-Chat revela que Gilberto Zárate aseguró haber despedido a subdirectora de Turismo en febrero, pero ella sigue operando con el municipio
-Tras descubrir engaño de Zárate sobre el cese de Liliana García, la empresaria Ingrid Garcés expuso los abusos de esta funcionaria a medios
-Alcalde admite que la funcionaria amenazó con "proceder" tras citarla a firmar renuncia, paralizando la destitución prometida
-A 5 días de su falso despido, Liliana García alardea en redes: "Soy poderosa", confirmando su permanencia frente al edil
-Zárate justifica no remover a la colaboradora alegando agenda saturada y un "no entendí" ante la advertencia de acción legal de su empleada
-Evidencias exhiben a un gobierno municipal rebasado, incapaz de ejecutar el despido de Turismo por temor a litigio o chantaje
COMONFORT.- Diálogos entre el alcalde de Comonfort Gilberto Zárate Nieves y la destacada empresaria local Ingrid Garcés, revelan que el presidente municipal mintió al asegurar el despido de la funcionaria subdirectora de Turismo, Liliana García, para apaciguar a la iniciativa privada.
Ante el reclamo de la empresaria Ingrid Garcés al descubrir la farsa, el edil admitió evasivamente que la colaboradora estaba avisada y que amenazó con "proceder". Incapaz de sostener la autoridad en su gabinete, la inacción de Zárate exhibe un gobierno sometido por el temor a litigios laborales o a la filtración de información sensible, prefiriendo traicionar la confianza del sector empresarial con un torpe "no entendí".
El diálogo permite hacer una reconstrucción de la secuencia de los hechos y la dinámica entre la empresaria Ingrid Garcés y el alcalde de Comonfort, Gilberto Zárate Nieves.
Viernes 6 de febrero - Notificación previa:
El alcalde le escribe a Ingrid: "Buenas tardes Ingrid. Ya hablé con la arquitecta Liliana. Ya está dada de baja le pedí la renuncia."
Como se observa, en esta fecha, el edil asegura formalmente y por escrito vía Whatsapp a la empresaria que la funcionaria/colaboradora (Liliana) ya fue dada de baja de su administración.
-Ingrid Garcés comunica la retirada de su apoyo:
La empresaria comonforense menciona que apoyaba un proyecto con su hotel, pero que debido a lo que se le informa, retira su apoyo y exige que se le hable con la verdad.
-La respuesta del alcalde:
Justifica la situación diciendo que Liliana "no se presentó el lunes, a la cita para cerrar. El martes me llamó y me dice que va proceder, no entendí y debido a que he andado saturado de actividades no he podido darle seguimiento."
-La réplica de Ingrid Garcés:
Señala la inconsistencia directa manifestando que desde la Secretaría de Turismo de Guanajuato y TV4 le informan que Liliana sigue siendo la responsable del programa de modas "Guamarea" y que incluso hablaron con ella esa misma semana.
Ingrid adjunta una publicación oficial/promocional:
Se observa una imagen promocional de "Guamares, Vestir la Noche", firmada/mencionada junto a Cultura, BJXMODA, el Gobierno de Comonfort y con el crédito explícito a "Liliana García coordinadora".
-Ingrid cuestiona:
"Buenas noches Gilberto, disculpa la hora. Esto se está publicando en este momento. Se supone que Liliana ya no está en Turismo y entonces...".
El mensaje de Liliana García que exhibe actitudes de "poder", pero no de autoridad
Sin embargo, días después, el 11 de febrero de 2026, Liliana García publica en su cuenta de Facebook una imagen con una frase que encierra un mensaje con muchas ramificaciones: "No necesito vencer a nadie para saber que soy poderosa. Paso firme, meta clara".
La publicación de Facebook resulta reveladora cuando se analiza en la línea del tiempo del conflicto entre el alcalde Gilberto Zárate, la empresaria Ingrid Garcés y la funcionaria Liliana García.
El factor clave que es la línea de tiempo establece dos momentos. El primero, el viernes 6 de febrero cuando el alcalde Gilberto Zárate le escribe a Ingrid Garcés afirmando categóricamente que ya le pidió la renuncia a Liliana y que esta ya fue "dada de baja". El miércoles 11 de febrero -Cinco días después-, Liliana García publica en su perfil personal de Facebook una fotografía profesional sonriente con la frase: "No necesito vencer a nadie para saber que soy poderosa. Paso firme, meta clara."
La frase, un desafío público al alcalde Gilberto Zárate Nieves
Apenas unos días después de que se le solicitara supuestamente la renuncia y de negarse a firmar en la "cita del lunes" -mencionada por Zárate en sus chats-, la funcionaria publica un mensaje cargado de autoafirmación y poder. Lejos de actuar como una funcionaria destituida o acorralada, exhibe una postura victoriosa.
La frase "No necesito vencer a nadie para saber que soy poderosa" funciona como un dardo retórico directo hacia quienes intentaron removerla de su puesto. En el lenguaje político local, esto refuerza la hipótesis de que ella ganó la "pulseada" interna al alcalde, ya sea por la vía legal -amenaza de litigio- o política expedientes/chantaje.
Con "Paso firme, meta clara", Liliana envía una señal hacia afuera —incluyendo a dependencias como Sectur Guanajuato, TV4 y empresarios locales— de que ella no se va, mantiene el control de la agenda de Turismo y sigue firme en su posición, desmintiendo en los hechos cualquier rumor o versión oficial sobre su despido.
La publicación del 11 de febrero es la prueba de la "victoria" de Liliana García sobre la decisión inicial del Presidente Municipal. Mientras el alcalde Gilberto Zárate intentaba apaciguar a la empresaria Ingrid Garcés asegurándole que la funcionaria estaba fuera, Liliana utilizaba sus redes sociales para ratificar públicamente su permanencia y poder. La cronología confirma que la amenaza de "proceder" surtió un efecto paralizante en el alcalde, dejándolo expuesto ante la iniciativa privada como un gobernante sin autoridad sobre su propio gabinete.
La mentira del alcalde Gilberto Zárate Nieves
Existe una clara contradicción entre lo asegurado por el edil el 6 de febrero -donde afirmó categóricamente que había pedido la renuncia a Liliana- y la realidad operativa expresada meses/semanas después, donde la funcionaria seguía coordinando proyectos clave e interactuando con dependencias estatales (Turismo de Guanajuato) y medios (TV4).
Ante la falta de transparencia, la empresaria García decide retirar el apoyo logístico/patrocinio de su hotel expresando explícitamente su molestia al no recibir información directa y verídica.
El alcalde intenta justificar el incumplimiento de la destitución atribuyéndolo a que la funcionaria "no asistió a la cita" y a su "agenda saturada de actividades", argumentando falta de tiempo para dar seguimiento a un despido que él mismo había dado por hecho con anterioridad.
El análisis de la frase y la declaración del alcalde deja ver una respuesta evasiva que, en el contexto de la función pública, resulta muy poco creíble.
La frase "va a proceder", presuntamente manejada por la subdirectora de Turismo, en el ámbito administrativo o legal es un formulismo claro de advertencia o amenaza de acción legal/formal. Hay dos posibles interpretaciones que no solo son viables, sino que representan los dos escenarios más probables en este tipo de conflictos.
La primera, es el miedo a una demanda laboral -conflicto legal-administrativo-. Liliana le está advirtiendo que no aceptará la renuncia o el despido de manera voluntaria y que interpondrá un juicio laboral por despido injustificado (o una queja ante Tribunales de Conciliación y Arbitraje).
Decir "va a proceder" tras no presentarse a una "cita para cerrar" (firmar finiquito o renuncia) es el comportamiento típico de alguien que está asesorándose legalmente para demandar al municipio.
La segunda, es el miedo al chantaje o filtración de información -conflicto político-personal-. "Proceder" implica la amenaza de hacer pública información sensible, irregularidades internas, expedientes o compromisos que la funcionaria conoce por su cargo o cercanía. Esta opción explicaría la parálisis y vacilación del alcalde. En la política municipal, cuando un superior promete dar de baja a un colaborador y luego "se echa para atrás" dejándolo en la nómina o en la misma área (como la Subdirección de Turismo), suele responder a un chantaje o a un costo político/personal que el alcalde no está dispuesto a asumir.
¿Es creíble la excusa "no entendí" por parte del alcalde? No, no es creíble. Un presidente municipal cuenta con un equipo legal (Síndico, Jurídico, Desarrollo Organizacional) capacitado para interpretar inmediatamente lo que significa que un empleado "vaya a proceder".
Decir "no entendí" y sumarle "he andado saturado de actividades" es una técnica clásica de disimulo. Le permite ganar tiempo, evitar dar explicaciones concretas a la empresaria y justificarse por no haber ejecutado la baja que prometió desde el 6 de febrero.
Si el alcalde formalmente le pidió la renuncia y la dio por "dada de baja", no cabe el "no entender" cuando la contraparte responde que va a actuar en consecuencia; la reacción natural de una autoridad firme habría sido derivar el asunto de inmediato a la Dirección Jurídica del Municipio.
Liliana frenó su despido amenazando con un litigio laboral que comprometería las finanzas o la imagen del municipio o, con un probable chantaje/información sensible. Es la causa más sólida para explicar por qué, a pesar de asegurar por escrito que ya no estaba en el cargo, la funcionaria sigue operando en la Subdirección de Turismo y coordinando proyectos con dependencias estatales (como Sectur Guanajuato y TV4).
El "no entendí" del alcalde funciona como una cortina de humo para ocultar que quedó maniatado —ya sea por la vía legal o por la vía de la presión interna— ante la propia funcionaria. #MetroNewsMx
-Contraloría de Celaya negó indagar desfalco de 5 MDP, pero un oficio del 24 de julio prueba que sí abrió una investigación.
