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Equipo Metro News San José de Iturbide

-Exalcalde de San José Iturbide, Filiberto López Plaza, en la mira electoral por llamado explícito al voto
-Los comentarios de los iturbidenses pusieron en evidencia recuerdos del pasado nada transparentes de la administración de López Plaza
Aquí tienes los 5 sumarios basados en el análisis del texto, diseñados con una extensión cercana a los 130 caracteres cada uno:
-La opinión pública local se dividió: un 45% recuerda su gestión con nostalgia, mientras un 40% lo acusa de corrupción y rechaza el pasado.
-Las discusiones en redes escalaron rápidamente a insultos y descalificaciones, evidenciando un profundo hartazgo y fractura local.
-La entrevista funcionaría como un globo de ensayo para medir su vigencia política, aunque choca con una memoria colectiva crítica.
-Los cuestionamientos sobre predios, áreas verdes y corrupción demuestran que su posible retorno electoral no sería nada fácil.

SAN JOSÉ DE ITURBIDE.- Durante una reciente entrevista difundida en plataformas digitales, el exalcalde panista Filiberto López Plaza -quien encabezara la administración municipal en el periodo 2012-2015- desató la controversia en el ámbito político local al emitir declaraciones críticas hacia la actual gestión y realizar un llamado abierto a favor de su partido político con miras a los próximos comicios.



Al ser cuestionado sobre las deficiencias que percibe actualmente en el municipio, el exfuncionario enumeró diversas problemáticas, señalando una supuesta carencia de obra pública, deterioro en el sector educativo, deficiencias en alumbrado y un déficit en materia de seguridad pública con menor presencia policial y patrullas, pese al crecimiento demográfico de la demarcación.

Sin embargo, el punto de mayor fricción y debate jurídico se produjo cuando el entrevistador le solicitó un mensaje para la ciudadanía de cara a las próximas elecciones y la definición sobre el sentido del sufragio. Ante ello, López Plaza respondió de manera categórica: «...que desde luego por Acción Nacional. Eh los invitamos a todos los iturbidenses a que voten por Acción Nacional», añadiendo que los gobiernos emanados de su partido han demostrado cercanía y resultados.

Especialistas en materia electoral advierten que este tipo de pronunciamientos públicos y llamados expresos al voto —emitidos fuera de los plazos formales establecidos por el calendario electoral para las precampañas y campañas— podrían configurar una violación a la normatividad vigente en el estado de Guanajuato en materia de actos anticipados de campaña y quebranto al principio de equidad en la contienda.

La legislación electoral federal y local estipula que los actores políticos y militantes deben conducirse bajo los principios de legalidad e imparcialidad, evitando la promoción partidista anticipada que otorgue ventajas indebidas. Ante estos hechos, partidos opositores o la propia autoridad electoral (a través del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato) podrían iniciar un Procedimiento Especial Sancionador (PES) para determinar responsabilidades, lo que podría derivar en medidas cautelares, amonestaciones públicas o sanciones pecuniarias para inhibir este tipo de conductas de cara al proceso comicial.



La transcripción de las palabras que podrían ser acto anticipado de campaña

El fragmento y los párrafos específicos que contienen las declaraciones que en la página generadora configuran la presunta violación a la normatividad electoral -al tratarse de un llamado expreso al voto fuera de los tiempos legales- corresponden al siguiente bloque:

Iturbide TV (Generador de contenidos): 
Oiga, mándale un mensaje a la población: en las siguientes elecciones, ¿por quién deben de votar?

Filiberto López Plaza: 
No, que desde luego por Acción Nacional. Eh, los invitamos a todos los iturbidenses a que voten por Acción Nacional. Creo que las diferentes personas que hemos estado como alcaldes hemos demostrado que queremos mucho a nuestro municipio.

Al cuestionar directamente por quién se debe sufragar, el moderador guía y provoca de manera deliberada la respuesta proselitista -"que desde luego por Acción Nacional"-, la cual constituye el núcleo exacto de la posible violación a la normatividad electoral.

En esta entrevista publicada el 11 de septiembre de 2026, al ser cuestionado explícitamente sobre por quién debe votar la población en las próximas elecciones, el exalcalde responde de manera directa e inequívoca.

«...que desde luego por Acción Nacional. Eh los invitamos a todos los iturbidenses a que voten por Acción Nacional».
Asimismo, al ser cuestionado sobre si volvería a contender por la alcaldía, señala que eso depende del partido y de los tiempos.

¿Incurre en actos anticipados de campaña?

Para que la autoridad electoral (el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato - IEEG y el Tribunal Electoral) determine la existencia de actos anticipados de campaña, la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exige que se acrediten tres elementos fundamentales.

-Elemento personal: Se actualiza, ya que la declaración es emitida por un actor político destacado, exfuncionario público y militante de un partido político (en este caso, el PAN).
-Elemento temporal: Ocurre en septiembre de 2026, una etapa muy previa al inicio formal de las precampañas (programadas para iniciar a principios de 2027) y campañas electorales (que para ayuntamientos en Guanajuato inician en abril de 2027), encontrándose fuera de los plazos legales establecidos.
-Elemento Subjetivo: Se configura de manera clara e indubitable, ya que el mensaje contiene un llamado expreso al voto ("voten por Acción Nacional") y una solicitud abierta de apoyo partidista, lo cual excede los límites permitidos de la libertad de expresión para posicionar plataformas o ideologías sin fines electorales directos.

Por lo tanto, sí se configuran elementos sólidos de actos anticipados de campaña y vulneración a la equidad en la contienda, al solicitar el sufragio y posicionar a una fuerza política fuera de los tiempos legales establecidos por la ley electoral.

Ante la presentación de una denuncia a través de un Procedimiento Especial Sancionador (PES) ante el IEEG o el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, se pueden aplicar diversas medidas y sanciones.

-Medidas Cautelares (Tutela Preventiva): La autoridad electoral puede ordenar de manera expedita la suspensión, eliminación o bajada inmediata del video y de la publicación en redes sociales o medios digitales donde se difunda el mensaje, con el fin de detener la afectación a la equidad de la contienda y evitar la reproducción de la conducta infractora.
-Amonestación Pública: Sanción de carácter oficial que reprocha la conducta ilegal cometida tanto al infractor como, en su caso, al partido político por falta al deber de cuidado (culpa in vigilando).
-Multas Económicas: Sanciones pecuniarias impuestas al partido político o al infractor, calculadas conforme a la gravedad de la falta y la capacidad económica.
-Impacto en el Registro de Candidaturas: Si durante el proceso electoral el infractor aspira a ser registrado formalmente como candidato a un cargo de elección popular y se acredita que la falta fue grave, sistemática o determinante, las autoridades electorales pueden valorar estas infracciones al momento de calificar la elegibilidad o el otorgamiento del registro, conforme a la normativa aplicable en el estado de Guanajuato.

Los interesantes comentarios en el post con video de Filiberto López Plaza

A partir de la revisión de la muestra de comentarios, el desglose de opiniones refleja una fuerte polarización en la opinión pública local:

-A favor / Nostalgia positiva (aprox. 45%): Usuarios que recuerdan su administración como "la mejor", destacando obras públicas (agua potable, electrificación, caminos), cercanía con la gente y su calidad humana. Muchos piden abiertamente su regreso o expresan que votarían por él.
-En contra / Críticos y acusatorios (aprox. 40%): Comentarios que lo señalan directamente por actos de corrupción, apropiación de terrenos (específicamente zonas de áreas verdes o predios colindantes con el asta bandera), enriquecimiento personal y promesas incumplidas. Predomina un fuerte rechazo hacia la clase política tradicional.
-Neutrales / Especulativos / Disputas partidistas (aprox. 15%): Usuarios enfocados en criticar al PAN como institución, discutir sobre otros partidos (como rumores de un posible salto a Morena), peleas directas entre internautas o expresiones de desencanto general ("todos los políticos son iguales").

El debate expone la dualidad típica de la política municipal en México. Por un lado, existe un sector beneficiado o con memoria favorable de obras tangibles pasadas; por el otro, un sector agraviado que recuerda escándalos urbanísticos (como el uso de áreas verdes).

Destaca el fenómeno de que varios simpatizantes están dispuestos a apoyarlo independientemente de las siglas (mencionando incluso que podría ir por Morena o criticando fuertemente al PAN), lo que demuestra que el atractivo principal —para bien o para mal— recae en la figura personal del exalcalde (caciquismo o liderazgo personalista) más que en la ideología del partido.
Los ataques y defensas reflejan un profundo hartazgo social. Las discusiones entre usuarios escalan rápidamente a insultos, evidenciando que el clima político local está altamente sensible y fracturado.

Existen elementos sólidos para sugerir que este tipo de publicaciones funcionan como un "globo de ensayo" político inducido, aunque con reacciones orgánicas encontradas.

La entrevista se da en un contexto controlado (un evento de aniversario del PAN donde se repasan "los logros del pasado"). Para un político veterano, aparecer en este tipo de espacios es una forma clásica de evaluar su nivel vigencia, recordación y capital político ante la ciudadanía.

La inmediatez y la uniformidad de ciertos comentarios de alabanza ("el mejor presidente", "un gran ser humano") sugieren la movilización de una base dura de simpatizantes, operadores políticos o beneficiarios de su anterior administración.

