Redacción
- Ocultaron el ciberacoso de TikTok a los padres de la víctima y solo citaron al papá de la alumna agresora para borrar la cuenta.
-Despidieron al profesor de grupo como chivo expiatorio para simular que resolvieron el caso y lavarse las manos ante la SEG.
-La directora admitió tener los videos con insultos hacia la menor, pero mintió diciendo que no recordaba qué decían.
-Redujeron el tocamiento íntimo a una niña de 6 años a un simple pleito escolar, preguntando a los niños «qué problemas tenían».
-Encubrieron el hecho debido a que los padres del niño también eran maestros dentro del sistema.
-Trataron a la niña víctima de 6 años como si fuera una mentirosa para justificar y minimizar el hecho.
Luego de que se diera a conocer el caso de agresión a un alumno de un plantel privado (https://www.metronewsmx.com/2026/07/escuela-privada-en-celaya-alumno-de.html ) y fuera denunciado en la SEG por los padres de familia, (https://www.metronewsmx.com/2026/07/presentan-denuncian-formal-ante-la-seg.html ); ahora y en el mismo plantel, se reportaron dos casos más y dos nuevas denuncias ante la Delegación regional de Educación V. La falta de protocolos, la omisión directiva y el encubrimiento deliberado han dejado al descubierto una grave crisis institucional tras la denuncia pública y legal presentada por una madre de familia. Sus dos hijas, de distintas edades, fueron víctimas de hechos deplorables dentro de un mismo centro educativo: una sufrió ciberacoso con amenazas e insultos explícitos a través de redes sociales, y la otra fue víctima de un tocamiento indebido en su zona genital por parte de un compañero. Ante la indiferencia y las presuntas irregularidades del personal administrativo, la madre formalizó dos denuncias independientes ante las autoridades educativas correspondientes.
En base al testimonio entregado a la redacción de Metro News, pidiéndose por parte de los afectados guardar el debido anonimato a fin de no afectar las investigaciones y cumplimentar las normas respectivas de protección a menores, se plasman dos casos más de irregularidades.
Caso 1: Ciberbullying, agresiones explícitas y la expulsión del maestro como «chivo expiatorio»
El primer caso involucra a la hija mayor, estudiante de cuarto grado de primaria. De acuerdo con el testimonio de la madre, la menor comenzó a registrar un patrón sistemático de exclusión y agresiones verbales por parte de una compañera desde inicios del ciclo escolar. Aunque en un principio la familia intentó manejar la situación con orientación conductual en el hogar al considerarlo un conflicto menor, la agresión escaló de manera alarmante.
A principios de julio, la niña regresó a su domicilio en estado de shock tras ser alertada por una tercera compañera sobre la existencia de contenidos audiovisuales difundidos en la red social TikTok. En dichos videos, la agresora dirigió insultos explícitos, palabras denigrantes y deseos de que le sucedieran «cosas malas» a la menor.
Al solicitar explicaciones al personal del plantel, el profesor de grupo confirmó la existencia de los videos y el calibre de las agresiones. Sin embargo, la dirección escolar optó por un manejo opaco e unilateral:
-Falta de notificación a los afectados: La directiva citó únicamente al padre de la menor agresora para indicarle que borrara la cuenta de redes sociales y retirara a la niña del plantel, sin notificar jamás a los padres de la víctima sobre el riesgo y la naturaleza del acoso.
-Falta de transparencia: Al confrontar a la dirección general para exigir la baja de sus hijas, la madre descubrió que la institución tenía en su poder los videos, los cuales la propia directiva afirmó «no recordar» al ser cuestionada sobre su contenido explícito.
-Despido injustificado: Tras trascender de forma extraoficial que la estudiante agresora presentaba cuadros severos de vulnerabilidad emocional que la escuela buscó ocultar para evitar un incidente interno, la directiva optó por despedir al maestro de grupo. La madre calificó esta acción como la creación de un «chivo expiatorio» para simular ante las autoridades inspectoras que el problema había sido resuelto.
Caso 2: Tocamiento indebido a menor de 6 años y la protección por nexos con el personal
El segundo caso afecta a la hija menor, de tan solo 6 años de edad. A mediados de marzo, mientras realizaba sus tareas escolares en el hogar, la menor relató de manera directa a su madre que un compañero de clase se le acercó en el aula y le tocó la vagina con la mano mientras ella se encontraba sentada en su mesabanco.
La madre, profesional de la salud y orientada por asistencia psicológica, abordó de inmediato el hecho con la menor y procedió a reportarlo a la docente a cargo. La respuesta institucional se caracterizó por la minimización del evento y el incumplimiento de las normativas básicas de protección a la infancia:
-Indagatoria inadecuada: En lugar de aplicar un protocolo especializado para presuntas agresiones sexuales, la docente encaró a ambos menores de 6 años preguntándoles «qué problemas tenían», reduciendo una posible agresión a discusiones infantiles cotidianas sobre sacarse la lengua o picarse con lápices.
-Inexistencia de una mediación válida: La escuela dio por «resuelto» el caso mediante pláticas individuales y no permitió un careo ni una reunión formal transparente entre las partes para abordar la agresión.
-Protección y encubrimiento por parentesco: Se reveló que los padres del niño agresor ejercen como docentes dentro del sistema educativo. Según el relato manifestado por la propia maestra a la madre afectada, la principal preocupación manifestada por los padres del menor era evitar que el hecho se divulgara en el salón para que no tacharan a su hijo de «toca vaginas».
-Revictimización: En lugar de garantizar un entorno seguro para la víctima, la postura vertida desde la familia del menor y respaldada por la omisión escolar fue señalar a la niña de 6 años como «mentirosa», buscando justificar y respaldar la conducta del niño por encima del testimonio de la menor afectada.