-Un oficio oficial revela que el 22 de julio se interpuso una queja formal en Celaya por presunto desfalco de 5 millones de pesos.
-Tras exigir una fe de erratas a Metro News, la Contralora de Celaya fue desmentida por un oficio que ella misma firmó días antes.
-Documento revela que exjefe de Nóminas denunció presión para firmar detrimento por 5 MDP y retención ilegal en Tesorería Celaya.
-La aclaración enviada por Comunicación Social carece de validez legal, folio, membrete y sellos de la Contraloría de Celaya.
-La Contraloría de Celaya solicitó al Tesorero un informe e investigación por 5 MDP, pero luego negó haber intervenido en la queja.
-Al desmentir su propia investigación, la Contraloría de Celaya incurre en contradicciones y falta de probidad institucional.
-La solicitud de fe de erratas busca frenar la cobertura periodística sobre la crisis de 5 millones en la Tesorería de Celaya.
-Metro News prueba con sellos oficiales que su nota sobre el desfalco en Celaya está basada en expedientes reales del municipio.
-Intento de acallar el caso de los 5 MDP evidencia presunta violación a la libertad de expresión por el gobierno celayense.
En atención a la solicitud realizada vía Whatsapp este 29 de julio de 2026 a las 17:26 horas, por el área de Comunicación Social pidiendo a la redacción de Metro News la publicación de algo que denominaron "Fe de Erratas", les informamos que con mucho gusto lo hacemos.
Es importante señalar que se denomina Fe de erratas -o simplemente errata- a una sección, nota o documento aclaratorio que se publica posterior a la salida de un texto -sea un libro, diario, revista, documento oficial o norma legal- para corregir errores puntuales de edición, tipográficos, de imprenta o de transcripción que se pasaron por alto antes de la publicación.
La solicitud de Comunicación Social busca aclarar la base de una información sobre el presunto desfalco por 5 millones de pesos que se le cuestionó por la Tesorería Municipal de Celaya al exencargado de nóminas Alejandro Arroyo Alvarado. La nota informativa tiene como punto focal un oficio enviado por la Contraloría a la Tesorería Municipal y que reproducimos a continuación.
El contenido del archivo textual es el siguiente:
OFICIO: 1345/CM/DA/2026
Asunto: Solicitud de información y aclaración respecto a queja presentada.
Celaya, Gto., a 24 de julio de 2026
Página 1 de 1
C.P. JUAN ALMARAZ VILCHIS
TESORERO MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.
PRESENTE.
Por medio del presente, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 175, fracciones VIII, IX, X, XVII, XVIII y XXV de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, me dirijo a usted de la manera más atenta.
En atención a la queja interpuesta ante este Órgano Interno de Control el pasado 22 de julio del año en curso por el C. Alejandro Arroyo Alvarado, Jefe de Nóminas del Municipio, se hace de su conocimiento que el denunciante manifestó lo siguiente:
Que los CC. Lic. Luis Alejandro Montaña (sic) Ordeño (Director de Contabilidad) y C.P. Rogelio García Mosqueda (Subtesorero) pretendieron obligarlo a firmar un documento en el que aceptaba un presunto detrimento patrimonial por la cantidad de $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.), señalado por el Tesorero Municipal.
Que ante su negativa a firmar, se le impidió presentar testigos de su parte y se le retuvo contra su voluntad en la oficina de la C. María Alma Rosas López, permitiéndole salir únicamente tras advertir que contactaría a su abogado o a la Fiscalía.
En virtud de lo anterior, y con la finalidad de contar con los elementos necesarios para el seguimiento e investigación correspondiente, se le solicita atentamente que, en un plazo razonable, remita a este Órgano Interno de Control:
-Informe justificado sobre las razones y el contexto que dieron origen a los hechos señalados por el promovente.
-Desglose técnico y financiero detallado del presunto detrimento por cinco millones de pesos al que se hace referencia.
Por lo anterior, se solicita enviar la respuesta dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del presente oficio, con fundamento en los artículos 23 y 24 del Reglamento de Fiscalización de la Contraloría Municipal de Celaya, Gto.
Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes a efecto de atender a sus comentarios y aprovecho para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
(Firma)
C.P. LAURA ELENA LARA RODRÍGUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL
(Sello oficial de recibido: TESORERÍA MUNICIPAL / 24 JUL. 2026 / RECIBIDO / Hora: 01:43 p.m.)
-La delegada de San Juan de la Vega denunció haber sido citada con engaños a una supuesta reunión de trabajo en la Presidencia Municipal.
-Acusó a la Dirección de Ingresos y a la Tesorería de armar una encerrona para usarla como chivo expiatorio por un recibo apócrifo.
-Señaló que fue agredida verbalmente y señalada sin pruebas durante un juicio sumario improvisado en las oficinas de la Tesorería.
-Afirmó que investigó por cuenta propia y obtuvo un video donde la ciudadana afectada la desliga totalmente de la entrega del recibo falso.
-Sostuvo que los funcionarios violaron flagrantemente la Constitución al juzgarla sin un solo documento oficial ni derecho de audiencia.
-Reprochó que la Tesorería carece de facultades de investigación, por lo que su obligación era turnar el caso a la Contraloría o Fiscalía.
-Calificó el citatorio con mentiras y la acusación de un delito grave como un evidente abuso de autoridad y extralimitación de funciones.
La delegada municipal de San Juan de la Vega, María Laura Ramos Cuarenta, denunció penal y administrativamente a la Tesorería y a la Dirección de Ingresos de Celaya por acoso, intimidación y abuso de autoridad. Acusó que fue citada mediante engaños a una supuesta reunión de trabajo para ser señalada por un presunto recibo apócrifo de panteones.
Sostuvo que el personal la sometió a un juicio sumario sin pruebas, violando su derecho de audiencia y presunción de inocencia. Por cuenta propia, la funcionaria localizó a la ciudadana afectada, quien la deslindó totalmente de la falsificación del documento. Ramos Cuarenta recriminó que la dependencia carece de facultades investigadoras y exigió respeto a su cargo ante la omisión del Ayuntamiento.
El texto íntegro del contenido del documento girado por la delegada municipal a cuando menos 13 dependencias y funcionarios del municipio de Celaya
Celaya, Gto., a 23 de Julio de 2026
ASUNTO: RECHAZO Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES, DENUNCIA DE ACOSO ADMINISTRATIVO Y EXIGENCIA DE RESPETO A MI PERSONA Y CARGO
DIRECTOR DE INGRESO
MUNICIPIO DE CELAYA GTO.
PRESENTE.
La que suscribe, MARÍA LAURA RAMOS CUARENTA, actuando en mi calidad de Delegada Municipal de San Juan de la Vega, me dirijo a usted con el carácter y la firmeza que la gravedad de la situación exige. Por medio del presente escrito, le hago llegar mi PROTESTA Y RECHAZO TOTAL por la forma mañosa, tramposa y cobarde en la que se me citó a una supuesta 'reunión de trabajo' en la Presidencia Municipal, la cual no fue otra cosa que una emboscada para intentar culparme de delitos que no cometí y usarme como su 'chivo expiatorio'.
Quiero dejar perfectamente asentado en este papel, la manera tan ruin en la que actuaron. A través de mensajes de texto de WhatsApp, usted me citó textualmente diciéndome que la reunión era para 'darle seguimiento al tema de retornar el ingreso de lo de panteones' y 'ponernos de acuerdo en cómo íbamos a estar regresando ese dinero a la delegación', teniendo la audacia de usar el nombre del Presidente Municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, asegurando que él mismo daba la indicación.
ANEXO fotografía
Confiando en que se trataba de un asunto institucional y de beneficio para San Juan de la Vega, acudí puntual a la cita. Sin embargo, al llegar a la oficina de la Tesorería Municipal, me encontré con la sorpresa de que TODO ERA UNA COMPLETA MENTIRA. No había ninguna mesa de trabajo para regresar recursos a mi comunidad. Lo que tenían preparado era un juicio sumario, una encerrona, proyectando en una pantalla enorme la foto de un recibo de pago apócrifo (el Recibo S.S. No. 01608 del 1 de julio de 2026 por la cantidad de $7,000.00 pesos a nombre de la Sra. Ma. de la Soledad Vega Cantera), empezaron a señalarme de viva voz, a acusarme directamente y a culparme sin tener una sola prueba en la mano.
Me trataron desde el primer segundo como si yo fuera la creadora de ese recibo falso. Personal a su cargo y funcionarios presentes me agredieron verbalmente, tratando de acorralarme y afirmando rotundamente que 'el Alcalde había dado la indicación de resolver esto'. Les digo de frente y muy claro: ¡NO SE LOS VOY A PERMITIR! No voy a permitir que impidan sus cochinadas o sus desórdenes administrativos manchando mi nombre ni el de la Delegación que con orgullo represento.
Ustedes, servidores públicos, están obligados a actuar con pruebas y bajo la ley, pero prefirieron el chisme, la difamación y el atropello. Como vi la mala fe y la cochinada con la que actuaron en esa reunión, me comuniqué de inmediato con un equipo de abogados para revisar mi situación legal y ver qué procede ante semejante atropello.
