Redacción/Equipo Metro News
-Detectan indicios de depuración política tras las recientes listas de periodistas que no escriben u opinan a modo del gobierno federal de Claudia Sheinbaum
-Se percibe un cálculo táctico semejante a los regímenes dictatoriales del siglo XX para consolidar el control absoluto del poder.
-Análisis de observadores advierten que el desplazamiento de disidentes busca neutralizar contrapesos y alinear la estructura de mando.
-Stalin, Hitler, Pol Pot, Fidel Castro y otros dictadores del pasado generaron señales de ajustes de cuentas disfrazados de renovación gubernamental.
-Estrategia oficial apunta a establecer una sola línea directriz mediante la eliminación sistemática de voces críticas en México.
-La lista de Sheinbaum es un síntoma claro de intolerancia y centralización autoritaria.
-Acciones institucionales a través de "La Mañanera" priorizarían la subordinación política y el control total por encima del pluralismo democrático.
La llamada Lista de Sheinbaum que enumera a periodistas que no se ajustan a la línea de su gobierno y la reaparición digital de un pronunciamiento pronunciado en octubre de 2021 de la entonces jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, en el cual equiparaba con el “nazismo” y el “macartismo” la confección de listados de adversarios políticos, generó una aguda controversia en plataformas digitales. La circulación de este archivo audiovisual cobró relevancia inmediata al coincidir temporalmente con la exposición presentada por Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, durante la conferencia matutina oficial, donde se divulgaron esquemas detallados de perfiles, comentaristas y medios de comunicación en la red social X.
El contenido recuperado de la época en que la actual mandataria encabezaba el gobierno capitalino muestra a la funcionaria exhibiendo un hilo de publicaciones redactado el 24 de octubre de 2021. En dichos mensajes, la entonces jefa de Gobierno distinguía tajantemente entre promover un debate público abierto y estructurar relaciones con amenazas implícitas, catalogando estas últimas prácticas como propias del fascismo. Asimismo, enfatizaba que la administración en turno no intervenía en procesos electorales fraudulentos, no financiaba campañas de deslegitimación ni ejecutaba labores de espionaje contra opositores, cerrando su postura con la etiqueta alusiva a su base de apoyo político.
La polémica se intensificó tras la intervención de Luisa María Alcalde en el espacio institucional denominado “Derecho de Réplica”, espacio en el cual la funcionaria expuso los resultados de una observación metodológica de un ecosistema digital efectuada a lo largo de siete meses. Durante su informe, la consejera jurídica dividió el análisis en cuatro capas operativas. En la primera de ellas ubicó a 54 cuentas correspondientes a medios informativos tradicionales y analistas políticos —entre los que mencionó a editores y comentaristas de trayectorias reconocidas—, a los cuales atribuyó el rol de originar y legitimar contenidos informativos.
En un segundo nivel, el reporte gubernamental incorporó a figuras públicas y emisores políticos de oposición, señalando su participación en la politización y respaldo de dichos mensajes. Las capas subsecuentes contemplaron bloques integrados por cuentas anónimas o catalogadas como trolls, destinadas al reempaquetado y distribución masiva de contenidos, así como un vasto anillo de amplificación compuesto por cientos de miles de perfiles automatizados o bots orientados a maximizar el alcance de las publicaciones. La presentación incluyó patrones de actividad, horarios de operación y frecuencias de señalamientos directos de cuentas específicas dentro de la red social.
La simultaneidad entre la difusión del material retrospectivo de Sheinbaum y la exposición oficial de la Consejería Jurídica provocó cuestionamientos inmediatos por parte de sectores críticos, organizaciones civiles y usuarios en redes sociales, quienes contraponen la condena histórica de la titular del Ejecutivo hacia la creación de listas con la reciente exhibición pormenorizada de comunicadores y opositores desde la tribuna presidencial. En respuesta a los señalamientos sobre la presunta instrumentación de listas negras, la administración federal defendió que el ejercicio constituye exclusivamente un estudio técnico sobre la manipulación de tendencias digitales y la polarización informativa, descartando la existencia de censura institucional o persecución en contra de la labor periodística.
Desde la perspectiva de la teoría democrática y la ética periodística, el uso de plataformas del Estado —como una conferencia matutina oficial— para exhibir públicamente a periodistas con nombres, apellidos o datos específicos bajo la etiqueta de opositores, incómodos o difusores de mentiras representa una práctica de alta gravedad institucional.
El significado de la Lista de Sheinbaum y la vulneración a la garantía constitucional de libertad de expresión
Un mandatario o jefe de Estado cuenta con los recursos, altavoces y la fuerza simbólica e institucional de toda la administración pública. Exponer a un comunicador desde la máxima tribuna del país genera una desproporción inmensa, convirtiendo al ciudadano o periodista en blanco de descalificaciones masivas.
Cuando se señala públicamente a la prensa crítica, el objetivo implícito o explícito no es debatir argumentos, sino intimidar. Esto fomenta la autocensura entre los profesionales de la comunicación, quienes temen represalias profesionales, legales o incluso riesgos en su seguridad personal.
