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Equipo Metro News San José de Iturbide

-El alcalde evidencia que la terminal de combustibles cuenta con todos sus permisos federales (Semarnat, Conagua, impacto ambiental), estatales y municipales vigentes y en regla, lo que jurídicamente impide su remoción arbitraria.
-El edil califica como una acción "muy mal hecha" que gestiones anteriores hayan permitido la ubicación de este tipo de proyectos en una zona habitada, aunque subraya que su deber actual es regirse bajo el marco legal existente.
-Ante la inviabilidad legal de expulsar a la empresa, el mandatario municipal aconseja a los vecinos optar por el diálogo para negociar apoyos, infraestructura y obras comunitarias como compensación.
-Montes de la Vega admite abiertamente que, a pesar de que la compañía cumple con la normatividad de seguridad industrial, se trata de una instalación que representa una situación de "alto riesgo" para la población.
-El alcalde anuncia la instrumentación y entrega de un documento formal —integrado con las peticiones de las comunidades— dirigido a la empresa, la federación, el estado y el sector educativo para exigir que cada autoridad competente realice las inspecciones correspondientes.

-La postura del alcalde expone el dilema entre las exigencias legítimas de una comunidad agraviada y el blindaje corporativo heredado por administraciones pasadas, donde los permisos federales y estatales anulan de facto la soberanía municipal frente a instalaciones de alto riesgo.
-Lejos de ofrecer una solución radical, la administración local opta por la gestión de beneficios compensatorios y la integración de pliegos petitorios, trasladando la confrontación social hacia un laberinto burocrático de inspecciones interinstitucionales.
-El conflicto en La Fragua refleja la profunda desconexión entre el ordenamiento legal mexicano y el sentido común comunitario, donde la legalidad formal de una industria peligrosa se impone sobre la tranquilidad y seguridad de los habitantes.

El discurso pronunciado por el presidente municipal Manuel Montes de la Vega, de San José de Iturbide ante los habitantes de la comunidad de La Fragua y representantes de la Terminal de Combustibles ubicada en esa comunidad sintetiza con crudeza la tragedia institucional que padece gran parte de la administración pública en México: el choque frontal entre la voluntad popular y la camisa de fuerza de un marco legal diseñado para proteger la burocracia y los intereses económicos por encima de la vida humana y la paz social. Ante una comunidad indignada por la instalación de una empresa de alto riesgo, la respuesta oficial no es la defensa categórica del tejido comunitario, sino la resignación formalista y la exhibición de expedientes sellados por dependencias federales que validan lo indefendible.

Desde una perspectiva de análisis profundo, resulta inaceptable el argumento recurrente de que "la ley es la ley" cuando esta ha sido confeccionada de espaldas a las verdaderas necesidades de las comunidades. Las administraciones pasadas actuaron de manera irresponsable al permitir la incursión de industrias peligrosas en zonas residenciales o rurales. 

La presente administración exhibe el problema al mostrar la vigencia de permisos otorgados por la SEMARNAT, la CONAGUA y el gobierno estatal. Se invierte la lógica del Estado de derecho: en lugar de que la norma sirva para salvaguardar la integridad de los ciudadanos, se utiliza como un escudo protector para la empresa, demostrando que muchas leyes mexicanas obedecen más a componendas políticas e inercias institucionales que al sentido común y al sano juicio.

El dilema planteado por el alcalde revelaría también los probables límites del poder municipal. Cuando un municipio carece de autonomía real frente a las autorizaciones federales, el presidente se reduce a un gestor de daños... o a cosas más oscuras. Se cambia la salud ambiental y la seguridad de los pobladores por una negociación de dádivas compensatorias, aceptando la permanencia de un peligro latente bajo la premisa de que "ya están aquí instalados".

La exigencia de integrar un pliego petitorio y remitirlo a la federación, al gobierno estatal y a la Secretaría de Educación es un paso protocolario necesario, pero correría el riesgo de convertirse en un ejercicio dilatorio. La participación de responsabilidades entre múltiples dependencias —desde la Conagua hasta los asesores de la Secretaría de Gobierno del estado, en su momento— diluirían la exigencia política y fragmenta la resistencia comunitaria. 

Llamar las cosas por su nombre implica reconocer que la instalación de industrias de alto riesgo en comunidades vulnerables de Guanajuato es una bomba de tiempo social. La soberanía popular no puede subordinarse a un expediente administrativo completo cuando el costo es la zozobra permanente de un pueblo. La autoridad municipal se encuentra atrapada entre la espada de la legalidad formal y la pared de la indignación ciudadana; sin embargo, su deber histórico buscaría no convertirse en fedatario de la desdicha comunitaria, sino encabezar con firmeza la revisión profunda de un modelo de desarrollo que antepone el lucro industrial a la supervivencia humana. La lección de San José de Iturbide es clara: mientras las leyes sigan protegiendo el riesgo corporativo bajo el amparo de la legalidad vigente, las comunidades seguirán pagando el precio más alto por decisiones tomadas a sus espaldas.



"Desgraciadamente esto se aprobó en ese antecedente que fue de manera irresponsable": La transcripción del video

Manuel Montes de la Vega: 
Primero que les quede claro algo, el presidente municipal representa a un pueblo, a un municipio. Ustedes me contrataron y yo tendré la responsabilidad de hacer lo que ustedes me pidan, porque al final del día yo los represento. Pero también el presidente municipal tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes. Ustedes mencionan que se vaya la empresa y yo también tengo que buscar la manera de mostrarles que eso pues es algo difícil de que se dé, porque están cumpliendo todo un marco legal, porque están dentro de un parámetro que establece la ley. 

