¿La presión industrial en La Fragua está generando expulsión de sus habitantes por asfixia o presión de entorno?
Equipo Metro News Mx
-Vecinos de La Fragua advierten un posible despoblamiento tras la venta del 10% de predios impulsada por la presión de su entorno.
-El fenómeno de presión de entorno provoca la devaluación y el aislamiento de los terrenos colindantes a la terminal de alto riesgo.
-Los habitantes de La Fragua se niegan a vender sus predios en defensa de su arraigo, historia centenaria y su patrimonio familiar.
-La venta de predios por parte de algunos particulares debilita severamente la solidaridad y resistencia colectiva de la comunidad.
-Vecinos exigen que las autoridades garanticen el cumplimiento de los reglamentos de protección civil y toda legalidad territorial.
-Una serie de hechos estarían violando los derechos humanos de los habitantes de La Fragua.
-La pregunta obligada: ¿Cuántas otras comunidades de San José de Iturbide y del estado de Guanajuato enfrentan la presión industrial que viola sus derechos más elementales?
SAN JOSÉ DE ITURBIDE.- Información periodística generada en 2021 y testimonios recabados entre vecinos de la comunidad de La Fragua apuntan a una preocupación constante: el temor de que las condiciones generadas en la zona fuercen la venta paulatina de predios, lo que —advierten los pobladores— podría derivar en el despoblamiento de esta comunidad con 100 años de existencia ante las denuncias sobre presuntas irregularidades en los permisos y normativas aplicables. Hasta el momento, según datos obtenidos en la localidad nacida en los años 30 del siglo XX, alrededor del 10% de los predios han sido vendidos.
Pablo Olvera, en 2021 delegado municipal de La Fragua, declaró al medio digital Libertad TV MX que "ésta es la decisión de ellos, es estar buscando cada quien en estos lugares distintos, distintos destinos. Hay unas personas que están pidiendo, más bien buscando ya terrenitos aquí para Santa Brígida, hay otras personas que tengo conocimiento que para acá para Pozo Blanco, pero son diferentes puntos a los que ellos están buscando cambiarse."
Este tipo de escenarios describe una práctica de presión corporativa conocida en el ámbito de desarrollo inmobiliario e industrial como expulsión por asfixia o presión de entorno.
En un análisis de dinámicas industriales, este proceso suele iniciar con una estrategia de devaluación fáctica. Desde una perspectiva mercantil, la instalación de una terminal de alto riesgo al lado de un asentamiento centenario genera un impacto inmediato: al volver la vida en La Fragua compleja, ruidosa y marcada por un factor de riesgo latente, el valor comercial y catastral de los terrenos colindantes se desploma.
Se genera así el aislamiento y el desgaste social. La presencia constante de un entorno de riesgo, la restricción de la tranquilidad comunitaria y el temor a una catástrofe crean un clima de zozobra donde algunos pobladores optan por ceder sus propiedades ante la imposibilidad de mantener un entorno seguro.
Se configura de este modo un escenario de presión industrial: un desplazamiento de facto por la vía de las condiciones del entorno, lo que limita la viabilidad de la vida comunitaria y permite modificar el uso del territorio original a costa del tejido social preexistente.
La dignidad comunitaria, el arraigo y la justicia social: la defensa de la historia de los habitantes de La Fragua
En la visión de la gente de la Sierra Gorda y los habitantes del noreste del estado de Guanajuato, primero está la dignidad del arraigo frente a la transacción económica. Desde una perspectiva humana y justa, la postura de los vecinos que se niegan a vender constituye una defensa legítima de su historia, de su patrimonio familiar y de su identidad de casi 100 años. Representa la resistencia de una comunidad que busca evitar la disolución de su tejido histórico frente a proyectos energéticos de alto impacto.
Es ahí donde resalta el valor incalculable de la tierra heredada. Para los habitantes, La Fragua no es solo un terreno comercializable; es el espacio donde crecieron generaciones, donde se encuentran sus raíces y sus escuelas. Ninguna contraprestación económica compensa la pérdida de la paz social y el derecho a vivir en un entorno seguro.
