-Alcaldía de Celaya deja ver omisiones en caso “El Llanerito” y evade pagar compensaciones ordenadas por PRODHEG (1371/2024).
-Víctima denuncia que el alcalde ofreció becas pese a que su hijo no está en edad escolar.
-Reunión conjunta con las dos familias fue imprudente; debieron tratarse como casos separados por sus condiciones distintas.
-Comisión Estatal de Víctimas reconoce a la pareja de Martínez Noguez como víctima indirecta y exige compensación.
-Alcalde aborda temas fuera de su competencia, como juicios sucesorios y medios digitales, desviando lo medular.
-Municipio incumple tres puntos clave de la recomendación, especialmente el relacionado a compensaciones, tras más de un año del hecho.
-Coordinación de DH busca convertirse en dirección municipal, pidiendo 2 millones para operar, mientras mantiene casos “en el refrigerador” sin resolver ni reparar.
Documentos y testimonio verbal proporcionados por una de las víctimas del caso de "El Llanerito", demuestran que la Coordinación de Derechos Humanos está manejando una versión "muy a su modo" ante la opinión pública celayense para justificar sus graves omisiones y pareciera estar evadiendo la responsabilidad de pagar las compensaciones económicas a las víctimas y que se indican en la resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos del estado de Guanajuato, fundamentadas en la Ley General de Víctimas y la Ley Estatal de Víctimas.
Con fecha 25 de julio de 2025, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos expidió el oficio MC/SA/10.1/UDH/100/2025, oficio de referencia NO MC.AC 9 3-018/2025 bajo el Asunto: Se remite información dirigido a la regidora Ma. Isabel Herrejón Arredondo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del H. Ayuntamiento de Celaya.
Se precisa que hacen del conocimiento a la regidora de las acciones realizadas "en cumplimiento a la recomendación 1371/2024 emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato".
Sigue señalando que se efectuó una reunión en el interior de "la oficina del Mtro. Juan Miguel Ramírez Sánchez, Presidente Municipal de Celaya, Guanajuato", donde estuvieron el alcalde, las víctimas así como la responsable de la Coordinación "esto con la finalidad de atender sus necesidades y pretensiones de una manera respetuosa y con un trato humanista, apegado a la legalidad y respeto a los derechos humanos"
En dicho documento se cita que "en esta reunión las víctimas expresaron no requerir el apoyo del municipio" y se precisa que una de las víctimas "agradeció la atención y abandono (sic) la reunión en compañía de su menor hijo, posterior a este hecho, continúo (sic) el diálogo con las personas que permanecieron en el lugar, llegando a los siguientes acuerdos referente a los resolutivos de su interés..."
Las incongruencias del municipio e inconsistencias del documento
La víctima entrevistada, precisamente "la que abandonó la reunión", precisó que de inicio, desde un principio el alcalde advirtió a las víctimas que "ahorita el municipio no tiene dinero y los vamos a apoyar con becas".
La entrevistada por Metro News expresó que, de entrada, fue una imprudencia del alcalde reunir a las dos familias para tratar este asunto, ya que debió de abordarse el tema como casos por separado, dado que las condiciones no son las mismas. La entrevistada aparece como la pareja sentimental de Martínez Noguez en la Recomendación 1371/2024 de la PRODHEG, junto con su hijo menor de edad.
Precisó que el dicho del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez de que se nos iba a apoyar con becas, automáticamente me dejaba fuera de sus "opciones", ya que mi hijo no está en edad escolar.
La entrevistada, quien además es reportera de un medio independiente local, empezó a sospechar del alcalde y de sus actitudes al abordar temas que no son de su jurisdicción e incumbencia, como el tratar temas de "juicios sucesorios", el espacio digital periodístico que yo manejo, asuntos legales que tampoco eran de su competencia.
Por otro lado, dijo que "me estaba quedando claro que el alcalde estaba desviando la atención de lo medular, el cumplimiento de la Recomendación 1371/2024". "La alcaldía esta mintiendo sobre el caso de "El Llanerito"", indicó la entrevistada.
Fundamento esto último en base a lo citado en el oficio de la Coordinación de Derechos Humanos, dirigido a la regidora Herrejón donde dice que "de una manera respetuosa y con un trato humanista, apegado a la legalidad y respeto a los derechos humanos", atendieron a las víctimas.
Si hubiera habido respeto, el alcalde hubiera tratado los casos por separado, lo que evidencio su poca capacidad y tacto para un trato humanista con las personas y la falta de delicadeza para abordar el tema.
Si las cosas estuvieran apegadas a la legalidad, continuó, y respeto a los derechos humanos, yo pregunto: Llevamos un año y dos días de que se dieron los hechos y es fecha que el municipio, el cual representa el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, ha omitido tres de las indicaciones de la PRODHEG, especialmente la primera y que es la que determina el pago de una compensación por los daños sufridos.
La situación me mantiene en constante tensión, expresó la entrevistada; no solamente sigo viviendo el duelo tras tanto tiempo de esta situación. Fui la última persona con la que vivió y convivió Alejandro; un huérfano, nuestro hijo, y yo estamos pagando las consecuencias de la dilación del alcalde y de su equipo y esto sigue generando un sufrimiento que parece nunca se va a acabar. ¿Cuántas personas de Celaya están sufriendo lo mismo que yo y el presidente municipal, con estas actitudes, mantiene vivo ese sufrimiento? No se que tenga de humanidad y humanismo esto de parte del presidente municipal, pero ojalá nunca tenga que vivir su familia esta situación y pasar por lo que nosotros estamos pasando, sentenció.