A pesar de que la intención inicial del post pudiera ser de relaciones públicas para relanzar su imagen, el cálculo político se topa con un muro de oposición real y crítica muy específica (mención de predios exactos, áreas verdes y desvíos). Si fuera una campaña completamente blindada o pagada, los filtros de moderación habrían apagado la disidencia; sin embargo, el flujo masivo de recluros demuestra que la memoria colectiva del municipio está dividida y alerta.

La publicación y las reacciones no son un fenómeno meramente casual, sino el reflejo de una operación de posicionamiento político que busca medir el terreno para un posible retorno electoral de Filiberto López Plaza. Si bien logra activar con éxito la nostalgia de su base nostálgica, también destapa de inmediato el rechazo y los cuestionamientos sobre su pasado patrimonial, evidenciando que su regreso no sería un camino planchado, sino altamente disputado y polarizado. #MetroNewsMx


Equipo Metro News Mx

-Vecinos de La Fragua advierten un posible despoblamiento tras la venta del 10% de predios impulsada por la presión de su entorno.
-El fenómeno de presión de entorno provoca la devaluación y el aislamiento de los terrenos colindantes a la terminal de alto riesgo.
-Los habitantes de La Fragua se niegan a vender sus predios en defensa de su arraigo, historia centenaria y su patrimonio familiar.
-La venta de predios por parte de algunos particulares debilita severamente la solidaridad y resistencia colectiva de la comunidad.
-Vecinos exigen que las autoridades garanticen el cumplimiento de los reglamentos de protección civil y toda legalidad territorial.
-Una serie de hechos estarían violando los derechos humanos de los habitantes de La Fragua.
-La pregunta obligada: ¿Cuántas otras comunidades de San José de Iturbide y del estado de Guanajuato enfrentan la presión industrial que viola sus derechos más elementales?

SAN JOSÉ DE ITURBIDE.- Información periodística generada en 2021 y testimonios recabados entre vecinos de la comunidad de La Fragua apuntan a una preocupación constante: el temor de que las condiciones generadas en la zona fuercen la venta paulatina de predios, lo que —advierten los pobladores— podría derivar en el despoblamiento de esta comunidad con 100 años de existencia ante las denuncias sobre presuntas irregularidades en los permisos y normativas aplicables. Hasta el momento, según datos obtenidos en la localidad nacida en los años 30 del siglo XX, alrededor del 10% de los predios han sido vendidos.



Pablo Olvera, en 2021 delegado municipal de La Fragua, declaró al medio digital Libertad TV MX que "ésta es la decisión de ellos, es estar buscando cada quien en estos lugares distintos, distintos destinos. Hay unas personas que están pidiendo, más bien buscando ya terrenitos aquí para Santa Brígida, hay otras personas que tengo conocimiento que para acá para Pozo Blanco, pero son diferentes puntos a los que ellos están buscando cambiarse."

Este tipo de escenarios describe una práctica de presión corporativa conocida en el ámbito de desarrollo inmobiliario e industrial como expulsión por asfixia o presión de entorno.

En un análisis de dinámicas industriales, este proceso suele iniciar con una estrategia de devaluación fáctica. Desde una perspectiva mercantil, la instalación de una terminal de alto riesgo al lado de un asentamiento centenario genera un impacto inmediato: al volver la vida en La Fragua compleja, ruidosa y marcada por un factor de riesgo latente, el valor comercial y catastral de los terrenos colindantes se desploma.



Se genera así el aislamiento y el desgaste social. La presencia constante de un entorno de riesgo, la restricción de la tranquilidad comunitaria y el temor a una catástrofe crean un clima de zozobra donde algunos pobladores optan por ceder sus propiedades ante la imposibilidad de mantener un entorno seguro.

Se configura de este modo un escenario de presión industrial: un desplazamiento de facto por la vía de las condiciones del entorno, lo que limita la viabilidad de la vida comunitaria y permite modificar el uso del territorio original a costa del tejido social preexistente.

La dignidad comunitaria, el arraigo y la justicia social: la defensa de la historia de los habitantes de La Fragua

En la visión de la gente de la Sierra Gorda y los habitantes del noreste del estado de Guanajuato, primero está la dignidad del arraigo frente a la transacción económica. Desde una perspectiva humana y justa, la postura de los vecinos que se niegan a vender constituye una defensa legítima de su historia, de su patrimonio familiar y de su identidad de casi 100 años. Representa la resistencia de una comunidad que busca evitar la disolución de su tejido histórico frente a proyectos energéticos de alto impacto.

Es ahí donde resalta el valor incalculable de la tierra heredada. Para los habitantes, La Fragua no es solo un terreno comercializable; es el espacio donde crecieron generaciones, donde se encuentran sus raíces y sus escuelas. Ninguna contraprestación económica compensa la pérdida de la paz social y el derecho a vivir en un entorno seguro.



Se consolida entonces la resistencia como un acto de legalidad. Quienes se niegan a vender ejercen una defensa de la legalidad territorial; su persistencia frena el acaparamiento total de la zona y mantiene viva la exigencia de que la autoridad intervenga, demostrando que el territorio cuenta con una comunidad dispuesta a hacer valer sus derechos fundamentales frente a asimetrías de poder.

Mecanismos de afectación al tejido social en La Fragua

El hecho de que algunos particulares o intermediarios hayan decidido vender sus predios a sabiendas de que operaría una infraestructura de alto riesgo CRETIB (Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable) colindante con una zona habitacional rural y educativa refleja las profundas tensiones y dificultades económicas que fragmentan la solidaridad y el arraigo comunitario.

Quienes han optado por vender bajo estas circunstancias se convierten, voluntaria o indirectamente, en factores que modifican el equilibrio territorial, facilitando que se debilite la resistencia colectiva de una comunidad histórica.

En los asentamientos rurales, la estabilidad y la convivencia dependen de un pacto tácito de protección mutua. Cambiar el destino de estos predios prioriza transacciones individuales a corto plazo frente a la seguridad colectiva de las familias que optan por permanecer y resistir.

Ante este panorama, organizaciones y vecinos cuestionan la responsabilidad de las partes involucradas en la adquisición y operación de espacios para material peligroso junto a poblaciones escolares y habitacionales, insistiendo en la necesidad imperativa de que prevalezcan estrictamente los reglamentos de protección civil y el respeto a la legalidad territorial. 

La posible violación de los Derechos Humanos de los habitantes de La Fragua
 
De acuerdo con el escenario descrito y los estándares nacionales e internacionales en la materia, la situación que enfrenta la comunidad de La Fragua sí constituye una amenaza y una posible violación a diversos derechos humanos de sus habitantes.

Entre algunos de dichos derechos estarían el derecho a un medio ambiente sano, a la salud y a la integridad física. La instalación de una terminal de materiales de alto riesgo (clasificación CRETIB: Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos e Inflamables) colindante con una zona habitacional y escolar vulnera directamente el derecho de los habitantes a vivir en un entorno seguro. La exposición a riesgos constantes, ruidos y contaminación genera un clima de zozobra que atenta contra la salud física y mental de las familias.

Otro derecho vulnerado sería el de la protección contra el desplazamiento forzado indirecto -la "expulsión por asfixia"-. Aunque formalmente algunos vecinos decidan vender sus predios, el derecho internacional reconoce que el desplazamiento no solo ocurre por la fuerza física directa, sino también mediante la creación deliberada o tolerada de condiciones de hostilidad, inseguridad y devaluación económica que vuelven insostenible la vida en el lugar. Esto obliga a las personas a abandonar su patrimonio en contra de su voluntad real.

La afectación a los derechos culturales, a la identidad y al arraigo. La Fragua es una comunidad con cerca de 100 años de historia. Los derechos culturales y colectivos protegen el tejido social, la memoria histórica y la identidad de los pueblos y comunidades rurales. Fragmentar este arraigo mediante la venta fraccionada y la disolución de la solidaridad comunitaria destruye un patrimonio inmaterial que no puede ser compensado únicamente con una transacción económica.

Otro de los importantes aspectos que estarían siendo vulnerados, es el derecho a la legalidad y a la debida diligencia del Estado. Si las autoridades permitieron el establecimiento de una planta de alto riesgo violando los reglamentos de protección civil, los usos de suelo o los estudios de impacto ambiental, el Estado estaría incurriendo en una omisión grave. Las instituciones tienen la obligación de proteger a la población frente a las asimetrías de poder entre grandes proyectos industriales y comunidades locales.

 La resistencia de los vecinos que se niegan a vender no es solo una defensa de la propiedad privada, sino un ejercicio legítimo de defensa de sus derechos fundamentales ante un entorno que vulnera su dignidad comunitaria. #MetroNewsMx


Equipo Metro News San José de Iturbide

-El munícipe iturbidense confrontó las deficiencias y omisiones heredadas de pasadas administraciones mediante un paradigma sustentado en la disciplina fiscal, el orden administrativo y la erradicación implacable de la corrupción.
-Se oficializó el despliegue de iniciativas clave como el distribuidor vial de la Carretera 57, la ampliación de la ruta a San Luis de la Paz, el Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS y una subestación de la CFE valuada en 2,800 millones de pesos.
-La senadora Malú Micher Camarena y el secretario de Gobierno del Estado, Jorge Daniel Jiménez Lona, refrendaron su respaldo al Ayuntamiento por las gestiones fructíferas ejecutadas en favor de las familias locales.