Aunque a mi no me corresponde investigar —porque para eso hay autoridades y ustedes no tienen facultades de agentes investigadores— ante la cobarde acusación de la que fui objeto por parte de la Dirección de Ingresos y Tesorería, ME DI A LA TAREA DE INVESTIGAR POR MI PROPIA CUENTA. Fui a buscar personalmente a la persona que aparece en el recibo que ustedes proyectaron. Localicé el domicilio y los generales de la Sra. MA. DE LA SOLEDAD VEGA CANTERA, a quien visité en su propia casa. Tengo grabado en VIDEO DE VIVA VOZ, así como testimonios claros y fotografías de la tumba ubicada en el panteón de San Juan de la Vega, donde la mismísima afectada declara y sostiene categóricamente tres cosas:
DECLARACIÓN DIRECTA Y EVIDENCIA EN VIDEO DE LA AFECTADA:
-QUE LA DELEGADA MARÍA LAURA RAMOS CUARENTA JAMÁS REALIZÓ NI ENTREGÓ ESE RECIBO FALSO.
-QUE LA SUSCRITA NO TUVO ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER EN ESE COBRO NI EN ESA ENTREGA DE DINERO.
-ME DESLINDA COMPLETAMENTE DE CUALQUIER CULPABILIDAD Y RESPONSABILIDAD DE ESTE DELITO.
Ahí están las pruebas reales, no sus inventos ni sus proyecciones de pantalla para asustarme. Yo sí tengo los videos, las fotos y las declaraciones de la gente. Si ustedes querían encontrar a un culpable, busquen entre su propia gente o hagan las cosas como la ley manda, pero a mí me respetan.
Es increíble la ignorancia o la mala fe con la que operan. Se les olvida que estamos en un Estado de Derecho y que ustedes son funcionarios públicos, no jueces ni fiscales de pueblo para andar haciendo 'encerronas' ni acusando a la gente sin pruebas. Han violado flagrantemente la ley:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 14, 16 y 21): Nadie puede ser molestado en su persona o derechos sin un mandato escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Se violó mi derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Ustedes me juzgaron y me culparon de palabra sin un solo papel oficial. De lo cual tengo pruebas.
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato: Ni la Dirección de Ingresos ni la Tesorería Municipal tienen facultades de investigación o de policía. Si ustedes sospechan de un delito o de un recibo falso, SU OBLIGACIÓN era turnar el caso a la Contraloría Municipal o al Ministerio Público, no citarme con mentiras para amedrentarme.
Ley para el Gobierno y Administración los Municipios del Estado de Guanajuato (Artículos 118 y 120): Las atribuciones de los servidores públicos están bien claritas. Citar a una Delegada Municipal con engaños sobre 'regresar recursos' para luego acusarla de un delito grave es un claro ABUSO DE AUTORIDAD Y EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES.
En las imágenes proporcionadas se identifican múltiples sellos de recepción superpuestos y distribuidos en el documento oficial. A continuación se detallan las dependencias correspondientes a los sellos legibles:
-Regidora del Ayuntamiento / Fracción Morena (múltiples menciones en los márgenes y centro).
-Secretaría Particular (Municipio de Celaya, Gto.).
-Tesorería Municipal (Dirección de Ingresos / Tesorería).
-Ayuntamiento Celaya 2024-2027.
-Gobierno Municipal de Celaya.
Conteo total de sellos detectados: Se detectaron alrededor de 13 sellos plasmados a lo largo del documento (algunos repetidos o parcialmente sobrepuestos entre sí debido al trámite de recepción con distintos regidores y áreas). #MetroNewsMx
-La Tesorería Municipal de Celaya citó de manera intimidatoria a la delegada de San Juan de la Vega para fabricar un señalamiento infundado.
-Funcionarios de la administración central habrían actuado como un órgano inquisitivo exprés, evadiendo la Contraloría Municipal.
-La Tesorería asumió el rol de juez y parte al presionar directamente a una funcionaria auxiliar sin un procedimiento formal de auditoría.
-El área de ingresos municipal buscó trasladar culpas y contener un escándalo institucional afectando la honorabilidad de la delegación.
-La delegada evidenció que su oficina no maneja efectivo ni emite recibos, limitándose a elaborar órdenes para las arcas municipales.
-Una investigación propia de la autoridad auxiliar demostró que los ciudadanos afectados jamás realizaron el pago ni fueron buscados.
-La funcionaria denunció acoso institucional, daño moral, omisión de los regidores y un evidente ambiente de juicio político en su contra.
-La delegada interpuso denuncias formales ante la Contraloría y la Fiscalía de Guanajuato para frenar el uso faccioso de la información.
-Las pruebas proyectadas por la propia Tesorería revelaron vacíos internos y una grave falta de trazabilidad en el control de documentos.
-Pide al tesorero municipal Juan Vilchis que ya se ponga a trabajar. El traslado de culpas hacia la delegación comunitaria expone fallas operativas de la dependencia recaudadora central para eludir responsabilidades.
María Laura Ramos Cuarenta, delegada municipal de San Juan de la Vega, destapó una serie de irregularidades y un deficiente proceder por parte de la Tesorería Municipal de Celaya, tras ser citada de manera intimidatoria para señalarla por un presunto recibo apócrifo. Durante una conferencia de prensa, la funcionaria evidenció que la dependencia a cargo de Juan Almaraz Vilchis intenta desviar la atención de sus propias fallas operativas, fabricando señalamientos infundados que ponen en entredicho la labor administrativa de las comunidades.
La delegada aclaró categóricamente que la oficina a su cargo no maneja efectivo ni emite comprobantes de cobro, limitándose exclusivamente a elaborar órdenes de pago que los ciudadanos deben liquidar directamente en las cajas de la Tesorería central. Al realizar una investigación propia ante la negativa de las autoridades por esclarecer el origen del documento, Ramos Arrona comprobó que los ciudadanos involucrados jamás realizaron dicho pago ni fueron contactados por el área de ingresos, derribando la versión oficial con la que se intentó responsabilizar a la delegación.
Ante la falta de transparencia, el acoso institucional y la omisión de los regidores y del alcalde frente a los señalamientos públicos que dañan su imagen, la representante vecinal confirmó que interpuso denuncias formales ante la Contraloría y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Con ello, busca frenar el uso faccioso de la información y exigir que la dependencia municipal asuma su responsabilidad legal en lugar de operar mediante la descalificación y la presión política.
El tesorero municipal Juan Almaraz Vilchis, en funciones de contralor municipal; Juez y parte
Al convocar a una reunión privada —fuera de cualquier procedimiento formal de auditoría— para interrogar, presionar y señalar directamente a una funcionaria auxiliar por un documento apócrifo, la Tesorería habría actuado de facto como un órgano inquisitivo o fiscalizador exprés.
Con esta maniobra se cometerían diversas irregularidades normativas en donde se podrían señalar invasión de atribuciones, ya que la Tesorería es un órgano recaudador y administrador del erario, no un tribunal ni una instancia de investigación de responsabilidades administrativas. La única entidad facultada por ley para indagar anomalías en el manejo de documentos, sellos o recursos públicos dentro del municipio es la Contraloría Municipal.
Con esto, el tesorero municipal a través de su dependencia estaría fabricando un proceso a la medida. Al saltarse a la Contraloría, la Tesorería evitó el cauce legal institucional —que exige garantías de audiencia, apego al debido proceso y rigor técnico— para sustituirlo por un formato de presión política y coacción directa contra la delegada.
Al asumir el rol de "juez y parte", la Tesorería buscaría contener el escándalo o trasladar culpas hacia la autoridad comunitaria, eximiéndose de una revisión transparente y dejando a la funcionaria sin las garantías que un procedimiento formal ante el órgano de control interno le hubiera otorgado por ley.
La transcripción de la entrevista a la delegada de San Juan de la Vega, María Laura Ramos Cuarenta
Periodista 1
Nos convoca a una rueda de prensa para dar su punto de vista sobre los presuntos recibos falsos que se han estado detectando aquí en la comunidad de San Juan.
María Laura Ramos Cuarenta:
Muy buenos días a todos, gracias por venir. Para mí es necesario alzar la voz con ustedes porque a mí me citan en Presidencia Municipal; me llaman y me mandan mensajes de WhatsApp el director de ingresos, Israel, diciéndome que me citan a una reunión. Este, me dice: "Buen día, delegada, espero se encuentre muy bien. Me comunico de parte del presidente Juan Miguel para darle seguimiento al tema de retornar el ingreso de lo de panteones. Nos están convocando a una reunión el día de mañana a las 11 aquí en Presidencia". Le mando audio diciéndole que sí, pues que si tengo que ir yo o algo así. Y me dice él: "Mañana es meramente para ponernos de acuerdo y para ver cómo vamos a estar retornando ese ingreso a la delegación". Le puse: "Gracias". Me marca a mí mi jefe y me dice: "Mañana hay que estar aquí".
Me presento, pensé que iban a estar mis demás compañeros, porque al hablar del tema de panteones ya habíamos hecho un escrito donde todos estábamos pidiendo hablar del tema de ingresos de panteones. Llego, paso al área de Presidencia y les digo: "Vengo a la reunión con el alcalde para el tema de panteón". Tomaron mis datos, fui a ver a mi jefe y también mi jefe se acerca conmigo, me manda mensajes nuevamente, él me dice: "Buen día, delegada". Este, me comenta el tesorero que la reunión se va a llevar a cabo en la oficina del tesorero. Y le puse: "Estamos aquí, nos vamos para arriba". Veo que no hay nadie más que yo, estoy ahí esperando a que llegara el tesorero y lo que hice yo, dije: "Esto no está bien, no sé qué vaya a pasar, yo ya no confío ni en mi propia sombra", agarro y empiezo yo a grabar.
