Equipo Metro News Comonfort
Contraloría investiga a Liliana García a través de la carpeta IPRA D13/2026 por desvío de recursos y abuso de funciones en Comonfort.
-Denuncian a subdirectora de Turismo por deudas y favorecer a terceros con fondos públicos. García mandaría sobre su propio padre en Turismo, ejerciendo nepotismo y queriendo demostrar control absoluto en el municipio.
-Para evadir acusaciones de ausentismo laboral e irregularidades, la funcionaria invocaría la Ley Olimpia.
-Exigen auditar viajes de la subdirectora a España y Colombia para esclarecer el uso del presupuesto municipal.
-El alcalde Gilberto Zárate admitiría que no puede remover a la subdirectora porque lo tiene amenazado.
-Tras el escándalo de corrupción, la inversión de amigo de García Velázquez abandonaría Comonfort para irse a San Miguel de Allende.
-Pese a las denuncias por abuso de poder, Liliana García buscaría la candidatura a la alcaldía de Comonfort por Morena.
-Difunden encuesta electoral con un absurdo 116.1% de votos para inflar la popularidad de la subdirectora de Turismo.
-La subdirectora enfrentaría inhabilitación administrativa y hasta 8 años de cárcel.
COMONFORT, GTO.- La Contraloría Municipal de Comonfort ha iniciado formalmente un procedimiento de investigación administrativa en contra de la subdirectora de Turismo, Liliana García Velázquez, dando cauce a la denuncia presentada por la iniciativa privada local mediante el expediente registral y administrativo IPRA D13/2026.
A través del oficio oficial CON-2026-0541, fechado el 22 de septiembre de 2026 y firmado por la Contralora Municipal, Mtra. Sandra Vázquez Manríquez, el Órgano Interno de Control notificó a la parte denunciante que los hechos expuestos sobre probables faltas y omisiones en el ejercicio de la función pública fueron turnados a la autoridad investigadora. Esta instancia es la facultada por ley para desahogar las diligencias, requerir informes, recabar pruebas y determinar la calificación legal de las posibles faltas administrativas cometidas en la Dirección de Turismo.
La denuncia formal: Nepotismo, deudas y uso indebido del cargo público
El expediente surge a raíz de la denuncia interpuesta el 7 de agosto de 2026 por la MBA Ingrid Garcés de Isla, directora general del Hotel Boutique Tierra Madre —establecimiento que genera 30 empleos directos y 10 indirectos en el municipio—. En el documento entregado ante la Oficialía de Partes, la empresaria señala la presunta existencia de conflicto de interés, uso indebido del cargo público, abuso de funciones y la posible utilización de recursos y bienes del sector privado para cubrir la agenda e itinerarios oficiales del municipio.
De acuerdo con los testimonios y pruebas aportadas ante las autoridades y los medios de comunicación, Liliana García Velázquez ostenta el cargo de subdirectora de Turismo; sin embargo, en la práctica ejerce un mando operativo fáctico e integral sobre la dependencia. Esta situación desplaza la figura de la titularidad formal, la cual recae en su propio padre, Raúl García, configurando un escenario de nepotismo dentro de la administración pública municipal.
Entre los hechos documentados en la denuncia e investigaciones periodísticas destacan:
-Adeudos acumulados con prestadores de servicios: La empresaria Ingrid Garcés señala que la administración municipal sostiene un adeudo con su establecimiento de varios centenares de miles de pesos por concepto de consumos, hospedajes, logística, transportación privada y alimentación de alto nivel para comitivas oficiales y cocineras tradicionales. De acuerdo con el testimonio, consumos particulares de elevado costo y eventos cobrados en efectivo por la funcionaria no fueron liquidados al personal ni a la empresa.
-Inasistencia y abandono de deberes: Se señalan omisiones en la atención a requerimientos oficiales de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato durante jornadas laborables, priorizando reuniones particulares en establecimientos comerciales.
-Uso de bienes privados y viáticos a terceros: La presencia activa de actores externos al servicio público, como el representante de un colectivo gastronómico, quien presuntamente se benefició de facilidades logísticas, atención gubernamental y hospedajes privados financiados por particulares, sin que se hayan acreditado convenios formales ni licitaciones con el municipio.
Invocación de la Ley Olimpia ante señalamientos de ausentismo
Un elemento central registrado en las evidencias del caso ocurrió cuando la funcionaria fue notificada sobre la existencia de registros de videovigilancia e itinerarios del hotel comercial que documentaban sus estancias en horas de jornada administrativa, coincidentes con encuentros sostenidos con el representante de un colectivo gastronómico.
Ante el señalamiento de las pruebas materiales sobre su estancia e inasistencia a sus deberes públicos, Liliana García reaccionó invocando la Ley Olimpia (marco legal que sanciona la difusión no consentida de contenido íntimo, sexual o erótico). Al respecto, la denunciante aclaró que la documentación visual presentada no estuvo enfocada en actos íntimos o de la vida privada, sino en la acreditación física de ausentismo laboral, uso de instalaciones privadas y falta de probidad funcional en el desempeño del servicio público.