En el marco de una sesión solemne de Ayuntamiento y con la presencia de representantes de los tres niveles de gobierno, el presidente municipal, Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega, expuso su mensaje oficial con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. Durante el acto, resaltó el rescate integral de las dependencias públicas, el reordenamiento organizativo y una agresiva atracción de recursos estatales y federales.

En su alocución, el alcalde trazó un crudo diagnóstico sobre el estado ruinoso en que recibió la administración, caracterizado por más de dos décadas de apatía, omisiones técnicas, ausencia de proyectos ejecutivos y recortes presupuestales. Ante este escenario, enfatizó que su gestión priorizó la pulcritud financiera, la transparencia radical y la protección prioritaria de los sectores en situación de vulnerabilidad.

Diagnóstico, saneamiento institucional y rendición de cuentas

Al pormenorizar los avances área por área frente al rezago heredado, el primer edil detalló los logros alcanzados en los servicios públicos.:

-Rastro Municipal: Tras ser clausurado previamente por graves riesgos sanitarios e incumplimientos normativos, se rehabilitó la infraestructura y se adquirió, con recursos propios, un vehículo especializado para el transporte de cárnicos equipado con caja de acero inoxidable.
-Ecología y Medio Ambiente: La dirección se adjudicó el Primer Lugar Estatal en el Reconocimiento al Desarrollo de la Gestión Pública. Adicionalmente, arrancaron los trabajos formales para la clausura definitiva y regulada del basurero municipal bajo la norma NOM-083-SEMARNAT-2003, resolviendo un pasivo ambiental con más de 25 años de retraso.
-DIF Municipal y Salud: Se rescató el refugio del Hospital General —que fungía indebidamente como bodega— para inaugurar el espacio "Presbítero Ángelo Olvera Barrón". En materia preventiva y de adicciones, se celebraron alianzas estratégicas como la pactada con Casa Esperanza, brindando resguardo y capacitación gratuita a mujeres e infancias sobrevivientes de violencia.
-SIPINNA e Instituto de la Mujer: San José de Iturbide escaló al top cinco estatal en la estructuración del SIPINNA y su programa PROMUPINA. Por su parte, el Instituto de la Mujer certificó a más de 2,100 ciudadanas a través del IECA, al tiempo que promovió denuncias formales ante los órganos competentes por desvíos presupuestales de la gestión pasada.
-Transparencia y Acciones Legales Anticorrupción: El alcalde confirmó la interposición de denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por anomalías detectadas en el trienio anterior, tales como la compra de software para recolección de basura sin rastro de existencia (https://www.metronewsmx.com/2026/09/cindy-arvizu-y-el-mito-digital-ecosanjo.html ), supuestas bandas separadoras valuadas en 9.5 millones de pesos, (https://www.metronewsmx.com/2026/03/cindy-arvizu-ahora-bajo-la-lupa-federal.html ) y observaciones de la Auditoría Superior por 39 millones de pesos del FIDESSEG dirigidas al sistema 911 sin comprobación documental ni equipamiento físico. (https://www.metronewsmx.com/2026/08/otra-vez-cindy-arvizu-sombra-de-39-mdp.html )

Gestión estratégica, infraestructura y blindaje patrimonial

En la segunda vertiente de su mensaje, el Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega detalló la intensa labor gestora ante la iniciativa privada y los órdenes estatal y federal.

-Alianzas con la CFE y el IMSS: Se gestionó formalmente ante la Comisión Federal de Electricidad la construcción de la Subestación Banco 4 local, con una inversión cercana a los 2,800 millones de pesos para asegurar la autosuficiencia energética. Asimismo, con la mediación de la senadora Malú Micher, se logró la donación y protocolización de un predio en Prados del Rosario para erigir un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS.
-Infraestructura Vial y Logística: Se informaron progresos determinantes en el proyecto ejecutivo del Viaducto Bicentenario (distribuidor vial de la Carretera 57 hacia el acceso a la cabecera) con un desembolso superior a los 800 millones de pesos, sumado al reencarpetamiento de 4.5 kilómetros mediante la SICT. A nivel estatal, se registró formalmente en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Obra Pública (ID 4790) el expediente técnico para ampliar la carretera que conduce a San Luis de la Paz, junto con la remodelación de la plaza pública en la comunidad de El Capulín.
-Programa "Adopta una Comunidad": El alcalde convocó al empresariado asentado en la demarcación a asumir una corresponsabilidad social permanente mediante la ejecución directa de obras de infraestructura básica en zonas rurales.
-Defensa Hídrica y Territorial: El munícipe emitió una postura firme en defensa del agua, la paz social y el territorio iturbidense, sentenciando que no se otorgarán licencias a desarrollos inmobiliarios o proyectos industriales que carezcan de factibilidad de servicios o pongan en riesgo la tranquilidad comunitaria.

Respaldos institucionales y visión de futuro

Durante la solemne asamblea, la senadora Marta Lucía Mícher Camarena reconoció el acercamiento directo del alcalde con las comunidades y su capacidad gestora ante la Federación para consolidar obras en materia de primera infancia, infraestructura y pacificación social.

En representación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el secretario general de Gobierno, Mtro. Jorge Daniel Jiménez Lona, refrendó el respaldo del Ejecutivo estatal para dar continuidad a las inversiones y obras públicas, resaltando la inyección de más de 304 millones de pesos destinados a San José de Iturbide en los últimos dos años.

Mediante un videomensaje, la mandataria estatal felicitó al Ayuntamiento por el ejercicio de rendición de cuentas y reiteró la coordinación institucional para robustecer la estrategia de seguridad "Confía" y la dispersión de programas sociales.

Para clausurar la sesión, el presidente municipal reafirmó su vocación de servicio con un enérgico llamado: "De nosotros depende: hagamos que nuestra tierra sea un espacio de paz, de justicia y de progreso. Reafirmo mi compromiso de no mentir, no robar y no traicionar. Nada ni nadie va a detener la transformación de San José de Iturbide", concluyó el edil. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido


Equipo Metro News San José de Iturbide/Video Libertad TV MX

-Medio digital exhibió en 2021 que ExxonMobil engañó a los pobladores de La Fragua instalando una megaterminal de combustibles sin consulta y con inmensa corrupción.
-La peligrosa planta carece de un kilómetro libre exigido por normatividad, amenazando mortalmente a viviendas y escuelas cercanas.
-Pobladores buscan reubicarse tras los daños de su tren que abastece la planta y pausaron sus reclamos hasta concluir negociaciones.

SAN JOSÉ ITURBIDE, GTO.- A escasos metros de viviendas familiares y de dos escuelas públicas, la operación de un mega depósito de combustible de la empresa ExxonMobil -edificado a través de Gas Natural del Noroeste en la comunidad de La Fragua- mantiene a la población bajo el asedio de un riesgo inminente, operando en medio de señalamientos de corrupción institucional, simulación y graves violaciones a los protocolos de seguridad industrial, como lo evidenció un reportaje del medio digital Libertad TV MX publicado el 24 de diciembre de 2024

Lo que comenzó en 2019 bajo la promesa de instalar un único tanque de almacenamiento de diésel se transformó, sin consulta previa ni anuencia social, en una terminal de proporciones masivas. Según las denuncias de los habitantes, la empresa recurrió al engaño deliberado para burlar la resistencia vecinal sobre la carretera federal número 57, expandiendo su infraestructura hasta almacenar millones de litros de múltiples combustibles.



Un peligro latente: La sombra de la tragedia de San Juanico

El aspecto más alarmante de esta construcción radica en el flagrante incumplimiento de las normativas internacionales y nacionales de protección civil. Expertos y pobladores coinciden en que una infraestructura de esta magnitud exige un perímetro de al menos un kilómetro de terreno baldío a la redonda para mitigar eventualidades catastróficas.

Sin embargo, el complejo se encuentra peligrosamente cerca de la vida cotidiana de La Fragua. Los habitantes recuerdan con terror el antecedente histórico de la tragedia de San Juanico en 1984 —donde la explosión de una terminal similar en la Ciudad de México cobró la vida de centenares de personas—, advirtiendo que un siniestro en este punto arrasaría por completo con la comunidad y las escuelas aledañas.

Detrás del avance de la obra se encuentra, según la denuncia comunitaria, una red de complicidad y corrupción tejida entre autoridades municipales, estatales y algunos delegados locales, quienes permitieron que las irregularidades normativas se ignoraran sistemáticamente.

Las consecuencias de este desarrollo industrial ya habían alterado en 2021 de forma irreversible el tejido social de la zona:

-Daños estructurales: El paso constante del tren de abastecimiento ha destruido varias viviendas cercanas.
-Negociaciones bajo presión: Actualmente, la comunidad se encuentra en una pausa obligada debido a que la empresa negocia el pago de las propiedades colapsadas.
-Desplazamiento: Familias enteras se han visto orilladas a buscar nuevos destinos y pequeños terrenos en localidades vecinas como Santa Brígida o Pozoblanco.

