dependencia estatal omitió presentar argumentos técnicos o justificaciones legales. El escrito judicial se limitó a acreditar a una extensa lista de delegados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, entre los que figuran Roberto Eugenio Rocha González, Manuel Solís Origel, Salvador Maldonado Peña, Alma Delia Vallejo Aldana, Oswaldo Salvador Ventura Hernández, Jair Jonatan García García, Francisco Javier Celio Arceo, Luz María Palafox Rocha, Ma. del Carmen Cecilia Gasca Hernández, Julieta Salgado Valtierra, Jessica Pamela Rosiles Pérez y Ana Gabriela Diez Medina, señalando como domicilio procesal el Conjunto Administrativo Pozuelos en la ciudad de Guanajuato capital.
Trenes federales responden con vacío legal
La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (anteriormente Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de la SICT) respondió formalmente ante el Juzgado de Distrito dentro del amparo indirecto número 623-2026-I, promovido por la asociación civil Cabal Pro Derechos Humanos y Participación Ciudadana. En su informe previo, la dependencia federal rechazó haber incurrido en omisiones y afirmó textualmente que "NO ES CIERTO que esta autoridad fue omisa en realizar la consulta pública", argumentando que su representada llevó a cabo el Proceso de Consulta Pública del proyecto "Sistema Ferroviario para conectar Querétaro - Irapuato", registrado con la clave de proyecto 11GU2025V0045 para los municipios de Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Villagrán, Santa Cruz de Juventino Rosas, Salamanca e Irapuato en Guanajuato.
La simulación de la consulta y la opacidad oficial
El informe de la Agencia de Trenes se escuda en un aviso formal publicado originalmente el 19 de junio de 2025 en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT, bajo la publicación No. DGIRA/0026/25. Dicha convocatoria de consulta pública regional estableció un periodo acotado del 23 de junio al 18 de julio de 2025, centralizando la consulta documental exclusivamente en las oficinas de representación de la SEMARNAT ubicadas en León, Guanajuato, y en la ciudad de Querétaro, o bien a través de plataformas digitales institucionales.
A pesar de que la dependencia federal invoca este registro para deslindarse ante el juez, el informe carece por completo de elementos sustantivos que demuestren una verdadera participación social local, omitiendo el desglose de fechas precisas de deliberación en Celaya, sedes físicas de participación directa, conclusiones detalladas o resultados de las observaciones formuladas por los habitantes afectados.
El contraste con la realidad urbana y el juicio de amparo
La demanda promovida por la ciudadanía señala que la obra federal arrancó materialmente afectando la zona urbana de Celaya —con el desmontaje de vías, la tala de más de 400 árboles y la alteración drástica del flujo vehicular— sin haber socializado un proyecto definitivo ni integrado a la población en un proceso deliberativo previo y accesible. Mientras las autoridades federales pretenden validar la legalidad de las obras actuales utilizando un trámite burocrático y a distancia realizado un año atrás, los habitantes enfrentan una fragmentación inminente de su entorno urbano sin transparencia ni información oportuna. La controversia jurídica continúa su curso en el Juzgado de Distrito, donde la falta de una socialización real y efectiva en el municipio choca frontalmente con la defensa institucional que intenta justificar el impacto social con simples registros de papel.
Del análisis conjunto de los informes rendidos y las constancias del juicio de amparo indirecto 623/2026, se desprenden que actualmente, el juez se encuentra imposibilitado para resolver de inmediato debido a un presunto problema de notificación postal con los oficios dirigidos a las oficinas federales (SICT y SEMARNAT), lo que motivó el diferimiento de la audiencia incidental para el 24 de agosto de 2026 y el apercibimiento al Servicio Postal Mexicano.
Si el Servicio Postal confirma que dichas dependencias federales recibieron los oficios y aun así incurrieron en la omisión de rendir su informe en tiempo y forma, la Ley de Amparo mandata tener por ciertos los actos reclamados por la parte quejosa (la falta de consulta pública y las afectaciones materiales sin transparencia).
Ante la falta de elementos probatorios sólidos de las autoridades estatales para desmentir el daño, y la posible actualización de la presunción de certeza por la omisión federal, el juez cuenta con un camino jurídicamente despejado para ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Esto incrementa significativamente la viabilidad de que el juzgador ordene la suspensión definitiva para proteger el entorno urbano y los derechos ambientales de los celayenses frente a una obra iniciada en la opacidad. #MetroNewsMx