Los del pasado decidieron que esta empresa se metiera en una comunidad, lo cual estuvo muy mal hecho, pero hoy esa empresa ya está y yo tengo que cumplir y hacer cumplir la ley. Además de representarlos, yo aquí traigo un expediente y ese expediente, nos guste o no, está completo. Hoy lo que yo les aconsejo como representante de todas y de todos es que hagamos un diálogo con la empresa. La empresa, ¿con qué nos puede apoyar? Si ustedes traen la prioridad de buscar que la empresa se vaya, pues me sumaré con ustedes a buscarlo. No garantizo que tengamos éxito, no lo garantizo porque no podemos ir en contra de lo que la ley establece y desgraciadamente esto se aprobó en ese antecedente que fue de manera irresponsable.

Esta empresa cumple con todo lo que ustedes piden, eh, es una empresa que está legalmente en San José de Iturbide, aquí tiene un permiso que otorga Gobierno Federal, Medio Ambiente. El impacto se los voy a entregar a ustedes, lo tiene que tener el comité, ese se los voy a entregar, por eso me traje copia y aquí está donde el impacto ambiental de acuerdo a Conagua está completito, SEMARNAT, todos los permisos federales están otorgados y tienen vigencia para la empresa, el Estado. 

Todos los permisos son legales y vigentes y entonces si están otorgados estos, nosotros el municipio tenemos la obligación de primero revisar que estén otorgados para nosotros también hacer las verificaciones y otorgar los que nos corresponden, eso marca la ley. Nosotros los permisos que otorga el municipio aquí están y también se los voy a entregar con todas las actas de la bitácora de inspección, porque ha venido el personal primero de Ecología y aquí les voy a entregar dónde están las bitácoras de trabajo y dónde han acudido a la empresa, sí, después las de el permiso de uso de suelo que también otorga Desarrollo Urbano, Ecología. Aquí están las bitácoras también donde acude Ecología, es decir, la empresa cumple, esto se los voy a entregar.

Lo que pedimos es que esa responsabilidad social se vea, se vea plasmada en obras, en infraestructura, en algún tipo de apoyo, porque al final pues ya están aquí instalados con nosotros y más tratándose de esta empresa, que es una empresa de alto riesgo, aunque cumpla con toda la normatividad y los extremos de la ley en cuanto a los temas de seguridad industrial. De cualquier manera es una situación de riesgo, de alto riesgo. Yo ya traigo preparado un documento que lo vamos a firmar, yo necesito que me presente el pliego petitorio del delegado de Jesús María, el pliego petitorio que traen de La Fragua, porque se van a adjuntar. 

Yo lo voy a presentar a la federación, tiene que quedar una constancia de recepción por parte de la representante legal de la empresa y esto yo me encargaré de que lo reciba. Tenemos presencia de Gobierno del Estado, están los asesores de la Secretaría de Gobierno y obviamente también lo entregaré a la Secretaría de Educación, aquí tenemos presencia del delegado y también lo presentaré con Gobierno Federal para que estén enterados de este pliego petitorio y que cada autoridad haga la inspección que le corresponde, esto es muy importante. #MetroNewsMx


Equipo Metro News San José de Iturbide

-La terminal de hidrocarburos en La Fragua opera pegada a una comunidad rural de 400 habitantes y tres escuelas históricas.
-El cambio de una bodega de fructuosa de Almex a terminal de gasolinas parecería haber sido realizado sin estudios técnicos ni ambientales rigurosos.
-La posible falta de zonas de amortiguamiento y distancias mínimas de seguridad haría incumplir normativas nacionales e internacionales de hidrocarburos.
-La ASEA y la LGEEPA otorgarían facultades legales plenas para ordenar la inspección y clausura definitiva ante el riesgo inminente.
-Permisos otorgados desde 2017 priorizarían intereses económicos y logísticos por encima de la seguridad y el bienestar comunitario.

Imágenes aéreas de la terminal de Combustibles de Gas Natural del Noroeste ubicada en la comunidad de La Fragua -que tiene alrededor de 400 habitantes- y que muestran también la ubicación de esta comunidad, separadas solo por una calle, evidenciarían graves irregularidades tanto del municipio de San José Iturbide como del gobierno federal -específicamente la SEMARNAT- para autorizar los permisos de colocación de instalaciones de alta peligrosidad para la población.

En visita de investigación periodística de Metro News a la comunidad de la Fragua, -a cual tiene una antigüedad cercana a los 100 años- llevaría a la necesidad de un análisis técnico, legal y urbano sobre la instalación de la terminal de combustibles en dicho lugar.

Desde una perspectiva de planeación urbana, protección civil y derechos comunitarios, el inicio de las autorizaciones en 2017 para operar una terminal de almacenamiento de hidrocarburos en La Fragua resultaría improcedente e irresponsable debido a la incompatibilidad con receptores sensibles consolidados.


Es decir, los centros educativos de la comunidad tienen una trayectoria histórica muy anterior al proyecto: la escuela primaria cuenta con 50 años de operación, el preescolar con 30 y la telesecundaria con 20. La normatividad nacional e internacional en materia de hidrocarburos exige estrictas zonas de amortiguamiento y distancias mínimas de seguridad entre plantas de almacenamiento de combustibles inflamables y zonas habitadas o escolares.

Las imágenes satelitales y la configuración histórica demuestran que La Fragua es un núcleo poblacional rural preexistente y consolidado. Introducir una industria de alto riesgo en medio de la población expone de manera directa a los habitantes y a la comunidad estudiantil a riesgos catastróficos por fugas, incendios o explosiones.