Pese a la vulnerabilidad en la que se encuentran, los habitantes de La Fragua no han renunciado a la defensa de su territorio. Pablo Olvera, delegado municipal en el periodo del conflicto, señaló que la comunidad se mantiene a la espera de que concluyan las negociaciones actuales por los daños materiales para retomar el reclamo legal y comunitario.

El futuro de La Fragua pende de un hilo, atrapado entre los intereses de una multinacional energética, la omisión gubernamental y la urgencia de una sociedad que exige frenar lo que consideran una bomba de tiempo instalada en el corazón de Guanajuato.

La transcripción del reportaje de Libertad TV MX

Héctor Almaguer, de TV Libertad MX: 
En el año 2019, la empresa ExxonMobil a través de Gas Natural del Noroeste comenzó la construcción de una estación de abastecimiento de combustible en el municipio de San José Iturbide, justo en el corazón de una comunidad llamada La Fragua, sobre la carretera federal número 57. 

La empresa, según los vecinos, llegó con engaños; aseguraron a la gente que sólo construirían un tanque de almacenamiento de diésel, sin embargo, hoy son varios tanques más y no sólo se almacena diésel, sino millones de litros de otros combustibles para lo que nunca se le consultó a la comunidad. 

Los habitantes de La Fragua denunciaron que fue la corrupción entre autoridades municipales, estatales y algunos delegados de la comunidad la que permitió que las construcciones avanzaran hasta este punto, y es que en la edificación de esta terminal hay múltiples irregularidades. 

Una de las más importantes y alarmantes es que, para construir algo así, debería haber al menos un kilómetro de terreno vacío alrededor para prevenir desgracias como la de San Juanico en la Ciudad de México, cuando en noviembre de 1984 una terminal de almacenamiento de combustible similar a ésta hizo explosión, acabando con la vida de centenares de personas. 

Y es que, de llegar a explotar este mega depósito de ExxonMobil en San José Iturbide, arrasaría con todo a su redonda, y se encuentra a escasos metros de las viviendas de los habitantes de La Fragua y de dos escuelas públicas. Actualmente, los pobladores de esta comunidad de San José Iturbide se encuentran en standby debido a que la empresa negocia el pago de varias viviendas que destruyeron con el paso del tren que abastece sus enormes tanques; sin embargo, la preocupación por el riesgo sigue latente.

Pablo Olvera, delegado municipal de La Fragua en 2021: 
Esta es la decisión de ellos, es estar buscando cada quien en estos lugares distintos, distintos destinos. Hay unas personas que están pidiendo, más bien buscando ya terrenitos aquí para Santa Brígida, hay otras personas que tengo conocimiento que para acá para Pozoblanco, pero son diferentes puntos a los que ellos están buscando cambiarse. 

Nosotros vimos y tenemos en mano lo que es el reglamento para que este tipo de empresas se instalen en cualquier parte de la república, o está irregular la empresa, entonces en base a eso ahorita, como decimos, vamos a esperar a que las negociaciones se cierren con esta gente y después vamos a seguir con nuestro reclamo, con el reclamo para también ver realmente en qué términos podemos nosotros también como comunidad entrar con ellos y, ¿sabes qué?, llegar a un acuerdo, pero va a ser todo en base a la decisión de la comunidad.

Héctor Almaguer, de TV Libertad MX: 
Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer. #MetroNewsMx


Equipo Metro News San José de Iturbide

-El alcalde evidencia que la terminal de combustibles cuenta con todos sus permisos federales (Semarnat, Conagua, impacto ambiental), estatales y municipales vigentes y en regla, lo que jurídicamente impide su remoción arbitraria.
-El edil califica como una acción "muy mal hecha" que gestiones anteriores hayan permitido la ubicación de este tipo de proyectos en una zona habitada, aunque subraya que su deber actual es regirse bajo el marco legal existente.
-Ante la inviabilidad legal de expulsar a la empresa, el mandatario municipal aconseja a los vecinos optar por el diálogo para negociar apoyos, infraestructura y obras comunitarias como compensación.
-Montes de la Vega admite abiertamente que, a pesar de que la compañía cumple con la normatividad de seguridad industrial, se trata de una instalación que representa una situación de "alto riesgo" para la población.
-El alcalde anuncia la instrumentación y entrega de un documento formal —integrado con las peticiones de las comunidades— dirigido a la empresa, la federación, el estado y el sector educativo para exigir que cada autoridad competente realice las inspecciones correspondientes.

-La postura del alcalde expone el dilema entre las exigencias legítimas de una comunidad agraviada y el blindaje corporativo heredado por administraciones pasadas, donde los permisos federales y estatales anulan de facto la soberanía municipal frente a instalaciones de alto riesgo.
-Lejos de ofrecer una solución radical, la administración local opta por la gestión de beneficios compensatorios y la integración de pliegos petitorios, trasladando la confrontación social hacia un laberinto burocrático de inspecciones interinstitucionales.
-El conflicto en La Fragua refleja la profunda desconexión entre el ordenamiento legal mexicano y el sentido común comunitario, donde la legalidad formal de una industria peligrosa se impone sobre la tranquilidad y seguridad de los habitantes.

El discurso pronunciado por el presidente municipal Manuel Montes de la Vega, de San José de Iturbide ante los habitantes de la comunidad de La Fragua y representantes de la Terminal de Combustibles ubicada en esa comunidad sintetiza con crudeza la tragedia institucional que padece gran parte de la administración pública en México: el choque frontal entre la voluntad popular y la camisa de fuerza de un marco legal diseñado para proteger la burocracia y los intereses económicos por encima de la vida humana y la paz social. Ante una comunidad indignada por la instalación de una empresa de alto riesgo, la respuesta oficial no es la defensa categórica del tejido comunitario, sino la resignación formalista y la exhibición de expedientes sellados por dependencias federales que validan lo indefendible.

Desde una perspectiva de análisis profundo, resulta inaceptable el argumento recurrente de que "la ley es la ley" cuando esta ha sido confeccionada de espaldas a las verdaderas necesidades de las comunidades. Las administraciones pasadas actuaron de manera irresponsable al permitir la incursión de industrias peligrosas en zonas residenciales o rurales. 

La presente administración exhibe el problema al mostrar la vigencia de permisos otorgados por la SEMARNAT, la CONAGUA y el gobierno estatal. Se invierte la lógica del Estado de derecho: en lugar de que la norma sirva para salvaguardar la integridad de los ciudadanos, se utiliza como un escudo protector para la empresa, demostrando que muchas leyes mexicanas obedecen más a componendas políticas e inercias institucionales que al sentido común y al sano juicio.

El dilema planteado por el alcalde revelaría también los probables límites del poder municipal. Cuando un municipio carece de autonomía real frente a las autorizaciones federales, el presidente se reduce a un gestor de daños... o a cosas más oscuras. Se cambia la salud ambiental y la seguridad de los pobladores por una negociación de dádivas compensatorias, aceptando la permanencia de un peligro latente bajo la premisa de que "ya están aquí instalados".

La exigencia de integrar un pliego petitorio y remitirlo a la federación, al gobierno estatal y a la Secretaría de Educación es un paso protocolario necesario, pero correría el riesgo de convertirse en un ejercicio dilatorio. La participación de responsabilidades entre múltiples dependencias —desde la Conagua hasta los asesores de la Secretaría de Gobierno del estado, en su momento— diluirían la exigencia política y fragmenta la resistencia comunitaria. 

Llamar las cosas por su nombre implica reconocer que la instalación de industrias de alto riesgo en comunidades vulnerables de Guanajuato es una bomba de tiempo social. La soberanía popular no puede subordinarse a un expediente administrativo completo cuando el costo es la zozobra permanente de un pueblo. La autoridad municipal se encuentra atrapada entre la espada de la legalidad formal y la pared de la indignación ciudadana; sin embargo, su deber histórico buscaría no convertirse en fedatario de la desdicha comunitaria, sino encabezar con firmeza la revisión profunda de un modelo de desarrollo que antepone el lucro industrial a la supervivencia humana. La lección de San José de Iturbide es clara: mientras las leyes sigan protegiendo el riesgo corporativo bajo el amparo de la legalidad vigente, las comunidades seguirán pagando el precio más alto por decisiones tomadas a sus espaldas.



"Desgraciadamente esto se aprobó en ese antecedente que fue de manera irresponsable": La transcripción del video

Manuel Montes de la Vega: 
Primero que les quede claro algo, el presidente municipal representa a un pueblo, a un municipio. Ustedes me contrataron y yo tendré la responsabilidad de hacer lo que ustedes me pidan, porque al final del día yo los represento. Pero también el presidente municipal tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes. Ustedes mencionan que se vaya la empresa y yo también tengo que buscar la manera de mostrarles que eso pues es algo difícil de que se dé, porque están cumpliendo todo un marco legal, porque están dentro de un parámetro que establece la ley. 

Los del pasado decidieron que esta empresa se metiera en una comunidad, lo cual estuvo muy mal hecho, pero hoy esa empresa ya está y yo tengo que cumplir y hacer cumplir la ley. Además de representarlos, yo aquí traigo un expediente y ese expediente, nos guste o no, está completo. Hoy lo que yo les aconsejo como representante de todas y de todos es que hagamos un diálogo con la empresa. La empresa, ¿con qué nos puede apoyar? Si ustedes traen la prioridad de buscar que la empresa se vaya, pues me sumaré con ustedes a buscarlo. No garantizo que tengamos éxito, no lo garantizo porque no podemos ir en contra de lo que la ley establece y desgraciadamente esto se aprobó en ese antecedente que fue de manera irresponsable.