El acuerdo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas
A través de una comunicación entre la Comisión Estatal de Atención a Víctimas con la entrevistada, tanto para ella "y en representación del menor" y "en seguimiento al acuerdo emitido en fecha 23 de junio del año 2025, por el Comité Interdisciplinario Evaluador, a través del cual se radicó el expediente CEAIV-GTO/CIE/RID/058/2025, para trámite del procedimiento de determinación del monto de compensación como medida de reparación integral del daño, relativo a la recomendación de número 1371/2024, emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, en el cual le fue reconocida la calidad de victima indirecta, así como, se gira requerimiento para los efectos indicados... es que me permito notificar a usted el proveído en cuestión, adjuntando al presente el mismo en copia digital en formato PDF, esto con fundamento en los artículos 38 fracción III y 39 Fracción III, del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como, 62 y 65 de las Reglas de Operación del Proyecto de Inversión E037. C09. QC 3587, del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para el Ejercicio Fiscal 2025".
El firmante del documento enviado es Víctor Manuel Rodríguez Solís, coordinador del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y el acuerdo establece en su punto Cuarto "girar orden requerimiento a la autoridad recomendada", en este caso, Juan Miguel Ramírez Sánchez, presidente municipal de Celaya, " a efecto de notificarle el inicio del presente procedimiento ante esta Comisión, así como, atentamente tenga a bien informas (sic) las acciones realizadas en cumplimiento a la recomendación que en su caso deben ser consideradas para determinar el monto de la compensación como medida de reparación".
El alcalde es el principal responsable de todo el asunto de la cumplimentación de la recomendación. Esto, porque la resolución 1371 señala que "en términos de lo previsto en los artículos 5 fracción VII y 57 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, esta resolución se dirige la persona titular de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato, en su carácter de superior inmediata de la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 26 fracción I de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; 17 y 18 fracción II del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Guanajuato."
El Quinto punto del acuerdo señala "notifíquese el presente proveído a la (sic) víctimas citadas dentro del presente proveído, así como a la autoridad recomendada". "Cúmplase".
"Así lo proveyó y firma, el Licenciado Víctor Manuel Rodríguez Solís Coordinador del Comité Interdisciplinario Evaluador, quien actúa asistido de dos testigos de asistencia la Licenciada María Patricia Landín Ortega y el Licenciado Omar Corona Granados, personal de esta Comisión para todos los efectos legales".
En síntesis, finaliza la entrevistada, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez ya sabe lo que tiene que hacer, pero no informa completo y no está respetando la ley. Verdades a medias son mentiras a medias, sentenció. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido
-A un año del asesinato de “El Llanerito”, el gobierno de Celaya sigue sin cumplir tres resoluciones clave de la PRODHEG.
-La administración actual evade su responsabilidad alegando que el caso corresponde al gobierno anterior, pese a tener atribuciones legales.
-No hay compensación económica ni disculpa pública al gremio periodístico, pese a que ambas fueron ordenadas por la PRODHEG.
-La Dirección de Derechos Humanos opera sin haber implementado el protocolo de protección a periodistas exigido por la resolución 1371/2024.
-La omisión institucional perpetúa el riesgo para comunicadores en Celaya y vulnera el derecho a la verdad, justicia y no repetición.
-Periodistas presentaron una queja colectiva por violaciones a sus derechos humanos durante una rueda de prensa oficial.
-Celaya acumula 15 recomendaciones sin resolver de la PRODHEG y la CNDH, evidenciando un patrón de omisión institucional.
Exacto un año del asesinato del periodista Alejandro Martínez Noguez, “El Llanero Solititito”, el incumplimiento parcial de las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) representa una herida abierta en materia de justicia, reparación y respeto a los derechos humanos en Celaya. La resolución 1371/2024, (https://www.metronewsmx.com/2025/01/emite-derechos-humanos-resolucion-sobre.html ) derivada de la investigación oficial, estableció seis medidas concretas que el gobierno municipal debía cumplir. A la fecha, tres siguen pendientes.
El análisis: ¿Se justificarían argumentos de la alcaldía para este retraso?
No. Si se llegara a argumentar que “le tocaba a la administración pasada”, eso sería jurídicamente débil e institucionalmente irresponsable. Las recomendaciones de la PRODHEG son vinculantes para el ente municipal, no para una persona o periodo específico. El gobierno actual, encabezado por Juan Miguel Ramírez Sánchez, tiene la atribución legal y moral de cumplirlas.
Además, la Coordinadora de Derechos Humanos del municipio reconoció públicamente que aún no se cuenta con documentación física o digital que acredite el cumplimiento del cuarto punto de la resolución. Se suma también el hecho de la existencia de otra queja interpuesta por periodistas locales ante actitudes violatorias contra ellos.
La omisión de un protocolo de actuación para proteger a periodistas en Celaya perpetúa el riesgo estructural que enfrentan comunicadores en zonas de alta conflictividad. La falta de cumplimiento de estas acciones y de medidas institucionales refuerza la percepción de impunidad y desinterés por parte de las autoridades.
Esto no solo vulnera el derecho a la vida y seguridad de los periodistas, sino también el derecho de la sociedad a recibir información libre y sin amenazas.
¿Es incongruente convertir la coordinación de Derechos Humanos en dirección?
Sí, y profundamente. Esta jerarquización resulta simbólicamente vacía si no se traduce en cumplimiento efectivo de resoluciones como la del caso Martínez Noguez. De hecho, la Coordinación de Derechos Humanos depende directamente de Daniel Nieto, el actual secretario del Ayuntamiento, lo que suma más personajes a la omisión.
De hecho, El Sol del Bajío dio cuenta de que la Oficialía Mayor presentó ante la Comisión de Recursos Humanos del Ayuntamiento la propuesta de reestructuración, que incluye la creación de nuevas plazas, aumento salarial y un presupuesto anual de más de dos millones de pesos para la nueva Dirección. También se menciona que esta transformación permitiría integrar unidades como Diversidad Sexual, Atención a Migrantes y Niñez, conforme a la Ley Estatal de Diversidad promulgada en junio de 2024. (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/proponen-crear-direccion-de-derechos-humanos-en-celaya-con-nuevo-presupuesto-y-estructura-24261281 )
Querer convertir la Coordinación en Dirección sin haber cumplido con medidas básicas de reparación y protección es una contradicción institucional que debilita la credibilidad del municipio en materia de derechos humanos.