Las autorizaciones otorgadas en su momento priorizaron intereses logísticos o económicos por encima del bienestar, la seguridad y el derecho humano a un entorno seguro consagrados en la Constitución y en los ordenamientos municipales.

Calificar como innecesarias las modificaciones estructurales o los estudios profundos al cambiar de una bodega de productos alimenticios, que originalmente se encontraba en ese sitio, según información recabada entre los habitantes de la comunidad (cuya función era la de almacenamiento de fructuosa de Almex) a una terminal de hidrocarburos (gasolinas de diversos octanajes y diésel) carecería de todo sustento técnico, ambiental y legal.


La fructuosa es un producto alimenticio inocuo, no inflamable y no tóxico. En contraste, las gasolinas y el diésel son sustancias químicas peligrosas, altamente inflamables, explosivas y emisoras de vapores tóxicos y contaminantes al aire, suelo y mantos acuíferos.

La empresa ALMEX, dedicada a la molienda húmeda de maíz amarillo

A nivel corporativo, Almidones Mexicanos, S.A. de C.V. es una de las empresas agroindustriales más importantes del país en el sector de alimentos y bebidas. Fundada en 1960 y con sede principal en la Zona Industrial de Guadalajara, Jalisco, su actividad principal es la molienda húmeda de maíz amarillo. A través de este proceso, separan los componentes básicos del grano para fabricar: Almidones nativos y modificados: Utilizados como espesantes, estabilizantes y texturizantes en la producción de embutidos, salsas, panes, lácteos y aderezos. Jarabes y edulcorantes: Como la fructosa y la glucosa, esenciales para endulzar bebidas, confitería y panificación. Aceites y derivados para nutrición animal: Aceite comestible de maíz y subproductos destinados a alimentos balanceados para ganado y mascotas.

Una estudio de prefactibilidad para elaboración de almidones a base de plátano, elaborado por ingenieros en Alimentos de Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa ubica las funciones que realizaban las instalaciones de ALMEX en el municipio de San José de Iturbide: "En 1990 (la empresa norteamericana) STALEY adquiere el 100% de las acciones de ALMEX;  se inicia una nueva expansión de la planta con la finalidad de triplicar su capacidad de producción. ADM participa con un 50% de las acciones de la empresa".
 
"Se construye la estación de transferencia de alta fructosa en San José de Iturbide, Guanajuato, e inicia su operación... "

Es así que una estación o bodega de transferencia diseñada para alimentos no cuenta con los requerimientos técnicos indispensables para petrolíferos, tales como:
-Diques de contención de derrames con capacidad volumétrica superior a los tanques.
-Sistemas contra incendio especializados a base de espuma y redes hidráulicas de presión.
-Instalaciones eléctricas antideflagrantes (a prueba de chispas) y sistemas de tierras físicas para evitar descargas estáticas.
-Monitoreo y recuperación de vapores de hidrocarburos.

Sostener que no se requeriría una evaluación de impacto ambiental profunda ni modificaciones mayores al cambiar un giro comercial inofensivo por una planta de almacenamiento masivo de combustibles -con capacidad autorizada para decenas de millones de litros- representa una grave omisión técnica por parte de la autoridad reguladora (ASEA), ignorando los protocolos obligatorios de mitigación de riesgos industriales.

La terminal de combustibles podría y debería ser clausurada: Legislación

Para fundamentar legalmente una acción de inspección, suspensión y clausura -temporal, parcial o definitiva- de la terminal de almacenamiento de petrolíferos en La Fragua, municipio de San José de Iturbide, el marco jurídico federal cuenta con ordenamientos robustos, específicos y de orden público.

La ASEA -Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección de Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos- es la autoridad federal competente para regular y supervisar las instalaciones del sector hidrocarburos. Su ley orgánica otorga facultades directas para ordenar medidas de seguridad y clausuras (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LANSI.pdf ).

El Artículo 5, Fracciones I, XVIII, XIX y XXIII establecen como objeto primordial de la Agencia la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones, otorgándole la facultad de expedir, suspender, revocar permisos y exigir que las actividades del sector hidrocarburos se realicen con estricto apego a la protección y conservación de los ecosistemas, evitando daños a la población.

Los Artículos 27 y 31 facultan a la ASEA para llevar a cabo visitas de verificación extraordinarias y dictaminar medidas de seguridad urgentes —incluyendo la clausura temporal o definitiva— cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, daño o peligro grave a la salud pública y a la vida de los habitantes y centros escolares colindantes.

En lo que toca a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), tratándose de actividades altamente riesgosas, la LGEEPA provee los fundamentos estructurales de ordenamiento territorial y protección civil aplicables de manera supletoria o coordinada. (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf )

El Artículo 2, Fracción IV, declara de utilidad pública el establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas. El motivo de clausura es la inexistencia física de una zona de amortiguamiento o franja de salvaguardia entre la terminal y la comunidad de 400 habitantes, hecho que viola directamente este principio de utilidad pública.

Los Artículos 28 y 30 sobre Evaluación del Impacto Ambiental), obligan a que toda obra o actividad altamente riesgosa cuente con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada y vigente que evalúe correctamente el entorno social y urbano. Si la planta modificó capacidades, amplió tanques o si el permiso original -como el oficio de 2017- omitió dolosamente la cercanía de las escuelas y la zona habitacional, la autorización carecería de validez legal sustantiva.

