Redacción
-Alcalde de Comonfort cede ante presión de vecinos de San Agustín: desisten de juicio por pozo y acuerdan restituir delegación
-Diálogo bajo tensión en Comonfort: la pugna entre la autonomía indígena de San Agustín y el presupuesto municipal
-Vecinos de San Agustín exigen frenar juicio de usucapión impulsado por el Gobierno de Comonfort sobre el predio del pozo.
-El alcalde Gilberto Zárate niega intenciones de quitar el pozo y promete desistirse del proceso legal contra la comunidad.
-La comunidad de San Agustín pide validar la revocación de su delegado y convocar a asamblea bajo su autonomía indígena.
-Municipio argumenta que el juicio buscaba certeza legal para construir una techumbre en la cancha local; la obra se cancela.
-Comonfort destinará aportación complementaria superior al 50% para obras de drenaje en la calle Jiménez con fondos del INPI.
-Pobladores expresan desconfianza por antecedentes como la escrituración municipal de la Unidad de Rehabilitación en 1997.
-Alcalde promete patrullajes inmediatos tras denuncias por consumo de sustancias e inseguridad en accesos a las escuelas.
COMONFORT, GTO.- En un encuentro caracterizado por la exigencia ciudadana de transparencia y el reclamo de autonomía comunitaria, el presidente municipal de Comonfort, Gilberto Zárate Nieves, junto a la síndica Diana Arellano Díaz, sostuvieron una reunión con una comitiva de pobladores de la comunidad indígena de San Agustín y del comité local de agua potable. La mesa de diálogo, motivada por la inconformidad social que generó el inicio de un juicio de usucapión promovido por el Ayuntamiento sobre el predio donde se ubica el pozo de la localidad, concluyó con el compromiso formal del Gobierno Municipal de desistirse del proceso legal y dar cauce a la renovación de la delegación municipal.
Reclamos centrales: De la titularidad del pozo a la autonomía indígena
Durante la apertura de la sesión, la representación vecinal expuso con firmeza dos peticiones prioritarias:
-Cancelación del juicio de prescripción positiva: La comunidad denunció la falta de notificación previa respecto al recurso legal iniciado por el Municipio para adjudicarse el terreno del pozo de agua potable. Los representantes enfatizaron que dichos bienes son del dominio de la comunidad y solicitaron la cancelación inmediata de las acciones legales.
-Reconocimiento de la revocación delegacional: Ambas partes abordaron la figura del delegado saliente. La representación de San Agustín argumentó que, con base en su libre autonomía y determinación como pueblo indígena, la asamblea decidió revocar el mandato del representante previo, requiriendo al Ayuntamiento limitarse a recibir el aviso formal sin interferir en la decisión comunitaria.
A la par, los ciudadanos reprocharon que la notificación judicial fuera el único canal por el cual se enteraron de las intenciones municipales, argumentando que el Ayuntamiento actuó a sus espaldas sin realizar una consulta pública previa.
La postura del Ayuntamiento: Certeza para la obra pública vs. desinformación
En respuesta a los planteamientos, el alcalde Gilberto Zárate Nieves rechazó que la administración pretenda apoderarse del pozo o despojar a la comunidad del recurso hídrico, calificando dichas versiones como infundadas o fruto de la desinformación. De acuerdo con el edil, el procedimiento judicial respondía únicamente al requisito legal de dotar de certeza jurídica al suelo para poder destinar recursos públicos a la construcción de una techumbre para la cancha local, obra que habría sido gestionada directamente por el delegado saliente.
Zárate Nieves indicó que, ante el rechazo expreso del pueblo, la obra quedará cancelada y aceptó formalizar el desistimiento del juicio. En cuanto a la sustitución delegacional, las autoridades municipales explicaron que esperarán a que el exdelegado acuda ante la Secretaría del Ayuntamiento para ratificar la renuncia manifestada previamente ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. Posteriormente, la Coordinación de Delegados acompañará la convocatoria a una nueva asamblea pública para que la comunidad elija a su representante, quien será ratificado legalmente por el Municipio.
Por su parte, la síndica municipal, Diana Arellano Díaz, confirmó que se instruirá a la Dirección Jurídica para tramitar el desistimiento legal y acordó asentar los compromisos en una minuta firmada por el alcalde, funcionarios y la comitiva.
Presupuesto indígena e infraestructura: El trasfondo financiero
Durante el intercambio, la síndica y el alcalde abordaron la asignación de recursos destinados a los pueblos originarios. Las autoridades expusieron que el Municipio aporta un 50% adicional a los fondos federales otorgados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a través del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROINPI).