Entramos, hubo unas pláticas, ahí están en los audios donde me dicen: "Delegada, pues aquí nos encontramos con que hay un recibo falso de la delegación". Lo muestran en la pantalla, lo observamos, sí dice 9 de julio 2026, trae el nombre de la señora, empiezo yo a verlo, le comento: "Mi sello tiene las siglas o los números más grandes, el que traen ahí es de los más pequeños". Mi jefe detecta que la águila está chueca. Yo le digo: "Oiga, no dice Presidencia, dice Presencia, ese sello no es de nosotros", no salió de ahí. ¿Quién firmó? No recuerdo, pero ahí en la voz... ahí tiene que aparecer, si no es la voz del tesorero es la voz del de jurídico, porque incluso afirman el de jurídico que van a llegar a las últimas consecuencias.
También afirman de que si alguien más manejaba... le digo: "Solamente yo y Silvia, pero ahorita ella pues ya está jubilada". Le dije: "Incluso, les dije, yo no cargo el sello, porque si ustedes lo ven pues el sello es muy malobroso, o sea, yo lo puedo perder en cualquier momento y pues ¿de dónde me van a echar la culpa?". Le dije: "Yo no lo cargo".
"Es que alguien más estaba usurpando", le dije: "Pero ¿quién? No puede haber alguien más, porque nosotros no entregamos recibos, nosotros entregamos órdenes de pago, aquí están las órdenes de pago que ellos nos dan y que ante la ley no estamos obligados a hacer esto, porque es trabajo de tesorería".
Periodista 1
Entonces, usted, prácticamente lo que nos está diciendo es que se deslinda completamente de ese recibo que mostró.
María Laura Ramos Cuarenta:
Sí, sí, porque de hecho investigué, di con las personas, les pasé a ellos el número de teléfono, la dirección. Veo que el tesorero saca una nota donde no aclara. Hablo con las personas y me dicen que no las han buscado. Se me hace injusto, porque ante el artículo 1916 del Código Civil Federal maneja el daño moral, y es el daño moral que me están causando a mí, porque al final de cuentas yo ahí se los demostré, les dije que aquí estaba mi oficio que me iba a pasar a la Fiscalía del Estado, donde también les manifiesto que no me voy a dejar pisotear por ellos, porque prácticamente verbalmente me agredieron, me sentí acorralada, me sentí intimidada, y no se vale. Hasta el día de hoy, porque hicieron mención... porque yo pedía hablar con el alcalde para yo entregarle a él todas las pruebas, ¿y qué dijeron en la reunión? Que con este oficio que yo ya había metido era muy difícil que yo hablara con él. Yo me he estado tratando de comunicar con él, bueno, de que yo pueda tener una reunión con él, hasta ahorita nadie me ha dicho nada.
Periodista 1:
Mire, Laura Ramos Arrona, delegada municipal de San Juan de la Vega, ha sido entonces señalada de que usted o una parte de su gente hizo algo indebido al dar presuntamente un recibo apócrifo. ¿Usted lo desmiente categóricamente?
María Laura Ramos Cuarenta:
Claro que sí, porque tengo las pruebas fundamentales donde incluso las personas lo han dicho: "Nosotros no hemos ni pagado, no lo ha recibido el presidente municipal".
Periodista 1:
¿Ha recibido usted atención de los diversos regidores del Honorable Ayuntamiento?
María Laura Ramos Cuarenta:
De ninguno, y eso que a todos se los metí, les metí los oficios con copia a todos los regidores, síndicos... de nadie, de nadie. No he recibido el apoyo, la atención, nada, no he tenido yo ahora sí el respaldo de nadie. Por eso me vi en la tarea, porque todo este fin de semana yo me sentí vulnerable, sentí también que yo corría riesgo, corría peligro, porque imagínense, van a decir que yo aquí tengo las millonadas de dinero y están poniendo en riesgo a mi familia y a mí, porque en su pobre casa solamente vivimos yo y mi hija de 14 años; hoy está de visita mi hija y mi nietecita, entonces ahorita prácticamente somos una familia de cuatro personas que habitamos ahí y somos puras mujeres.
Periodista 1:
Delegada, el tesorero señaló también que buscaron a las personas que entregaron ese recibo y que ya después no quisieron hablar con ellos para dar detalles. ¿Quién le entregó eso? ¿Usted ha hablado con estas personas? ¿Le han dicho quién fue el que les entregó este recibo o ha indagado en esta situación? Porque el tesorero no aclaró esa parte de que ya no quisieron hablar con el tesorero.
María Laura Ramos:
De hecho, tengo donde ellas mismas dicen que no las buscaron, ellas... aquí yo tengo en evidencia que no las buscaron, que no les hablaron por teléfono y que ellas también quieren hablar con el alcalde para aclararlo, porque ellas sí lo dijeron y lo tengo en los audios: "Laura es que te estamos metiendo en un problema a ti y ya también nos están quemando a nosotros", y yo me quedo: "Es que no a ustedes, sino a mí, porque al decir 'delegación municipal', ¿quién es la responsable que está al frente? Yo".
Periodista 1:
Mire, Laura, ahí el tesorero, mi compañero, lo acaba de especificar bien, él asegura que ese dinero ingresó y que se sepultó a la persona.
María Laura Ramos:
Es falso eso, la persona se sepultó, pero no se ha pagado. Ellas, eso es lo que están conscientes, dice: "Nosotros no hemos pagado y hasta querían venir a que se les hiciera la orden de pago", y les dije: "No, tengo que ver a ellos para que ya, si ellos dicen que aquí, o si ya ustedes allá se arreglan, es otra cosa".
Periodista 1:
Pero ¿los pesos que señalan en ese recibo, ni usted lo recibió ni ellos lo pagaron, o sí se pagó?
María Laura Ramos:
No, no, ni nosotros lo recibimos ni ellas lo pagaron, o sea, nada más es un recibo recibido, son 7,000 pesos, pero no se hizo el pago, y por eso Presidencia... para ver que era descuento, porque él mencionaba que querían un descuento. Es que más bien ellos no han hecho esa parte de la investigación, porque, por ejemplo, ellas me dicen que ellas se acercaron con una fundación, la fundación es Nutrición y Vida, y mencionan el nombre de... se acercaron para pedir el apoyo, el cual me imagino que la asociación fue la que se acercó con el alcalde, porque ellos dicen que se acercaron con el alcalde a pedir el descuento. Pero es fundamental: de aquí no salió el recibo, de aquí no salió el recibo, de aquí no salió el recibo, y yo sí lo quiero dejar enfático.
Pedirle al tesorero: "Ponte a trabajar... ¿cómo se llama el tesorero? Juan... Juan Almaraz Vilchis, algo así", ponte a trabajar, haz las cosas bien. Hice una parte que no me correspondía, pero por yo también, ahora sí, limpiar mi imagen, yo tenía que buscar esto, porque yo no soy Ministerio Público, no soy ni ministerial para yo andar buscando, más sin embargo me di la tarea de buscar a la persona, porque no es justo que sí se me haya señalado, que ustedes se retractaron diciéndome: "Tú te pusiste el saco, nosotros no dijimos nada". Tengo las evidencias donde sí lo recalcan como cuatro veces.
Periodista 1:
Pero en la de manera pública no dan su nombre, simplemente dicen que es en la comunidad de San Juan de la Vega donde detectaron esto. Públicamente no lo han dicho, o sea, a lo mejor en la reunión privada con usted, pero públicamente no han dicho que sea usted, simplemente dijeron que en la comunidad de San Juan de la Vega.
María Laura Ramos Cuarenta:
Sí, pero el detalle es que las personas no son ni de San Juan de la Vega.
Periodista 1:
Más bien, ¿no sería, delegada, pedir más bien el apoyo a la fiscalía a la investigación para para detectar más allá pues esta situación? Porque, bueno, hoy es un recibo, pero ¿cuántos más no puede haber de esta situación y que se pueda prestar para esta...?
María Laura Ramos Cuarenta:
Claro que sí, de hecho yo aquí lo manifiesto, que al yo ver todo lo que hicieron conmigo en esa reunión... porque aquí lo manifiesto, que yo me iba a pasar a la Contraloría y a la Fiscalía del Estado de Guanajuato, ya... ya tengo todo, ya está todo, ya nada más el número de denuncia... lo tiene usted, ¿no? Por lo mismo de que estamos con los abogados del tema.
Periodista 1:
Finalmente, ¿ha visto usted aquí en San Juan de la Vega o ha detectado algunas personas que trabajen de este tipo, que sean intermediarios para hacer este tipo de cosas, o se han dado a la tarea de descubrirse al intermediario?
María Laura Ramos Cuarenta:
Yo no me he dado a la tarea, porque pues ahora sí llegan, vienen y dicen: "Vamos a hacer esto, no sé, vamos a sepultar a todo". Ah, okay, ¿qué recibo traes? Hay muchos que pues traen recibos de años, 20 años, no sé, y ya de ahí se hacen las órdenes de pago.
Periodista 1:
Delegada, a raíz de esto, ¿usted ya no va a cobrar aquí, me imagino? Tiene que tener...
María Laura Ramos Cuarenta:
Es que no cobramos, es que nosotros nada más hacemos las órdenes de pago que, que le vuelvo a repetir, las órdenes de pago ante la ley tampoco no estamos obligadas a hacerlo, más sin embargo nos ponen a hacerlas; incluso aquí abajo va el nombre de nosotros y lo firmamos.
Periodista 1:
Incluso esto que usted menciona es incluso para una información para la gente de aquí, o sea, que sepa y que no se deje engañar.
María Laura Ramos Cuarenta:
Sí, no, de hecho ya todos saben, porque le digo, yo lo he dicho abiertamente: no nos están dando las órdenes de pago, yo... hemos dejado ahí enterrar, porque cuando se nos quemó todo, pero ya ahorita se está... todo esto se está yendo allá. Las órdenes son las órdenes de pago que se hacen.