El Artículo 170, concerniente a Medidas de Seguridad, preceptúa que, cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, la fauna, la flora o la salud pública, la autoridad competente ordenará de manera fundada y motivada medidas de seguridad como la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes o riesgosas.

También se vulneran articulados de la Ley General de Protección Civil (LGPC)

Dado que la terminal colinda a pie de calle con una población vulnerable y tres escuelas, la legislación de protección civil federal es de aplicación estricta. Los Artículos 2, 40, 41, 79, 80 y 81 establecen las atribuciones para la ejecución de inspecciones en materia de alto riesgo y la implementación de programas internos de protección civil. Ninguna empresa puede operar si su entorno inmediato pone en peligro masivo a centros de población y centros escolares. (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC.pdf )

Los Artículos 76 al 83, en lo que corresponde a Medidas de Seguridad, facultan a las autoridades competentes a ordenar la suspensión de actividades, restricciones de acceso y clausura de establecimientos cuando las condiciones de su ubicación, operación o almacenamiento representen un riesgo inminente de protección civil que no pueda ser mitigado con planes de emergencia internos.

El diálogo del alcalde Manuel Montes de la Vega con vecinos inconformes de La Fragua evidenció lo que parecía que los propietarios o administradores de la planta contarían con todo en regla. Pero unas palabras emitidas, desde su nivel de gobierno, evidenciarían la pregunta: ¿Quién autorizó los permisos municipales para que instalar una terminal de combustibles a un lado de una zona rural habitada por 400 personas? #MetroNewsMx


Redacción Editorial Metro News/Video Adela Micha y David Saucedo

El ostentoso operativo de seguridad desplegado en San José Iturbide, Guanajuato, presentado inicialmente con bombo y platillo como un "megadecomiso histórico" de combustible por la Fiscalía General de la República y el secretario de seguridad Omar García Harfuch, ha derivado en un bochornoso ridículo político. La supuesta red clandestina de extracción de hidrocarburos resultó ser, en realidad, una central privada de almacenamiento y distribución con plena legalidad, permisos federales, estatales y municipales vigentes, y una trazabilidad documental impecable que abastece a empresas transnacionales como Exxon y al propio Pemex.

Este tropiezo no solo exhibe una grave falla operativa e investigativa, sino que expone cómo las altas esferas del poder, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum —quien dio por buena la información durante su conferencia mañanera en Irapuato—, fueron alimentadas con un expediente falso. Lejos de consolidar un golpe maestro contra la delincuencia, el episodio refleja una presunta emboscada o "cuatro" diseñado por detractores políticos dentro de la propia administración federal para minar la imagen y el liderazgo puntero de García Harfuch en la carrera sucesoria hacia la Presidencia de la República.


Guerra sucesoria y fuego amigo en el tablero de Morena

El constante protagonismo mediático y el respaldo que Omar García Harfuch cosecha entre empresarios, sectores medios y agencias internacionales lo han convertido en el blanco principal de las pugnas internas por la sucesión presidencial.
Analistas en seguridad apuntan a que operadores políticos de alto nivel dentro del propio gobierno —específicamente perfiles con experiencia en regiones como Chiapas y Tabasco— poseen la audacia e inteligencia para orquestar montajes documentales de esta magnitud.
La fabricación de expedientes falsos evidencia que la lucha adelantada por el poder utiliza los aparatos de procuración de justicia como instrumentos de desgaste y fuego amigo institucional.

La realidad de Sinaloa y la estrategia discursiva frente a Estados Unidos

A dos años del estallido de la guerra intestina en Sinaloa, la percepción ciudadana en Culiacán y Mazatlán contrasta diametralmente con la narrativa oficial federal sobre una supuesta disminución de homicidios y delitos.
El gobierno federal enfrenta una doble presión: la estrategia de presión externa implementada por Donald Trump y la urgencia de blindar su capital político de cara a las elecciones intermedias de 2027.
Ante el riesgo de eventos de alto impacto y la infiltración del narcotráfico en los procesos electorales, la administración recurre a tácticas de comunicación inspiradas en el salinismo para maquillar la realidad mediante golpes de imagen.

Dinámica política en Guanajuato: Inversiones federales y popularidad estatal

La gira presidencial en Guanajuato marcó un contraste absoluto con el castigo presupuestario del sexenio pasado, introduciendo proyectos de infraestructura de alto calado como el acueducto para León y el tren interurbano.
La llegada de Gerardo Vázquez Salas a la fiscalía estatal actúa como un puente bisagra eficaz para coordinar la procuración de justicia local con los intereses de la federación.
Pese a tensiones aisladas y protestas sociales por obras hidráulicas en municipios como Acámbaro, las encuestas muestran que la gobernadora Libia Dennise mantiene altos niveles de aprobación, superando incluso la popularidad de la mandataria federal en la entidad.

La infraestructura sanitaria del crimen organizado: Hospitales clandestinos

Los cárteles del narcotráfico (Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana) operan como corporaciones macrocriminales dotadas de redes financieras, contables y de una infraestructura hospitalaria propia con quirófanos y bancos de sangre.
Ante la imposibilidad de activar sin riesgos el "código plata" en clínicas regulares o para evitar que sicarios heridos sean rematados por rivales, las organizaciones criminales coaptan centros médicos bajo amenazas o financian hospitales privados exclusivos.
Este fenómeno empresarial delictivo evoca antecedentes históricos como el caso de Amado Carrillo Fuentes, reflejando el profundo nivel de penetración logística y de impunidad con el que opera la delincuencia organizada.