Esta empresa cumple con todo lo que ustedes piden, eh, es una empresa que está legalmente en San José de Iturbide, aquí tiene un permiso que otorga Gobierno Federal, Medio Ambiente. El impacto se los voy a entregar a ustedes, lo tiene que tener el comité, ese se los voy a entregar, por eso me traje copia y aquí está donde el impacto ambiental de acuerdo a Conagua está completito, SEMARNAT, todos los permisos federales están otorgados y tienen vigencia para la empresa, el Estado. 

Todos los permisos son legales y vigentes y entonces si están otorgados estos, nosotros el municipio tenemos la obligación de primero revisar que estén otorgados para nosotros también hacer las verificaciones y otorgar los que nos corresponden, eso marca la ley. Nosotros los permisos que otorga el municipio aquí están y también se los voy a entregar con todas las actas de la bitácora de inspección, porque ha venido el personal primero de Ecología y aquí les voy a entregar dónde están las bitácoras de trabajo y dónde han acudido a la empresa, sí, después las de el permiso de uso de suelo que también otorga Desarrollo Urbano, Ecología. Aquí están las bitácoras también donde acude Ecología, es decir, la empresa cumple, esto se los voy a entregar.

Lo que pedimos es que esa responsabilidad social se vea, se vea plasmada en obras, en infraestructura, en algún tipo de apoyo, porque al final pues ya están aquí instalados con nosotros y más tratándose de esta empresa, que es una empresa de alto riesgo, aunque cumpla con toda la normatividad y los extremos de la ley en cuanto a los temas de seguridad industrial. De cualquier manera es una situación de riesgo, de alto riesgo. Yo ya traigo preparado un documento que lo vamos a firmar, yo necesito que me presente el pliego petitorio del delegado de Jesús María, el pliego petitorio que traen de La Fragua, porque se van a adjuntar. 

Yo lo voy a presentar a la federación, tiene que quedar una constancia de recepción por parte de la representante legal de la empresa y esto yo me encargaré de que lo reciba. Tenemos presencia de Gobierno del Estado, están los asesores de la Secretaría de Gobierno y obviamente también lo entregaré a la Secretaría de Educación, aquí tenemos presencia del delegado y también lo presentaré con Gobierno Federal para que estén enterados de este pliego petitorio y que cada autoridad haga la inspección que le corresponde, esto es muy importante. #MetroNewsMx


Equipo Metro News San José de Iturbide

-La terminal de hidrocarburos en La Fragua opera pegada a una comunidad rural de 400 habitantes y tres escuelas históricas.
-El cambio de una bodega de fructuosa de Almex a terminal de gasolinas parecería haber sido realizado sin estudios técnicos ni ambientales rigurosos.
-La posible falta de zonas de amortiguamiento y distancias mínimas de seguridad haría incumplir normativas nacionales e internacionales de hidrocarburos.
-La ASEA y la LGEEPA otorgarían facultades legales plenas para ordenar la inspección y clausura definitiva ante el riesgo inminente.
-Permisos otorgados desde 2017 priorizarían intereses económicos y logísticos por encima de la seguridad y el bienestar comunitario.

Imágenes aéreas de la terminal de Combustibles de Gas Natural del Noroeste ubicada en la comunidad de La Fragua -que tiene alrededor de 400 habitantes- y que muestran también la ubicación de esta comunidad, separadas solo por una calle, evidenciarían graves irregularidades tanto del municipio de San José Iturbide como del gobierno federal -específicamente la SEMARNAT- para autorizar los permisos de colocación de instalaciones de alta peligrosidad para la población.

En visita de investigación periodística de Metro News a la comunidad de la Fragua, -a cual tiene una antigüedad cercana a los 100 años- llevaría a la necesidad de un análisis técnico, legal y urbano sobre la instalación de la terminal de combustibles en dicho lugar.

Desde una perspectiva de planeación urbana, protección civil y derechos comunitarios, el inicio de las autorizaciones en 2017 para operar una terminal de almacenamiento de hidrocarburos en La Fragua resultaría improcedente e irresponsable debido a la incompatibilidad con receptores sensibles consolidados.


Es decir, los centros educativos de la comunidad tienen una trayectoria histórica muy anterior al proyecto: la escuela primaria cuenta con 50 años de operación, el preescolar con 30 y la telesecundaria con 20. La normatividad nacional e internacional en materia de hidrocarburos exige estrictas zonas de amortiguamiento y distancias mínimas de seguridad entre plantas de almacenamiento de combustibles inflamables y zonas habitadas o escolares.

Las imágenes satelitales y la configuración histórica demuestran que La Fragua es un núcleo poblacional rural preexistente y consolidado. Introducir una industria de alto riesgo en medio de la población expone de manera directa a los habitantes y a la comunidad estudiantil a riesgos catastróficos por fugas, incendios o explosiones.


Las autorizaciones otorgadas en su momento priorizaron intereses logísticos o económicos por encima del bienestar, la seguridad y el derecho humano a un entorno seguro consagrados en la Constitución y en los ordenamientos municipales.

Calificar como innecesarias las modificaciones estructurales o los estudios profundos al cambiar de una bodega de productos alimenticios, que originalmente se encontraba en ese sitio, según información recabada entre los habitantes de la comunidad (cuya función era la de almacenamiento de fructuosa de Almex) a una terminal de hidrocarburos (gasolinas de diversos octanajes y diésel) carecería de todo sustento técnico, ambiental y legal.


La fructuosa es un producto alimenticio inocuo, no inflamable y no tóxico. En contraste, las gasolinas y el diésel son sustancias químicas peligrosas, altamente inflamables, explosivas y emisoras de vapores tóxicos y contaminantes al aire, suelo y mantos acuíferos.

La empresa ALMEX, dedicada a la molienda húmeda de maíz amarillo

A nivel corporativo, Almidones Mexicanos, S.A. de C.V. es una de las empresas agroindustriales más importantes del país en el sector de alimentos y bebidas. Fundada en 1960 y con sede principal en la Zona Industrial de Guadalajara, Jalisco, su actividad principal es la molienda húmeda de maíz amarillo. A través de este proceso, separan los componentes básicos del grano para fabricar: Almidones nativos y modificados: Utilizados como espesantes, estabilizantes y texturizantes en la producción de embutidos, salsas, panes, lácteos y aderezos. Jarabes y edulcorantes: Como la fructosa y la glucosa, esenciales para endulzar bebidas, confitería y panificación. Aceites y derivados para nutrición animal: Aceite comestible de maíz y subproductos destinados a alimentos balanceados para ganado y mascotas.

Una estudio de prefactibilidad para elaboración de almidones a base de plátano, elaborado por ingenieros en Alimentos de Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa ubica las funciones que realizaban las instalaciones de ALMEX en el municipio de San José de Iturbide: "En 1990 (la empresa norteamericana) STALEY adquiere el 100% de las acciones de ALMEX;  se inicia una nueva expansión de la planta con la finalidad de triplicar su capacidad de producción. ADM participa con un 50% de las acciones de la empresa".
 
"Se construye la estación de transferencia de alta fructosa en San José de Iturbide, Guanajuato, e inicia su operación... "

Es así que una estación o bodega de transferencia diseñada para alimentos no cuenta con los requerimientos técnicos indispensables para petrolíferos, tales como:
-Diques de contención de derrames con capacidad volumétrica superior a los tanques.
-Sistemas contra incendio especializados a base de espuma y redes hidráulicas de presión.
-Instalaciones eléctricas antideflagrantes (a prueba de chispas) y sistemas de tierras físicas para evitar descargas estáticas.
-Monitoreo y recuperación de vapores de hidrocarburos.

Sostener que no se requeriría una evaluación de impacto ambiental profunda ni modificaciones mayores al cambiar un giro comercial inofensivo por una planta de almacenamiento masivo de combustibles -con capacidad autorizada para decenas de millones de litros- representa una grave omisión técnica por parte de la autoridad reguladora (ASEA), ignorando los protocolos obligatorios de mitigación de riesgos industriales.

La terminal de combustibles podría y debería ser clausurada: Legislación

Para fundamentar legalmente una acción de inspección, suspensión y clausura -temporal, parcial o definitiva- de la terminal de almacenamiento de petrolíferos en La Fragua, municipio de San José de Iturbide, el marco jurídico federal cuenta con ordenamientos robustos, específicos y de orden público.

La ASEA -Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección de Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos- es la autoridad federal competente para regular y supervisar las instalaciones del sector hidrocarburos. Su ley orgánica otorga facultades directas para ordenar medidas de seguridad y clausuras (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LANSI.pdf ).

El Artículo 5, Fracciones I, XVIII, XIX y XXIII establecen como objeto primordial de la Agencia la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones, otorgándole la facultad de expedir, suspender, revocar permisos y exigir que las actividades del sector hidrocarburos se realicen con estricto apego a la protección y conservación de los ecosistemas, evitando daños a la población.

