Redacción Editorial/Equipo Metro News San José de Iturbide
-El municipio emitió un boletín donde se narra una historia de situaciones que involucran a exalcaldes de este municipio y el manejo opaco, al margen de la ley para reacomodar permisos y la violación de la ley
-De hecho, la obra inició sin permisos de construcción y fueron multados; extraoficialmente, Cindy Arvizu habría aprobados la expansión de las instalaciones
-Municipio de San José Iturbide respalda el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en La Fragua.
-Alcalde Edgar Montes reprocha que la planta operaba sin protocolos de protección civil, un riesgo latente.
-El gobierno municipal exige investigar y castigar cualquier acto de corrupción ligado a la instalación de la planta.
-Historial irregular: En 2017 la empresa fue multada por iniciar obras sin permisos antes de ampliar su capacidad.
-Pobladores de La Fragua crearon el Movimiento de Comunidades Unidas en 2019 ante los graves riesgos e invasiones.
SAN JOSÉ DE ITURBIDE.- La línea que separa el desarrollo industrial regulado del riesgo latente —y de las posibles redes de opacidad— suele ser peligrosamente delgada en el corredor del Bajío. El operativo implementado este día por la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, en estrecha coordinación con fuerzas federales, sobre la planta de almacenamiento de hidrocarburos en la comunidad La Fragua, no es un hecho aislado; es el punto de choque entre el pasado de omisiones burocráticas y la cruda realidad de un municipio que lleva años cargando con los riesgos de la infraestructura energética pesada.
El aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo, 10 tanques de gran capacidad y unidades de carga en un predio de esta magnitud obliga a hacer una pausa crítica y a revisar con lupa el historial administrativo que permitió la instalación de este complejo industrial.
De la alfombra roja al escrutinio de la autoridad
Resulta inevitable contrastar el despliegue táctico, los cateos y la presencia ministerial de hoy con las crónicas de diciembre de 2017, cuando el entonces gobernador Miguel Márquez Márquez, el secretario de Energía federal Pedro Joaquín Coldwell y el alcalde en turno, José César Rodríguez Zarazúa, inauguraban con bombo y platillo este mismo centro logístico. En aquel entonces, operado bajo alianzas corporativas de alto nivel (ExxonMobil, Orsan y Gas Natural del Noreste), se prometía modernidad, inversión y detonación económica.
Sin embargo, detrás de los discursos oficiales de la época, la realidad local era otra. El expediente de la planta exhibe una génesis accidentada: multas iniciales de más de 150 mil pesos en 2017 por comenzar a construir tanques de almacenamiento sin contar con los permisos de uso de suelo, seguidas de una vorágine de autorizaciones en cabildos sucesivos que elevaron la capacidad de almacenamiento autorizada a casi 100 millones de litros (97.7 millones) en febrero de 2018.
¿Cómo se gestó un crecimiento tan acelerado de infraestructura de alto riesgo en una zona rural? La respuesta parece diluirse en el tiempo entre donativos condicionados —como el famoso millón de pesos aceptado en 2017 para comprar un camión recolector de basura— y la venia sistemática de administraciones municipales que prefirieron apostar por la complacencia antes que por el ordenamiento territorial estricto.
El costo social: Comunidades ignoradas y protocolos inexistentes
Mientras los corporativos celebraban la llegada de ferrotanques con combustible importado en 2019, la sociedad civil organizada —a través del Movimiento de Comunidades Unidas en La Fragua— alzaba la voz para denunciar afectaciones a la vida cotidiana, riesgos inminentes para planteles escolares cercanos, olores penetrantes y la vulneración de sus tradiciones.
Las recientes declaraciones del actual alcalde, Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega, ponen el dedo en la llaga al reconocer una verdad que las administraciones pasadas intentaron minimizar: la empresa nunca contó con protocolos reales de protección civil ni de vinculación comunitaria. Las instalaciones industriales de esta envergadura son "peligrosas per se*, y dejar a los habitantes a merced de una contingencia sin planes de evacuación ni capacitación adecuada representa una irresponsabilidad institucional imperdonable.
El posicionamiento del gobierno municipal actual al respaldar las inspecciones actuales y exigir que cualquier acto de corrupción del pasado sea investigado y condenado, marca un contraste necesario, pero también deja una interrogante abierta: ¿cuántas otras instalaciones operan en el estado bajo la complacencia de permisos exprés y supervisiones laxas?