¿Qué reclamos pueden hacerse a la administración actual?
Entre los fundamentales, los marcados por la PRODHEG:
1. Cumplimiento inmediato de los tres puntos pendientes de la resolución 1371/2024.
2. Compensación económica a los familiares del periodista, conforme al principio de reparación integral.
3. Implementación urgente de un protocolo de actuación para proteger a periodistas en riesgo.
4. Transparencia documental, con evidencia física y digital del cumplimiento de cada recomendación.
Deuda con “El Llanerito” y con la libertad de expresión
El caso “El Llanerito” no es solo una deuda con sus familiares, sino con la libertad de expresión, la memoria pública y el derecho a la verdad. La administración municipal tiene la oportunidad —y la obligación— de convertir el agravio en acción reparadora. El tiempo ya no es excusa. Es exigencia. #MetroNewsMx
-Ovidio pacta beneficios a cambio de información, mientras su familia cruza la frontera escoltada por acuerdos secretos.
-La DEA juega con fuego: recibe delatores y empuja guerras internas, desmantelando cárteles sin disparar una bala.
-Gobernadores en funciones, líderes del Congreso y militares, en la mira por vínculos con el narco; algunos ya con órdenes.
-El cártel Jalisco infiltra rutas de Sinaloa tras la traición pactada entre hermanos Guzmán y el colapso interno del imperio.
-La violencia crecerá: drones artillados, mercenarios extranjeros y misiles tierra-aire redefinen la guerra "narca" en México.
-EE.UU. exige resultados, pero no envía ni un dólar; México pone los muertos, las dudas, y los pactos bajo la alfombra.
-"El Mencho" se fortalece mientras Trump busca votos, y Sheinbaum queda atrapada entre dos fuegos que ya no puede apagar.
En entrevista, Julio Vaqueiro, conductor de Noticias Ahora, de Telemundo y el especialista en temas de seguridad y narcotráfico, David Saucedo, este último pone en claro que mientras Ovidio Guzmán negocia su comodidad desde una casa de seguridad en Estados Unidos, las entrañas del cártel de Sinaloa se desangran en una guerra interna pactada por hermanos, mientras gobernadores, generales y líderes políticos mexicanos se perfilan como posibles piezas de sacrificio. "El Mencho" acumula poder, el Estado mexicano maquilla muertos y Washington exige trofeos. Nadie está limpio. Nadie está libre. El silencio es la moneda más cara del narco.
La entrevista de Julio Vaqueiro con David Saucedo
Julio Vaqueiro:
En la relación entre México y Estados Unidos, la seguridad es una de las prioridades, si no es la prioridad para el presidente Donald Trump. El tema migratorio parece controlado en la frontera, pero el narcotráfico, de acuerdo con lo que el mismo presidente continúa declarando una y otra vez, es una prioridad para la Casa Blanca. La detención, la extradición y ahora el acuerdo de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo, con el gobierno de Estados Unidos, ponen en aprietos al gobierno mexicano, a la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Qué información está dando Ovidio Guzmán al gobierno de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo tan favorable para él? ¿Cómo queda parado el cártel de Sinaloa con estas negociaciones, incluida la del Mayo Zambada? ¿Qué pasa con la violencia en México? De todo eso hablamos con David Saucedo, experto en seguridad y en temas de narcotráfico en México.
Sabes que me interesaba mucho platicar contigo por el momento que está viviendo la relación México-Estados Unidos, sobre todo porque parece que para Washington el tema de seguridad es en este momento la prioridad. Me gustaría comenzar preguntándote: ¿quién es Ovidio Guzmán y por qué es importante entre México y Estados Unidos?
David Saucedo:
Después de la captura y extradición del Chapo Guzmán, los cárteles en México siguieron una lógica dinástica. Todo el poder, los contactos políticos, las redes de producción, comercialización y transporte de drogas fueron heredados por sus hijos, nacidos de distintos matrimonios. A pesar de tener madres diferentes, los hermanos se aliaron y mantienen una relación filial muy cercana.
Ovidio Guzmán pertenece a la élite del cártel de Sinaloa. Desde joven, estuvo involucrado en tareas de alto perfil vinculadas al narcotráfico. Tras la captura del Chapo, el cártel se fragmentó: el Mayo Zambada controló una parte importante, Damaso López "El Mini Lic", exfuncionario penitenciario que ayudó al Chapo a escapar, también se sumó al cártel. Los hijos del Chapo obtuvieron su propia fracción del imperio narco.
El cártel de Sinaloa siempre ha funcionado como una confederación de grupos. Los Chapitos y el Mayo Zambada eran las facciones más poderosas económicamente, aunque no las únicas. Ovidio llevó una vida de influencer y narco junior; no era líder absoluto, pero como hijo del Chapo tenía peso estratégico. Su papel se centraba como jefe regional, encargado de envíos de fentanilo hacia EE.UU. por la ruta del Pacífico. Por eso es comprensible que los norteamericanos lo consideren objetivo prioritario.
Fue protagonista del "culiacanazo", y el expresidente López Obrador confesó que ordenó su liberación ante la amenaza de ataques narcoterroristas contra población civil. "El Mayo Zambada" incluso ordenó la liberación de presos en Sinaloa para que se enfrentaran con las fuerzas públicas. Ovidio era uno de los herederos del "Chapo", y no estaban dispuestos a perderlo.
Julio Vaqueiro:
Entonces, tras la caída del Chapo, el cártel de Sinaloa se divide en facciones. Los Chapitos son una de ellas, y Ovidio es el menor de los hermanos, ¿correcto?
David Saucedo:
En efecto, es el más joven.
Julio Vaqueiro:
Y salta a la fama por el "culiacanazo". Luego es detenido en un operativo muy costoso, donde mueren soldados y sicarios. Hay quienes dicen que murieron más personas de las que se reportan oficialmente, ¿correcto?