Periodista 1:
¿Se han dado más casos de estos pseudorrecibos a personas aquí en San Juan de la Vega o no se han detectado más casos?
María Laura Ramos Cuarenta:
Pues ahorita detectamos este, porque a mí me mandan llamar, entonces, pero a base de engaños total, me hubieran dicho: "Pasó esto, no pasa nada", al final de cuentas acudí porque también, pues digo, es una reunión y si hubiera sido para esto, pues con mayor razón voy, ¿no?, pero no lo hacen de esa manera.
Periodista 1:
¿Qué mensaje le da usted hoy a los ciudadanos de San Juan de la Vega?
María Laura Ramos Cuarenta:
Pues miren, ellos saben de antemano que son las órdenes de pago, que no estoy obligada a hacerlas, más sin embargo les hacemos la chamba a los de Tesorería, pero ellos saben bien que aquí ya todo se maneja así, todos incluso han dicho y lo han recalcado: "¿Por qué entregan el dinero? No lo entreguen si no hay apoyo, si no hay esto", más sin embargo le digo, no se puede hacer eso, al rato yo voy a ir a la cárcel, si de por sí así me están haciendo. Parece un juicio político, porque esto ya parece una violencia política de género hacia mi persona, al momento en que no tienes defensa cuando se te invita a una reunión pública privada entre funcionarios y tú no llevas a nadie, no tienes cómo demostrarlo.
Periodista 1:
Delegada, otra cosa, perdón, este... ¿por qué estaba a terminar la entrevista? No, este, a ver, es que estábamos viendo o estaba escuchando precisamente lo que estábamos comentando en cuestión de que dicen que directamente no te señalaron, sin embargo algunos medios de comunicación sí sacaron tu nombre.
Sí hay unas notas, de hecho fue una nota que llamaron exclusivamente a los medios de comunicación diciendo que tenían algo importante que señalar, porque así fue como lo comentaron, ahí está la transmisión donde está el director de comunicación diciendo: "Los reunimos porque tienen algo importante que decirles", en el cual pues sí, a lo mejor directamente no dijeron "la delegada de San Juan de la Vega, María Laura", pero dijeron: "Salió de la delegación". Ahí está también, y algunos medios han puesto tu nombre y en consecuencia ha venido gente a decirte que dónde está el dinero, que tú te lo estás robando. Creo que eso no lo mencionaste y es la parte importante de esta reunión.
María Laura Ramos Cuarenta:
Es que por eso más que nada aguanté todo este fin de semana, porque yo tenía la esperanza de hablar con el alcalde, pero yo al ver ya todo eso, o sea, para mí ya es algo que ya es un... para mí ya lo siento como un daño moral, y que ya lo tomaron como personal, entonces yo sí me quedo pensando y digo: "Oye, ya no puedo aguantar, yo tengo también que dar mi réplica, tengo derecho a decir lo que yo tengo", y ahorita si yo filtro todos los audios y todo, o sea, ahí van a ver que yo realmente no estoy mintiendo.
Periodista 2:
Bueno, un poquito vamos llegando, a comentar un poquito el contexto de lo que se ha estado ahorita platicando en esta entrevista de acuerdo a precisamente estos documentos que en Presidencia de Celaya cuentan que son apócrifos y que pues prácticamente apuntan aquí en su...
María Laura Ramos Cuarenta:
Sí, de hecho es lo que yo les comento, que nosotros no hacemos recibos, nosotros hacemos las órdenes de pago, van a Celaya y lo pagan las personas involucradas; ellas mismas lo aclaran, que ellas no han hecho ni un pago, que ellas no han pagado, que les iba a ayudar una asociación y que hasta hoy fecha creo tampoco la asociación los ayudó. Me imagino que la asociación lo que hizo fue allá hablar con Presidencia y ya Presidencia pues me imagino que detectó el tema, de que las señoras quieren ellas incluso hablar con el alcalde.
Periodista 2:
También son de San Juan de la Vega, ¿no? ¿De dónde son?
María Laura Ramos Cuarenta:
De San Isidro.
Periodista 2:
Ah, delegada. En ese sentido, entonces, ¿de dónde sale ese o dónde sospecha que sale ese recibo? Porque incluso al inicio de la plática nos comentaba que el recibo pues era un sello que no correspondía de la delegación, que tenía algunas inconsistencias. ¿Sabe usted, o lo que ha podido platicar con estas personas, quién les dio o de dónde salió esto?
María Laura Ramos:
Ellas...
Los documentos mostrados por el municipio y por la delegada y la maniobra de Tesorería Municipal
las imágenes mostradas por la Tesorería Municipal de Celaya y el formato físico utilizado en la Delegación de San Juan de la Vega permite desglosar diversas inconsistencias y elementos clave.
-El formato físico de la delegación (Orden de Cobro)
La imagen del formato impreso muestra claramente que se trata de una "Orden de cobro" de la Delegación San Juan de la Vega (Municipio de Celaya, Gto.) y no de un recibo de pago definitivo o comprobante de ingresos de la Tesorería.
El diseño incluye campos específicos para trámites de panteones (nombre del difunto, tipo de servicio como inhumación o exhumación, zona urbana o rural, y desglose de artículos de la Ley de Ingresos) concluyendo en un espacio para "Nombre y Firma autorizada" de la autoridad auxiliar.
Esto respalda lo declarado por la delegada en cuanto a que las oficinas comunitarias no realizan cobros ni expiden recibos oficiales, sino que únicamente llenan órdenes de trámite para que el ciudadano acuda directamente a las cajas de la Tesorería municipal.
Las pruebas de la Tesorería: El "recibo apócrifo" vs. El "recibo oficial"
Las pantallas proyectadas por la Dirección de Ingresos exponen un contraste gráfico y administrativo que presenta deficiencias notables en la argumentación oficial.
-El supuesto "Recibo Apócrifo" (Proyectado con observaciones). La Tesorería señala que el documento no corresponde a los formatos oficiales, que el número de folio no coincide con sus registros y que el monto ($7,000.00 pesos por derechos de construcción de gaveta y inhumación) no empata con la Ley de Ingresos vigente.
-El documento exhibido en pantalla carece de los sellos formales de caja "Pagado" de la Tesorería que sí ostentan los recibos válidos, lo que refuerza la versión de que este papel nunca transitó por las cajas oficiales ni fue emitido o cobrado por el sistema central de recaudación.
El flujo de proceso institucional, proyectado en la tabla. La propia diapositiva institucional de "Proceso de pago" corrobora la corresponsabilidad de las áreas: el paso 1 indica que la Dirección de Ingresos hace entrega de formatos a la delegada; el paso 2 señala que la delegada llena la orden; el paso 3 canaliza al ciudadano a las cajas municipales; y el paso 4 estipula que es la Dirección de Ingresos quien recibe el pago y genera el recibo correspondiente.
Las evidencias gráficas aportadas por la propia autoridad municipal terminan por evidenciar una falla en los controles internos de la Tesorería o un vacío en la trazabilidad del documento cuestionado. Al reconocer la propia Tesorería que el flujo exige que el pago final y la emisión del recibo oficial ocurran exclusivamente en sus cajas centralizadas, trasladar la culpa de un documento irregular -carente de sellos de caja válidos- hacia una delegación municipal, ene ste caso, la de San Juan dela Vega, que solo emite órdenes de cobro refleja un intento de deslindar la responsabilidad operativa del área recaudadora central. #MetroNewsMx
-La Tesorería Municipal de Celaya habría fabricado una acusación infundada por cinco millones de pesos para destituir arbitrariamente al titular de nóminas, según expuso el exjefe de nóminas a la Contraloría.
-El tema involucraría a la misma jefa de personal, Alma Rosa López, recientemente exhibida por los medios de comunicación por no contar con título y perfil profesional
-Los funcionarios implementarían un procedimiento de carácter inquisitorial contra el contador para encubrir su evidente desconocimiento en materia fiscal.
-Bajo prácticas de hostigamiento y despidos injustificados, la Dirección de Personal vulneraría los derechos laborales mientras deteriora la administración.
-La Contraloría Municipal intervino para exigir cuentas claras a la Tesorería y a la Oficialía Mayor tras la retención indebida del exfuncionario.
-Los registros digitales del SAT comprueban que la declaración fiscal fue presentada puntualmente, desmoronando el pretexto para el cese.
-Los mandos municipales recurrirían a la coacción y a la intimidación al carecer de argumentos técnicos frente a un especialista en la materia.
-La plantilla operativa de nóminas casi desde el inicio de la administración fu reducida de manera drástica de veinte a tres personas, generando un colapso administrativo interno.
-Ante la probable inexistencia del detrimento financiero alegado, surge la interrogante sobre las verdaderas intenciones detrás de la omisión de recursos: ¿Y dónde quedó el dinero?
Una investigación periodística realizada por este medio, sustentada en testimonios, información fidedigna y documentos que fueron entregados a la redacción de este medio digital por informantes que solicitaron guardar su identidad por temor a represalias de parte de quienes se ostentan como autoridades, destapa una compleja red de presuntas irregularidades financieras, despidos injustificados, hostigamiento laboral y un severo colapso administrativo al interior de la Presidencia Municipal de Celaya.
El conflicto estalló tras la abrupta destitución de Alejandro Arroyo Alvarado, quien se desempeñaba como titular del área de nóminas y de quien se sabe cuenta con una trayectoria de treinta y cuatro años de experiencia profesional y fiscal en el manejo contable de plantillas laborales masivas. Se manejó en su momento, que el motivo de su salida habría sido por ser el responsable la presunta filtración a los medios de la falsificación del título que ostenta la directora de personal, Alma Rosas.