Narcopolítica y la urgencia de un "Operativo Enjambre"

De cara a los comicios de 2027, el mayor riesgo institucional en el Bajío radica en la narcopolítica, destacando la presencia estimada de al menos ocho alcaldes en Guanajuato presuntamente vinculados a grupos criminales.
El crimen organizado busca infiltrar las estructuras municipales financiando campañas de candidatos de todo el espectro partidista (PAN, Morena, PRI, MC, Verde), ya que los cárteles operan bajo intereses económicos y de control territorial.
Urge la ejecución de un "Operativo Enjambre" coordinado entre la Federación y el estado —replicando los modelos aplicados en Puebla y el Estado de México— para desarticular redes de protección político-policial y evitar que Guanajuato repita la trágica historia de gobernanza criminal vivida en Sinaloa.
 #MetroNewsMx


Eugenio Amézquita Velasco

El Vaticano ha anunciado un importante cambio en la grey católica mexicana. El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de Querétaro, presentada por S. E. Mons. Fidencio López Plaza. En su lugar, el Sumo Pontífice ha nombrado como nuevo obispo de la Diócesis de Querétaro a S. E. Mons. J. Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, trasladándolo desde la Diócesis de Celaya. (https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2026/09/21/210926a.html )

Trayectoria y perfil del nuevo obispo de Querétaro

S. E. Mons. J. Víctor Alejandro Aguilar Ledesma nació el 5 de abril de 1965 en San Guillermo, dentro de la Diócesis de Irapuato. Cuenta con preparación académica especializada, habiendo obtenido la Licenciatura en Pastoral Familiar en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma.

Fue ordenado presbítero el 10 de diciembre de 1989, quedando incardinado en la Arquidiócesis de Morelia. A lo largo de su ministerio sacerdotal, ha desempeñado una amplia gama de responsabilidades pastorales, educativas y administrativas, tales como:

-Vicario parroquial y administrador parroquial.
-Responsable de la Secretaría Diocesana de Evangelización y Catequesis.
-Capellán de las Hermanas Clarisas y vicario episcopal.
-Párroco y profesor en el seminario diocesano.
-Coordinador diocesano de Pastoral y asistente diocesano del Movimiento Familiar Cristiano.

Su servicio a la Iglesia lo llevó al episcopado el 1.º de diciembre de 2015, cuando fue nombrado obispo titular de Castulo y auxiliar de la Arquidiócesis de Morelia, recibiendo la ordenación episcopal el 25 de febrero de 2016. Posteriormente, el 12 de junio de 2021, asumió el cargo de obispo de Celaya, diócesis que ha encabezado hasta este nuevo nombramiento que lo lleva a asumir las riendas pastorales de Querétaro.

En el ámbito nacional, dentro de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), Mons. Aguilar Ledesma ha estado al frente de la Dimensión de los Laicos, coordinando esfuerzos en favor de la participación activa de la feligresía en la vida eclesial. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido


Equipo Metro News Celaya

-Los resultados de la simulación de la consulta de SEMARNAT: Siembran peligro e imponen almacén CRETIB en Celaya en la obra del tren sin avisar
-Habitantes del lugar denuncian la instalación irregular de un almacén de residuos peligrosos CRETIB en las inmediaciones de zonas habitacionales y obras pesadas.
-El documento vecinal de queja, expone que la operación de este sitio de acopio pone en grave peligro la salud pública, vulnerando el derecho humano a un entorno sano y seguro.
-Las evidencias gráficas y técnicas confirman la cercanía de maquinaria pesada y áreas residenciales con materiales altamente tóxicos y corrosivos sin control adecuado.

La instalación y operación de un sitio de acopio de residuos peligrosos clasificados bajo la norma CRETIB (Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables y Biológico-infecciosos) en zonas densamente pobladas y colindantes con obras de construcción del tren México-Celaya-Irapuato, promovido por el Gobierno federal ha desatado el rechazo y la protesta formal de los vecinos afectados, residentes en las márgenes de la vía del ferrocarril y de las obras donde pasará el tren. 

A través de un escrito de inconformidad fundamentado en la legislación ambiental mexicana, los habitantes exigen la intervención inmediata de las autoridades federales y municipales para frenar lo que califican como una amenaza directa contra la vida y la seguridad de las familias.

Se pone de manifiesto con esta situación, que empiezan a generarse los resultados de no haber consultado a los celayenses por parte de SEMARNAT (https://www.metronewsmx.com/2026/08/semarnat-simula-consulta-sobre-el-tren.html ) y la omisión que el mismo alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez realizó al no informar debidamente en tiempo, forma y por los canales adecuados de lo que esta obra significaría al iniciarse. (https://www.metronewsmx.com/2026/08/farsa-institucional-y-simulacion.html )


El escrito enviado a Metro News fue complementado con imágenes que muestran la caseta y precisamente la presencia de la Caseta CRETIB

Basándose en las imágenes proporcionadas, se observa la leyenda ¿Qué es el CRETIB?) y se precisa que código CRETIB es una clasificación que identifica las características de los residuos peligrosos según la norma NOM-052; C - C. CORROSIVO: Sustancia que puede destruir tejidos vivos o materiales. R - R. REACTIVO: Riesgo de explosión, gases tóxicos o inflamables. E - E. EXPLOSIVO: Capacidad de detonar o estallar por reacción. T - T. TÓXICO: Capacidad de causar daño a la salud, lesiones graves o la muerte. I - I. INFLAMABLE: Riesgo de prender fuego al estar cerca de fuentes de ignición y B - B. BIOLÓGICO-INFECCIOSO: Contiene microorganismos patógenos que causan enfermedades.