David Saucedo:
Así fue. Estoy convencido de que el gobierno mexicano maquilla cifras. Las cifras oficiales de homicidios en operativos para capturar narcotraficantes suelen ser alteradas. En la segunda captura de Ovidio, motivada por presión de EE.UU., ya había fractura con el Mayo Zambada. Esta vez, el Mayo no salió a las calles para impedir el arresto, confirmando la división interna: cada grupo comenzó a caminar por su vía.
Julio Vaqueiro:
Diez soldados murieron, ¿cierto? Según datos oficiales...
David Saucedo:
Oficialmente, sí. Pero en redes aparecen testimonios de viudas y familiares de militares que fueron informados de muertes por “paro cardíaco” y jamás vieron los cuerpos. Esto refuerza la sospecha de que el ejército mexicano maquilla bajas para ocultar la brutalidad de la guerra contra el narco.
Julio Vaqueiro:
Aunque sean diez, son muchos. Y esto nos lleva a hablar del acuerdo entre EE.UU. y Ovidio Guzmán. ¿En qué están las negociaciones?
David Saucedo:
Son varias. EE.UU. logró algo inédito: tener en custodia simultáneamente a un miembro de Los Chapitos y a otro del grupo del Mayo Zambada. Esto les permite obtener información cruzada sobre narcolaboratorios, protección política-militar, empresarios lavadores de dinero, rutas y jefes de plaza. Cada uno ofrece datos sobre el grupo rival: Chapitos delata aliados del Mayo, y el Mayo entrega detalles de los Chapitos.
Es una estrategia perversa pero eficaz. Por primera vez, el gobierno norteamericano induce una erosión interna en el cártel más poderoso de México. En cuanto a Ovidio, parece estar colaborando, ofreciendo datos y testimonio a cambio de reubicación familiar y una multa irrisoria de $80 millones. No está en prisión de alta seguridad y habría sido trasladado a una casa bajo protección, lejos del riesgo de atentado.
También se exoneró a familiares cercanos de cargos por narcotráfico, todo a cambio de información estratégica. Esto contrasta con el trato al Chapo Guzmán, quien fue condenado sin negociación. Con Ovidio, EE.UU. muestra lo que sucede si un narco coopera, lo opuesto a lo que le ocurrió a su padre.
Además, hay otra negociación paralela poco discutida: el Cártel Jalisco Nueva Generación pactó una narcoalianza con Los Chapitos. Esto incluye traslado de armas, hombres y rutas de comercio hacia la facción de Ovidio para enfrentar al Mayo Zambada. Jalisco estaría accediendo a la preciada ruta del Pacífico que conecta con Los Ángeles y la costa este de EE.UU.
Julio Vaqueiro:
Bien, bueno, vamos a seguir hablando de esa negociación porque quiero entender cómo queda el mapa de las organizaciones criminales en México. Pero primero me quiero detener en la colaboración que hay entre Ovidio Guzmán y el gobierno de Estados Unidos. Se da a conocer un documento en donde se revela que Ovidio negocia la seguridad de su familia: su madre cruzó la frontera en mayo junto con otros familiares para resguardarse en territorio estadounidense. También se contempla el pago de 80 millones de dólares, además de la posible reducción de su sentencia —hasta el mínimo que marca la ley— lo que serían diez años de prisión.
Pero diez años parecen pocos para un hombre cuya detención implicó la muerte de diez soldados y que está vinculado directamente con la epidemia de sobredosis de fentanilo en Estados Unidos. ¿Qué tipo de información puede tener Ovidio para recibir tantos beneficios?
David Saucedo:
Lo más probable es que cuente con información histórica sobre la colaboración de la élite política mexicana: integrantes del gabinete del expresidente Andrés Manuel López Obrador, altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional e incluso miembros del actual gabinete de seguridad federal que han tenido nexos con el crimen organizado.
Este tipo de datos es valioso para la Casa Blanca, no solo para combatir los cárteles, sino para usarlo estratégicamente en negociaciones comerciales y migratorias. En el pasado, EE.UU. ha manejado información sobre políticos mexicanos vinculados al narco, pero nunca la ha revelado públicamente. En cambio, la han utilizado como herramienta de presión en negociaciones clave —como el TLC o acuerdos en materia de deuda externa y concesiones comerciales— colocando así al gobierno mexicano contra las cuerdas.
Por esa razón, gobiernos anteriores se negaron a extraditar a narcotraficantes mexicanos: sabían que esos criminales poseían información sensible sobre la corrupción política y que ésta sería usada en su contra por los norteamericanos. Coincido con tu apreciación: probablemente sí se le imponga a Ovidio una pena de diez años como máximo, y luego quede en libertad, colaborando como asesor informal para desmantelar al cártel de Sinaloa. Pero no creo que logren destruirlo. Ese cártel ha sobrevivido a múltiples embates, y lo seguirá haciendo.
Julio Vaqueiro:
¿Entre los nombres que podría revelar Ovidio se anticipa el de algún gobernador en funciones, o incluso el del expresidente Andrés Manuel López Obrador?
David Saucedo:
No creo que se mencione directamente al expresidente, pero sí a gobernadores como Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, quien aparece en fotografías junto a líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. También se habla del gobernador Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, quien —según reportes de inteligencia— habría negociado con mafias criminales para establecer una especie de “paz narca”.
Tal vez también se señale a Adán Augusto, líder de los senadores de Morena en el Congreso Federal y opositor político de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a David Monreal, gobernador y hermano de Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena. Hace apenas unos días, se difundió que existe una orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, funcionario durante el periodo de gobierno de Adán Augusto.
Desde el año pasado se rumoraba, en los pasillos de Palacio Nacional, que tanto Adán Augusto como Ricardo Monreal —convertidos en obstáculos internos para Sheinbaum— serían objeto de investigación judicial debido a presiones estadounidenses. Esto, después de haber bloqueado iniciativas y proyectos legislativos promovidos por ella.
