Eugenio Amézquita Velasco
Este 31 de julio de 2026 no hubo una conferencia de “resultados”; en realidad, fue un espejo incómodo. Frente a periodistas, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió doce expedientes y, sin proponérselo, exhibió el tamaño de la impunidad que persigue al periodismo en Guanajuato. Las cifras golpean más que cualquier discurso: doce periodistas aparecen en la lista oficial; apenas tres casos alcanzaron sentencia condenatoria y uno terminó con absolución. Los demás continúan entre órdenes de aprehensión pendientes, investigaciones abiertas o sin pistas suficientes para capturar a los responsables.
La columna de nuestro compañero periodista Alfonso Machuca, director del medio digital "El Otro Enfoque", pone el dedo en la llaga en su artículo editorial "La bala que nunca llega al autor intelectual" publicado este 1 de agosto de 2026. (https://elotroenfoque.mx/index.php/2026/08/01/la-bala-que-nunca-llega-al-autor-intelectual/ )
Ese dato, por sí solo, debería estremecer a cualquier sociedad democrática. Sin prensa libre no existe vigilancia del poder, y sin justicia para los periodistas tampoco existe garantía para cualquier ciudadano.
Ayer fue un día triste, y más aún considerando que no se ventilaron las amenazas constantes que provienen de subordinados de la propia Fiscalía o de empleados de la Secretaría de Seguridad, como el caso del compañero Macario en Celaya.
El alcance del Estado: El autor material cae, el intelecto impune
La mesa técnica reunió al secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, al fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste, así como a representantes del mecanismo estatal de protección y periodistas. Nadie cuestionó el trabajo cotidiano de los ministerios públicos ni de los peritos, porque el problema resulta ser mucho más profundo.
La Fiscalía presentó avances procesales: capturas, cateos, peritajes o testimonios. Sin embargo, otra realidad emergió entre cada expediente: la justicia continúa persiguiendo a los autores materiales mientras los autores intelectuales permanecen fuera del alcance institucional. Ese vacío representa la mayor derrota del Estado.
Un asesino rara vez decide solo. Alguien ordena, financia, facilita, protege o celebra el crimen; es allí donde comienza la verdadera deuda pendiente con el periodismo. Incluso la propia Fiscalía reconoció que únicamente algunos expedientes mantienen elementos suficientes para relacionar directamente el homicidio con la actividad periodística, evitando todavía establecer esa conclusión en otros casos.
La actividad periodística como primera línea de investigación
Si bien la prudencia jurídica resulta entendible, esta tampoco puede convertirse en resignación. Cuando un comunicador recibe amenazas, documenta actos de corrupción, incomoda a intereses criminales o exhibe abusos oficiales, cualquier investigación exige mirar primero hacia su trabajo.
México aprendió demasiado tarde esa lección. Durante años, muchas carpetas de investigación ignoraron la actividad periodística de las víctimas; posteriormente llegaron protocolos especializados precisamente para evitar esa omisión, pero aun así los resultados permanecen insuficientes.
Durante la presentación quedó una sensación imposible de esconder: algunos expedientes avanzan con firmeza, mientras que otros parecen caminar sin dirección. El tiempo jamás juega del lado de la justicia, ya que cada mes borra rastros, enfría testimonios y fortalece pactos de silencio.
Exigencia de verdad completa y no de privilegios
Los periodistas no buscan privilegios; exigen exactamente lo mismo que cualquier otra víctima: verdad completa, justicia verdadera y castigo tanto para quien disparó como para quien dio la orden desde la comodidad del anonimato. Detrás de cada comunicador asesinado existe una historia interrumpida, una familia rota, una comunidad desinformada y una pregunta incómoda que alguien consiguió silenciar mediante la violencia.
Guanajuato presume instituciones sólidas, y corresponde demostrarlo donde más importa. Ningún gobierno acredita su compromiso con la libertad de expresión únicamente mediante discursos, mesas de diálogo o comunicados institucionales; la prueba definitiva siempre aparece dentro de los tribunales.
Una pregunta que no debe acallarse
Se escucharon expedientes y también se escucharon silencios. Los nombres cambiaron, las fechas también, pero la conclusión permaneció idéntica: la impunidad todavía ocupa demasiado espacio dentro de cada carpeta presentada.
Ejercer el periodismo en Guanajuato significa asumir uno de los mayores riesgos entre los oficios públicos, una realidad que no debería normalizarse ni aceptarse como un costo inevitable de informar. La Fiscalía todavía tiene la oportunidad de cambiar esta historia. Los periodistas, por su parte, conservan la obligación de no olvidar a sus compañeros ni dejar de preguntar quién apretó el gatillo y, sobre todo, quién ordenó hacerlo, pues mientras esa respuesta permanezca ausente, ninguna sentencia alcanzará para llamarse justicia. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido
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