El CRETIB es un acrónimo utilizado en México para clasificar las características que definen a un residuo peligroso por su peligrosidad ambiental o para la salud humana, de acuerdo con la normatividad oficial (como la norma NOM-052-SEMARNAT). Su correcta identificación y etiquetado son fundamentales en la industria, laboratorios y centros de almacenamiento para garantizar la seguridad en su manejo, transporte y disposición final, previniendo accidentes y daños al medio ambiente.


Dependiendo del tipo de instalación y la cantidad de material manejado, la normativa ambiental en México establece criterios estrictos sobre la ubicación de instalaciones que manejan residuos peligrosos en relación con zonas habitacionales

Si se trata de almacenes temporales (de industrias, comercios o servicios), por lo general se encuentran dentro de las mismas instalaciones o plantas productivas. Su viabilidad a 100 metros de viviendas depende de los permisos de uso de suelo municipales, la evaluación de impacto ambiental y el volumen de residuos almacenados, ya que la ley exige que estén ubicados en sitios que garanticen la seguridad y eviten riesgos a la población o al medio ambiente.


Si es el caso de confinamientos controlados o centros de acopio grandes, es decir si se trata de infraestructura de disposición final o almacenamiento a gran escala, las normativas federales (como las normas oficiales mexicanas de la SEMARNAT) suelen exigir distancias mínimas de amortiguamiento mucho mayores (en ocasiones de hasta 1,000 metros o más de centros de población, dependiendo del tipo y la peligrosidad de los residuos) para salvaguardar la salud pública ante eventuales fugas, incendios o explosiones.

En resumen, a una distancia de 100 metros de una zona habitacional, un almacén de este tipo requiere obligatoriamente dictámenes estrictos de uso de suelo, licencias ambientales de operación y planes de contingencia aprobados por las autoridades locales y federales, ya que un manejo inadecuado o un accidente (como un incendio o derrame tóxico) pondría en peligro directo a la comunidad cercana.

Las consecuencias de la simulación de Consulta Ciudadana que debió haber dado a conocer SEMARNAT y el alcalde de Celaya en el municipio

Este grave conflicto social y ambiental surge como consecuencia directa de la omisión de una consulta pública real y transparente en Celaya (https://www.metronewsmx.com/2026/08/evasion-estatal-y-federal-con-un-simple.html ), habiendo simulado el proceso mediante publicaciones en Irapuato de avisos que por ley debieron difundirse de manera clara y directa en los municipios de Celaya, Villagrán, Cortazar, Santa Cruz de Juventino Rosas y Apaseo el Grande, que conforman la ruta directa por donde cruza el proyecto ferroviario. Al eludir la participación ciudadana y ocultar los verdaderos alcances de la obra, las autoridades propiciaron la instalación de focos rojos de contaminación. (https://www.metronewsmx.com/2026/08/semarnat-valida-que-el-proyecto-del.html )


La problemática se agudiza al contrastar el impacto directo de estas operaciones con la falta de garantías en los protocolos de contención de riesgos, en un contexto donde los vecinos señalan afectaciones colaterales constantes derivadas de maniobras con maquinaria pesada, vibraciones estructurales, acumulación de polvos y alteración del orden urbano. Los residentes advierten que la cercanía de este tipo de depósitos peligrosos vulnera de manera flagrante las disposiciones de protección civil y el derecho constitucional a la salud y a un medio ambiente adecuado.


En el cuerpo de la exigencia ciudadana se solicita una revisión exhaustiva de los permisos de uso de suelo, las autorizaciones de impacto ambiental emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y las licencias de funcionamiento de las instalaciones involucradas. Los inconformes recalcan que no permitirán la omisión de las instancias gubernamentales ni la consolidación de focos de contaminación que pongan en riesgo el tejido social y la tranquilidad de la comunidad. #MetroNewsMx


Redacción Editorial/Equipo Metro News San José de Iturbide

-El municipio emitió un boletín donde se narra una historia de situaciones que involucran a exalcaldes de este municipio y el manejo opaco, al margen de la ley para reacomodar permisos y la violación de la ley
-De hecho, la obra inició sin permisos de construcción y fueron multados; extraoficialmente, Cindy Arvizu habría aprobados la expansión de las instalaciones
-Municipio de San José Iturbide respalda el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en La Fragua. 
-Alcalde Edgar Montes reprocha que la planta operaba sin protocolos de protección civil, un riesgo latente.
-El gobierno municipal exige investigar y castigar cualquier acto de corrupción ligado a la instalación de la planta.
-Historial irregular: En 2017 la empresa fue multada por iniciar obras sin permisos antes de ampliar su capacidad.
-Pobladores de La Fragua crearon el Movimiento de Comunidades Unidas en 2019 ante los graves riesgos e invasiones.

SAN JOSÉ DE ITURBIDE.- La línea que separa el desarrollo industrial regulado del riesgo latente —y de las posibles redes de opacidad— suele ser peligrosamente delgada en el corredor del Bajío. El operativo implementado este día por la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, en estrecha coordinación con fuerzas federales, sobre la planta de almacenamiento de hidrocarburos en la comunidad La Fragua, no es un hecho aislado; es el punto de choque entre el pasado de omisiones burocráticas y la cruda realidad de un municipio que lleva años cargando con los riesgos de la infraestructura energética pesada.

El aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo, 10 tanques de gran capacidad y unidades de carga en un predio de esta magnitud obliga a hacer una pausa crítica y a revisar con lupa el historial administrativo que permitió la instalación de este complejo industrial.

