Redacción Editorial/Equipo Metro News San José de Iturbide
-La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato detectó una anomalía financiera por más de 39 millones de pesos destinados a la actualización tecnológica del sistema de emergencias 911, canalizados indebidamente a una asociación civil de bomberos durante el mandato de la exalcaldesa Cindy Arvizu.
-El entramado administrativo del proyecto revela reuniones previas entre líderes de la sociedad civil, la entonces munícipe y su secretario de Seguridad Pública, configurando un esquema donde se marginó la planeación y presupuestación municipal exigida por la ley para la seguridad pública.
-La opacidad documental se profundiza tras el hallazgo de un contrato con la empresa proveedora que no aparece en los archivos de las dependencias estatales ni municipales consultadas, manteniendo el millonario caso bajo litigio en tribunales federales sin una resolución firme.
El manejo de los recursos públicos en el estado de Guanajuato enfrenta un escrutinio severo cuando las decisiones administrativas se alejan de la legalidad y del sentido común normativo. Un claro reflejo de esta vulnerabilidad institucional se documenta en el Informe de Resultados de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), con fecha del 20 de mayo de 2025, derivado de la revisión del ejercicio fiscal 2024 practicada al Poder Ejecutivo a través del FIDESSEG. En dicho documento, la Observación Núm. 013 pone bajo la lupa una posible irregularidad por la suma exacta de 39 millones 016 mil 333 pesos, etiquetada bajo el proyecto denominado “Actualización tecnológica del sistema de emergencias 911 de San José Iturbide, Guanajuato”.
La información dada a conocer por el Periódico Correo en su sección Opinión, escrita por el columnista Eliazar Velázquez Benavidez (https://periodicocorreo.com.mx/opinion/2026/aug/23/san-jose-iturbide-la-ruta-de-39-millones-para-el-911-bajo-observacion-de-la-aseg-164978.html ) pone en evidencia otra presunta "hazaña" con danza de millones de pesos de la administración de Cindy Arvizu y que se suma a la no acreditación de 9.4 millones de pesos de recursos federales que están siendo revisados por la Auditoría Superior de la Federación, tal y como lo dio a conocer Metro News el 23 de marzo de 2026. (https://www.metronewsmx.com/2026/03/cindy-arvizu-ahora-bajo-la-lupa-federal.html
)
De acuerdo con el dictamen técnico del órgano fiscalizador, los millonarios recursos fueron autorizados y entregados a los Bomberos Voluntarios de San José Iturbide, Gto., A.C., incurriendo flagrantemente en una contravención a las disposiciones que regulan la evaluación y selección de proyectos del fideicomiso. La ASEG subraya un principio elemental de la administración pública: por norma constitucional y legal, los proyectos vinculados a la seguridad pública corresponden estrictamente a la planeación, presupuestación y ejecución de los gobiernos municipales.
Canalizar fondos públicos de esta magnitud a una asociación civil que carecía de atribuciones legales para asumir funciones de seguridad pública no solo representa una falla en la supervisión financiera, sino una distorsión de las responsabilidades de Estado. Ante esta anomalía, la ASEG determinó una consecuencia directa e inapelable en el ámbito administrativo: el reintegro en especie de los recursos observados. Lejos de ser un trámite menor, la ruta crítica de este desvío expone un entramado que comenzó a tejerse mucho antes de la validación formal de los apoyos.
La cronología de un proyecto fraguado en la opacidad
La secuencia pública de los hechos permite reconstruir cómo se gestó la operación durante la administración encabezada entonces por la exalcaldesa Cindy Arvizu. El 28 de octubre de 2023, Juan Carlos Usabiaga —entonces presidente de Actuando por Guanajuato, A.C., instancia encargada de dar seguimiento a los proyectos del FIDESSEG en materia de seguridad— difundió en redes sociales una visita clave al municipio. En ese encuentro participaron directamente Cindy Arvizu y Edgar Martínez Méndez, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública municipal, con el propósito declarado de afinar los detalles del proyecto de modernización del C4 local.
Este antecedente demuestra que las conversaciones y el diseño operativo se realizaron al margen de los procedimientos normativos regulares. Posteriormente, el 26 de enero de 2024, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la convocatoria formal para acceder a los apoyos del fideicomiso. Acelerando los procesos, el 22 de marzo de 2024 el Comité Técnico aprobó el proyecto mediante el acuerdo CTFIDESSEG 27/20.03.2024.
El 24 de abril de 2024 se formalizó la firma del convenio entre la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) y los Bomberos Voluntarios de San José Iturbide, A.C., representados por Manuel Martínez Gutiérrez. El acuerdo económico también fue validado por Gonzalo Mauricio Hernández Zepeda, director de FIDESSEG, y Mauricio Usabiaga del Moral, en representación de “La Fundación”. El convenio estipulaba la entrega del recurso en tres exhibiciones, obligando a la asociación civil a emitir los recibos y comprobaciones fiscales del equipamiento.
La participación de la administración de Cindy Arvizu y la ruta del contrato perdido
Aunque los bomberos fungieron formalmente como beneficiarios nominales, la participación de los funcionarios de la administración de Cindy Arvizu fue determinante. Edgar Martínez Méndez, secretario de Seguridad Pública en ese periodo, reconoció públicamente antes de la firma del convenio el destino del dinero: un 60 o 70 por ciento para tecnología y un 30 por ciento para obra civil y mano de obra a cargo del proveedor. Meses más tarde, el 4 de noviembre de 2024, al ser nombrado comisario de la Región 3 por el Gobierno Estatal, su ficha oficial de logros presumió precisamente la “elaboración del proyecto de actualización del sistema de emergencias 911”.
El galimatías administrativo se complica aún más en el terreno documental y jurídico. En la página 197 del expediente de la ASEG se consigna que, el 12 de marzo de 2025, el tesorero municipal entregó mediante el oficio TM-0231/2025 el “Contrato de compra del 09 de mayo de 2024 celebrado con la empresa Int Intelligence and Telecom Technologies México S.A. de C.V.”. Sin embargo, al solicitarse una copia de dicho contrato a las áreas competentes del gobierno local, las respuestas evidenciaron un vacío de rendición de cuentas: el tesorero actual informó que no contaba con la información; Seguridad Pública, a través del capitán Presbítero Ávila Rivera, respondió que el asunto no correspondía a sus atribuciones; y la oficina del 911 hizo lo propio deslindándose de su resguardo.
La Secretaría del Nuevo Comienzo (antes SEDESHU) tampoco localizó el documento en sus archivos, argumentando que se trató de un trato entre particulares y la organización ejecutora, sin su intervención directa como contratantes.
Al cierre de este análisis, el millonario caso no cuenta con una resolución firme y definitiva. La secretaria María Luisa Herrera Aguirre confirmó que el procedimiento de fiscalización se encuentra atado a diversos juicios de amparo promovidos ante órganos jurisdiccionales federales, cuya tramitación motivó la reposición de actuaciones en el proceso de auditoría de la ASEG.
La administración municipal actual, encabezada por el alcalde Manuel Montes de la Vega —quien recibió en noviembre de 2024 a los representantes de Actuando por Guanajuato cuando el proyecto ya estaba en marcha—, ha heredado un severo problema financiero y legal fraguado en el trienio de Cindy Arvizu. Los 39 millones de pesos del erario estatal y social continúan bajo la sombra de la sospecha, atrapados en un laberinto de amparos federales, opacidad contractual y una evidente simulación de responsabilidades institucionales que agravan la confianza ciudadana en el manejo de los fondos públicos en Guanajuato. #MetroNewsMx
Publicar un comentario