Hacia un replanteamiento de la seguridad y la legalidad energética
El operativo de este 17 de septiembre en San José Iturbide no debe verse únicamente como un golpe táctico contra el mercado negro de combustibles, sino como una llamada de atención estructural. La fiscalización exhaustiva que hoy realiza la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la procedencia, legalidad y volúmenes exactos del producto almacenado pondrá a prueba la solidez del sistema de procuración de justicia para distinguir entre la operación corporativa formal y los resquicios donde la ilegalidad y la simulación encuentran refugio.
La paz en Guanajuato no se construye únicamente con patrullajes carreteros o aseguramientos espectaculares, sino erradicando la impunidad corporativa y cerrándole el paso a la corrupción que permite que complejos de almacenamiento masivo operen de espaldas a la seguridad de sus comunidades.
Como bien señala el llamado del alcalde Montes de la Vega, la denuncia ciudadana y la vigilancia comunitaria son vitales, pero la carga principal recae en un Estado que debe garantizar que la infraestructura energética del país sirva para el desarrollo nacional, y no para convertir a los municipios en rehenes de riesgos industriales descontrolados.
Sobre si la pasada administración, que encabezó Cindy Arvizu, está involucrada en el tema, extraoficialmente trascendió que su administración otorgó permisos de ampliación.
El boletín emitido por el municipio de San José de Iturbide
-Refrenda Gobierno de San José de Iturbide compromiso con la legalidad, el orden y la seguridad tras operativo e inspección a planta de almacenamiento de combustible
-El alcalde Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega reiteró la importancia de la denuncia ciudadana, la transparencia operativa de las empresas y el estricto cumplimiento normativo para proteger a las familias iturbidenses.
-La administración municipal respalda las acciones coordinadas de la Secretaría de Seguridad y Paz Estatal y autoridades federales para garantizar la tranquilidad en el municipio.
-Ante la falta de protocolos de emergencia y vinculación comunitaria identificados previamente en la zona, el Gobierno Municipal mantendrá atención directa a la ciudadanía.
Respecto a las acciones ejecutadas el día de hoy por la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato en coordinación con autoridades federales -quienes llevaron a cabo un cateo e inspección en un inmueble de almacenamiento de combustible asegurando aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo, 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga y contenedores-, el Gobierno Municipal de San José de Iturbide expresa su total respaldo a las labores de fiscalización, combate a la irregularidad y construcción de paz de los tres órdenes de gobierno.
El Ministerio Público Federal continuará con las investigaciones y los dictámenes periciales correspondientes para determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto.
Postura municipal ante los antecedentes en la comunidad de La Fragua
En relación con el historial operativo y los antecedentes administrativos de la instalación ubicada en las inmediaciones de la comunidad de La Fragua -asentada previamente bajo esquemas de almacenamiento y distribución de petrolíferos-, el Gobierno Municipal aclara que el alcalde Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega ha mantenido un diagnóstico constante sobre las inquietudes legítimas manifestadas por la población.
En un recorrido y diálogo directo con los habitantes realizado en febrero pasado, el Presidente Municipal externó de manera tajante su preocupación por la falta de protocolos de protección civil e integración social por parte de la empresa:
"Lo que me mencionaron, que también me llamó mucho la atención, es que nunca ha habido un protocolo de atención en el caso de algún tipo de emergencia... Llegó la empresa y no solamente irrumpe con una nueva forma de aculturización, sino también los pone en una situación de emergencia", señaló en su momento el munícipe iturbidense.
El alcalde subrayó que las instalaciones industriales y de manejo de combustibles conllevan un riesgo inherente ("es peligroso per se") y reprochó que la empresa no contara con capacitaciones puntuales sobre cómo actuar ante un eventual accidente o contingencia, afectando incluso las dinámicas y tradiciones de la comunidad. Asimismo, se pronunció porque cualquier acto de corrupción que haya servido para la instalación irregular de cualquier empresa debe ser investigado y condenado puntualmente.