De la alfombra roja al escrutinio de la autoridad

Resulta inevitable contrastar el despliegue táctico, los cateos y la presencia ministerial de hoy con las crónicas de diciembre de 2017, cuando el entonces gobernador Miguel Márquez Márquez, el secretario de Energía federal Pedro Joaquín Coldwell y el alcalde en turno, José César Rodríguez Zarazúa, inauguraban con bombo y platillo este mismo centro logístico. En aquel entonces, operado bajo alianzas corporativas de alto nivel (ExxonMobil, Orsan y Gas Natural del Noreste), se prometía modernidad, inversión y detonación económica.

Sin embargo, detrás de los discursos oficiales de la época, la realidad local era otra. El expediente de la planta exhibe una génesis accidentada: multas iniciales de más de 150 mil pesos en 2017 por comenzar a construir tanques de almacenamiento sin contar con los permisos de uso de suelo, seguidas de una vorágine de autorizaciones en cabildos sucesivos que elevaron la capacidad de almacenamiento autorizada a casi 100 millones de litros (97.7 millones) en febrero de 2018.

¿Cómo se gestó un crecimiento tan acelerado de infraestructura de alto riesgo en una zona rural? La respuesta parece diluirse en el tiempo entre donativos condicionados —como el famoso millón de pesos aceptado en 2017 para comprar un camión recolector de basura— y la venia sistemática de administraciones municipales que prefirieron apostar por la complacencia antes que por el ordenamiento territorial estricto.

El costo social: Comunidades ignoradas y protocolos inexistentes

Mientras los corporativos celebraban la llegada de ferrotanques con combustible importado en 2019, la sociedad civil organizada —a través del Movimiento de Comunidades Unidas en La Fragua— alzaba la voz para denunciar afectaciones a la vida cotidiana, riesgos inminentes para planteles escolares cercanos, olores penetrantes y la vulneración de sus tradiciones.

Las recientes declaraciones del actual alcalde, Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega, ponen el dedo en la llaga al reconocer una verdad que las administraciones pasadas intentaron minimizar: la empresa nunca contó con protocolos reales de protección civil ni de vinculación comunitaria. Las instalaciones industriales de esta envergadura son "peligrosas per se*, y dejar a los habitantes a merced de una contingencia sin planes de evacuación ni capacitación adecuada representa una irresponsabilidad institucional imperdonable.

El posicionamiento del gobierno municipal actual al respaldar las inspecciones actuales y exigir que cualquier acto de corrupción del pasado sea investigado y condenado, marca un contraste necesario, pero también deja una interrogante abierta: ¿cuántas otras instalaciones operan en el estado bajo la complacencia de permisos exprés y supervisiones laxas?

Hacia un replanteamiento de la seguridad y la legalidad energética

El operativo de este 17 de septiembre en San José Iturbide no debe verse únicamente como un golpe táctico contra el mercado negro de combustibles, sino como una llamada de atención estructural. La fiscalización exhaustiva que hoy realiza la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la procedencia, legalidad y volúmenes exactos del producto almacenado pondrá a prueba la solidez del sistema de procuración de justicia para distinguir entre la operación corporativa formal y los resquicios donde la ilegalidad y la simulación encuentran refugio.

La paz en Guanajuato no se construye únicamente con patrullajes carreteros o aseguramientos espectaculares, sino erradicando la impunidad corporativa y cerrándole el paso a la corrupción que permite que complejos de almacenamiento masivo operen de espaldas a la seguridad de sus comunidades.

Como bien señala el llamado del alcalde Montes de la Vega, la denuncia ciudadana y la vigilancia comunitaria son vitales, pero la carga principal recae en un Estado que debe garantizar que la infraestructura energética del país sirva para el desarrollo nacional, y no para convertir a los municipios en rehenes de riesgos industriales descontrolados.

Sobre si la pasada administración, que encabezó Cindy Arvizu, está involucrada en el tema, extraoficialmente trascendió que su administración otorgó permisos de ampliación.

El boletín emitido por el municipio de San José de Iturbide

-Refrenda Gobierno de San José de Iturbide compromiso con la legalidad, el orden y la seguridad tras operativo e inspección a planta de almacenamiento de combustible
-El alcalde Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega reiteró la importancia de la denuncia ciudadana, la transparencia operativa de las empresas y el estricto cumplimiento normativo para proteger a las familias iturbidenses.
-La administración municipal respalda las acciones coordinadas de la Secretaría de Seguridad y Paz Estatal y autoridades federales para garantizar la tranquilidad en el municipio.
-Ante la falta de protocolos de emergencia y vinculación comunitaria identificados previamente en la zona, el Gobierno Municipal mantendrá atención directa a la ciudadanía.

Respecto a las acciones ejecutadas el día de hoy por la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato en coordinación con autoridades federales -quienes llevaron a cabo un cateo e inspección en un inmueble de almacenamiento de combustible asegurando aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo, 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga y contenedores-, el Gobierno Municipal de San José de Iturbide expresa su total respaldo a las labores de fiscalización, combate a la irregularidad y construcción de paz de los tres órdenes de gobierno.
El Ministerio Público Federal continuará con las investigaciones y los dictámenes periciales correspondientes para determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto.