Julio Vaqueiro:
Sí.
David Saucedo:
En el caso de Monreal, su hermano David —gobernador— y en el caso de Adán, su exsecretario de seguridad, ilustran cómo la justicia mexicana se usa con fines políticos, como ha ocurrido antes. Esta vez, bajo presión estadounidense, existe la necesidad de presentar políticos vinculados al narco. En ese contexto, no sería raro que el grupo político de la presidenta Claudia Sheinbaum ofreciera como sacrificio inicial a Adán Augusto y Ricardo Monreal.
Julio Vaqueiro:
¿Por qué descartas que Ovidio pueda hablar directamente del expresidente López Obrador? La DEA lo investigó, aunque no haya pruebas concluyentes, y en EE.UU. se ha cuestionado el financiamiento de sus campañas.
David Saucedo:
Doy por hecho que el expresidente Andrés Manuel López Obrador estaba enterado del apoyo del cártel de Sinaloa a distintas campañas de Morena en estados como Baja California, Sinaloa, Michoacán y Aguascalientes. Estoy seguro de que sabía que algunos candidatos postulados por él eran narcocandidatos.
Sin embargo, veo muy difícil que EE.UU. emprenda una acción judicial contra un expresidente mexicano por razones políticas. Ningún mandatario futuro estaría dispuesto a colaborar con Washington sabiendo que su destino podría ser una cárcel en Estados Unidos. Además, la élite política mexicana se sublevaría ante un escenario así, como sucedió cuando la élite militar exigió la repatriación del general Cienfuegos. Y así fue: repatriado y posteriormente exonerado.
A pesar de todo, creo que el expresidente López Obrador llegó a temer que EE.UU. quisiera llevarlo ante la justicia. No obstante, Donald Trump fue un gran aliado de él, y no creo que procediera en su contra.
Todo esto coloca a Claudia Sheinbaum contra las cuerdas: presionada desde dentro por el expresidente y desde fuera por los estadounidenses. En efecto, ya hubo un gobernador mexicano procesado por narcotráfico: Mario Villanueva, durante el sexenio de Zedillo, quien fue ingresado a un penal de alta seguridad. Eso es lo que buscan los norteamericanos: un ejemplo.
Quizá a la presidenta Sheinbaum le falte perspectiva, pero la decisión está en sus manos. Tendría que procesar, investigar, capturar y, en su caso, extraditar a miembros de su propio grupo político que hayan pactado con el cártel Jalisco o el de Sinaloa. Lo vimos en el caso del Mayo Zambada: captura y extradición unilateral. Si ella no actúa, los norteamericanos lo harán por su cuenta y podrían capturar a un político mexicano de alto nivel para juzgarlo en EE.UU.
Julio Vaqueiro:
En Estados Unidos, recientemente, el presidente Donald Trump volvió a pronunciarse sobre el tema: habló del control del narcotráfico y la corrupción en México. ¿Confían los norteamericanos en que México atienda los problemas de seguridad?
David Saucedo:
No confían en todo el aparato del gobierno mexicano, solo en algunas áreas. Hay una relación de alto nivel con Omar García Harfuch, quien ha establecido vínculos de confianza con las agencias estadounidenses. Muchos de los golpes al crimen —como la geolocalización de refinerías clandestinas, buquetanques de "huachicol" fiscal, narcolaboratorios— no fueron producto de investigaciones nacionales, sino de inteligencia norteamericana compartida con Harfuch, quien la ejecutó eficazmente.
Confían también en el grupo élite de la Marina, el mismo que participó en la captura del Chapo Guzmán. Harfuch, por su alto perfil mediático, el respaldo de la embajada estadounidense y el apoyo de Claudia Sheinbaum, se perfila ya como precandidato presidencial.
Juilo Vaqueiro:
Sí, sin duda. Es una figura de alto perfil. Entonces, para entender cómo funciona este proceso: ¿Ovidio Guzmán ya dio toda la información que tenía y por eso se le otorgó este acuerdo tan favorable, o sigue en negociaciones e interrogatorios con las autoridades norteamericanas?
David Saucedo:
Tengo entendido que la información que tiene Ovidio está compartimentalizada en tres grandes bloques. Primero, la información que ya dio, y que le permitió obtener los beneficios actuales. Segundo, la información que no ha dado aún, que está en proceso y que él dosificará estratégicamente según las presiones y oportunidades que se le presenten. Y tercero, la información que nunca va a entregar, aquella que sus propios hermanos le han cerrado. No se trata de una traición entre hermanos, sino de una traición pactada.
Ovidio Guzmán negoció con sus hermanos qué información sería entregada, a quiénes iban a señalar, qué rutas, narcolaboratorios y colaboradores serían cedidos a las autoridades estadounidenses. Alfredo, Iván y Archibaldo Guzmán conservaron ciertos datos sensibles que le han cerrado a Ovidio. Esta información reservada podría formar parte de futuras negociaciones por parte de otros integrantes del cártel de Sinaloa que eventualmente se entreguen.
Julio Vaqueiro:
Siempre hay cuestionamientos en torno al proceso de testigos protegidos y pactos con criminales por parte de Estados Unidos. México, por ejemplo, ha extraditado narcotraficantes que Washington ahora cataloga como terroristas. A pesar de ello, acaban negociando y podrían recibir penas tan breves como diez años de prisión. Estamos hablando de hombres que envenenan a Estados Unidos y provocan miles de muertes en México. ¿Cuál es tu lectura, David?
David Saucedo:
Estados Unidos tiene un mecanismo de negociación con criminales que les ha sido funcional, especialmente desde los procesos contra la "Cosa Nostra" en los años ochenta. Desde entonces, utilizan esta herramienta con eficacia. En México esto genera indignación comprensible por los recursos invertidos para capturar a los capos, y por las vidas perdidas durante esos operativos.