El detonante formal de la crisis administrativa fue un citatorio girado por la Tesorería Municipal, encabezada por el tesorero Juan Almaraz Vilchis, -en donde se encuentra también involucrada Alma Rosas López, Directora de Personal del Municipio de Celaya, Gto.- mediante el cual se le notificó a Arroyo Alvarado una supuesta falta por el incumplimiento en la presentación de la declaración de impuestos sobre la renta por sueldos y salarios ante las autoridades fiscales.
Dicho oficio, dirigido inicialmente a la Dirección de Personal, pretendía fincar una responsabilidad directa al área operativa bajo el argumento de que el retraso ocasionó un supuesto daño y perjuicio patrimonial al erario público por la cantidad de cinco millones de pesos, además de atribuir una supuesta negligencia en el desarrollo de sus funciones y en la obtención oportuna de recursos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.
No obstante, la investigación periodística detalla que el señalamiento carece de sustento técnico y legal, toda vez que Arroyo Alvarado explicó que la declaración correspondiente al periodo fue presentada en tiempo y forma el día 10 del mes a las 15:45 horas, respaldada debidamente por el acuse digital y el sello electrónico emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Asimismo, el exfuncionario advirtió que la figura administrativa adecuada para indagar cualquier detrimento o desfalco al erario es la Contraloría Municipal, instancia que en ningún momento intervino ni llamó a comparecer al afectado previo a su separación del cargo, la cual se concretó de manera sumaria el 22 de julio, dejándolo en la calle sin la oportunidad de realizar un proceso formal de entrega-recepción de los recursos y documentos bajo su custodia.
La confrontación institucional dejó al descubierto un clima de presunto terrorismo laboral y hostigamiento dentro de las oficinas gubernamentales. Según los datos recabados en la investigación, el proceso para levantar el acta administrativa contra el exjefe de nóminas se llevó a cabo en un entorno calificado por los involucrados como un juicio de inquisición.
En dicha diligencia participaron funcionarios y mandos como el director de contabilidad, Luis Alejandro Montoya Orduño; el subtesorero Rogelio García Mosqueda; la oficial mayor Liliana Rodríguez Ayala; el director de innovación, Agustín Gaspar Aguado; y una abogada adscrita al área de mantenimiento identificada como Janet Evelyn Escamilla Moncada, de quien los testimonios cuestionaron su personalidad jurídica y nombramiento formal para fungir en dichos actos, además de señalar directamente a la directora de personal, María Alma Rosas López, de encabezar omisiones y mantener una postura hermética durante las diligencias.
Uno de los ejes más delicados revelados por la información fidedigna apunta a la drástica asfixia operativa a la que fue sometido el departamento de nóminas. Según la información obtenida, el exencargado de Nóminas, al asumir el cargo el 31 de marzo de 2025, la estructura operativa contaba con un respaldo directo e indirecto de hasta veinte personas encargadas de coordinar los procesos entre secretarías, enlaces administrativos, áreas de sistemas y control de ausencias para atender una nómina catorcenal de aproximadamente entre 2,150 y 2,170 trabajadores, sumada a una nómina quincenal de más de 1,000 empleados bajo el esquema de tiempo determinado.
Sin embargo, por instrucciones directas de la superioridad y recortes progresivos, la plantilla laboral disponible para procesar la totalidad de los pagos fue reducida de manera extrema hasta operar únicamente con tres personas, incluido el propio titular.
La situación operativa se tornó insostenible a pesar de las advertencias enviadas por los canales institucionales. El 18 de mayo de 2026, el exservidor público envió un correo electrónico formal a la Dirección de Personal y al jefe de gabinete, Gustavo Paloalto Castillo, alertando que la carga de trabajo superaba las doce horas diarias y que la reducción de personal ponía en riesgo la validación correcta de las nóminas.
Lejos de atender la solicitud de refuerzos, el 19 de junio de 2026 la titular de personal emitió una instrucción directa para retirar a una de las auxiliares clave del equipo de trabajo, reasignándola a funciones ajenas al cálculo fiscal y dejando al departamento con apenas dos elementos para solventar la nómina municipal. Las alertas enviadas al jefe de gabinete tampoco obtuvieron una solución administrativa, limitándose a comentarios de pasillo que evidenciaban la intención de doblegar la autonomía técnica del área.
Finalmente, la remoción abrupta del contador público pondría bajo sospecha el manejo y la legalidad de los procedimientos internos en la administración municipal de Celaya. Al haber sido separado de sus funciones de manera unilateral y sin la debida intervención de la Contraloría Municipal, el exresponsable de nóminas deslindó su responsabilidad sobre cualquier alteración, manejo irregular o inconsistencia documental que pueda registrarse en las bases de datos y registros financieros a partir del momento de su expulsión, advirtiendo que la probable falta de pericia técnica y el desconocimiento de las normativas fiscales por parte de los actuales mandos administrativos colocarían en severa vulnerabilidad la estabilidad financiera y contable del municipio.
El citatorio que envío la tesorería municipal al exencargado de nóminas... sin avisarle a la Contraloría
Mediante el citatorio oficial con fecha del 13 de julio de 2026 y emitido por la Dirección de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno 2024-2027, se requirió la presencia del C.P. Alejandro Arroyo Alvarado, en su calidad de Jefe de Nóminas, para el martes 14 de julio de 2026 a las 10:00 horas en la oficina de la Oficialía Mayor ubicada en el Portal Independencia número 101, colonia centro, en Celaya, Guanajuato.
El documento fundamento su actuación en el artículo 50 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, solicitando la asistencia puntual del funcionario con identificación oficial vigente y su último recibo de nómina para llevar a cabo el levantamiento de un acta administrativa.
El primer hecho imputado en el citatorio consistió en el presunto incumplimiento en la presentación de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por Sueldos y Salarios ante las Autoridades Fiscales dentro del término de 10 días, un plazo establecido internamente por el Municipio por estrategia para acceder oportunamente a los recursos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, lo cual presuntamente habría ocasionado daños y perjuicios patrimoniales al erario público.
El segundo punto señalado atribuyó negligencia y retraso en el desarrollo de las labores, generando un perjuicio a la Hacienda pública municipal al retrasar la obtención de los recursos previstos en el mismo artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, provocando que el Municipio de Celaya dejara de percibir aproximadamente 5 millones de pesos que impactaron las finanzas públicas y limitaron la disponibilidad de recursos para las necesidades financieras de junio de 2026.
La base jurídica de la investigación abarcó los artículos 66 fracción III, 81 y 124 fracción II de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; los artículos 1, 43 fracción II, 49 fracciones I, VII y XV, y 50 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios; los artículos 47 fracciones V, VI y XV y 134 fracciones IV y XII de la Ley Federal del Trabajo; así como diversos numerales del Reglamento Interior de Trabajo para los Trabajadores al Servicio de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato, incluyendo los artículos 1, 2, 34 fracciones III y IV, 39, 40, 41, 43 fracción III, 45 fracciones I y IV, y 48 fracciones I, VII, XII, XV y su parte final.
Para salvaguardar los derechos humanos y laborales del citado, la notificación indicó que podía aportar las pruebas estimadas procedentes para desvirtuar las imputaciones, presentarse asistido por una persona de su confianza y aportar testigos de descargo, bajo el apercibimiento de que su inasistencia lo dejaría confeso fictamente de los señalamientos y sujeto a la resolución sobre su situación laboral.
El citatorio fue firmado de manera institucional por la Mtra. Alma Rosas López, Directora de Personal del Municipio de Celaya, Gto., integrando los datos de contacto oficiales de la Dirección de Personal en el Portal Independencia 101, Zona Centro, con el teléfono 461 618 71 58 y el sitio web celaya.gob.mx.
La respuesta de la Contraloría: le cuestionan a Tesorería el "detrimento" de los 5 millones y retención ilegal que hicieron del exfuncionario
El Órgano Interno de Control del Municipio de Celaya, a cargo de la Contralora Municipal C.P. Laura Elena Lara Rodríguez, emitió el oficio oficial número 1345/CM/DA/2026 dirigido al Tesorero Municipal, C.P. Juan Almaraz Vilchis, para exigir una aclaración formal e informe justificado sobre la queja interpuesta el pasado 22 de julio de 2026 por el entonces Jefe de Nóminas, Alejandro Arroyo Alvarado.
La denuncia formal documenta que el Director de Contabilidad, Lic. Luis Alejandro Montaño Ordeño, y el Subtesorero, C.P. Rogelio García Mosqueda, intentaron presionar y obligar al exfuncionario a firmar un documento en el que se le adjudicaba la responsabilidad de un presunto detrimento patrimonial por la cantidad de cinco millones de pesos (5,000,000.00 pesos M.N.), señalado directamente por la Tesorería Municipal.
Asimismo, la queja integrada en la investigación institucional revela que, ante la negativa de Arroyo Alvarado a firmar dicha imputación, se le impidió presentar testigos de descargo y se le mantuvo retenido en contra de su voluntad dentro de las instalaciones de la oficina de la C. María Alma Rosas López, permitiéndole retirarse únicamente después de que advirtió que llamaría a su abogado o a la Fiscalía General del Estado.
Con base en las facultades conferidas por el artículo 175 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, la Contraloría Municipal emplazó a la Tesorería para que entregue un desglose técnico y financiero detallado del supuesto desfalco, así como los antecedentes de los hechos en un plazo improrrogable de cinco días hábiles, conforme a los artículos 23 y 24 del Reglamento de Fiscalización.
Las presuntas situaciones que se desprender de este caso
-Omisión de la Contraloría Municipal: La Tesorería no notificó a la Contraloría Municipal por qué el despido y el acta administrativa se ejecutaron de manera sumaria y directa por los mandos administrativos sin la intervención de la Contraloría.