Postura municipal ante los antecedentes en la comunidad de La Fragua

En relación con el historial operativo y los antecedentes administrativos de la instalación ubicada en las inmediaciones de la comunidad de La Fragua -asentada previamente bajo esquemas de almacenamiento y distribución de petrolíferos-, el Gobierno Municipal aclara que el alcalde Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega ha mantenido un diagnóstico constante sobre las inquietudes legítimas manifestadas por la población.
En un recorrido y diálogo directo con los habitantes realizado en febrero pasado, el Presidente Municipal externó de manera tajante su preocupación por la falta de protocolos de protección civil e integración social por parte de la empresa:
"Lo que me mencionaron, que también me llamó mucho la atención, es que nunca ha habido un protocolo de atención en el caso de algún tipo de emergencia... Llegó la empresa y no solamente irrumpe con una nueva forma de aculturización, sino también los pone en una situación de emergencia", señaló en su momento el munícipe iturbidense.

El alcalde subrayó que las instalaciones industriales y de manejo de combustibles conllevan un riesgo inherente ("es peligroso per se") y reprochó que la empresa no contara con capacitaciones puntuales sobre cómo actuar ante un eventual accidente o contingencia, afectando incluso las dinámicas y tradiciones de la comunidad. Asimismo, se pronunció porque  cualquier acto de corrupción que haya servido para la instalación irregular de cualquier empresa debe ser investigado y condenado puntualmente. 

La denuncia y la colaboración como pilares de la paz

El Dr. Manuel Montes enfatizó que la tranquilidad y el bienestar del municipio exigen reglas claras, la presencia constante de la autoridad y una ciudadanía participativa:
"¿Qué es lo que hay que hacer? Estar unidos, estar observando y denunciar. Esto es muy importante, es un elemento para construir la paz. Mientras que la autoridad esté atenta, las cosas van a estar tranquilas... Por eso yo estoy atento, ando caminando las comunidades y recorriendo el municipio porque me quiero enterar realmente de qué es lo que está ocurriendo", aseveró el edil.

Historial periodístico y antecedentes documentados

Como parte de la transparencia informativa sobre el predio e instalaciones sujetas a inspección en la comunidad de La Fragua, se detalla la cronología de notas y acuerdos administrativos registrados precedentemente:

Durante el gobierno municipal de 2012-2015, encabezado por Filiberto López Plaza, se autorizó la instalación de la empresa SIM. Sin embargo, en el gobierno 2015-2018, específicamente en 2017 se recibió una multa municipal por iniciar obras sin permiso y primera autorización de factibilidad:

El Ayuntamiento, encabezado por César Rodríguez Zarazúa, autorizó el cambio de propietario a favor de la empresa Gas Natural del Noroeste y la ampliación de uso de suelo a Terminal de Almacenamiento y Suministro de Petrolíferos. Se documentó una multa de 150 mil 980 pesos impuesta a la compañía por comenzar a construir tanques de almacenamiento sin contar con el permiso de uso de suelo correspondiente. En esa etapa se dictaminó la factibilidad para cuatro tanques con capacidad conjunta de poco más de 38 millones de litros de combustible. 

Aceptación de donativo condicionado en Cabildo

Los integrantes del Ayuntamiento aceptaron en mayo de 2017 la donación de 1 millón de pesos por parte de la compañía Gas Natural del Noreste -entonces sancionada por la edificación de contenedores sin permisos-, recursos que fueron etiquetados por el pleno municipal para la adquisición de un camión recolector y compactador de basura para la Dirección de Servicios Municipales. 

Inauguración oficial de la planta de almacenamiento

En Diciembre de 2017, con la presencia del secretario de Energía, de gobierno federal, Pedro Joaquín Coldwell, el gobernador Miguel Márquez Márquez y el alcalde iturbidense, José César Rodríguez Zarazúa se inauguró el centro de almacenamiento de combustibles ubicado en el kilómetro 56 de la carretera federal 57 (La Fragua), operado por Gas Natural del Noreste en alianza con ExxonMobil y Grupo Gasolinero Orsan, contando con resoluciones de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y SEMARNAT. 

En febrero de 2018 se dio autorización para ampliación de capacidad a casi 100 millones de litros:
El Cabildo aprobó una nueva solicitud para incrementar la capacidad de almacenamiento de 240 mil a 615 mil barriles de combustible mediante la construcción de cinco tanques adicionales de 75 mil barriles cada uno, alcanzando un volumen total autorizado de 97.7 millones de litros de petrolíferos. 

Capacitaciones preventivas a cuerpos de rescate
Ante la operación de los tanques, en junio de 2018, la Dirección de Protección Civil Municipal y la empresa gestionaron talleres de actualización y manejo de emergencias por combustibles y gas LP dirigidos a Bomberos de San José de Iturbide, San Luis de la Paz, Noreste y Cruz Roja. 

Llegan los ferrotanques
En octubre de 2019, el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció la llegada de los primeros ferro-tanques con combustible importado de la petrolera Shell a la terminal de almacenamiento del municipio.

Organización comunitaria y mesa de diálogo en La Fragua
En febrero de 2019, pobladores de la comunidad de La Fragua conformaron el Movimiento de Comunidades Unidas para manifestar su inquietud ante la expansión de los tanques, citando afectaciones a su vida cotidiana, riesgos para planteles educativos cercanos, generación de olores y restricciones a sus festividades tradicionales, estableciendo mesas de diálogo con la empresa para frenar la compra no consensuada de predios.

Es así que el Gobierno Municipal de San José de Iturbide actual reitera su disposición absoluta para colaborar con las autoridades federales y estatales en las diligencias que correspondan, buscando evitar actos de corrupción que puedan afectar las comunidades iturbidenses. Asimismo, invita a la población a utilizar los canales de denuncia anónima al 089 y la línea de emergencias 9-1-1 para reportar cualquier actividad irregular que ponga en riesgo la integridad de nuestras comunidades. #MetroNewsMx

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