Se consolida entonces la resistencia como un acto de legalidad. Quienes se niegan a vender ejercen una defensa de la legalidad territorial; su persistencia frena el acaparamiento total de la zona y mantiene viva la exigencia de que la autoridad intervenga, demostrando que el territorio cuenta con una comunidad dispuesta a hacer valer sus derechos fundamentales frente a asimetrías de poder.
Mecanismos de afectación al tejido social en La Fragua
El hecho de que algunos particulares o intermediarios hayan decidido vender sus predios a sabiendas de que operaría una infraestructura de alto riesgo CRETIB (Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable) colindante con una zona habitacional rural y educativa refleja las profundas tensiones y dificultades económicas que fragmentan la solidaridad y el arraigo comunitario.
Quienes han optado por vender bajo estas circunstancias se convierten, voluntaria o indirectamente, en factores que modifican el equilibrio territorial, facilitando que se debilite la resistencia colectiva de una comunidad histórica.
En los asentamientos rurales, la estabilidad y la convivencia dependen de un pacto tácito de protección mutua. Cambiar el destino de estos predios prioriza transacciones individuales a corto plazo frente a la seguridad colectiva de las familias que optan por permanecer y resistir.
Ante este panorama, organizaciones y vecinos cuestionan la responsabilidad de las partes involucradas en la adquisición y operación de espacios para material peligroso junto a poblaciones escolares y habitacionales, insistiendo en la necesidad imperativa de que prevalezcan estrictamente los reglamentos de protección civil y el respeto a la legalidad territorial.
La posible violación de los Derechos Humanos de los habitantes de La Fragua
De acuerdo con el escenario descrito y los estándares nacionales e internacionales en la materia, la situación que enfrenta la comunidad de La Fragua sí constituye una amenaza y una posible violación a diversos derechos humanos de sus habitantes.
Entre algunos de dichos derechos estarían el derecho a un medio ambiente sano, a la salud y a la integridad física. La instalación de una terminal de materiales de alto riesgo (clasificación CRETIB: Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos e Inflamables) colindante con una zona habitacional y escolar vulnera directamente el derecho de los habitantes a vivir en un entorno seguro. La exposición a riesgos constantes, ruidos y contaminación genera un clima de zozobra que atenta contra la salud física y mental de las familias.
Otro derecho vulnerado sería el de la protección contra el desplazamiento forzado indirecto -la "expulsión por asfixia"-. Aunque formalmente algunos vecinos decidan vender sus predios, el derecho internacional reconoce que el desplazamiento no solo ocurre por la fuerza física directa, sino también mediante la creación deliberada o tolerada de condiciones de hostilidad, inseguridad y devaluación económica que vuelven insostenible la vida en el lugar. Esto obliga a las personas a abandonar su patrimonio en contra de su voluntad real.
La afectación a los derechos culturales, a la identidad y al arraigo. La Fragua es una comunidad con cerca de 100 años de historia. Los derechos culturales y colectivos protegen el tejido social, la memoria histórica y la identidad de los pueblos y comunidades rurales. Fragmentar este arraigo mediante la venta fraccionada y la disolución de la solidaridad comunitaria destruye un patrimonio inmaterial que no puede ser compensado únicamente con una transacción económica.
Otro de los importantes aspectos que estarían siendo vulnerados, es el derecho a la legalidad y a la debida diligencia del Estado. Si las autoridades permitieron el establecimiento de una planta de alto riesgo violando los reglamentos de protección civil, los usos de suelo o los estudios de impacto ambiental, el Estado estaría incurriendo en una omisión grave. Las instituciones tienen la obligación de proteger a la población frente a las asimetrías de poder entre grandes proyectos industriales y comunidades locales.
La resistencia de los vecinos que se niegan a vender no es solo una defensa de la propiedad privada, sino un ejercicio legítimo de defensa de sus derechos fundamentales ante un entorno que vulnera su dignidad comunitaria. #MetroNewsMx