-Validez de los registros del SAT: La defensa del exencargado de nóminas se sustenta en que la declaración fiscal correspondiente a sueldos y salarios fue presentada en tiempo y forma el día 10 del mes a las 15:45 horas, contando con el acuse digital y el sello electrónico del Servicio de Administración Tributaria.
-Intención del citatorio y del acta administrativa: La citación y el levantamiento del acta administrativa se utilizaron como un método de presión institucional, calificado como un juicio de inquisición, para doblegar la autonomía técnica del área y sancionar la negativa a cumplir con cargas operativas insostenibles tras la reducción de personal.
-Presunción del actuar de la Tesorería y de la Jefa de Personal: Los hechos llevarían a la presunción de abuso de poder y una actuación basada en el desconocimiento de las normativas fiscales, utilizando la intimidación y el terrorismo laboral para amedrentar a los trabajadores y evadir las deficiencias operativas internas provocadas por los recortes de personal.
-Destino de los recursos y deducciones financieras: Ante la inexistencia del presunto detrimento y la comprobación de que el área no cometió tal omisión, surge la interrogante sobre el paradero de dichos recursos y si se intentaba encubrir un manejo irregular o adjudicar responsabilidades ajenas a la operatividad del exfuncionario para ocultar inconsistencias financieras al interior de la administración municipal. #MetroNewsMx
-La subdirectora de Turismo de Comonfort operó con abuso de poder, nepotismo y un adeudo de varios centenares de miles de pesos a un hotel
-Tras ser expuesta por su presencia en el Hotel Tierra Madre en un encuentro con representante de Fogones Mx, invocó la Ley Olimpia
-Liliana García manda en Turismo sobre su propio padre y evidencia que ella es quien controla en el municipio.
-Alcalde Gilberto Zárate omiso: permite abusos y cede el control operativo a una subdirectora que actúa con total arrogancia, bajo el pretexto de que lo amenaza, según señaló la empresaria.
-Fogones MX se habría beneficiado con viáticos y lujos pagados por particulares; podría ser inhabilitado.
-La subdirectora enfrentaría inhabilitación y hasta 8 años de cárcel por abuso de autoridad.
-El alcalde y Fogones MX reaparecen juntos y excluyen a la subdirectora para evadir las graves fallas
-Al final, Fogones MX no se quedó en Comonfort, se instalará en San Miguel de Allende, como ellos mismos lo anuncian en sus redes sociales
-Esto evidencia, que Comonfort fue utilizado como trampolín dejando ir una inversión que Tierra Madre casi había conseguido, convirtiendo la oficina de Turismo del municipio, más que en ayuda, en un estorbo a la inversión local.
COMONFORT, GTO.- La gestión del sector turístico en el municipio de Comonfort se encuentra en el centro de un severo cuestionamiento público tras revelarse presuntas irregularidades operativas, usurpación de funciones y uso desmedido de recursos del sector privado para cubrir la agenda oficial del municipio, tras escándalos puestos al descubierto por la empresaria Ingrid Garcés, quien encabeza Tierra Madre Hotel Boutique, producto turístico de calidad internacional en Comonfort.
En entrevista con Metro News y aportando testimonios, la empresaria turística Ingrid Garcés, -quien radica desde 1974 en Comonfort y desde algunos años empresaria turística y de servicios, generando 30 empleos directos y 10 indirectos en "Tierra Madre"-, expuso una serie de inconsistencias relativas al desempeño de Liliana García, quien ostenta el cargo de subdirectora de Turismo, pero que, de acuerdo con los citados testimonios y pruebas presentadas por la afectada, ejerce un control operativo absoluto sobre la dependencia municipal, relegando la figura de la titularidad formal a un plano meramente decorativo.
Toma de decisiones al margen de la norma y opacidad institucional
De acuerdo con las declaraciones recabadas, la funcionaria ha encabezado reuniones operativas, giras de trabajo y toma de decisiones presupuestales sin ostentar la titularidad jurídica directiva. En el testimonio se advierte además un entorno de nepotismo y tráfico de influencias, al ejercer un mando fáctico dentro de la dependencia donde su progenitor, Raúl García, figura formalmente como titular.
Entre las irregularidades señaladas destacan la falta de atención a requerimientos oficiales de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato durante jornadas laborables, así como la asignación arbitraria de compromisos institucionales que terminaron siendo financiados de manera particular por prestadores de servicios de la región.
Garcés detalló que, bajo la promesa de gestiones institucionales y futuros reembolsos administrativos que nunca se concretaron, el establecimiento que encabeza tuvo que absorber costos de hospedaje, logística, alimentación de alto nivel y transportación privada para invitaciones oficiales y comitivas de cocineras tradicionales.
A estas inconsistencias se suma la presencia activa de actores externos al servicio público, entre ellos el representante del colectivo gastronómico Fogones MX, quien se vio beneficiado directamente con facilidades logísticas, hospedajes privados y atención gubernamental financiados por particulares, sin que exista claridad sobre los convenios formales o licitaciones con el municipio para la explotación comercial en la entidad.
La invocación de la "Ley Olimpia": Un escudo legal que abre interrogantes
El pasaje más revelador del diferendo público ocurrió al momento en que la funcionaria fue notificada de la existencia de registros de videovigilancia e itinerarios que documentan sus estancias y sus extraños comportamientos dentro de las instalaciones del hotel de la denunciante durante días de jornada administrativa, en momentos de acudir a encuentros con "el señor de Fogones Mx". Ante el señalamiento de las pruebas materiales de su presencia e inasistencia a sus deberes públicos, Liliana García reaccionó invocando la denominada «Ley Olimpia», que sanciona la difusión de contenido íntimo, sexual o erótico sin consentimiento (violencia digital).
Dado que las observaciones planteadas por la empresaria e investigadas por los medios de comunicación se constriñen estrictamente al desempeño de la función pública, la utilización de bienes privados, el abandono de deberes y la comprobación de estancia en un establecimiento comercial, la apelación hecha por Liliana García -subdirectora de Turismo de Comonfort- a dicho marco protector de la privacidad sexual resulta llamativa.
Jurídicamente, la sola alusión a este marco legal por parte de la servidora pública frente a una revisión de carácter administrativo y logístico generó una inmediata reacción de los afectados, pues el contexto de la acreditación visual nunca estuvo enfocado en materias de la vida o actos íntimos en el interior del hotel, sino en la evidencia física de ausentismo laboral y falta de probidad funcional.
La indignación fue mayor, porque en el fondo del asunto, la empresaria estaba tratando de logar un acuerdo comercial con Fogones Mx para una alianza que beneficiaría ambas partes y a la población del municipio de Comonfort; sin embargo, Liliana García empezó a intervenir en las negociaciones sin ningún motivo ni solicitud de parte de Tierra Madre para gestión por parte del municipio; lo único que hizo, según explica la empresaria, fue "recargarse" en las gestiones de Ingrid Garcés, pidiendo la funcionaria que la presentara con Fogones Mx y ver qué podría hacerse para favorecer a las cocineras tradicionales de Comonfort; apoyándose en los recursos y logística de "Tierra Madre" y al final perjudicando la gestión de la empresaria.
Esto significó que la imagen que la subdirectora de Turismo dejó a la empresaria hotelera, es que la funcionaria utiliza al sector privado de Comonfort para lograr sus fines, incumpliendo la razón principal de sus funciones.
Ante esta situación, Ingrid Garcés, sumamente molesta, le pidió a Liliana García que abandonara las instalaciones de su Hotel, ya que estaba evidenciando que acudía a su empresa, no precisamente en una comisión de gobierno.
Gobernabilidad en vilo y pasividad de la Presidencia Municipal
Los señalamientos alcanzan directamente la conducción del Presidente Municipal, Gilberto Zárate Nieves. Según la postura de la denunciante, existe una ostensible omisión o imposibilidad política por parte del alcalde para aplicar los correctivos administrativos o remover de su encargo a la subdirectora, quien ha presumido públicamente contar con la autonomía necesaria para no rendir cuentas ante la autoridad.
Las faltas expuestas por Garcés configuran posibles responsabilidades administrativas contenidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, tales como abuso de funciones, conflicto de interés y desatención del servicio público, por lo que el sector empresarial de la zona exige la inmediata intervención de la Contraloría Municipal y del Tribunal de Justicia Administrativa para deslindar responsabilidades y evitar que el estatus de Pueblo Mágico continúe en picada.
Las expresiones de la subdirectora de Turismo de Comonfort: Tiene pretensiones políticas
Sobre las pretensiones de la funcionaria Liliana García y su injerencia en las reuniones del edil, Ingrid Garcés señaló que «...de hecho, yo participé en reuniones donde venían a comer con Gilberto y algunos regidores, y ella le daba instrucciones a su papá. Sus pretensiones políticas son regresar a ser candidata a la presidencia de Comonfort nuevamente. Si no era ella, iba a ser su papá».
En cuanto a la supuesta falta de cobro por consumos en su hotel y su mensaje directo al alcalde, la empresaria de Tierra Madre Hotel Boutique dijo que «a mí me debe el municipio algunos centenares de miles de pesos. La última vez que estuvieron aquí comiendo en el hotel consumieron varias decenas de miles de pesos y los señores todavía pidieron su gran corte de carne, ¿no?
Y todo el mundo pidió de las mejores cosas. Yo, estúpidamente, dándoles y nunca me pagaron. Y como esos tengo otros eventos de cocineras tradicionales que se hicieron en el espacio; ella cobró boletos físicamente y me dijo que le iba a pagar a mi gente y personal, y nunca vimos ningún dinero. Y como esas, muchas cosas, que como le dije a Gilberto Zárate: “Te lo regalo, ustedes lo necesitan más que yo”».