Los Artículos 27 y 31 facultan a la ASEA para llevar a cabo visitas de verificación extraordinarias y dictaminar medidas de seguridad urgentes —incluyendo la clausura temporal o definitiva— cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, daño o peligro grave a la salud pública y a la vida de los habitantes y centros escolares colindantes.

En lo que toca a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), tratándose de actividades altamente riesgosas, la LGEEPA provee los fundamentos estructurales de ordenamiento territorial y protección civil aplicables de manera supletoria o coordinada. (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf )

El Artículo 2, Fracción IV, declara de utilidad pública el establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas. El motivo de clausura es la inexistencia física de una zona de amortiguamiento o franja de salvaguardia entre la terminal y la comunidad de 400 habitantes, hecho que viola directamente este principio de utilidad pública.

Los Artículos 28 y 30 sobre Evaluación del Impacto Ambiental), obligan a que toda obra o actividad altamente riesgosa cuente con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada y vigente que evalúe correctamente el entorno social y urbano. Si la planta modificó capacidades, amplió tanques o si el permiso original -como el oficio de 2017- omitió dolosamente la cercanía de las escuelas y la zona habitacional, la autorización carecería de validez legal sustantiva.

El Artículo 170, concerniente a Medidas de Seguridad, preceptúa que, cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, la fauna, la flora o la salud pública, la autoridad competente ordenará de manera fundada y motivada medidas de seguridad como la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes o riesgosas.

También se vulneran articulados de la Ley General de Protección Civil (LGPC)

Dado que la terminal colinda a pie de calle con una población vulnerable y tres escuelas, la legislación de protección civil federal es de aplicación estricta. Los Artículos 2, 40, 41, 79, 80 y 81 establecen las atribuciones para la ejecución de inspecciones en materia de alto riesgo y la implementación de programas internos de protección civil. Ninguna empresa puede operar si su entorno inmediato pone en peligro masivo a centros de población y centros escolares. (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC.pdf )

Los Artículos 76 al 83, en lo que corresponde a Medidas de Seguridad, facultan a las autoridades competentes a ordenar la suspensión de actividades, restricciones de acceso y clausura de establecimientos cuando las condiciones de su ubicación, operación o almacenamiento representen un riesgo inminente de protección civil que no pueda ser mitigado con planes de emergencia internos.

El diálogo del alcalde Manuel Montes de la Vega con vecinos inconformes de La Fragua evidenció lo que parecía que los propietarios o administradores de la planta contarían con todo en regla. Pero unas palabras emitidas, desde su nivel de gobierno, evidenciarían la pregunta: ¿Quién autorizó los permisos municipales para que instalar una terminal de combustibles a un lado de una zona rural habitada por 400 personas? #MetroNewsMx


Redacción Editorial/Equipo Metro News San José de Iturbide

-El municipio emitió un boletín donde se narra una historia de situaciones que involucran a exalcaldes de este municipio y el manejo opaco, al margen de la ley para reacomodar permisos y la violación de la ley
-De hecho, la obra inició sin permisos de construcción y fueron multados; extraoficialmente, Cindy Arvizu habría aprobados la expansión de las instalaciones
-Municipio de San José Iturbide respalda el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en La Fragua. 
-Alcalde Edgar Montes reprocha que la planta operaba sin protocolos de protección civil, un riesgo latente.
-El gobierno municipal exige investigar y castigar cualquier acto de corrupción ligado a la instalación de la planta.
-Historial irregular: En 2017 la empresa fue multada por iniciar obras sin permisos antes de ampliar su capacidad.
-Pobladores de La Fragua crearon el Movimiento de Comunidades Unidas en 2019 ante los graves riesgos e invasiones.

SAN JOSÉ DE ITURBIDE.- La línea que separa el desarrollo industrial regulado del riesgo latente —y de las posibles redes de opacidad— suele ser peligrosamente delgada en el corredor del Bajío. El operativo implementado este día por la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, en estrecha coordinación con fuerzas federales, sobre la planta de almacenamiento de hidrocarburos en la comunidad La Fragua, no es un hecho aislado; es el punto de choque entre el pasado de omisiones burocráticas y la cruda realidad de un municipio que lleva años cargando con los riesgos de la infraestructura energética pesada.

El aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo, 10 tanques de gran capacidad y unidades de carga en un predio de esta magnitud obliga a hacer una pausa crítica y a revisar con lupa el historial administrativo que permitió la instalación de este complejo industrial.

De la alfombra roja al escrutinio de la autoridad

Resulta inevitable contrastar el despliegue táctico, los cateos y la presencia ministerial de hoy con las crónicas de diciembre de 2017, cuando el entonces gobernador Miguel Márquez Márquez, el secretario de Energía federal Pedro Joaquín Coldwell y el alcalde en turno, José César Rodríguez Zarazúa, inauguraban con bombo y platillo este mismo centro logístico. En aquel entonces, operado bajo alianzas corporativas de alto nivel (ExxonMobil, Orsan y Gas Natural del Noreste), se prometía modernidad, inversión y detonación económica.

Sin embargo, detrás de los discursos oficiales de la época, la realidad local era otra. El expediente de la planta exhibe una génesis accidentada: multas iniciales de más de 150 mil pesos en 2017 por comenzar a construir tanques de almacenamiento sin contar con los permisos de uso de suelo, seguidas de una vorágine de autorizaciones en cabildos sucesivos que elevaron la capacidad de almacenamiento autorizada a casi 100 millones de litros (97.7 millones) en febrero de 2018.

¿Cómo se gestó un crecimiento tan acelerado de infraestructura de alto riesgo en una zona rural? La respuesta parece diluirse en el tiempo entre donativos condicionados —como el famoso millón de pesos aceptado en 2017 para comprar un camión recolector de basura— y la venia sistemática de administraciones municipales que prefirieron apostar por la complacencia antes que por el ordenamiento territorial estricto.

El costo social: Comunidades ignoradas y protocolos inexistentes

Mientras los corporativos celebraban la llegada de ferrotanques con combustible importado en 2019, la sociedad civil organizada —a través del Movimiento de Comunidades Unidas en La Fragua— alzaba la voz para denunciar afectaciones a la vida cotidiana, riesgos inminentes para planteles escolares cercanos, olores penetrantes y la vulneración de sus tradiciones.

Las recientes declaraciones del actual alcalde, Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega, ponen el dedo en la llaga al reconocer una verdad que las administraciones pasadas intentaron minimizar: la empresa nunca contó con protocolos reales de protección civil ni de vinculación comunitaria. Las instalaciones industriales de esta envergadura son "peligrosas per se*, y dejar a los habitantes a merced de una contingencia sin planes de evacuación ni capacitación adecuada representa una irresponsabilidad institucional imperdonable.

El posicionamiento del gobierno municipal actual al respaldar las inspecciones actuales y exigir que cualquier acto de corrupción del pasado sea investigado y condenado, marca un contraste necesario, pero también deja una interrogante abierta: ¿cuántas otras instalaciones operan en el estado bajo la complacencia de permisos exprés y supervisiones laxas?

Hacia un replanteamiento de la seguridad y la legalidad energética

El operativo de este 17 de septiembre en San José Iturbide no debe verse únicamente como un golpe táctico contra el mercado negro de combustibles, sino como una llamada de atención estructural. La fiscalización exhaustiva que hoy realiza la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la procedencia, legalidad y volúmenes exactos del producto almacenado pondrá a prueba la solidez del sistema de procuración de justicia para distinguir entre la operación corporativa formal y los resquicios donde la ilegalidad y la simulación encuentran refugio.

La paz en Guanajuato no se construye únicamente con patrullajes carreteros o aseguramientos espectaculares, sino erradicando la impunidad corporativa y cerrándole el paso a la corrupción que permite que complejos de almacenamiento masivo operen de espaldas a la seguridad de sus comunidades.

Como bien señala el llamado del alcalde Montes de la Vega, la denuncia ciudadana y la vigilancia comunitaria son vitales, pero la carga principal recae en un Estado que debe garantizar que la infraestructura energética del país sirva para el desarrollo nacional, y no para convertir a los municipios en rehenes de riesgos industriales descontrolados.

Sobre si la pasada administración, que encabezó Cindy Arvizu, está involucrada en el tema, extraoficialmente trascendió que su administración otorgó permisos de ampliación.

El boletín emitido por el municipio de San José de Iturbide

-Refrenda Gobierno de San José de Iturbide compromiso con la legalidad, el orden y la seguridad tras operativo e inspección a planta de almacenamiento de combustible
-El alcalde Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega reiteró la importancia de la denuncia ciudadana, la transparencia operativa de las empresas y el estricto cumplimiento normativo para proteger a las familias iturbidenses.
-La administración municipal respalda las acciones coordinadas de la Secretaría de Seguridad y Paz Estatal y autoridades federales para garantizar la tranquilidad en el municipio.
-Ante la falta de protocolos de emergencia y vinculación comunitaria identificados previamente en la zona, el Gobierno Municipal mantendrá atención directa a la ciudadanía.

Respecto a las acciones ejecutadas el día de hoy por la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato en coordinación con autoridades federales -quienes llevaron a cabo un cateo e inspección en un inmueble de almacenamiento de combustible asegurando aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo, 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga y contenedores-, el Gobierno Municipal de San José de Iturbide expresa su total respaldo a las labores de fiscalización, combate a la irregularidad y construcción de paz de los tres órdenes de gobierno.
El Ministerio Público Federal continuará con las investigaciones y los dictámenes periciales correspondientes para determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto.

