Redacción Editorial
Juan Miguel Ramírez Sánchez no es el "alcalde todopoderoso"; hay niveles
El II Informe es del Ayuntamiento de Celaya, no del alcalde; El viraje legal en la rendición de cuentas
Se trata de garantizar que la rendición de cuentas sea un ejercicio de evaluación técnica de la administración pública y no un despliegue publicitario enfocado en la imagen personal del gobernante en turno.
En la jerga política y el titular mediático aún sobrevive el viejo vicio de llamar “Informe del alcalde” (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/celaya-gobierno-segundo-informe-de-juan-miguel-ramirez-sera-mas-dinamico-31462300 ) al acto anual de rendición de cuentas municipales. Sin embargo, en el estricto apego al marco normativo de Guanajuato, esta concepción es jurídicamente errónea. La ley vigente no contempla el lucimiento unipersonal de un presidente municipal, sino la obligación corporativa y fiscalizada de un órgano colegiado: es, sin margen de ambigüedad, el Informe del Ayuntamiento.
Este cambio no es un asunto semántico ni un mero capricho de redacción; responde a una reforma de fondo en la estructura del derecho municipal en la entidad, diseñada para acotar el presidencialismo local y devolver la centralidad democrática al Cabildo.
La Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Guanajuato establece con claridad la naturaleza jurídica del ejercicio. En su Artículo 76, fracción I, inciso k, la norma señala expresamente que es una facultad y obligación del Ayuntamiento en su conjunto y es el de “rendir a la ciudadanía, por conducto del Presidente Municipal, un informe anual del estado que guarda la administración pública municipal…”
La precisión del articulado es contundente: el Presidente Municipal no rinde "su" informe, sino que actúa como el vocero y ejecutor de un mandato del Pleno. El informe pertenece al Ayuntamiento —integrado por la Presidencia, las Sindicaturas y las Regidurías—, pues es este cuerpo edilicio el que aprueba el presupuesto, presupone la vigilancia del gasto, norma las políticas públicas y fiscaliza las dependencias.
Para que el documento pueda ser presentado públicamente, el Artículo 77 de la misma ley exige que el expediente técnico sea sometido a revisión, análisis y aprobación previa de la mayoría de los integrantes del Cabildo en sesión solemne. Sin el aval del Pleno, el documento carece de validez jurídica.
El pasado normativo: La transición desde la Ley Orgánica Municipal
Durante décadas, el ejercicio del poder local en Guanajuato estuvo regulado por la antigua Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Bajo aquel esquema, el Artículo 70 otorgaba un peso desproporcionado a la figura del alcalde, redactando las obligaciones de rendición de cuentas de una forma que facilitaba la personalización del acto y la propaganda individualista.
Aquel marco propiciaba que el informe se convirtiera en un pasarela política donde la figura del edil eclipsaba la función fiscalizadora de los regidores y síndicos. Las dependencias trabajaban para el lucimiento del titular del Ejecutivo municipal y el Cabildo quedaba relegado a un rol testimonial.
La transición hacia la actual Ley de Gobierno y Administración Municipal respondió a tres motivos fundamentales del legislador estatal:
-Descentralizar el poder municipal: Erradicar el modelo de "alcalde todopoderoso" para consolidar un gobierno de pesos y contrapesos, donde la Sindicatura y la Oposición en las Regidurías tengan peso real en la validación de las cifras presentadas.
-Corresponsabilidad en la gestión: Al catalogarse como un informe del cuerpo colegiado, los integrantes del Cabildo asumen responsabilidad jurídica y política sobre la veracidad de los datos, avances de obra pública e indicadores de seguridad contenidos en el documento.
-Institucionalidad sobre propaganda: Garantizar que la rendición de cuentas sea un ejercicio de evaluación técnica de la administración pública y no un despliegue publicitario enfocado en la imagen personal del gobernante en turno.
Continuar catalogando este ejercicio como el "Informe del alcalde" perpetúa un vicio de comunicación política que invisibiliza el marco legal de Guanajuato. La ley es clara: la ciudadanía evalúa al gobierno de su municipio, y el gobierno de un municipio reside formal y jurídicamente en su Ayuntamiento. #MetroNewsMx
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