Pero México también aplica un esquema oculto de negociación con narcotraficantes. Con excepción del "Mayo" Zambada y "El Mencho", todos los grandes capos han estado en prisión... y todos han escapado o conseguido sentencias favorables. Las cárceles mexicanas, dada la corrupción, son prácticamente hoteles de lujo para ellos. El Estado mexicano ha adoptado una postura laxa frente a empresarios, políticos y militares vinculados al narco, como en el caso del general Cienfuegos.
Mientras EE.UU. opera con transparencia cínica, México lo hace con hipocresía institucional. Ambos países negocian con los narcos; el dilema ético no es cuál lo hace, sino con qué rostro lo justifican.
Julio Vaqueiro:
Mencionaste al "Mencho". ¿Cómo queda posicionado tras esta sacudida al cártel de Sinaloa?
David Saucedo:
"El Mencho" es el principal beneficiario de esta guerra civil interna del cártel de Sinaloa. Durante un año se mantuvo al margen, esperando que las facciones principales se desgastaran. Mientras tanto, acumuló tropas, armas y recursos en los límites de su territorio, en espera del momento adecuado para intervenir.
Finalmente, entró en la batalla a través de una negociación beneficiosa: "Los Chapitos" le permitieron acceso a la ruta del Pacífico para transportar droga hacia la costa este de EE.UU. El cártel Jalisco Nueva Generación ya tenía presencia en Tijuana, pero operaba con volúmenes bajos. Esta alianza elevó su alcance.
Si "El Mencho" muriera —ya sea por su enfermedad renal, por captura o por enfrentamiento— habría una guerra sucesoria entre cinco generales que comandan distintas regiones del imperio criminal. Pero mientras eso no ocurra, su mayor ventaja radica en prolongar el conflicto entre facciones sinaloenses, erosionando el poder del cártel rival mientras él sigue creciendo e infiltrándose.
De esta narcoguerra, la gran batalla por el fentanilo en el marco político estadounidense, "El Mencho" emerge como el gran beneficiado.
Julio Vaqueiro:
¿Qué esperas que ocurra en los próximos meses con los procesos de Ovidio Guzmán, "El Mayo" Zambada, el hermano de Ovidio y Joaquín Guzmán?
David Saucedo:
Un aumento notable en la violencia homicida. La información que proporcione Ovidio se traducirá en decomisos, redadas y capturas. Lo mismo ocurrirá con la del "Mayo" Zambada, quien busca evitar la pena capital; sus filtraciones tendrán un efecto similar. El conflicto ya no será exclusivo de Sinaloa, sino que estallará en todas las regiones donde chocan las huestes de ambas facciones.
Anticipo una guerra costosa en el último tercio del año, especialmente porque los cárteles han dejado de usar jóvenes de zonas marginadas para emplear profesionales de la violencia: exmilitares guatemaltecos, exguerrilleros colombianos, veteranos de Ucrania que ya operan en México.
Peor aún, utilizan armas de grado militar: misiles tierra-aire, minas terrestres, drones artillados. Y todo esto ocurre sin apoyo financiero del gobierno de EE.UU. No hay un solo dólar para enfrentar esta guerra desde Washington.
Este escenario se agravará porque, según encuestas estadounidenses, Donald Trump ha perdido popularidad y los republicanos enfrentan desafíos en las elecciones intermedias. Esto lo presionará a exigir más resultados de México: extradiciones, decomisos, capturas espectaculares... y eso implicará más violencia para nosotros.
Julio Vaqueiro:
David Saucedo, te agradezco profundamente que hayas estado con nosotros. Gracias por tu tiempo. #MetroNewsMx
-El riesgo que enfrenta una persona con múltiples infartos cerebrales le puede llevar a hablar incoherencias, problemas de conducta social e incluso demencia
-¿Cómo garantizar la veracidad de lo que se dice o asegura cuando el deterioro neurológico ya ha vencido al discurso?
-Infartos cerebrales y alcohol en todo momento, incluso en horario laboral exigen más que compasión institucional.
-¿Vulnerabilidad o negligencia? El uso simbólico de una figura deteriorada desnuda los vacíos éticos del servicio.
Cuando alguien llega a sus límites físicos y mentales, debe analizarse con cuidado el riesgo, la problemática para lo que al mismo servicio; y no en un afán de incurrir de violentar los derechos laborales de una persona, sino además en seguridad de lo que se hace o diga de terceros.
¿Qué es un infarto cerebral?
Un infarto cerebral es un tipo de accidente cerebrovascular isquémico. Ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro, generalmente por un coágulo que bloquea una arteria. Esto provoca la muerte de tejido cerebral por falta de oxígeno.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que la incapacidad permanente física o mental puede ser causal de revocación de mandato, cuando se trata de un funcionario público. No toda discapacidad implica incapacidad, pero en este caso hablamos de riesgo funcional real, no de discriminación. (https://www.sinembargo.mx/125040/scjn-define-incapacidad-para-ocupar-cargos-publicos/ )
El problema de los infartos cerebrales: decir incoherencias
La alteración del lenguaje —incluyendo incoherencias, dificultad para articular palabras o pérdida de comprensión— es un síntoma frecuente en personas que han sufrido múltiples infartos cerebrales. Esto se debe a que distintas áreas del cerebro responsables del habla, la comprensión y la coherencia pueden verse afectadas por el daño acumulado. (https://www.neuro-sergiomoreno.com.mx/como-identificar-un-infarto-cerebral/ - https://neurocenter.mx/infarto-cerebral-sintomas/ y https://www.clikisalud.net/infarto-cerebral-sintomas-senales-advertencia/ )
Algunos signos comunes incluyen:
- Balbuceo o uso de palabras incorrectas
- Frases sin sentido o desorganizadas
- Incapacidad para seguir una conversación lógica
- Confusión repentina al hablar o entender
Cuando estos episodios se repiten o se agravan, pueden indicar un deterioro neurológico progresivo. En contextos laborales, además, la ingesta de alcohol puede potenciar estos síntomas, al comprometer aún más las funciones cognitivas y motoras.