Postura municipal ante los antecedentes en la comunidad de La Fragua

En relación con el historial operativo y los antecedentes administrativos de la instalación ubicada en las inmediaciones de la comunidad de La Fragua -asentada previamente bajo esquemas de almacenamiento y distribución de petrolíferos-, el Gobierno Municipal aclara que el alcalde Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega ha mantenido un diagnóstico constante sobre las inquietudes legítimas manifestadas por la población.
En un recorrido y diálogo directo con los habitantes realizado en febrero pasado, el Presidente Municipal externó de manera tajante su preocupación por la falta de protocolos de protección civil e integración social por parte de la empresa:
"Lo que me mencionaron, que también me llamó mucho la atención, es que nunca ha habido un protocolo de atención en el caso de algún tipo de emergencia... Llegó la empresa y no solamente irrumpe con una nueva forma de aculturización, sino también los pone en una situación de emergencia", señaló en su momento el munícipe iturbidense.

El alcalde subrayó que las instalaciones industriales y de manejo de combustibles conllevan un riesgo inherente ("es peligroso per se") y reprochó que la empresa no contara con capacitaciones puntuales sobre cómo actuar ante un eventual accidente o contingencia, afectando incluso las dinámicas y tradiciones de la comunidad. Asimismo, se pronunció porque  cualquier acto de corrupción que haya servido para la instalación irregular de cualquier empresa debe ser investigado y condenado puntualmente. 

La denuncia y la colaboración como pilares de la paz

El Dr. Manuel Montes enfatizó que la tranquilidad y el bienestar del municipio exigen reglas claras, la presencia constante de la autoridad y una ciudadanía participativa:
"¿Qué es lo que hay que hacer? Estar unidos, estar observando y denunciar. Esto es muy importante, es un elemento para construir la paz. Mientras que la autoridad esté atenta, las cosas van a estar tranquilas... Por eso yo estoy atento, ando caminando las comunidades y recorriendo el municipio porque me quiero enterar realmente de qué es lo que está ocurriendo", aseveró el edil.

Historial periodístico y antecedentes documentados

Como parte de la transparencia informativa sobre el predio e instalaciones sujetas a inspección en la comunidad de La Fragua, se detalla la cronología de notas y acuerdos administrativos registrados precedentemente:

Durante el gobierno municipal de 2012-2015, encabezado por Filiberto López Plaza, se autorizó la instalación de la empresa SIM. Sin embargo, en el gobierno 2015-2018, específicamente en 2017 se recibió una multa municipal por iniciar obras sin permiso y primera autorización de factibilidad:

El Ayuntamiento, encabezado por César Rodríguez Zarazúa, autorizó el cambio de propietario a favor de la empresa Gas Natural del Noroeste y la ampliación de uso de suelo a Terminal de Almacenamiento y Suministro de Petrolíferos. Se documentó una multa de 150 mil 980 pesos impuesta a la compañía por comenzar a construir tanques de almacenamiento sin contar con el permiso de uso de suelo correspondiente. En esa etapa se dictaminó la factibilidad para cuatro tanques con capacidad conjunta de poco más de 38 millones de litros de combustible. 

Aceptación de donativo condicionado en Cabildo

Los integrantes del Ayuntamiento aceptaron en mayo de 2017 la donación de 1 millón de pesos por parte de la compañía Gas Natural del Noreste -entonces sancionada por la edificación de contenedores sin permisos-, recursos que fueron etiquetados por el pleno municipal para la adquisición de un camión recolector y compactador de basura para la Dirección de Servicios Municipales. 

Inauguración oficial de la planta de almacenamiento

En Diciembre de 2017, con la presencia del secretario de Energía, de gobierno federal, Pedro Joaquín Coldwell, el gobernador Miguel Márquez Márquez y el alcalde iturbidense, José César Rodríguez Zarazúa se inauguró el centro de almacenamiento de combustibles ubicado en el kilómetro 56 de la carretera federal 57 (La Fragua), operado por Gas Natural del Noreste en alianza con ExxonMobil y Grupo Gasolinero Orsan, contando con resoluciones de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y SEMARNAT. 

En febrero de 2018 se dio autorización para ampliación de capacidad a casi 100 millones de litros:
El Cabildo aprobó una nueva solicitud para incrementar la capacidad de almacenamiento de 240 mil a 615 mil barriles de combustible mediante la construcción de cinco tanques adicionales de 75 mil barriles cada uno, alcanzando un volumen total autorizado de 97.7 millones de litros de petrolíferos. 

Capacitaciones preventivas a cuerpos de rescate
Ante la operación de los tanques, en junio de 2018, la Dirección de Protección Civil Municipal y la empresa gestionaron talleres de actualización y manejo de emergencias por combustibles y gas LP dirigidos a Bomberos de San José de Iturbide, San Luis de la Paz, Noreste y Cruz Roja. 

Llegan los ferrotanques
En octubre de 2019, el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció la llegada de los primeros ferro-tanques con combustible importado de la petrolera Shell a la terminal de almacenamiento del municipio.

Organización comunitaria y mesa de diálogo en La Fragua
En febrero de 2019, pobladores de la comunidad de La Fragua conformaron el Movimiento de Comunidades Unidas para manifestar su inquietud ante la expansión de los tanques, citando afectaciones a su vida cotidiana, riesgos para planteles educativos cercanos, generación de olores y restricciones a sus festividades tradicionales, estableciendo mesas de diálogo con la empresa para frenar la compra no consensuada de predios.

Es así que el Gobierno Municipal de San José de Iturbide actual reitera su disposición absoluta para colaborar con las autoridades federales y estatales en las diligencias que correspondan, buscando evitar actos de corrupción que puedan afectar las comunidades iturbidenses. Asimismo, invita a la población a utilizar los canales de denuncia anónima al 089 y la línea de emergencias 9-1-1 para reportar cualquier actividad irregular que ponga en riesgo la integridad de nuestras comunidades. #MetroNewsMx


Equipo Metro News San José de Iturbide

-Histórico megadecomiso de 59 millones de litros de huachicol en San José Iturbide, Guanajuato, por fuerzas federales.
-El golpe al huachicol se ejecutó mediante cateo en la comunidad La Fragua, con participación de la FGR y corporaciones.
-Este aseguramiento pulveriza récords previos de la administración, superando los 15.4 millones de litros hallados en Coahuila.
-Especialistas advierten que el predio operaba como un nodo logístico de distribución masiva del crimen organizado.
-Entre enero de 2025 y mayo de 2026, Guanajuato suma un récord de 2.5 millones de litros de combustible asegurados
-Villagrán encabeza la incidencia municipal de huachicol en Guanajuato con más de 808 mil litros recuperados en 13 operativos.
-Criminales utilizaban válvulas de alta presión y mangueras de 500 metros para robar combustible sin alertar a Pemex.
-Carlos Navarrete reveló que recursos del huachicol financiaron campañas políticas de Morena en Celaya en el año 2021
-Navarrete advierte que EE. UU. prepara un golpe por el trasiego multinacional de huachicol valuado en 7 mil millones de dólares.
-Reportaron hace meses la desaparición de 80 millones de barriles mientras el gobierno se niega a rendir cuentas.

SAN JOSÉ DE ITURBIDE, GTO.- En un operativo conjunto y de proporciones históricas para la seguridad del estado y del país, fuerzas federales y estatales llevaron a cabo un megadecomiso de aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo ilícito (huachicol) en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato.

La intervención representa uno de los golpes más contundentes contra la infraestructura financiera y logística del robo de combustibles en la historia reciente de México.

Un despliegue coordinado en la comunidad de La Fragua

De acuerdo con la información dada a conocer este 17 de septiembre de 2026 por el titular de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, el operativo se derivó de trabajos de inteligencia e investigación ministerial que permitieron ubicar un centro masivo de almacenamiento clandestino.

El despliegue táctico se ejecutó mediante una orden de cateo obsequiada por un juez federal, interviniendo un predio localizado en la comunidad La Fragua. En el sitio participaron de manera coordinada elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), fuerzas federales y corporaciones estatales.

Durante la inspección del inmueble, las autoridades aseguraron:

-Aproximadamente 59 millones de litros de presunto combustible (incluyendo indicios de gasolina Magna, Premium y diésel).
-10 tanques de almacenamiento de gran capacidad.
-3 unidades de carga pesada (entre ellas, pipas y vehículos acondicionados para el trasiego).
-Diversos contenedores y documentación clave que ya forma parte de las investigaciones ministeriales para dar con los responsables.

Una magnitud sin precedentes en la actual administración

Por su volumen, el aseguramiento en San José Iturbide pulveriza las cifras habituales de decomisos terrestres registrados en el país. Para dimensionar el tamaño de la operación, este volumen supera ampliamente los registros previos de la actual administración federal —como el histórico caso de julio de 2025 en Coahuila, donde se aseguraron 15.4 millones de litros—, convirtiéndose en el hallazgo más grande de almacenamiento ilegal de hidrocarburos reportado en el estado de Guanajuato.