Falta de protocolos y acciones legales
Ambos casos ponen en evidencia una profunda ausencia de protocolos de actuación ante el acoso escolar digital y ante presuntas conductas de violencia sexual infantil. Para la familia, la actuación del centro educativo respondió a un interés de corte mercantil, enfocado en proteger la reputación e ingresos del plantel mediante el despido de docentes y el encubrimiento de faltas graves, en lugar de velar por el bienestar socioemocional y la seguridad de sus estudiantes.
Ante la falta de soluciones éticas y el riesgo al que fueron expuestas las menores, la madre procedió con la baja definitiva de ambas alumnas y formalizó dos denuncias independientes ante las autoridades de la Secretaría de Educación correspondientes, exigiendo que se investiguen las omisiones directivas, las responsabilidades administrativas del plantel y la protección indebida a los involucrados.
La cueva del silencio: Anatomía de la descomposición institucional en un colegio privado de Celaya
Tres casos graves de irregularidades escolares destapadas en menos de un mes —una agresión física contra un alumno, un caso de ciberacoso y amenazas mediante redes sociales, y tocamiento indebido a una niña de tan solo seis años— colocan en el centro del debate público a una institución educativa privada en Celaya. Lo que a simple vista podría catalogarse como incidentes aislados de violencia entre estudiantes, revela en un análisis más profundo una patología institucional sistémica: la metamorfosis de un centro de enseñanza en una estructura volcada hacia la autoprotección corporativa, el encubrimiento y la simulación.
El patrón de actuación expuesto por las familias agraviadas y documentado en las denuncias formales ante la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) permite deducir y analizar la grave crisis interna que atraviesa este plantel.
El modelo de negocio por encima de la integridad de la infancia
Cuando una escuela privada opera bajo la premisa de que la reputación comercial es el activo más valioso a proteger, los valores pedagógicos y los derechos de los niños quedan subordinados al control de daños.
En los tres casos conocidos se repite la misma tónica: la ocultación deliberada de las agresiones hacia los padres de las víctimas. Al ocultar a los tutores que sus hijos sufren golpizas, difamación digital o tocamientos indebidos, el plantel no busca resolver el conflicto, sino encapsularlo para evitar que trascienda y afecte la matrícula escolar. La administración parece concebir la salida de las familias afectadas no como un fracaso formativo, sino como un «alivio operativo»: si la víctima se va, el problema deja de existir.
Redes de complicidad y favoritismo: La impartición de justicia asimétrica
El análisis del caso del tocamiento indebido a la menor de seis años deja al descubierto un factor crítico dentro de la cultura organizacional de la escuela: el amiguismo y la protección por nexos de gremio.
Al tratarse de un menor cuyos padres pertenecen al sistema educativo, la balanza de la equidad no se inclinó de inmediato a favor de la menor. Las preocupaciones transmitidas a la madre de la víctima no se centraron en la salud emocional y la seguridad de la niña, sino en «cuidar la imagen» de la familia para evitar estigmas. Esta inversión de roles —donde se protege la reputación del señalado y se revictimiza a la niña calificándola implícitamente de «mentirosa»— demuestra que dentro de las aulas no existe un criterio neutral, sino una red de influencias que dicta qué casos se investigan y cuáles se minimizan.
La fabricación de «chivos expiatorios» y el desmantelamiento de la docencia
La respuesta del colegio ante la crisis de ciberacoso en TikTok refleja un método de deslinde punitivo e irresponsable. En lugar de asumir la falla institucional y activar protocolos de intervención psicopedagógica para la alumna emisora y de protección para la víctima, la directiva optó por cortar el hilo por lo más delgado: el despido del docente de grupo.
El despido del maestro cumple una doble función táctica para la dirección:
-Simulación institucional: Presentar ante las autoridades de supervisión de la SEG una acción drástica para aparentar que «se tomaron cartas en el asunto».
-Evasión de responsabilidad directiva: Trasladar la culpa del manejo del protocolo al personal docente de aula, a pesar de que la propia dirección general tenía pleno conocimiento de los contenidos digitales, mantuvo reuniones unilaterales con los padres de la agresora y decidió omitir la notificación a la familia de la menor acosada.
La inexistencia absoluta de protocolos y el llamado urgente a la SEG
La acumulación de tres denuncias en menos de 30 días no es casualidad; es la consecuencia natural de la anarquía procedimental. El plantel carece —o ignora deliberadamente— de los protocolos marco para la prevención, detección y actuación ante el acoso escolar, el ciberacoso y la violencia sexual infantil establecidos por la normativa educativa.
Entrevistar a dos menores de seis años tras una acusación de tocamiento íntimo preguntándoles de manera superficial «qué problemas tienen» para equiparar la agresión con un juego con lápices o avioncitos de papel no es solo una incompetencia pedagógica: es una negligencia institucional que pone en riesgo la integridad física y mental de todo el alumnado.
La Delegación Regional V de la Secretaría de Educación de Guanajuato no puede limitarse a la recepción burocrática de folios. Ante la evidencia de un patrón sistemático de omisión, encubrimiento, manipulación de hechos y persecución del personal docente que reporta o queda atrapado en el conflicto, la autoridad educativa estatal está obligada a realizar una auditoría integral y aplicar las sanciones administrativas correspondientes.
Las aulas privadas no pueden funcionar como feudos al margen de la ley. La seguridad de la infancia en Celaya no puede seguir supeditada al silencio de directivas más preocupadas por la cobranza mensual que por la protección de sus estudiantes. #MetroNewsMx
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