Es clínicamente esperable que una persona que haya sufrido uno o varios infartos cerebrales muestre fragilidad en sus juicios. Tras los infartos cerebrales, el cerebro ha sufrido múltiples daños en áreas que regulan el juicio, la toma de decisiones, la coherencia emocional y el control ejecutivo. Esto puede traducirse en juicios erráticos, inapropiados o desconectados de la realidad.
Esto ocurre poqrue los infartos cerebrales afectan la irrigación sanguínea en zonas clave como el lóbulo frontal, responsable del juicio crítico y la conducta social.
- El daño acumulado puede generar deterioro cognitivo progresivo, incluso demencia vascular.
Manifestaciones comunes de fragilidad en el juicio:
- Decisiones impulsivas o sin lógica aparente
- Falta de conciencia sobre consecuencias
- Dificultad para distinguir lo ético de lo inapropiado
- Cambios bruscos en valores, prioridades o comportamiento social
Este tipo de fragilidad no solo es neurológica, sino también simbólica: el juicio se convierte en un terreno movedizo, donde la coherencia se fragmenta y la ética se diluye.
La dolorosa conclusión
Una persona con infartos cerebrales y consumo activo de alcohol no debería ocupar un cargo sin evaluación médica rigurosa. No se trata de estigmatizar, sino de proteger la integridad institucional, la calidad del servicio público y la seguridad de las decisiones que afectan a terceros. #MetroNewsMx
-Colectivo denuncia falta de transparencia tras hallazgo de fosa con presuntos 60 cuerpos en Irapuato.
-Madres exigen romper silencio institucional y acceder a fotos para identificar a sus familiares.
-Fiscalía incumple promesa de incluir a buscadoras en hallazgos; reclaman participación urgente.
El Colectivo Hasta Encontrarte, emitió un pronunciamiento a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato el cual señala textualmente que "como colectivo Hasta Encontrarte, queremos manifestar nuestra profunda indignación y exigir a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato información, transparencia y participación ante el reciente hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de Calera, municipio de Irapuato, el pasado 30 de julio. Hasta la fecha, no se ha proporcionado información oficial ni oportuna sobre el número de cuerpos exhumados ni se ha compartido una galería fotográfica que permita a las familias identificar a sus seres queridos".
"Hace años nos plantamos en la capital del estado para exigir transparencia sobre los hallazgos de fosas clandestinas. En esa ocasión, tras una reunión con el entonces fiscal Carlos Zamarripa, se nos prometió que seríamos parte de los procesos de búsqueda y que se respetaría nuestro derecho a participar como observadoras en este tipo de hallazgos. Hoy recordamos ese compromiso y lo exigimos con la misma firmeza: no se puede seguir actuando a espaldas de las familias".
"Cuando la Comisión Estatal de Búsqueda localiza fosas, recibimos información inmediata porque participamos en las búsquedas en campo. Cuando nosotras mismas encontramos restos humanos en nuestras búsquedas independientes, informamos en tiempo real a la sociedad sobre lo que desenterramos con nuestras manos. ¿Por qué, entonces, la Fiscalía se niega a cumplir con el mínimo de transparencia cuando es ella quien realiza los hallazgos?"
"Se habla extraoficialmente de entre 20 y 60 personas sin vida en la fosa de Calera. No podemos permitir que esos cuerpos permanezcan en el anonimato ni que se perpetúe el silencio institucional. Como madres, hijas, hermanas, primas y amigas, exigimos que se nos permita identificar a nuestros familiares. Merecemos saber si ahí están quienes llevamos años, meses o días buscando. Merecemos terminar con esta agonía que no cesa".
"¡Exigimos verdad, exigimos justicia y exigimos participación!
-El gobierno federal anunció Unidad Médica Familiar, pero el alcalde confunde discurso político con infraestructura médica real.
-El alcalde habla de hospital sin planos ni presupuesto: lo concreto es una clínica, lo otro es promesa sin cimiento.
-Narrativas divergentes: mientras Sheinbaum y Libia aclaran, el alcalde propaga la confusión como ¿estrategia local?
-“Hospital de saliva” frente a clínica presupuestada: la política de expectativas sin documentos desinforma y divide.
-Anunciar lo que no existe debilita la confianza ciudadana: el rigor técnico es también protección institucional.
Nuestros compañeros periodistas de "El Celayense", lanzaron una interrogante en su espacio digital fanpage de Facebook, haciendo la siguiente publicación: "CONFUSIÓN UNIDAD DE MEDICINA U HOSPITAL EN CELAYA. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, anunció que se construirá una Unidad de Medicina Familiar en Celaya, Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato, aseguró que mantendrá la gestión para que sea un Hospital, pero Juan Miguel Ramírez Sánchez, presidente municipal, aseguró que hubo confusión y que el Hospital será una realidad...A quién creer..Usted Qué Opina...???"
Y bueno, precisamente para sumarnos a este esfuerzo de nuestros compañeros y, sobre todo, despejar las dudas ciudadanas con elementos objetivos, y para que al presidente municipal salga de dudas ante estas confusiones.
El hecho
La visita de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo a la colonia Los Girasoles, para inaugurar un servicio de becas para educación, trajo una buena noticia, que fue resultado del diálogo de la gobernadora con ella, hecho que la misma ejecutiva federal confirmó: una nueva Unidad de Medicina Familiar para Celaya. Se trata de un espacio semejante al construido en la colonia Los Olivos, donde el servicio es ese, Medicina Familiar. Así lo entendió la ejecutiva federal, la ejecutiva estatal. Pero el alcalde parece que no.
¿Qué es una UFM del IMSS
Es la sigla correcta para Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las unidades de este tipo son el primer punto de contacto médico para los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social.