La empresaria precisó que las gestiones iniciales con Fogones MX buscaban concretar un acuerdo comercial independiente en beneficio del municipio; no obstante, la subdirectora de Turismo intervino de manera directa en las negociaciones sin solicitud previa del establecimiento, utilizando los recursos y la logística de Tierra Madre y derivando en la posterior expulsión de la funcionaria de las instalaciones del hotel.
Solicitud de auditoría a viajes internacionales y convenios
Dentro del expediente administrativo y de las exigencias presentadas por el sector empresarial local ante el Órgano Interno de Control, se solicitó de manera explícita la ejecución de una auditoría integral que abarque:
-Revisión de viajes al extranjero: Auditar los recursos públicos asignados a giras y viajes de promoción internacional realizados por la subdirectora, específicamente a España y Colombia, exigiendo que se transparenten los costos, los resultados obtenidos y el beneficio directo aportado al turismo del municipio.
-Fiscalización de instrumentos jurídicos: Revisar la totalidad de convenios, contratos, apoyos, patrocinios, campañas de promoción y eventos celebrados por la Dirección de Turismo con personas físicas o morales de carácter particular.
Esto último incluiría al representante el supuesto colectivo gastronómico con el que constantemente se ha visto involucrada Liliana Velázquez.
Inoperancia ejecutiva, señalamientos de coacción y movimientos tácticos
La crisis administrativa alcanza directamente la conducción del presidente municipal de Comonfort, Gilberto Zárate Nieves. Según las declaraciones de la denunciante Ingrid Garcés, el edil fue informado oportunamente y de manera personal sobre la serie de irregularidades operativas y financieras cometidas por la subdirectora de Turismo.
De acuerdo con el testimonio público de la empresaria, en una primera instancia el alcalde mostró disposición para aplicar sanciones o remover a la funcionaria; sin embargo, en un diálogo posterior, Zárate Nieves manifestó a la afectada que se encontraba imposibilitado para proceder a su destitución debido a que la subdirectora lo había amenazado, sin que se hayan especificado públicamente los motivos ni el contenido de dicha coacción.
A la par de estos señalamientos, el Cabildo del Ayuntamiento de Comonfort revocó facultades al presidente municipal tras detectar diversas irregularidades en su gestión. Ante esto, la funcionaria realizó intervenciones en redes sociales intentando blindar la figura del edil, lo que generó señalamientos públicos sobre la falta de gobernabilidad interna.
Posteriormente, se registró la reaparición pública del representante de Fogones MX en materiales promocionales emitidos junto al alcalde Gilberto Zárate Nieves, prescindiendo de la presencia de Liliana García. Paralelamente, el colectivo gastronómico anunció en sus canales oficiales que su sede final no se establecería en Comonfort, sino que se trasladará e instalará en el municipio de San Miguel de Allende, dejando sin efecto las gestiones de inversión local previamente proyectadas en Tierra Madre.
La mezcolanza política: Pretensiones electorales y manejo en redes sociales
El testimonio vertido por la empresaria Ingrid Garcés expone que las acciones de Liliana García en las reuniones operativas y en el manejo de la dependencia responderían a objetivos de carácter político-electoral.
En este contexto de aspiraciones políticas, se difundió en redes sociales una infografía promocional ("flyer") atribuida a la página de Facebook Encuesta Ciudadana —cuenta creada en 2024 que registraba en el momento de la publicación 22 contactos—. La gráfica posiciona a Liliana García a la cabeza de las preferencias electorales en el municipio, pero presenta inconsistencias aritméticas en los datos mostrados.
En cualquier medición de opinión pública bajo esquema de opción única por elector, la sumatoria debe dar un 100% exacto. El resultado global de 116.1% evidenció un error metodológico que generó reacciones de escepticismo y reclamos en las redes sociales por parte de ciudadanos y usuarios de la región (tales como "Santiago Ortiz", "Baruch Martínez", "Víctor Ramírez" y "Socorro Sotelo"), quienes señalaron el abandono de los servicios e infraestructura en comunidades como Empalme Escobedo.
A la par de la difusión de la gráfica, en febrero de 2026 la funcionaria publicó en su perfil personal de Facebook —utilizado para divulgar actividades institucionales de Turismo— una fotografía acompañada del texto: “No necesito vencer a nadie para saber que soy poderosa”.
Encuadre legal y eventuales sanciones
Las conductas expuestas en las denuncias e investigadas por las autoridades competentes se enmarcan en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y el Código Penal del Estado de Guanajuato, contemplando posibles faltas graves y delitos tales como:
-Abuso de Funciones: Ejercer atribuciones directivas y tomar decisiones administrativas sin contar con el nombramiento legalmente expedido de titular.
-Conflicto de Interés y Beneficio Indebido: Obtención de bienes, servicios, hospedajes y alimentos a costa de particulares aprovechando la investidura pública.
-Nepotismo: Intervención en la gestión de una dependencia donde un familiar en primer grado figura como titular.
-Usurpación de Funciones y Abuso de Autoridad: Penado en el ámbito penal con sanciones que van de 1 a 8 años de prisión, además de multas y reparación del daño.
De acreditarse las faltas mediante el procedimiento iniciado en el expediente IPRA D13/2026, la Contraloría Municipal, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción podrán emitir la inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos (de 1 a 10 años), la destitución inmediata del puesto y las sanciones económicas correspondientes por daño patrimonial. #MetroNewsMx
Publicar un comentario