Especialistas en seguridad apuntan a que esta red clandestina no solo operaba como un punto de acopio regional, sino como un nodo logístico de distribución masiva vinculado a estructuras del crimen organizado dedicadas al robo de combustible a gran escala.

Protocolos de seguridad y siguientes pasos legales

Debido a la extrema peligrosidad que representa manejar y confinar decenas de millones de litros de combustible en un solo punto, las autoridades activaron protocolos de emergencia y peritaje especializado.

-Peritajes técnicos: Personal técnico especializado de la FGR realiza minuciosas maniobras de medición y muestreo para dictaminar con exactitud la naturaleza, calidad y procedencia legal exacta del producto.
-Mitigación de riesgos: El secretario Juan Mauro González destacó que neutralizar este centro de almacenamiento elimina un factor crítico de riesgo latente para las comunidades vecinas, previniendo posibles incendios, fugas masivas o catástrofes ambientales en la región del Bajío.
-Investigación abierta: Las indagatorias continúan para cumplimentar órdenes de aprehensión y fincar responsabilidades penales contra quienes resulten implicados en la red de operaciones ilícitas.

Ante la magnitud del golpe al mercado negro de combustibles, el gobierno estatal reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar mediante la denuncia anónima a través de la línea 089, recordando que cualquier información sobre almacenamiento, transporte o extracción irregular de hidrocarburos es vital para salvaguardar la paz en la entidad.

El incremento de detenciones y aseguramientos por huachicol en las carreteras del Bajío

En mayo de 2026, Metro News dio a conocer el incremento de detenciones por huachicol en diversas partes del estado de Guanajuato, presentándose el bajío como el sitio de mayor cantidad de detenciones, sobresaliendo Villagrán. (https://www.metronewsmx.com/2026/05/visible-auge-del-mercado-negro-de.html )

Un despliegue sin precedentes por parte de la Secretaría de Seguridad y Paz Pública del Estado de Guanajuato, en estrecha coordinación con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General de la República (FGR), ha desmantelado una de las redes más complejas de sustracción, almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos en el país. El recuento de los operativos ejecutados entre el 20 de enero de 2025 y el 28 de mayo de 2026 revela una cifra sin precedentes históricos para la entidad: el aseguramiento total de 2,567,700 litros de combustible, el desmantelamiento de múltiples centros de almacenamiento clandestino (bodegas de acopio) y la clausura de tomas clandestinas herméticas en los ductos prioritarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que cruzan la región de la Laja-Bajío.

A lo largo de este periodo, la estrategia de seguridad estatal ha transitado desde patrullajes disuasorios en tramos carreteros federales hasta operaciones quirúrgicas de inteligencia criminal, incluyendo la ejecución de órdenes de cateo judicial en propiedades urbanas y rurales. El volumen total asegurado equivale a más de 75 autotanques de alta capacidad llenos de combustible robado, lo que representa un golpe financiero de decenas de millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada que operan en los corredores industriales de la entidad. Las acciones se han concentrado principalmente en las inmediaciones de los ductos subterráneos de la refinería Antonio M. Amor de Salamanca, evidenciando una movilización coordinada de las células mixtas para neutralizar el mercado negro de energéticos.

La cronología de los eventos documenta cómo la infraestructura delictiva utilizaba desde predios particulares y bodegas camufladas en zonas habitacionales hasta estaciones de servicio formales para lavar el producto ilícito. Entre los decomisos más significativos destaca el ejecutado el 19 de octubre de 2025 en el municipio de Villagrán, considerado por las autoridades como el mayor aseguramiento de hidrocarburos registrado en un solo evento en la historia reciente del estado, donde se incautaron aproximadamente 350,000 litros en un solo complejo logístico ilegal. A esto se suman operativos de gran escala en tramos carreteros, como el registrado el 7 de marzo de 2025 en la región norte (Ocampo), donde el Operativo Blindaje interceptó tres tractocamiones que transportaban 197,000 litros de procedencia ilícita, lo que demuestra que Guanajuato funciona tanto como centro de extracción masiva como ruta de tránsito interestatal para el mercado negro de combustibles.---

Radiografía del Operativo Especial: Decomisos por municipio, infraestructura tecnológica clave y rutas de distribución detectadas

El análisis detallado de los 52 eventos reportados de manera oficial permite construir la base de datos de la geografía del hidrocarburo ilegal en el territorio guanajuatense. La distribución por municipios involucrados arroja una disparidad marcada, donde una terna de demarcaciones concentra la gran mayoría del volumen incautado. El orden decreciente de afectación y recuperación por volumen de litros es el siguiente:

01. Villagrán: 808,000 litros (13 incidentes masivos)
02. Celaya: 363,000 litros (9 incidentes registrados)
03. Ocampo: 197,000 litros (1 operativo de gran escala en tránsito)
04. Apaseo el Grande: 162,000 litros (3 incidentes de alto volumen)
05. León: 105,000 litros (2 operativos, incluyendo el aseguramiento de una estación de servicio formal)
06. Cortazar: 75,000 litros (3 tomas clandestinas y bodegas intervenidas)
07. Salamanca: 61,000 litros (2 operativos en ductos y carreteras federales)
08. Santa Cruz de Juventino Rosas: 55,200 litros (4 puntos de resguardo e interceptaciones)
09. Silao: 25,000 litros (2 cateos en fincas rurales con almacenamiento)
10. Pénjamo: 19,000 litros (1 decomiso con persona detenida)
11. Abasolo: 12,000 litros (1 toma activa localizada por denuncia ciudadana)

Una porción de 685,500 litros adicionales corresponde a operativos clasificados bajo la denominación de "Región Laja-Bajío" o "Carreteras Estatales/Federales de la Zona Centro" en los cuales participaron células mixtas y la Policía Estatal de Caminos.

El modus operandi criminal identificado en los expedientes de la Secretaría de Seguridad y Paz presenta una notable evolución técnica. Ya no se trata únicamente de perforaciones rudimentarias en los ductos; las células delictivas emplean tecnología de válvulas de alta presión de corte hermético que permiten extraer miles de litros por hora sin generar caídas drásticas de presión en el sistema de monitoreo central de Pemex. Estas tomas clandestinas eran conectadas mediante mangueras de alta resistencia de más de 500 metros de longitud que cruzaban parcelas agrícolas hasta llegar a bodegas techadas o centros de almacenamiento intermedio. En estos lugares, la mercancía era transferida a contenedores de 1,000 litros o directamente a autotanques -pipas- provistos de bombas despachadoras mecánicas y sistemas de filtrado.

Las rutas de distribución terrestre aprovechan la interconexión de la carretera federal 45 -corredor industrial- y los libramientos hacia los límites con Querétaro y Michoacán. Los decomisos efectuados por la Policía Estatal de Caminos ponen de relieve que las pipas operaban con documentación apócrifa o alterada -remisiones de transporte de refinados falsificadas- para simular la legalidad del traslado durante las horas de la madrugada y las primeras horas de la mañana, utilizando vehículos de carga pesada como camiones tipo volteo o cajas secas para ocultar los contenedores plásticos en su interior y evitar ser detectados por las cámaras de videovigilancia de los arcos carreteros del Sistema C5i.

Guanajuato, Morena y el huachicol: Navarrete

En junio del presente año, el exsenador Carlos Navarrete fue entrevistado por Aristegui Noticias en donde plasmó la realidad como en Celaya hubo recursos a pasto para las campañas políticas. (https://www.metronewsmx.com/2026/07/carlos-navarrete-exhibio-en-aristegui.html )

En una síntesis, las declaraciones de Navarrete precisaron aspectos como:
-En Celaya, "observé el derroche que había y conozco los personajes locales vinculados a este trasiego de recursos y la relación con Mario Delgado como presidente nacional de Morena y la vinculación con personajes que ahora están en la mira de la investigación norteamericana"
-Carlos Navarrete revelaría: ¿Mario Delgado, actual titular de la SEP, habría operado el financiamiento ilícito en campañas de 2021 en Guanajuato?
-"Presidencia bicéfala”: Navarrete compara el gobierno de Sheinbaum con el Maximato; asegura que el expresidente la frena.
-EE. UU. perfila golpe al gobierno de Sheinbaum: Navarrete advierte que trasiego de huachicol detonará crisis inevitable.
-Escándalo en Pemex: Desaparecen 80 millones de barriles. Gobierno se niega a rendir cuentas ante cifras oficiales de desfalco.
-Navarrete acusa un “pacto de impunidad” en Morena: Protegen a operadores clave pese a señalamientos directos de Estados Unidos.
-El huachicol, un negocio multinacional: Cartel Jalisco y funcionarios involucrados en trasiego de 7,000 mdd, revela el Tesoro.
-¿Señales de intervención? Navarrete no descarta extracciones forzadas de personajes ligados al narco por parte de agencias de EE. UU.
-La 4T, atrapada: Navarrete afirma que funcionarios y legisladores viven bajo una “psicosis” ante el alud de información de EE. UU.
-AMLO cruzó la “línea maldita”: Según Navarrete, el expresidente permitió el saqueo de Pemex a cambio de impunidad política.
-Sheinbaum, rehén de su gabinete: La presidenta no logra romper con los operadores de la corrupción heredada por López Obrador. #MetroNewsMx

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