Para el caso específico de San Agustín, el presidente municipal aseveró que el Municipio aportará más del 50% complementario para la ejecución del proyecto anual, estimado tentativamente en un monto federal de 181,000 pesos y una aportación municipal superior a los 91,000 pesos. No obstante, surgieron discrepancias menores respecto a las cifras exactas aportadas en mesas previas, comprometiéndose la autoridad a revisar los expedientes. El proyecto acordado por la comunidad para este ejercicio consistirá en obras de drenaje en la calle Jiménez, paso previo a la pavimentación proyectada con el recurso federal.
Regularización de predios históricos y vacíos de información
El debate se profundizó al abordar el antecedente de otros espacios comunitarios. Miembros de la comitiva recordaron que situaciones similares han derivado en la pérdida de la propiedad comunitaria sobre ciertos predios, citando como ejemplo el terreno donde opera la Unidad de Rehabilitación del DIF (inaugurado durante la administración de Alberto "Beto" Méndez en 1997 con un presupuesto documentado de 215,000 pesos). Los ciudadanos señalaron que dicho espacio fue escriturado a favor del Municipio sin el consentimiento de la población.
Sobre este punto, la síndica Arellano Díaz solicitó un margen de tiempo para que la Secretaría del Ayuntamiento, a través del archivo e historiador municipal, revise las actas de cabildo de administraciones anteriores para clarificar la situación jurídica de la unidad de rehabilitación, pidiendo a los vecinos ponderar el servicio social y de salud que este centro brinda a la población.
Demandas de servicios básicos, seguridad y obras inconclusas
Durante la reunión, los habitantes de San Agustín presentaron una agenda detallada de carencias que afectan la cotidianeidad del sector:
-Inseguridad y consumo de sustancias: Vecinos reportaron la presencia constante de jóvenes consumiendo drogas y alcohol en puntos críticos como el callejón de la calle 5 de Febrero, la intersección con 16 de Septiembre, la zona de las vías del tren (antiguas Villas de Chamacuero) y el puente peatonal de La Torrecita. Señalaron que el entorno resulta peligroso para estudiantes que transitan hacia los centros educativos e iglesias, y denunciaron inacción por parte de los patrullajes e incluso presencia pasiva de elementos de la Guardia Nacional. El alcalde se comprometió a enviar supervisión policial a las zonas señaladas desde el mismo día.
-Infraestructura vial y hundimientos: Se solicitó la atención prioritaria del deterioro en el camino de Guadalupe a Soria, el camino Real, el tramo Neutla-Delgado y la carretera a Escobedo, así como la reparación de dos hundimientos o socavones de consideración ubicados a los costados de la entrada por el bordo de la mezquitera y las vías del Ferrocarril. Ante estas peticiones, Zárate Nieves argumentó que la zona federal ferroviaria no permite la intervención directa del Municipio sin gestión previa, y que la obra de la carretera a Escobedo se encuentra pausada debido al proyecto federal del tren de pasajeros, cuyo tránsito pesado destruirá la cinta asfáltica actual.
Justificación gubernamental: Obras fortuitas y la descarga de drenaje
El presidente municipal expuso ante los asistentes las limitaciones presupuestales del Ayuntamiento, atribuyendo la falta de obra física en algunas localidades a la atención de "obras fortuitas" colapsos imprevistos de redes de drenaje y agua potable que comprometen la salud pública y absorben el presupuesto operativo. Ejemplificó esta problemática con intervenciones urgentes realizadas en la zona centro de Comonfort, la colonia Magisterial, Ranchito de Soria, la colonia Héroe de Nacozari y la calle José María Morelos en Escobedo, sumando un gasto contingente superior a los 10 millones de pesos.
Finalmente, el comité local de agua abordó la controversia sobre la descarga de drenaje proveniente de la comunidad de Las Tropas y San Isidro La Luna, cuya corriente afecta a los vecinos aledaños al río por la emisión de malos olores. La autoridad municipal justificó la infraestructura implementada bajo el principio del "bien mayor", argumentando que se resolvió una problemática de insalubridad que afectaba a cientos de familias en la carretera, aunque reconoció que se busca coordinar con la iniciativa privada para el tratamiento y reciclaje de dichas aguas residenciales.
El encuentro concluyó con la determinación de redactar y enviar la minuta formal de desistimiento para la firma del presidente municipal, la síndica y los representantes de San Agustín. La autoridad municipal instó a la ciudadanía a formalizar todas las solicitudes de obra e infraestructura mediante escritos formalmente ingresados en ventanilla para justificar legalmente la apertura de expedientes técnicos, mientras que la comunidad reafirmó que se mantendrá al pendiente del cumplimiento estricto de los acuerdos firmados. #MetroNewsMx
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