La actitud de Liliana García la pintó Ingrid Garcés cuando en cierto momento se le pidió acudir a la funcionaria a atender los llamados de la Presidencia y del Estado. «Te llevo, por favor, a la oficina, Liliana, te están buscando» y la respuesta arrogante de la funcionaria no se hizo esperar: «“No, yo me mando sola y no tengo horario de trabajo, yo resuelvo lo que tenga que hacer”».
El análisis de todos los hechos anteriores
Lo que revela la entrevista a Ingrid Garcés, es un cuadro de degradación institucional y colapso ético en la gestión pública local. No se trata meramente de un chisme o disputa pasional entre particulares; es la muestra de cómo la función pública de Turismo en Comonfort fue subordinada a intereses privados, beneficios personales y dinámicas de sometimiento político.
Se observa un uso sistemático de recursos y facilidades privadas (hospedaje, vehículos, comidas pagadas por la empresaria Ingrid Garcés) para cubrir la inoperancia financiera o logística del municipio, creando un círculo de favoritismos y deudas informales que derivan en extorsión moral y chantaje.
La funcionaria opera como "directora sin título", relegando a la figura titular -su propio padre- a un rol puramente decorativo. Esto evidencia un ejercicio patrimonialista del poder donde las instituciones se manejan como negocios familiares. Abandonar horarios de trabajo, desatender requerimientos de la Secretaría de Turismo del Estado para realizar viajes particulares o encuentros presuntamente íntimos en horas de servicio, muestra un profundo desprecio por el servicio público y la responsabilidad ciudadana.
Con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y el Código Penal del Estado de Guanajuato, las conductas descritas por la denunciante encuadran en diversas faltas administrativas graves y posibles delitos, en donde destacan el Abuso de Funciones - que es en sí una Falta Administrativa Grave-. Ejercer atribuciones que no le corresponden legalmente -actuar como si fuera la titular de la Dirección de Turismo sobre el titular formal- y tomar decisiones administrativas sin nombramiento oficial de titular.
Se detecta la presunción de Conflicto de Interés y Beneficio Indebido por utilizar la investidura pública para obtener hospedaje, alimentos, transportes y favores personales a costa de particulares y empresarios del sector. El incumplimiento de funciones y desatención del servicio al desatender agendas de trabajo del Estado en horarios laborales para fines recreativos o personales.
Se precisa además algo de lo que la administración municipal de Comonfort ha sido constantemente señalada: Nepotismo e intervención indebida, al participar activamente en la gestión de una dependencia donde un familiar directo es titular, manipulando la toma de decisiones.
Usurpación de Funciones y el Abuso de Autoridad (Materia Penal), cuando se pretenden atribuciones de representación u orden sin contar con el nombramiento legalmente expedido para ello.
De comprobarse estas faltas mediante procedimiento en la Contraloría Municipal, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato (TJA) o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se aplicarían, primero, sanciones administrativas (Ley de Responsabilidades de Guanajuato) tales como la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público (de 1 a 10 años en faltas graves), la destitución inmediata del cargo. Sanción económica en caso de determinarse daño patrimonial o enriquecimiento indebido.
En lo que toca a las sanciones penales (Código Penal de Guanajuato), por el delito de Abuso de Autoridad o Ejercicio Ilícito del Servicio Público, penas de prisión que van de 1 a 8 años, además de multas y reparación del daño a los particulares afectados.
FogonesMx no se libra de ser sancionado o inhabilitado para contratos: ¿Hay chantaje político?
De la declaración de Ingrid Garcés se exhibe a la funcionaria quien alardea de "controlar el municipio" y de inducir que es "inamovible".
Cuando un funcionario subordinado actúa con impunidad y con su actitud induce que el alcalde carece de autoridad para removerlo, sugiere la existencia de acuerdos de facto, componendas de campaña o posesión de información sensible que compromete al Presidente Municipal.
Ingrid Garcés manifestó a Metro News un tema delicado. Ella misma informó al alcalde Gilberto Zárate Nieves de todas estas irregularidades cometidas por su funcionaria; de momento el alcalde parecería que iba a actuar sancionando y hasta removiendo a esta empleada del municipio pero en una segundo posterior diálogo con Garcés, éste le confesó que no podía removerla porque lo amenazó. Con qué y por qué se dio esta respuesta del alcalde, la misma Ingrid Garcés lo desconoce.
El alcalde, al ceder el control operativo de una dirección a un grupo o a una persona que lo coacciona, incurre en omisión de sus deberes constitutivos. La Ley de Administración y Gobierno para los municipios del estado de Guanajuato obliga al Presidente Municipal a supervisar la correcta administración; permitir la ingobernabilidad por chantaje lo vuelve administrativamente corresponsable de las irregularidades cometidas en la dependencia.
El actor externo -"Señor de FogonesMX"- no puede calificarse como un tercero inocente en términos de responsabilidad administrativa y civil.
La persona o personas que se ven beneficiadas por las acciones de Liliana García, en este caso, un empresario, lo convierte en un sujeto de investigación debido al acaso de particulares vinculados a faltas graves, ya que la Ley General y la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas sancionan a particulares que coludan o aprovechen su relación con servidores públicos para obtener beneficios personales, contratos, espacios o viáticos pagados de forma irregular.
Si el particular aceptó hospedajes, transportes, alimentos y favores gestionados a través del abuso de poder de la funcionaria (o con promesas de recursos públicos futuros), se convierte en parte activa del esquema de corrupción y fraude en perjuicio del erario y de particulares.
Los empresarios o particulares afectados (como el caso de Ingrid Garcés) pueden presentar demandas civiles por enriquecimiento sin causa y pago de lo indebido, así como denuncias administrativas contra este particular ante la Contraloría o el Tribunal de Justicia Administrativa para que sea sancionado e inhabilitado como proveedor o colaborador gubernamental.
La aparición de Fogones Mx acompañado por el alcalde... pero sin Liliana García
Este movimiento táctico es bastante revelador y clásico en la gestión de crisis políticas y mediáticas. El representante de Fogones MX reaparece en contenidos promocionales junto al alcalde Gilberto Zárate y sin la presencia de Liliana García, y se pueden deducir varias lecturas clave sobre cómo se está reacomodando el escenario.
La ausencia de Liliana García en estos nuevos materiales sugiere que en la administración municipal y en el propio equipo del empresario entendieron que la funcionaria se convirtió en un activo tóxico. Al sacarla del encuadre, intentan desligar el proyecto gastronómico de los señalamientos de nepotismo, desatención laboral y los escándalos personales o de abuso de confianza denunciados por la iniciativa privada local.
Para el empresario, aparecer codo a codo con el Presidente Municipal representa un blindaje institucional. Al codearse directamente con el alcalde, busca transmitir la idea de que su presencia y negocio en Comonfort son un asunto de "interés municipal legítimo" respaldado por la máxima autoridad, pretendiendo lavar la imagen de que presuntamente se benefició de arreglos informales o favores al margen de la norma con la subdirectora.
Para Gilberto Zárate, asumir el protagonismo en esos videos cumple un doble propósito y que es, en primera, proyectar autoridad -la cual, en base a lo evidenciado por Ingrid Garcés, es inexistente- y quiere enviar el mensaje de que él es quien lleva las riendas de la agenda turística y económica del municipio, tratando de matizar la percepción pública de que Liliana García era la que "mandaba y controlaba" en el municipio. Intenta no dar por perdida la inversión o la proyección turística que prometía dicha colaboración, pero desplazando al intermediario político (la subdirectora) que detonó el conflicto con los empresarios locales como Ingrid Garcés.
Se trata de la "misma jugada, diferente rostro"
Aunque el alcalde y el empresario pretendan vender la idea en Comonfort -y ahora en San Miguel de Allende- de una colaboración institucional "renovada", en el fondo sigue habiendo un cabo suelto que no se resuelve con un video: la falta de claridad sobre los recursos privados pagados en el pasado y la falta de transparencia en los convenios del municipio con este particular. Cambiar de acompañante en la foto limpia la estética del video, pero no borra las responsabilidades administrativas ni los adeudos que dejaron atrás.
Una frase que evidencia la autosuficiencia: “No necesito vencer a nadie para saber que soy poderosa”
En febrero de 2026, la funcionaria publicó en su cuenta de Facebook, espacio digital que emplea para promover eventos oficiales de Turismo de Comonfort, su foto y una frase: “No necesito vencer a nadie para saber que soy poderosa”
Al declarar que "no necesita vencer a nadie", la funcionaria busca proyectar que no se encuentra en una contienda o disputa formal con sus detractores porque se considera en una posición jerárquica o política superior donde la confrontación directa es innecesaria. La afirmación "sé que soy poderosa" reafirma, de manera explícita y pública, una autopercepción de control e influencia dentro del ámbito en el que se desenvuelve, respaldando la narrativa de que ejerce un mando fáctico que no depende de la validación institucional o de sus superiores.
Es un recurso estilístico habitual en redes sociales para responder a señalamientos o crisis de imagen sin nombrar directamente a los detractores ni abordar el fondo de las acusaciones -como las faltas administrativas o deudas señaladas-. Se evidencia que busca mover la conversación del plano de la responsabilidad pública y la rendición de cuentas hacia un plano de fortalezas personales y empoderamiento individual, intentando neutralizar la percepción de vulnerabilidad política.
Para un servidor público, publicar mensajes sobre el "poder" personal en medio de señalamientos de opacidad o nepotismo tiende a percibirse por el sector afectado -empresarios e iniciativa privada- como una postura desafiante, poco receptiva a la fiscalización y alineada con la idea de inamovibilidad.