La denuncia y la colaboración como pilares de la paz
El Dr. Manuel Montes enfatizó que la tranquilidad y el bienestar del municipio exigen reglas claras, la presencia constante de la autoridad y una ciudadanía participativa:
"¿Qué es lo que hay que hacer? Estar unidos, estar observando y denunciar. Esto es muy importante, es un elemento para construir la paz. Mientras que la autoridad esté atenta, las cosas van a estar tranquilas... Por eso yo estoy atento, ando caminando las comunidades y recorriendo el municipio porque me quiero enterar realmente de qué es lo que está ocurriendo", aseveró el edil.
Historial periodístico y antecedentes documentados
Como parte de la transparencia informativa sobre el predio e instalaciones sujetas a inspección en la comunidad de La Fragua, se detalla la cronología de notas y acuerdos administrativos registrados precedentemente:
Durante el gobierno municipal de 2012-2015, encabezado por Filiberto López Plaza, se autorizó la instalación de la empresa SIM. Sin embargo, en el gobierno 2015-2018, específicamente en 2017 se recibió una multa municipal por iniciar obras sin permiso y primera autorización de factibilidad:
El Ayuntamiento, encabezado por César Rodríguez Zarazúa, autorizó el cambio de propietario a favor de la empresa Gas Natural del Noroeste y la ampliación de uso de suelo a Terminal de Almacenamiento y Suministro de Petrolíferos. Se documentó una multa de 150 mil 980 pesos impuesta a la compañía por comenzar a construir tanques de almacenamiento sin contar con el permiso de uso de suelo correspondiente. En esa etapa se dictaminó la factibilidad para cuatro tanques con capacidad conjunta de poco más de 38 millones de litros de combustible.
Aceptación de donativo condicionado en Cabildo
Los integrantes del Ayuntamiento aceptaron en mayo de 2017 la donación de 1 millón de pesos por parte de la compañía Gas Natural del Noreste -entonces sancionada por la edificación de contenedores sin permisos-, recursos que fueron etiquetados por el pleno municipal para la adquisición de un camión recolector y compactador de basura para la Dirección de Servicios Municipales.
Inauguración oficial de la planta de almacenamiento
En Diciembre de 2017, con la presencia del secretario de Energía, de gobierno federal, Pedro Joaquín Coldwell, el gobernador Miguel Márquez Márquez y el alcalde iturbidense, José César Rodríguez Zarazúa se inauguró el centro de almacenamiento de combustibles ubicado en el kilómetro 56 de la carretera federal 57 (La Fragua), operado por Gas Natural del Noreste en alianza con ExxonMobil y Grupo Gasolinero Orsan, contando con resoluciones de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y SEMARNAT.
En febrero de 2018 se dio autorización para ampliación de capacidad a casi 100 millones de litros:
El Cabildo aprobó una nueva solicitud para incrementar la capacidad de almacenamiento de 240 mil a 615 mil barriles de combustible mediante la construcción de cinco tanques adicionales de 75 mil barriles cada uno, alcanzando un volumen total autorizado de 97.7 millones de litros de petrolíferos.
Capacitaciones preventivas a cuerpos de rescate
Ante la operación de los tanques, en junio de 2018, la Dirección de Protección Civil Municipal y la empresa gestionaron talleres de actualización y manejo de emergencias por combustibles y gas LP dirigidos a Bomberos de San José de Iturbide, San Luis de la Paz, Noreste y Cruz Roja.
Llegan los ferrotanques
En octubre de 2019, el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció la llegada de los primeros ferro-tanques con combustible importado de la petrolera Shell a la terminal de almacenamiento del municipio.
Organización comunitaria y mesa de diálogo en La Fragua
En febrero de 2019, pobladores de la comunidad de La Fragua conformaron el Movimiento de Comunidades Unidas para manifestar su inquietud ante la expansión de los tanques, citando afectaciones a su vida cotidiana, riesgos para planteles educativos cercanos, generación de olores y restricciones a sus festividades tradicionales, estableciendo mesas de diálogo con la empresa para frenar la compra no consensuada de predios.
Es así que el Gobierno Municipal de San José de Iturbide actual reitera su disposición absoluta para colaborar con las autoridades federales y estatales en las diligencias que correspondan, buscando evitar actos de corrupción que puedan afectar las comunidades iturbidenses. Asimismo, invita a la población a utilizar los canales de denuncia anónima al 089 y la línea de emergencias 9-1-1 para reportar cualquier actividad irregular que ponga en riesgo la integridad de nuestras comunidades. #MetroNewsMx
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