¿Qué ofrece una UMF?
- Atención médica general y preventiva
- Consultas de seguimiento y canalización a especialistas
- Servicios de salud reproductiva y control prenatal
- Vacunación, entrega de medicamentos y orientación médica
Son clínicas distribuidas por todo México que buscan garantizar atención cercana, accesible y continua para trabajadores asegurados y sus familias.
En Celaya hay dos unidades de este tipo y que son la UMF No. 49, ubicada en Avenida Mutualismo esquina Río Lerma y la UMF No. 59, localizada en Avenida Valle del Huasco 429, Colonia: Los Olivos II Sección
¿Qué es un Hospital del IMSS?
Un hospital del IMSS es una instalación médica que brinda atención especializada a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estos hospitales forman parte del segundo y tercer nivel de atención médica, y se diferencian de las Unidades de Medicina Familiar (UMF), que operan en el primer nivel.
- Cuenta con hospitalización y servicios de diagnóstico.
1. Hospital General de Subzona (HGSZ)
- Similar al HGZ pero con menor capacidad.
- Ubicado en zonas con menor población, ofrece atención especializada limitada.
3. Hospital General Regional (HGR)
- Atiende casos más complejos.
- Tiene unidades de cuidados intensivos y servicios quirúrgicos avanzados.
4. Centro Médico Nacional (CMN)
- Máximo nivel de atención médica en el IMSS.
- Realiza trasplantes, neurocirugía, cardiología avanzada, oncología, entre otras especialidades de alta complejidad.
En Celaya opera al menos un hospital del IMSS de segundo nivel: el Hospital General de Zona No. 4 (HGZ 4), ubicado en Avenida Mutualismo esquina Diego Rivera en la zona centro de la ciudad. Este hospital ofrece atención especializada, hospitalización y consulta externa en diversas ramas médicas.
En el estado de Guanajuato, hay al menos 14 hospitales del IMSS distribuidos en distintas zonas, incluyendo:
- HGZ No. 1 — CMN del Bajío
- HGZ No. 2 — Irapuato
- HGZ No. 3 — Salamanca
- HGZ No. 4 — Celaya
- HGZ No. 7 — San Francisco del Rincón
- HGZ No. 10 — Guanajuato capital
- HGZ No. 13 — Acámbaro
- HGZ No. 15 — Moroleón
- HGZ No. 20 — San Luis de la Paz
- HGZ No. 21 — León
- HGZ No. 48 — CMN del Bajío
- HGZ No. 54 — Silao
- HGZ No. 55 — León (Unidad Médica de Alta Especialidad)
- HGZ No. 58 — León
Estos hospitales cubren desde atención básica hasta especialidades de alta complejidad, dependiendo del tipo (Zona, Subzona, Regional o Centro Médico Nacional).
Las conclusiones
La controversia documentada por El Celayense evidencia un problema recurrente en la política pública local: la divergencia discursiva entre niveles de gobierno y actores políticos frente a un anuncio concreto. Si bien el texto ofrece datos objetivos sobre lo que es una Unidad de Medicina Familiar (UMF) versus un hospital del IMSS, lo que emerge como núcleo del análisis es el grado de entendimiento —o de estrategia comunicativa— que cada figura proyecta ante la ciudadanía.
Diferencia técnica entre UMF y hospital: claridad desde la Presidencia
La visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Los Girasoles en Celaya incluyó un anuncio específico: una nueva Unidad de Medicina Familiar del IMSS. Esto fue confirmado por la propia mandataria y reforzado por la Gobernadora Libia Dennise. Las UMF son instalaciones de primer nivel, destinadas a atención preventiva, médica general, canalización a especialidades, y no incluyen hospitalización ni cirugías complejas —aunque pueden tener quirófano para procedimientos menores.
El alcalde y la construcción discursiva: ¿error o táctica?
El Presidente Municipal Juan Miguel Ramírez sostiene que “el Hospital será una realidad”, lo que contradice la especificidad del anuncio federal. Esta afirmación puede analizarse desde dos ángulos:
- Ignorancia técnica: el alcalde no comprende la diferencia entre UMF y hospital.
- Narrativa política: afirma la construcción de un hospital como capital simbólico local, buscando posicionamiento ante las gestiones estatales y federales.
Esta confusión —intencionada o no— siembra incertidumbre en la ciudadanía y pone en evidencia falta de alineación entre actores políticos locales. Más preocupante aún, desinforma, generando expectativas sobre un tipo de infraestructura que no está presupuestada ni anunciada por las autoridades superiores.
Gestión estatal vs. narrativa municipal: ¿deseo o realidad?
Libia Dennise declara que seguirá gestionando para convertir ese proyecto en hospital, lo cual marca una distinción importante:
-Reconoce que lo aprobado es una UMF.
- Propone trabajar para escalarlo a hospital, lo cual implica mayores recursos, planeación y presupuesto federal.
En contraste, el alcalde habla del hospital como un hecho consumado. El conflicto no es solo semántico, sino técnico y ético: ¿es legítimo afirmar que el hospital “será realidad” cuando no hay evidencia ni compromiso federal para ello?
El terreno de la confusión: riesgos de la narrativa fragmentada
La publicación de *El Celayense*, aunque informal en tono (“¿A quién creer?”), cumple una función periodística útil: exhibe el desfase entre actores políticos e invita a escrutar la veracidad de sus mensajes.
El riesgo mayor de esta confusión discursiva es:
-Generar desilusión ciudadana cuando el “hospital” no se materialice.
-Minar la confianza institucional ante el incumplimiento de anuncios que no fueron oficialmente prometidos.
Lo que se anunció fue una UMF con quirófano, no un hospital completo. Confundir estos conceptos puede parecer menor, pero en comunidades con déficit de atención médica especializada, cada palabra cuenta. El rigor técnico no sólo informa: protege la esperanza ciudadana contra el espectáculo político. #MetroNewsMx
-0005.png)