La difusión de listas o datos de personas señaladas como adversarias políticas desde el poder vulnera el marco de protección que el propio Estado debe garantizar a la labor informativa, la cual es un pilar indispensable para la rendición de cuentas en cualquier república.
La semejanza con las purgas políticas de los gobiernos dictatoriales en el siglo XX
Cuando desde el poder institucional o partidista se comienzan a perfilar reestructuraciones internas, remociones selectivas o el desplazamiento sistemático de figuras disidentes, es frecuente que los observadores más agudos perciban en ello indicios de una depuración o ajuste de cuentas. Más allá de las justificaciones oficiales de renovación o eficiencia administrativa, estas señales iniciales suelen encubrir un cálculo táctico orientado a consolidar el control absoluto, neutralizar contrapesos y alinear la estructura de mando a una sola línea directriz. El principio de las purgas políticas
Los antecedentes: Adolf Hitler en la Alemania Nazi
Tras la toma del poder en 1933, el régimen nazi implementó la Ley de Redactores y creó el Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda bajo la dirección de Joseph Goebbels. Se elaboraron listas negras de periodistas independientes, demócratas, socialistas y judíos. Los medios críticos fueron clausurados, expropiados o sometidos a una censura estricta, convirtiendo a la prensa en un aparato de adoctrinamiento (Gleichschaltung).
Los judíos fueron el blanco principal y definitorio de las listas, la legislación racista (Leyes de Núremberg) y las purgas del Estado nazi, culminando en el Holocausto.
Iósif Stalin y las purgas en la antigua Unión Soviética
La prensa soviética fue completamente monopolizada por el Estado y el Partido Comunista a través de órganos como Pravda e Izvestia. Durante la Gran Purga, cientos de periodistas, editores y escritores fueron acusados de "contrarrevolucionarios", trotskistas o espías. Muchos fueron incluidos en listas de fusilamiento o enviados al Gulag por no ajustarse estrictamente a la línea oficial o por criticar al régimen.
Durante los años treinta, muchos intelectuales y comunistas de origen judío fueron purgados por caer en desgracia bajo las acusaciones políticas generales del stalinismo. Hacia el final de la vida de Stalin (1948-1953), la persecución se tornó explícitamente antisemita, destacando casos como el asesinato del Comité Antifascista Judío y el presunto "Complot de los Médicos" (donde médicos judíos fueron acusados falsamente de planear la muerte de los líderes soviéticos).
En la China de Mao Zedong
En el régimen maoísta, los medios -como el Diario del Pueblo- eran portavoces directos del Partido Comunista Chino. Durante la Revolución Cultural, periodistas y directores de medios que no demostraron una lealtad ciega a Mao fueron purgados de inmediato. Fueron acusados de "revisionistas" y obligados a confesar sus "crímenes ideológicos" en público.
Pol Pot, en Camboya y la abolición de la prensa libre
El régimen de los Jemeres Rojos abolió formalmente la prensa libre, el sistema legal y la moneda. Todo periodista local o extranjero que permaneciera en el país era considerado automáticamente un agente imperialista o burgués. Prácticamente todos los periodistas camboyanos fueron ejecutados o murieron en los campos de trabajo.
Joseph McCarthy, en el mundo occidental, de los Estados Unidos
Aunque el macartismo operó dentro de un sistema democrático, varios periodistas, comentaristas de radio, escritores y directores de medios fueron investigados por el Comité de Actividades Antiestadounidenses (HUAC), incluidos en "listas negras" y despedidos de sus trabajos bajo la sospecha de tener simpatías comunistas.
Dado que muchos intelectuales, guionistas de Hollywood y activistas de izquierda en Estados Unidos durante esa época eran de origen judío, un número desproporcionado de las personas investigadas, perseguidas y afectadas en las listas negras pertenecían a esta comunidad, a menudo bajo el doble prejuicio del anticomunismo y el antisemitismo latente de la época.
Fidel Castro y la clausura de la prensa en Cuba
Tras el triunfo de la revolución cubana, los periódicos independientes, canales de televisión y radiodifusoras opositoras o moderadas fueron expropiados y clausurados progresivamente entre 1960 y 1961. Los periodistas que se opusieron al giro socialista del régimen fueron encarcelados, incluidos en listas negras profesionales o empujados al exilio masivo.
Periodistas y medios de comunicación fueron perseguidos, censurados y purgados en los seis casos anteriores, ya que el control de la información es un pilar indispensable para cualquier régimen totalitario o autoritario. Los judíos fueron incluidos sistemáticamente como blanco principal únicamente en los regímenes donde el antisemitismo formaba parte directa de su ideología -el nazismo de Hitler y, en diferentes etapas y grados, el estalinismo tardío-. En los demás casos, la presencia de judíos en las purgas fue anecdótica, demográficamente irrelevante o producto colateral de persecuciones políticas y de clase más amplias.
Desde la perspectiva de la teoría democrática y la ética periodística, el uso de plataformas del Estado —como una conferencia matutina oficial— para exhibir públicamente a periodistas con nombres, apellidos o datos específicos bajo la etiqueta de opositores, incómodos o difusores de mentiras representa una práctica de alta gravedad institucional. #MetroNewsMx
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